Las campañas electorales cuestan dinero, el objetivo es que los electores conozcan a la persona candidata, para ello se requiere oficinas y equipo, promocionales, realizar viajes y giras, e incluso recursos para implementar propaganda en redes sociales. La forma en que se financian las campañas varía de país a país, en algunos dependen completamente de financiamiento público y en otros puede ser una combinación de fuentes públicas y privadas. En contextos democráticos la forma en cómo se financian los partidos políticos y sus campañas se basan en principios de equidad y transparencia, que garanticen igualdad de condiciones en la competencia electoral. 

Pero en contextos con instituciones débiles, como el centroamericano, los partidos suelen recurrir incluso a prácticas poco éticas y opacas para financiar sus campañas, como por ejemplo el uso indebido de recursos públicos para actos propagandísticos, el cual puede ir desde el uso de vehículos nacionales para movilizar simpatizantes de partidos políticos, hasta la ejecución y entrega de obras públicas en el territorio de algún funcionario que pretende reelegirse.

Veamos el ejemplo de Guatemala, que recientemente celebró sus Elecciones Generales 2023. Desde la sociedad civil se impulsó la Misión de Observación de Guatemala (MOE-Gt) que dentro de su quehacer de observación realizó esfuerzos para identificar posibles casos de uso de fondos públicos con fines electorales durante la campaña. El monitoreo fue realizado gracias al apoyo de una red de observadores electorales en el territorio, denuncias de medios de comunicación y de la ciudadanía, así como la sistematización de información proveniente de la revisión de las bases de datos presupuestaria y portales de transparencia.

El monitoreo, realizado durante casi 3 meses, permitió identificar 43 casos de uso de recursos públicos para campaña electoral. La modalidad más observada fue la participación de trabajadores del Estado en horario laboral en actividades proselitistas (18.6 % del total de casos); seguida por la entrega productos y otros beneficios de programas del gobierno central o de municipalidades (16.3 %); y, la inauguración de obras públicas (14 %), todos actos prohibidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala. En los 43 casos reportados, la MOE-Gt reportó la participación de 53 personas que eran candidatas y candidatos a cargos de elección popular, de las cuales 42 buscan la reelección y, de estos, 39 eran candidatos a alcaldes municipales.

Los hallazgos de ese monitoreo revelan que el riesgo de uso de recursos públicos con fines partidistas durante las campañas electorales continúa siendo alto y frecuente, en gran medida por la falta de efectividad de los mecanismos de control, auditoría y sanción de la autoridad electoral, lo cual contribuye a la impunidad de las personas responsables de violar ocasional o sistemáticamente la legislación sobre el uso indebido de recursos públicos para gastos proselitistas.

Pero Guatemala no es el único país donde los partidos políticos y sus candidaturas utilizan la cosa pública para sus intereses electorales, este es un fenómeno recurrente en el resto de la región. Ahora toca voltear los ojos y comenzar a vigilar lo que suceda en El Salvador que el próximo año tendrá elecciones, con una campaña dominada por el partido oficial, quien a su vez controla toda la institucionalidad pública y podrá disponer, como ya lo ha hecho, de todos los recursos del Estado para fines propagandísticos.  Si bien no será extraño que veamos a los funcionarios con mayor popularidad inaugurar obras públicas o que empleados de gobierno deban participar en actos de respaldo al partido oficial o que discursos de inauguración de eventos deportivos se utilicen como plataforma de campaña; esto no debe normalizarse. Porque en un contexto donde no hay medicina en los hospitales, aún hay niños y niñas fuera de las escuelas y hogares con inseguridad alimentaria, el derroche de recursos públicos en propaganda electoral es una bofetada al electorado y a lo que aún nos queda de democracia. Desde cada uno de nuestros espacios de participación deberemos estar vigilantes de que los recursos públicos no continúen siendo manipulados para ganar elecciones y perpetuarse en el poder.