¿Cuál es la racionalidad de que existan estructuras tributarias regresivas? Ocurre que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.

En primer lugar, las estructuras tributarias progresivas obedecen a la decisión de las autoridades fiscales por aplicar regímenes tributarios subjetivos, predominando la contribución a partir del monto de la riqueza o el ingreso de cada persona. En las regresivas, la mayor parte de los ingresos se obtiene de gravar a los individuos de una manera indirecta, aplicando impuestos objetivos con base en el consumo o el gasto. Las estructuras progresivas se explican en el hecho de que la contribución al Estado es más equitativa, induciendo un mecanismo de redistribución de la riqueza más efectivo. Las regresivas se fundamentan en la ilusión de que todos los habitantes contribuyen de la misma forma, dado a que, al comprar un producto, todas las personas pagan lo mismo, además del argumento frecuente de promoción y protección al ahorro.

En segundo plano, las administraciones fiscales de los países subdesarrollados tienen preferencia por las estructuras regresivas, porque la aplicación de impuestos personales exigidos en las de corte progresivo, requiere mayor grado de diligencia por parte de los entes recaudadores, que deberán disponer de un cuerpo de fiscalizadores más numeroso, más capacitado y, por supuesto, con acceso a mejores herramientas tecnológicas y a información procedente de terceros, entre ellos la bancaria, para verificar que el pago de tributos corresponde a la capacidad de cada individuo. Por ello, en estos países, es más sencillo aplicar el impuesto sobre la renta a las empresas, que a los individuos, debido a que el número de sujetos a controlar es menor, además de promover los impuestos al consumo de bienes y servicios, que son mucho más fáciles de controlar y verificar, y necesitan mucho menos intercambio de información.

Como consecuencia de esta preferencia, los países con estructuras tributarias regresivas tienen una alta preferencia por crear grandes listados de productos no afectos o exentos del pago de los impuestos al consumo. Esto con el argumento de proteger la capacidad de consumo de los grupos de menores ingresos, cuando en la práctica, se ha evidenciado que muchos de estos tratamientos terminan beneficiando a las personas de mayores niveles de renta.

En tercer lugar, y de mucha importancia, es que lamentablemente en muchos países atrasados, la aplicación de estructuras regresivas es el resultado del control político de las élites económicas, ya sea directo por medio de la captura de entidades del Estado, o financiando campañas electorales. Por ello es usual ver en las campañas electorales financiadas por estos grupos, planes que incluyen propuestas para eliminar los impuestos directos, especialmente sobre la renta y sus conexos, que promueven programas de incentivos tributarios para que las élites económicas no paguen impuestos, o conceder deducciones u otras reducciones tributarias, a cambio de las supuestas obras de bienestar social que realizan los grupos de mayores ingresos.

La estructura tributaria de los países centroamericanos en su mayor parte es regresiva, fundamentada en impuestos al consumo. En 2022, en Costa Rica el 57.4% de la tributación provino de la aplicación de impuestos indirectos; en El Salvador el 59.9%; en Guatemala el 63.6%; en Honduras el 68.7%; en Nicaragua el 55.3%; y, en Panamá el 47.8%, el único país en el que predominan los impuestos directos. Es decir, en la región el financiamiento de las actividades públicas deviene primariamente de los consumidores, y los impuestos tienen un impacto mayor sobre las personas de menores ingresos.

Aunque en teoría el tipo de estructura tributaria no implica necesariamente que el efecto de los impuestos sea regresivo, en la práctica y en la mayor parte de los casos, es un síntoma muy revelador. Para complementar el análisis de progresividad, se requiere elaborar estudios de incidencia tributaria, que evidencien el peso relativo del pago de tributos en cada uno de los deciles de la población. El estudio realizado por el Icefi y FIDA (2016), con datos de 2011, calculó el índice de Kakwani de los países centroamericanos, concluyendo que, en general, los sistemas tributarios de la región son regresivos.

Lo interesante de Centroamérica es que en la mayor parte de sus constituciones políticas ordenan que la tributación responda a los principios de capacidad de pago y equidad, entre otros. Sin embargo, en la práctica, las autoridades fiscales regionales se han conformado con regímenes tributarios globalmente regresivos, injustos en su naturaleza, debido a que castigan más a las personas de menores ingresos, una situación que debe cambiar en el mediano plazo.

Los políticos, y especialmente los estamentos técnicos de la región vinculados al quehacer fiscal y tributario, deben liderar una transformación de los impuestos, de tal forma que tengan una incidencia globalmente progresiva, como lo plantean las propias constituciones políticas. Esto para que, aun cuando existan impuestos al consumo, el efecto global de los tributos sea proporcionalmente mayor en las personas que disponen de mayor capacidad de pago, produciendo un efecto positivo sobre la distribución de la riqueza y el bienestar social.