Por Guillermo Cartagena

El presupuesto del Ministerio de Vivienda de 2024 presenta una reducción del 54.21 % con respecto al presupuesto aprobado para 2023. En montos, la reducción es que de $22.3 millones bajó a $10.2 millones. Eso quiere decir que este sería el presupuesto más bajo que ha tenido en todo el quinquenio. Esto sería escandaloso si no fuera porque los datos revelan que en realidad no es capaz de manejar montos más altos que ese. Y si, por alguna razón lograra ejecutar ese presupuesto, queda lo que ha pasado desde 2021: la Asamblea oficialista le puede asignar más fondos. 

En el desglose del presupuesto 2024 se observa que en la unidad presupuestaria de Infraestructura Social y Hábitat se eliminó el tercer punto que hacía referencia a las “intervenciones urbanas”, con las que se buscaba “recuperar la calidad de vida en áreas urbanas degradadas, a través de la creación de espacios públicos de calidad, mejoras en la movilidad, zonas verdes, áreas de ocio y esparcimiento social”. Con la supresión de esta línea presupuestaria se redujeron $6.4 millones que eran destinados a sectores que no cuentan con espacios públicos de calidad para el sano esparcimiento de las familias.

Para el presupuesto 2024, también se quitó el programa para dar una solución habitacional a las familias del caserío El Mozote y lugares aledaños en Morazán, que para 2023 tenía una asignación de $100 mil.

En su presentación sobre el proyecto de presupuesto para 2024, la ministra Michelle Sol mencionó en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que le están apostando a la entrega de créditos para las familias salvadoreñas y que esta es la manera en la que creen que se erradicará el déficit de habitacional,  y no “regalando viviendas”. La entrega de créditos es una labor que el Ministerio desarrolla en conjunto con el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO). Según cifras de la propia institución, la inversión en créditos creció un 41.92 % desde 2019 hasta 2022.

Según el Eje 6 del Plan Cuscatlán presentado por el gobierno de Nayib Bukele, en el área de Vivienda y Desarrollo Urbano identificaron como problemática un “presupuesto limitado de los Gobiernos Municipales para la creación y desarrollo urbanístico de asentamientos en los 262 municipios del país”. Sin embargo, este apartado fue ignorado cuando el gobierno decidió hacer recortes al Fondo para Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) de un 10 % a un 1.5 % aprobado en el año 2021. Esa medida limitó a las alcaldías para ejecutar proyectos, e incluso las puso en jaque para solventar sus compromisos financieros. 

Más allá de las promesas del gobierno, la realidad es que actualmente los salvadoreños con el salario mínimo siguen sin tener acceso a una vivienda propia. En un “space” de la red social X, Nayib Bukele explicó que cree que la crisis de acceso a vivienda en El Salvador se puede resolver si hay una mayor oferta de vivienda y descartó que desde el gobierno central se promueva una regulación de los precios elevados: “Yo no creo en el control de precios, porque solo funciona una vez”, fue su escueta respuesta. 

En el país, las constructoras privadas acaparan la mayor parte del mercado habitacional y son las que más ganan con los altos precios de las viviendas. Según un estudio de la Superintendencia de Competencia, el 88 % de las viviendas nuevas en el Área Metropolitana de San Salvador están dirigidas a clientes con ingresos mensuales superiores a los $1,500; es decir, más de cuatro veces el salario mínimo. 

El estudio también expone que las viviendas de mercado tienen un precio promedio de $184,094.46, una diferencia considerable con respecto a los $19,930.67 que cuestan en promedio las viviendas de interés social pensadas para  familias con ingresos equivalentes o menores a cuatro salarios mínimos. Por lo tanto, para personas con bajos ingresos resulta complicado adquirir una vivienda propia, porque la oferta existente no es accesible, dando como resultado que solo un poco más de la mitad de los habitantes (51.8 %) sean propietarios de su hogar, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022. La encuesta también refleja que el porcentaje de hacinamiento, que sirve como indicador de la calidad de vida que tienen las personas en sus hogares, es de un 39 % a escala nacional. 

La organización Panorama Económico, en su presentación “Condiciones de los hogares a 4 años de la Presidencia de Nayib Bukele” que también recoge datos de la EHPM, muestra que el número de hogares sin acceso a agua potable pasó de 379,952 en 2019 a 420,089 en 2022. De igual manera, los hogares que presentan materiales inadecuados para techo pasaron de 100,804 en 2019 a 188,248 en 2022, un incremento del 86.8%. En 2019, los hogares con materiales inadecuados de piso y pared eran 354,751, para 2022 esa cifra aumentó a 408,200.

Casi finalizando el quinquenio 2019-2024, El Salvador continúa sumergido en una crisis en la que el grueso de la población no tiene acceso a vivienda propia, tampoco hay regulación de la producción y los precios de las viviendas para garantizar que las familias salvadoreñas de bajos ingresos tengan acceso a una casa propia que cubra todas las necesidades básicas.