El pasado 22 de diciembre, en vísperas de la nochebuena, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera giró una orden de detención contra varias personas, entre ellas el abogado, político y diplomático Rubén Zamora. Este intelectual progresista tiene en su hoja de vida, entre otras cosas, haber sido el primer candidato presidencial de la izquierda después de los Acuerdos de Paz de 1992 y, más recientemente, embajador de El Salvador en Estados Unidos y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Rubén Zamora también fue miembro de la primera “Junta Revolucionaria de Gobierno” en 1979, dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR) en la década de 1980 y diputado del extinto partido Convergencia Democrática a principios de los años noventa. A continuación “cinco tesis” sobre la acusación planteada por la jueza Mirtala Portillo.

Primera tesis: La acusación penal contra Rubén Zamora busca dilatar y entorpecer el proceso judicial sobre la masacre de El Mozote. En vez de agilizar el juicio sobre la peor matanza de civiles inocentes cometida por el ejército gubernamental en los inicios de la guerra civil salvadoreña, la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, introduce un elemento distorsionador orientado a “contaminar” y a “desnaturalizar” el proceso penal contra los autores intelectuales y materiales de la horrenda masacre.

Por eso inventa una absurda acusación de supuesto “encubrimiento personal” por la Ley de Amnistía de 1993 y ordena la detención de los ex diputados que integraron la junta directiva de la legislatura que aprobó esa ominosa normativa. Entre los requeridos está Rubén Zamora, quien argumentó contra la ley, votó contra su aprobación, abandonó el pleno legislativo en protesta al momento de la votación y no firmó el decreto de promulgación de la referida ley.

Pero eso no le importa a una “aplicadora de justicia” que, en vez de responder a las víctimas, parece actuar en función de quienes buscan dejar impune la cruel masacre de más de mil personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, perpetrada en diciembre de 1981. Como tampoco le importa la prohibición constitucional de perseguir penalmente a ex diputados por las leyes que aprobaron.

Si de verdad quisiera perseguir a los encubridores de los genocidas de El Mozote, la jueza Portillo buscaría culpables en otro lugar, empezando en Casa Presidencial donde se encuentra el Comandante General de la Fuerza Armada que se negó a abrir los archivos militares “de la A a la Z” como prometió y sus subalternos le cerraron el paso al ex juez Jorge Guzmán cuando intentó buscar dichos documentos en las guarniciones castrenses.

Segunda tesis: La orden de detención contra Rubén Zamora tiene que ver con el proceso de desmantelamiento simbólico de los Acuerdos de Paz y la reescritura de la historia. El desmontaje de los Acuerdos de Paz llevado a cabo por el actual gobierno tiene un componente institucional relacionado con la reversión democrática y otro simbólico-narrativo que tiene como propósito “reescribir la historia”, como en la sociedad hiper-vigilada descrita por George Orwell en la novela 1984.

Este relato negacionista y refundacionista, todo lo anterior fue malo y lo bueno comenzó apenas en junio de 2019 cuando el pueblo -encarnado en Nayib Bukele- tomó el poder, desterró a los malvados “mismos de siempre” y comenzó la construcción del “nuevo país” que ahora existe. Frases emblemáticas de esta narrativa son: “la guerra no existió” y “los Acuerdos de Paz son una farsa”. Y ahora, la acusación contra Rubén Zamora, agrega otra: “los que participaron en la guerra y lograron los Acuerdos son delincuentes”.

Esta criminalización comenzó 11 de enero del año pasado con la detención ilegal de los activistas ambientales de la comunidad Santa Marta y la asociación ADES, acusados por la Fiscalía General de la República de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado, teniendo como prueba principal declaraciones contradictorias de un testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.

Para facilitar la compresión de la “fanaticada”, el relato simplifica y presenta como iguales a actores que son distintos, como Rubén Zamora y el ex presidente arenero Alfredo Cristiani, aun cuando uno se opuso a la Ley de Amnistía y el otro la promovió, sancionó y defendió. Cuando el Ministerio de Obras Públicas derribó el Monumento a la Reconciliación, Bukele escribió en sus redes sociales que se puso fin a algo que “glorificaba el pacto de los asesinos del pueblo”. 

Tercera tesis: La persecución judicial contra Rubén Zamora es una represalia por promover la insurrección popular. Rubén Zamora ha planteado claramente que, ante la destrucción de la democracia perpetrada por Bukele, el pueblo está habilitado para ejercer el derecho a la insurrección reconocido por la Constitución de la República como mecanismo para restablecer el orden institucional cuando éste haya sido alterado. 

