Es engañoso que El Salvador tiene "impunidad cero" como afirma el ministro de Seguridad
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que las capturas de sospechosos en los homicidios recientes en el país indican “impunidad cero”. Pero analistas desmienten esa afirmación y opinan que al no haber una sentencia condenatoria contra los capturados, no puede hablarse de que esos delitos son realmente castigados.
Por Karla Arévalo
Julio 10, 2023
Ante la disminución en el número de homicidios en El Salvador, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, suma el hecho de que los pocos homicidios ocurridos en el país recientemente no han quedado impunes o sin castigo, pues los “responsables” se encuentran detenidos a la espera de enfrentar la justicia.
“De los diez homicidios que se cometieron en junio recién pasado, tenemos tras las rejas y esperando justicia a los responsables de esos diez asesinatos. Es el segundo mes en el año que generamos impunidad cero”, aseguró el funcionario el pasado 4 de julio, en la entrevista “Diálogo” del canal 21.
El discurso de que ahora hay “impunidad cero”, luego una captura, no es reciente. Los funcionarios de Nayib Bukele, sin esperar la resolución de un juez, han normalizado la práctica de hacer desfilar en sus canales de propaganda a decenas de sospechosos señalados como “responsables” de delitos, una práctica que se agudizó a mediados del año pasado cuando el oficialismo impuso un régimen de excepción que actualmente sigue vigente, aunque sus prórrogas sean inconstitucionales.
La causa por la que según el gobierno se impuso esa medida continúa en la impunidad. A finales de marzo del año pasado, 87 personas fueron asesinadas por supuestos pandilleros en un mismo fin de semana. Esa masacre aún no ha sido resuelta ni esclarecida por las autoridades, pero que según investigaciones periodísticas tiene relación con la ruptura del acuerdo entre el gobierno y las pandillas. De modo que las declaraciones del funcionario sobre “impunidad cero” en el país encajan en la definición de “Engañosa”, que es una de las seis categorías bajo las que GatoEncerrado hace verificaciones del discurso público.
Analistas de las políticas del Gobierno de Nayib Bukele coinciden en que el discurso de “impunidad cero” es en realidad un mensaje más de la misma narrativa oficial y propaganda que difunde el oficialismo.
“El combate a la impunidad implica llevar a juicio a los responsables reales del cometimiento de delitos, que los hechores de los delitos sean castigados por medio del proceso penal, con una sanción que es la pena. Pero, el simple hecho de detener a alguien porque se supone que es sospechoso no es ningún combate a la impunidad”, señaló el abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Para el abogado, lo que está detrás del actual discurso de impunidad cero es un “acto publicitario”, pues los resultados reales en torno a la impunidad se ven a través de sentencias condenatorias; es decir, que los detenidos sean declarados culpables de un delito por los jueces de sentencia, quienes son los que dictan condenas con base en pruebas. De lo contrario, a un detenido se le debe presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario.
“Además, el combate a la impunidad no es competencia solo de las autoridades de Seguridad, en este caso del ministro. En ese combate debe estar involucrado todo el sistema de justicia como el órgano judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional Civil. Una captura sin sentencia no significa impunidad cero”, agregó.
Mientras que el abogado Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), ve una “deficiencia” en las declaraciones del funcionario; pues, aunque “narrativamente” encaje el hecho de que una captura suponga impunidad cero, “técnicamente la impunidad cero va a amarrada a la sentencia de un juez”.
“Hasta que no quede en firme un castigo, por parte del sistema judicial, no podemos hablar de impunidad cero. A eso hay que recordar que los homicidios que sucedieron el fin de semana negro, previo al régimen de excepción, los responsables siguen sin ser castigados, pues el gobierno hasta el momento no ha dicho quiénes son los culpables de lo que pasó ese fin de semana”, dijo Sandoval a esta revista.
El 25, 26 y 27 de marzo, El Salvador vivió, durante tres días seguidos, una ola de violencia homicida que dejó 87 personas muertas, siendo uno de esos días el más violento de la historia reciente del país, con 62 asesinatos en 24 horas. Por el hecho, el gobierno impuso y justificó un régimen de excepción con el que ha capturado a más de 60 mil personas, la mayoría han sido acusados de agrupaciones ilícitas o de ser colaboradores de pandillas, pero en ninguno de los casos ha explicado en qué delitos colaboraron o qué homicidios le son atribuidos. Hasta el momento se desconoce quiénes ordenaron y quienes son los responsables directos de la última gran matanza en El Salvador.
Otro tipo de impunidad
Amnistía Internacional, un movimiento global en torno a los derechos humanos, concluyó el 3 de abril de este año, que el “dolo” con el que actúan las instituciones responsables de velar por los derechos humanos en El Salvador “ha generado un alto nivel de impunidad, con respecto a las violaciones a los derechos humanos que los agentes de seguridad y los operadores de justicia están cometiendo por acción u omisión en el marco del régimen de excepción”.
En los 14 meses que lleva vigente la medida, ni la Fiscalía ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se han pronunciado por las reiteradas denuncias de organizaciones como Cristosal, la cual ha documentado al menos 3,403 denuncias de salvadoreños cuyos derechos fueron vulnerados en un año de régimen de excepción. Aunque si se suman esas denuncias, con las reportadas por otras organizaciones, da como resultado más de 5,000 detenciones arbitrarias.
En ese contexto, según Amnistía Internacional, tampoco el Órgano Judicial está actuando de forma independiente, pues “no está combatiendo la impunidad frente a las violaciones que están ocurriendo (…) Tanto los órganos jurisdiccionales, como las entidades auxiliares y aquellas adscritas al Ministerio Público (Fiscalía), están incumpliendo de forma flagrante sus deberes dentro del proceso penal”, expuso la organización en un informe.
En El Salvador, las muertes violentas ocurridas en los centros penales también son parte de las cifras de impunidad que el gobierno prefiere engavetar, en vez de investigar. El pasado 13 de junio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que no había delito qué perseguir en 142 muertes de reos ocurridas durante el régimen de excepción. Unas declaraciones que contradicen las investigaciones de la sociedad civil que aseguran que, de 153 muertes ocurridas en los penales, la mayoría se relaciona con la violencia.
