Desde Apopa, según la información que lograron obtener los familiares, Kevin fue trasladado a la excárcel de mujeres en Ilopango, un recinto que las autoridades han utilizado en el régimen de excepción como recepción para todos los detenidos que luego son redistribuidos en algún centro penitenciario. Kevin fue llevado de Ilopango hasta el penal de Izalco, al occidente del país. 

En estos penales, los detenidos bajo el régimen de excepción deben esperar hasta seis meses para enfrentar una audiencia inicial, en la que un juez revisa su caso y decide si permanecen en prisión o son liberados. En la mayoría de los casos, según han confirmado a GatoEncerrado los defensores públicos, los detenidos enfrentan un proceso judicial sumario. Es decir, son tantos los capturados —van más de 66,300 detenidos desde que la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022— que en las audiencias comparecen hasta 200 o más personas acusadas principalmente del delito de agrupaciones ilícitas que se castiga con penas de entre 20 y 30 años de prisión, según las reformas al Código Procesal Penal que aprobó la Asamblea en los primeros meses del régimen. En los procesos judiciales, aunque las personas no se conozcan entre sí, son acusadas de pertenecer a una misma estructura delincuencial. La decisión de los jueces, en la mayoría de los casos, es que permanezcan detenidos otros seis meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) encuentre alguna evidencia o prueba para demostrar que son pandilleros. 

En otras palabras, los cuerpos de seguridad del presidente Nayib Bukele primero capturan a las personas y luego investigan si son miembros de pandillas o si han cometido algún delito para condenarlas. Contrario a lo que se hace en cualquier estado de derecho del mundo, donde primero se investiga y luego se captura. En El Salvador, la mayoría de los jueces también están alineados al Poder Ejecutivo, después de que la Asamblea Legislativa destituyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impuso en su lugar a magistrados afines al Gobierno de Bukele. Además, la Asamblea también promovió una purga de jueces e impuso a otros que son afines al presidente de la República.

Organismos internacionales, como Human Right Watch y Amnistía Internacional, han señalado que en El Salvador se vive una profunda crisis de graves violaciones a derechos humanos; y que los más afectados son hombres jóvenes con edades de entre 18 y 30 años, que viven en comunidades pobres y rurales o semiurbanas. Kevin encaja en ese perfil.

Jueces sin rostro que desestiman todo

En la audiencia inicial de Kevin sucedió lo típico en el régimen: un juez sin rostro —figura que fue aprobada por la Asamblea de Bukele para que los jueces del régimen no sean identificados ni cuestionados— determinó que era prueba suficiente la ficha policial y la entrevista de los policías captores para mantener en prisión al detenido. Como suele ocurrir en estos casos, los jueces no piden a los policías que expliquen los criterios con los que elaboraron esas “fichas policiales” que carecen de detalles sobre los indicios para perfilar a una persona como pandillero. En estas fichas ni siquiera queda el registro del policía que las elaboró y por eso no hay nadie que se haga cargo de la información que aparece en ese documento.

Tras la captura y decisión del juez, la familia de Kevin hizo un esfuerzo económico para contratar a una abogado particular, con el fin de solicitar una audiencia especial para que el caso fuera revisado nuevamente y se reconociera que la captura de Kevin fue un error y arbitraria. 

La abogada, cuyos honorarios costaron más de $1,000 dólares a la familia, consiguió que el caso de Kevin tuviera una audiencia especial, el 2 de febrero de 2023, para presentar arraigos sociales, familiares, laborales y domiciliares —es decir, evidencia documental de que Kevin tiene una casa a su nombre, un matrimonio, trabajo y es padre—. La intención de presentar toda esta documentación era demostrar su inocencia o al menos garantizar que no se fugará si se le concede continuar el proceso judicial bajo libertad condicional.

El día de la audiencia, la familia de Kevin y su abogada lograron reunir una larga lista de documentos para que el juez no tuviera dudas de los arraigos. La misión era que sobraran documentos y no que faltaran. Pero todo esto fue calificado por el juez sin rostro como “insuficiente” y por eso reiteró su decisión de que Kevin siga en prisión, según consta en el documento denominado “Valoración de la documentación presentada con la intención de acreditar arraigos”, con número de referencia C4-054-2022 (6).

La lista de arraigos comenzaba con una carta firmada por el pastor de la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz de Nejapa, en la que se hacía constar que Kevin es cristiano y que la comunidad cristiana de la zona lo respalda. Luego, un legajo con 19 declaraciones juradas de distintas personas que sostienen que conocen a Kevin desde hace muchos años y que les consta que es un joven honesto y trabajador. 

Sobre estas declaraciones, el juez valoró que “por sí mismas no aportan elementos necesarios que puedan generar algún tipo de arraigo, ya que tienen que ser corroboradas por otros elementos, para el presente caso son insuficientes para robustecer alguno de los mismos”. 

