Es falso que la violación de una niña cometida por militares sea un caso aislado
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Monroy, calificó como un “caso aislado” el abuso sexual sufrido por una menor de 13 años, el pasado 23 de septiembre, en el que seis militares fueron implicados. Los datos de violaciones a derechos humanos documentados por las organizaciones civiles y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos revelan que al menos 3,597 personas han sido vulneradas en sus derechos en lo que va el régimen de excepción. De estas, 503 son mujeres.
Por Karla Arévalo
Octubre 3, 2023
Tres días después de que una menor de 13 años de edad fuera violada por un sargento de la Fuerza Naval, en complicidad con cinco militares más, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy habló por primera vez del hecho al que calificó como un “caso aislado”. Es decir, para el funcionario no se trata de un caso que refleja la violencia y los abusos que cometen de forma casi sistemática los miembros de la Fuerza Armada que participan en tareas de seguridad pública.
“Un caso aislado como ese es lamentable. No esperábamos que se dé, porque conversamos con ellos (militares). Es más, instituciones u organizaciones de afuera del país les damos la oportunidad que den conferencia a los soldados y que les expliquen (sobre derechos humanos)”, dijo el funcionario el pasado 26 de septiembre en la entrevista Diálogo del canal 21.
A pesar de la minimización de este caso que hace el ministro, no es cierto que la violación a la menor se trate de un caso aislado: en los 18 meses que El Salvador lleva bajo régimen de excepción, organizaciones civiles como Cristosal o el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) han documentado más de tres mil casos de violaciones a derechos humanos en los que la institución militar y la Policía Nacional Civil son señaladas de perpetrarlos. A estas organizaciones se suma la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que —en su informe de labores 2022 y 2023— reveló al menos diez casos de acoso o abuso sexual cometidos recientemente por agentes del Estado. Con estos datos a la vista, Ojo De Gato —la sección de verificación de GatoEncerrado— concluye que la declaración de Merino Monroy encaja en la definición de “Falsa”.
El último informe de Cristosal revela un fenómeno de acoso y abuso sexual contra las niñas, las adolescentes y las mujeres en El Salvador, quienes suelen ser amenazadas por agentes del Estado en caso de negarse o resistirse ante las vejaciones.
“El caso de la menor no es un caso aislado. Nosotros hemos conocido varias familias que están señalando acoso por parte de agentes de seguridad del Estado. Ellos están haciendo una instrumentalización del régimen de excepción para poder forzar a que niñas o mujeres estén con elementos de la Fuerza Armada”, dijo a GatoEncerrado, Rina Montti, directora de investigaciones en derechos humanos de la organización Cristosal.
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 11 de septiembre de 2023, Cristosal ha documentado 3,597 casos de personas vulneradas en sus derechos. De estas, el 14.3 % es mujer. Es decir, 503 mujeres han denunciado diversos tipos de violencia cometidos por agentes del Estado. La cifra, incluso, podría ser mayor tomando en cuenta que algunas personas prefieren no denunciar por temor a represalias.
El caso de la menor de 13 años, quien fue violada el pasado 23 de septiembre cuando volvía de la playa Mizata, en La Libertad, tuvo como yugo la amenaza del régimen de excepción. Un tipo de amedrentación que coincide con los casos recibidos por las organizaciones civiles donde miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada son señalados de amenazar con cárcel a los familiares de las niñas y mujeres. En algunos casos, ese acoso las ha obligado a desplazarse forzosamente hacia otros lugares.
El Idhuca reveló recientemente que la mayor parte de las víctimas de desplazamiento forzado interno son mujeres. De acuerdo con la organización civil, el desplazamiento forzado interno —es decir, cuando las personas huyen de sus hogares debido a conflictos o violencia— fue común durante el conflicto armado en la década de 1980. Luego, en la década de 1990 y los años 2000, las pandillas fueron señaladas como las causantes del desplazamiento forzado interno. Ahora, son las fuerzas de seguridad del Estado las principales señaladas de obligar a las personas a desplazarse de los territorios so pena de ser encarcelados.
“Las mujeres están viviendo la situación más cruda del régimen de excepción (…) Las mujeres llegan al instituto a expresar con mucho dolor sus testimonios. Algunas llegan con sus hijos, sus hijas o con todo el grupo familiar, porque si alguno se queda en casa corre el riesgo de ser capturado o capturada”, explicó Germán Cerros, psicólogo del Idhuca, durante la presentación del informe el pasado 28 de septiembre.
Pero no solo hay casos de violaciones a los derechos de las mujeres. La directora de investigaciones en derechos humanos de Cristosal también pone en duda que la Fuerza Armada reciba formación sobre el respeto a los derechos humanos como lo afirmó el ministro de la Defensa.
“El Estado ha declarado como información reservada los procesos de formación de los agentes de seguridad del Estado. Lo último que se publicó es que el proceso de formación de la Academia de Seguridad Pública es información reservada. Desconocemos si realmente han recibido o reciben esa formación”, indicó.
Los seis soldados implicados en la violación de la menor han sido acusados por la Fiscalía de cometer los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. El caso ocurrió el pasado 23 de septiembre, pero fue hasta el 28 que la Fiscalía presentó a Héctor Ovidio Alvarado Rivera, como autor directo de la violación, y a otros cinco militares más señalados de complicidad necesaria en el hecho.
El silencio en el caso fue cuestionado por la sociedad civil que demandó durante días el pronunciamiento del Estado en torno al hecho. El Estado tardó cinco días en hacerlo público.
