Género

Mujeres exigen aumento al salario mínimo y respeto a sus derechos laborales en instituciones públicas

Este 8 de Marzo, diferentes colectivos de mujeres marcharon por San Salvador para denunciar que las medidas del Gobierno de Nayib Bukele las ha afectado. Además exigieron un aumento al salario mínimo para beneficiar a las mujeres que están ahogadas económicamente tras el alza de precios en la canasta básica. Asimismo, exigieron que se respeten los derechos laborales de las mujeres en las alcaldías e instituciones públicas controladas por el oficialismo donde hay despidos injustificados.

Mujeres en la marcha del 8M, en el parque Cuscatlán. Foto/Óscar Hernández

Por Óscar Hernández

Marzo 08, 2024

El parque Cuscatlán, en San Salvador Centro, comenzó a llenarse de mujeres feministas, a las 8:00 de la mañana, quienes provenían desde todas partes del país con pancartas en mano, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Su intención, este 8 de marzo, era marchar hasta el centro de gobierno y exigir un aumento al salario mínimo y un alto a los despidos de cientos de mujeres en alcaldías y otras instituciones públicas que están bajo el control del oficialismo. 

“Estamos aquí para denunciar los retrocesos en materia de derechos de las mujeres y la violencia institucional actualmente instalada en nuestro país”, pregonó Ana Cecilia Hernández, quien forma parte de la Resistencia Feminista y del Movimiento Salvadoreño de Mujeres. 

Hernández, con micrófono en mano, explicó que desde que Nayib Bukele llegó al Ejecutivo, en 2019, las mujeres han sido un sector olvidado, minimizado e incluso afectado directamente. Su administración canceló programas y políticas que beneficiaban a las mujeres pobres. Un ejemplo de eso es Ciudad Mujer, que para 2022 el gobierno asignó un presupuesto de $17.6 millones, lo que significó una reducción del 10.9 % en comparación con el presupuesto que tenía en 2019. Ese presupuesto diezmado provocó una reducción en la calidad de servicios de salud, educación y en la atención de la violencia que se brindaba en cada una de las sedes de Ciudad Mujer. 

La activista también señaló que son las mujeres las que mayormente se ven afectadas ante el alto costo de la vida, debido a la brecha salarial y al desempleo. Agregó que la violencia hacia las mujeres se mantiene, pero está invisibilizada por un gobierno que busca ocultar información para mantener la imagen internacional de que “El Salvador es seguro para las mujeres”. La realidad es que las organizaciones que defienden derechos humanos han documentado y denunciado casos es los que las mujeres siguen siendo victimas de violencia sexual y entre los agresores aparecen miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). 

“Según cifras oficiales, del total nacional de la Población Económicamente Inactiva, las mujeres representamos el 76 % y somos colocadas en esta categoría por dedicarnos al trabajo reproductivo, asumiendo que no aportamos al crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto). Trabajamos la tierra, pero solo somos propietarias del 13 % de la misma, sumado a esto recibimos salarios con un 16 % menos que los hombres por realizar el mismo trabajo”, dijo.

El movimiento de mujeres también mencionó que, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos del Banco Central de Reserva (ONEC), desde enero de 2023 la canasta básica en El Salvador alcanzó los $245 en el área urbana y en la zonas rurales el costo es de  $185.30, representando la tasa más alta de la historia, afectando la vida y salud de las familias más empobrecidas. Estos precios afectan principalmente a las mujeres.

Cecilia Hernández, de la Resistencia Feminista, denuncia el retroceso en materia de derechos de las mujeres durante la gestión presidencial de Bukele. Foto/Óscar Hernández

Sonia Urrutia, quien también es de Resistencia Feminista, aprovechó la ocasión para recordar la lucha de las mujeres en la historia y dijo que para honrar su legado habían llegado para marchar y denunciar las arbitrariedades del Gobierno de Bukele que afectan a la población femenina.  

“Este día nos reunimos en total rechazo al gobierno, estamos conmemorando 90 años de lucha, donde la mujer ha venido desempeñando un papel en el desarrollo de la conquista de una mejor sociedad con igualdad de justicia. Es por eso que este día estamos alzando la voz ante todas las arbitrariedades que ha cometido este régimen, donde la mayor parte de mujeres nos vemos afectadas por políticas nefastas del gobierno”, expresó.