La lista seguía con un documento de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Ángel”, en el que se hace constar que Kevin es colono reconocido de la cooperativa y donde ha construido, poco a poco, la casa que quería tener para criar a sus hijos. Además, como parte de los arraigos domiciliarios, su familia presentó recibos de servicio de energía eléctrica a nombre de Kevin. Sobre estos recibos, el juez dijo que no comprobaban arraigo “ya que hay más elementos periféricos que complemente o verifiquen el arraigo domiciliar”.

Luego, la lista de documentos incluía la constancia de trabajo extendida por el administrador de Pan Pezzuto, seis comprobantes de orden de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dos incapacidades del Seguro Social, copia certificada por la Fiscalía donde consta que Kevin siguió un proceso por resultar lesionado en accidente de tránsito, una constancia de AFP Crecer a nombre de Kevin en la que se observa que debe iniciar trámite para pensión temporal, una solvencia de antecedentes penales y una de antecedentes policiales en las que consta que no tiene registro de ningún tipo ni cuentas pendientes con la ley. 

El juez descartó la constancia laboral bajo el argumento de que “no viene legalizada y tampoco presenta documento para corroborar la existencia del comercio, si está registrado como tal, siendo una sociedad, comerciante individual, o en su defecto, si tiene los correspondientes permisos de operación”. Eso a pesar de que Pan Pezzuto es una panadería reconocida en el país y tiene sucursales en algunos de los centros comerciales más importantes. Sobre la constancia del seguro social, el juez refutó que no estaba acompañada de un contrato laboral para establecer si era una “relación laboral formal o perdurable, por lo que no genera suficientes indicios para acreditar arraigo laboral”.

El juez también rechazó la certificación de partida de matrimonio de Kevin con Sofía, firmada por el alcalde de Nejapa Jorge Alexander Escamilla, del partido Nueva Ideas, quien agregó una declaración jurada para decirle al juez que conoce a Kevin desde hace 20 años y que le consta que “es un joven responsable, de valores cristianos y ha participado en varios talleres que la municipalidad imparte, a través de los cuales ha demostrado ser un habitante de buena conducta; por tal razón, no dudo en dar buenas referencias de su persona”. Asimismo, el juez rechazó la certificación de las dos partidas de nacimiento de los gemelos que tuvieron Kevin y Sofía, el pasado 28 de octubre de 2022.

“No se logra acreditar arraigo familiar ya que no presenta elementos periféricos que complemente y demuestre que se encuentre arraigado a un núcleo familiar como tal, es decir que demuestre interacción positiva dentro de la misma, que lo arroguen a sus familiares”, expresó el juez y luego agregó: “Con la anterior documentación no se logra acreditar arraigos suficientes como para desvirtuar significativamente el peligro de fuga”. 

Tras esta audiencia especial, la familia concluyó que hiciera lo que hiciera era imposible demostrarle al juez la inocencia de Kevin. Así que decidió que no podía seguir pagando a la abogada para buscar una apelación o continuar insistiendo en el proceso judicial. Ya no era viable seguir costeando los honorarios de la abogada, al mismo tiempo que se cumple con la responsabilidad de mantener a los gemelos sin lo que aportaba Kevin a la economía familiar y con el agravante de tener que reunir más de $100 mensuales para pagar por la comida, ropa y artículos de higiene personal que Kevin necesita en la prisión y que el Estado no le provee. Por si eso fuera poco, Sandra también denuncia que no tiene certeza de que Kevin reciba el paquete que le envía a la cárcel y tampoco tiene ningún conocimiento sobre el estado de salud o si ha empeorado su pierna.

“Yo tuve la mala experiencia de hacer la fila para pedir información. Estuve bajo el sol, esperando mi turno después de unas 100 personas que estaban como yo, buscando información sobre sus familiares. Yo estuve, todas esas horas, cargando el paquete que le iba a entregar a las autoridades para que se lo hicieran llegar a Kevin. Cuando por fin llegué, me mandaron para otro lado, que ahí no era el lugar para pedir información. A uno lo maltratan, lo van dejando de menos y uno siente eso como un maltrato físico y mental”, describe Sandra.

Por todo esto, Sandra acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con la finalidad de denunciar la captura arbitraria de su sobrino Kevin. En esa institución la escucharon y elaboraron un acta de denuncia. Pero hasta la fecha no hay una actualización del caso. Ni siquiera hay alguna notificación de que la investigación comenzó. En realidad, no sorprende que la Procuraduría sea una institución que guarde silencio ante las “graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el régimen”, según han señalado organizaciones de sociedad civil. La titular de esta institución, Raquel Caballero de Guevara, fue elegida en octubre de 2022 por la Asamblea de Bukele, quien la invitó a Casa Presidencial para presentarla como la nueva procuradora ante el país en una cadena nacional de radio y televisión, que aprovechó para defenderla de los señalamientos de la sociedad civil y periodistas por haber cometido actos de corrupción comprobados cuando en el pasado ocupó el mismo puesto.