Transparencia
Reforma de pensiones fue una maniobra del Gobierno de Bukele para aparentar disminución de la deuda pública
Un año después de la reforma de pensiones queda claro que el Gobierno de Nayib Bukele hizo una maniobra para dar la apariencia de haber reducido la deuda pública, pero lo que en realidad ha pasado es que hay una nueva deuda. Además, los problemas de fondo siguen presente: no se ha ampliado la cantidad de cotizantes y el monto que se entrega a los pensionados siguen siendo bajo para sobrevivir. Los cotizantes tampoco pueden saber cómo se está manejando sus ahorros porque la información es reservada, ocultada y se mantiene como un secreto.
Por Beatriz Benítez
Diciembre 25, 2023
La reforma de pensiones aprobada el 20 de diciembre de 2022 en la Asamblea Legislativa fue una maniobra para que el Gobierno de Nayib Bukele pueda aparentar que ha logrado disminuir la deuda pública, pero no ha resuelto los problemas de fondo como ampliar la cantidad de cotizantes con la inclusión de trabajadores del sector informal y los montos que se entregan a los pensionados siguen siendo insuficientes para costearse la vida. Además, está en duda la sostenibilidad financiera del sistema porque los estudios actuariales fueron declarados como información reservada.
La reforma, en la opinión de los expertos, le ha servido al gobierno para tener un alivio financiero al no pagar la deuda de pensiones y sacarla de los registros del Banco Central de Reserva (BCR), con el fin de mostrar un menor nivel de deuda pública. Mientras que los cotizantes y pensionados de El Salvador siguen enfrentando la misma incertidumbre de antes.
Parte de la reforma fue la creación de un Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para sustituir al actual Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y absorber las funciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este último fue creado en 2006 como un mecanismo de financiamiento del gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema público. El fideicomiso emitía Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran comprados por las AFP con el dinero de los cotizantes.
Con la reforma, el FOP fue disuelto por el ISP y la deuda de más de $8 mil millones de los CIP fue reemplazada el pasado 28 de abril por un título llamado Certificado de Financiamiento de la Transición (CFT), con nuevas condiciones de pago.
La negociación de las características de la emisión del CFT fueron declaradas por el ISP como información reservada y no está disponible de forma pública ni para los pensionados interesados en el manejo de su dinero. Lo único que publicaron dos calificadoras de riesgo crediticio es que el ISP hizo tres propuestas a las AFP para convertir la deuda de los CIP. Según las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s (S&P), las AFP aceptaron destinar un 99 % de su cartera a la “serie C” que ofrecía un rendimiento del 7 %, a un vencimiento de 50 años de plazo y un periodo de gracia de cuatro años, sin pagar a capital ni de intereses durante los primeros cuatro años.
Con este canje de deuda, el gobierno de turno se quitó el pago de intereses y capital de más de $500 millones al año (alrededor de 1.5 % del PIB anual) y se aseguró un alivio presupuestario hasta 2027, en detrimento del ahorro de las cuentas de los trabajadores porque percibirá menos ganancia. “Eso es un robo técnico”, cuestiona Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna.
Según Pineda, durante esos cuatro años que el gobierno no pagará la deuda, el fondo de pensiones en general perderá el 28 % de su valor, equivalente a 2,600 millones de dólares. Este cálculo lo hace tomando en cuenta que la nueva ley establece que los fondos van a devengar una tasa de interés fija anual del 7 % y que son cuatro años de permuta en los que no llegarán capital ni intereses a las cuentas de ahorros.
¿Cómo se traduce esa pérdida a la cuenta individual de los cotizantes? Pineda explica que si el promedio de cotizantes al 2023 será de 850 mil, al dividir $2,600 millones entre 850 mil personas, la cuenta de cada cotizante “ya perdió más de $3 mil”. “Ese es el robo”, remarca Pineda.
De acuerdo con el economista César Villalona, las personas que se jubilen dentro de tres o cuatro años tendrán menos dinero porque, además de que el gobierno no pagará, las AFP tampoco lo prestarán para ganar intereses o rendimiento: “Entonces, eso va a afectar los fondos de la gente, pero alivia el presupuesto, porque en el presupuesto se pone el pago de la deuda externa y se pone el pago de la deuda interna que es fundamentalmente con las AFP”, explicó Villalona en una entrevista de TVX, el 17 de noviembre.
El economista e investigador Carlos Argueta dijo a esta revista que en la medida en que el gobierno no pague intereses y capital a la deuda de pensiones, el fondo de pensiones no va a crecer como debería, principalmente hoy que se le está demandando un aumento del 30 % a las pensiones de vejez.
“Esto podría traer consecuencias a los cotizantes porque sus ahorros no se verían incrementados en la cuantía, que debería incrementarse para los futuros cotizantes”, dijo Argueta a GatoEncerrado.