Por su parte, Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFFAPES) alzó su voz para denunciar la persecución del gobierno hacia líderes y lideresas. Cruz acusó al gobierno de crear casos sin pruebas para procesar a líderes y dañar su imagen. 

“No les basta a las mujeres tener leyes, bastaría con cambios estructurales, culturales y educativos para que se respeten los derechos de todas. Se ha visto un retroceso, ya no existe una política en la defensa de los derechos de las mujeres. En ISDEMU no existe política, Ciudad Mujer la cerraron, proyectos a favor de las mujeres los cerraron. No basta con que digan que ‘las mujeres nos sentimos más seguras’. Hoy se cambió nada más el agresor, después de ser las pandillas ahora el agresor es el mismo Estado”, criticó Cruz. 

La activista Cruz agregó que, en un hecho insólito, las diputadas del oficialismo son parte de quienes agreden a mujeres activistas y lideresas comunitarias: “Las diputadas del oficialismo son machistas, este gobierno misógino odia precisamente esto que estamos haciendo, donde las mujeres alzamos la voz y le vamos a demostrar aquí, todas unidas, que no le tenemos miedo, por más terror que quieran implementar, porque esto es el Gobierno de Bukele, un gobierno terrorista creador de terror, pero las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia que entre más represión más nos alzamos”, aseguró. 

Cruz señaló que las organizaciones civiles son las que velan por los derechos de las mujeres, debido a que el Estado ha abandonado sus deberes y no las está protegiendo. En su cruzada contra las pandillas (luego de sostener un pacto con esas estructuras criminales), el gobierno ha dejado sin atender integralmente la violencia feminicida y sexual que además de las pandillas también es cometida por las parejas de las mujeres. También criticó el actuar de la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien aborda los problemas de las mujeres bajo una perspectiva materna, como si la vida y sentido de las mujeres se redujera a esa función.

“Claro que sí, las mujeres tenemos instinto materno pero también trabajamos, también van a las maquilas, también sacan adelante este país en el tema económico. Somos el mayor porcentaje poblacional en este país y aún más en el sector informal”, señaló la activista. 

A la marcha también asistieron las mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), quienes en esta ocasión se apoderaron del color rosa para visibilizar los casos de mujeres que han sido víctimas de injusticias cometidas por policías, militares y custodios de Centros Penales durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, las capturas arbitrarias en contra de mujeres, bajo el régimen de excepción, ascienden a más de 8,000. 

“Hay muchas mujeres que han salido sin vida de los penales, dejando en orfandad a sus hijas e hijos, aumentando los niveles de vulnerabilidad y profundizando en la crisis de los cuidados. Exigimos justicia y libertad, porque no se vale que una mujer fallezca dentro un penal debido a una denuncia falsa y no se establezca justicia”, denunció el MOVIR. Socorro Jurídico ha documentado 218 muertes en centros penales, de los cuales 12 son mujeres.

Mujeres denuncian que sus hijos y esposos han sido capturados arbitrariamente en medio del régimen de excepción. Foto/Óscar Hernández

Cuando la marcha llegó al centro de gobierno, las mujeres fueron recibidas con una barricada, alambre de púas y agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía que les impidieron el paso. Esta situación, sin embargo, no es novedosa. Cada vez que hay marchas pacíficas en El Salvador, los gobiernos de turno despliegan policías para obstaculizar. 

De todas formas, la diputada suplente del FMLN, Rocío Menjívar. salió del recinto legislativo para recibir y acompañar la propuesta de ley de aumento al salario mínimo. Asimismo, las mujeres exigieron al Ministerio de Trabajo que intervenga y garantice los derechos laborales de las mujeres que son despedidas sin justificación de las instituciones públicas.

Bajo el sol y el intenso calor del verano tropical de El Salvador, al otro lado de la barricada, las mujeres cantaron algunas consignas y levantaron en alto sus pancartas.

La marcha de las mujeres fue obstaculizada por policías y una barricada. Foto/Óscar Hernández