Evidentemente es inútil llamar a la insurrección popular en este momento, ya que la mayoría de la población parece dispuesta a perdonarle a Bukele todos sus abusos de poder, incluidas las flagrantes violaciones a la Constitución. Sin embargo, el autócrata y sus secuaces en todos los poderes estatales -incluido el Judicial- probablemente sienten que insurrección es una “palabrita muy peligrosa”.

Ellos prevén que, ante el cierre de los espacios democráticos, la insurrección es la vía que la población podría utilizar tarde o temprano para salir de este régimen populista y dictatorial. Cuando la gente finalmente salga del hechizo propagandístico y quiera dar por concluido el experimento antidemocrático de Bukele, recordará la propuesta insurreccional. Por eso los actuales dueños del poder creen necesario callar al “viejo Zamora”.

Cuarta tesis: La orden de captura contra Rubén Zamora sería una respuesta a la inclusión de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la “Lista Engel”. Como sugiere Celia Medrano, defensora de derechos humanos y candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Nuestro Tiempo, la persecución contra Zamora podría ser parte de los juegos políticos de Bukele. 

Los comisionados del IAIP, cómplices de la falta de transparencia gubernamental, fueron sancionados por las autoridades gringas “por socavar procesos democráticos”; y como acto recíproco Bukele -a través de una jueza nombrada por el oficialismo- habría decidido “castigar” a un opositor reconocido en influyentes círculos de Washington debido a su trayectoria política y a sus misiones diplomáticas.

Esta lógica se confirma con la intención de crear una “lista pública de actores terroristas”, mediante recientes reformas penales que otorgan al Fiscal General la facultad de definir quién es “terrorista” y quién no. El juego podría ser: cuando Estados Unidos sancione a miembros o aliados del gobierno de Bukele, en respuesta la Fiscalía enlistará como “terroristas” a quienes considere “opositores políticos”. Es probable que, en sus delirios autoritarios y sueños de grandeza, Bukele quiera tener su propia “Lista Engel”.

Quinta tesis: La acusación contra Rubén Zamora es un “auto gol” o un “tiro por la culata” del oficialismo. La ceguera del poder suele hacer torpes a muchos funcionarios, quienes -creyendo que siempre tendrán inmunidad- no prevén que más adelante algunas de sus acciones se pueden volver en su contra. Tal como advierte una abogada afín al oficialismo, con el precedente de procesar a Rubén Zamora podrá ser perseguible penalmente cualquier diputado de la actual y de las futuras legislaturas.

Gracias a la jueza Mirtala Portillo (y a quienes le hayan ordenado proceder contra Zamora) se podría procesar a los diputados que aprobaron la Ley del Bitcoin y la “Ley Alabí”; a los que han aprobado veinte veces el régimen de excepción innecesario, inconstitucional y violatorio de derechos humanos; y a los que en mayo de 2021 destituyeron ilegalmente al Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

También podrían ser enjuiciados los que han endeudado al país por casi 10,000 millones de dólares en menos de tres años, en vez de aprobar una reforma fiscal progresiva donde “pague más quienes tienen más”; los que reducen el presupuesto para salud, educación y atención a sectores vulnerables; y los que violaron la Constitución aprobando la “licencia” a Bukele para que hiciera campaña electoral ilegalmente y avalaron la designación de su secretaria privada para supuestamente sustituirlo en el cargo.

Además, los que han aprobado leyes y reformas para amordazar al periodismo, hacer más oscura la gestión pública y legalizar abusos, prácticas violatorias de derechos ciudadanos o medidas que promueven la elusión y evasión tributaria; y los que aprobaron la “Ley de Desalojos” y la nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye la minería metálica, la más contaminante de las industrias extractivas, prohibida en otra ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017.

Finalmente, los que avalaron la desaparición de municipios, la reducción de las diputaciones y todas las reformas fraudulentas que “marcaron la cancha electoral” a la medida de los intereses del oficialismo: los que han modificado diversos marcos legales para adecuarlos a la gestión gubernamental intransparente y contraria a los más elementales principios democráticos; y los que en el pasado aprobaron privatizaciones y otras medidas neoliberales que menoscabaron los intereses del país, anteponiendo el beneficio de corporaciones y sectores pudientes que siguen favorecidos hasta hoy por las políticas del actual gobierno.