Gobierno adquiere nueva deuda y oculta la anterior
Tras la reforma, el ISP comenzó a emitir una nueva deuda desde abril de 2023, ahora a través de los Certificados de Obligación Provisional (COP), con una tasa de interés del 7 % a un plazo de 50 años. Esa nueva deuda sumada a la anterior, según el representante de la Mesa por una Pensión Digna, hará “colapsar al sistema de pensiones”. Antes de la reforma, el gobierno solo podía tomar hasta el 45 % del fondo de pensiones, con la reforma se eliminó ese techo y no tiene límites.
Hasta noviembre de 2023, la antigua deuda del FOP y la emitida a través de los COP ascendía a $9,406.55 millones. Solo en nueva deuda, el ISP había emitido $1,009.74 millones, según los datos relacionados al Sistema de Pensiones del Banco Central de Reserva.
“Al ritmo que está yendo el ISP, solo nueva deuda para el año 1 (2023) va a superar los mil millones; por eso estoy diciendo que colapsa el sistema en menos de cinco años. Van a duplicar el récord histórico”, advierte Pineda cuando los datos hasta octubre todavía no estaban actualizados. Con la actualización de los datos hasta noviembre, la estimación de Pineda se concretó.
Otro punto cuestionado es que en abril, tras la disolución del FOP, el Banco Central de Reserva desapareció de sus estadísticas la deuda de pensiones que era incorporada en la deuda pública. Así, de mostrarse una deuda pública total de $25,709.48 millones en marzo bajó a $19,588.01 millones.
“Han hecho esa maniobra contable de sacar la deuda de pensiones del Ministerio de Hacienda para reflejarla en el ISP, a pesar de que el Instituto tiene un financiamiento que viene del presupuesto general, de transferencia del Ministerio de Hacienda”, señala el economista de Panorama Económico, José Luis Magaña.
De acuerdo con Magaña, si se le suma la deuda de pensiones a la deuda pública da un total de $27,434 millones hasta septiembre de este año. Es decir, al cierre del año será más.
Presupuesto del ISP queda fuera del presupuesto general
A criterio del economista Rafael Lemus, otra maniobra de la reforma fue darle carácter financiero al ISP para sacar su presupuesto del gobierno central. De hecho, el Ministerio de Hacienda dijo que por esa razón el presupuesto del ISP no fue incorporado al Presupuesto General de la Nación 2024.
Lemus explicó que todas las instituciones de giro financiero, como Bandesal, Banco de Fomento Agropecuario y Banco Hipotecario, no se integran al presupuesto del gobierno central porque tienen autonomía y sus operaciones no dependen del presupuesto. Sin embargo, el ISP no cumple con esos principios porque su giro es previsional, como el ISSS o el IPSFA, que forman parte del sector público no financiero. Por tanto, señaló que el ISP no tiene un giro “puro financiero”, es simplemente administradora de pago de pensiones.
“De tal forma que es normal que no se incluya (en el presupuesto general) pero es un artificio, fue una jugada, una manera de hacer el borra saldo de la deuda pensiones y dejar en esa área no presupuestaria el ISP; pero todos sabemos que el ISP no tiene patrimonio, su patrimonio son toda la deuda que ha emitido, que eso es patrimonio negativo”, explicó Lemus.
Aunque la reforma de pensiones fue aprobada en diciembre de 2022, para este año el presupuesto del Ministerio de Hacienda sí incluyó la unidad de “Financiamiento al Sistema Integral de Pensiones” por $570,563,652 para que el ISP financiara obligaciones previsionales y pagos relacionados con el FOP.
Un problema no resuelto
El economista Carlos Argueta sostuvo que existe la percepción de que el problema de las pensiones se solventó con el incremento del 30 % a las pensiones; sin embargo, aún hay desafíos. El primero es la sostenibilidad financiera del sistema, del que se desconocen los estudios actuariales sobre los que se hizo la reforma, porque toda eso es parte de la información reservada.
Patricio Pineda reiteró que la Mesa por una Pensión Digna mantiene su propuesta de cambiar la fórmula de cálculo de las personas basada en un modelo mixto que, si bien no solucionaría el problema del sistema, apalea la crisis de bajas pensiones durante 50 años.
Otro problema que persiste es la baja cobertura. Según Argueta, solamente una de cada cuatro personas trabajadoras cotiza al sistema de pensiones, el resto no lo hace porque está en la informalidad. Además, sólo una de cada seis personas adultas mayores tiene una pensión en El Salvador, lo que implica que cinco de cada seis están con un alto riesgo de pobreza.
Otro elemento que las autoridades deben de analizar es el tema demográfico. Según las proyecciones poblacionales, en la actualidad una de cada 10 personas son adultas mayores (de 60 años o más), pero Argueta sostiene que el cambio demográfico nos está alcanzando y dentro de 30 años ese porcentaje se va a duplicar; eso implica que dos de cada 10 personas demandará servicios de salud y atención previsional que no tendrá asegurados porque actualmente no se está garantizando.
