Periodismo explicativo
Muere director de Policía en accidente aéreo tras la captura confusa del principal implicado en el caso Cosavi
El helicóptero UH-1H en el que cuatro miembros de la cúpula policial salvadoreña, tres militares y un comunicador gubernamental trasladaban al exgerente de Cosavi hacia San Salvador, para que enfrentara la justicia por un caso de desfalco millonario, se estrelló mientras volaba desde la frontera con Honduras. Tras el accidente aéreo, ninguna de las nueve personas que iba a bordo sobrevivió, incluido el director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas. El Gobierno de Bukele ha calificado a los funcionarios como “héroes de la patria” que fallecieron en el cumplimiento del deber y que eran “incorruptibles”. Sin embargo, el director y los subdirectores de la Policía tienen antecedentes de haber sido investigados por diferentes delitos, incluso por supuestos vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, las víctimas del caso Cosavi exige a las autoridades salvadoreñas que no mienta sobre el caso y que procuren la recuperación de los ahorros que les fueron robados.
Por Cristian Meléndez y Ezequiel Barrera
Septiembre 10, 2024
Resumen para lectores con prisa
El domingo 8 de septiembre, el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, falleció en un accidente aéreo junto a dos subdirectores y un cabo de la Policía, tres militares, un comunicador gubernamental y el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi), Manuel Alberto Coto Barrientos, quien era el principal implicado en un caso de desfalco millonario de $35 millones.
El accidente ocurrió cuando los funcionarios trasladaban al exgerente de Cosavi desde Honduras, donde fue capturado, hacia San Salvador para ser presentado ante la justicia salvadoreña. Esta captura dejó al descubierto una serie de contradicciones sobre el caso. El pasado 27 de julio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, había anunciado que Coto Barrientos había sido detenido en Panamá. Ese mismo día, el mandatario Nayib Bukele felicitó al fiscal por la supuesta captura. Sin embargo, las autoridades panameñas desmintieron al fiscal general de El Salvador. El periódico La Prensa Gráfica informó que el Ministerio Público y la Policía de ese país no tienen registros de ninguna captura relacionada con el exgerente de Cosavi.
A pesar de que aún no hay respuestas oficiales sobre las contradicciones de Bukele y el fiscal general, el caso sigue activo. Pero la mayoría de los implicados siguen prófugos de la justicia, entre los que se cuentan algunos altos directivos de Cosavi.
Mientras tanto, las víctimas del caso exigen a las autoridades salvadoreñas que no mientan y que hagan lo posible por recuperar los ahorros que les fueron robados. También denuncian públicamente que el partido de gobierno, Nuevas Ideas, ha rechazado dos propuestas para apoyarlos desde la Asamblea Legislativa. Una era para crear una comisión que ayudara en las investigaciones y otra era la creación de un fideicomiso para apoyar a las víctimas que deben pagar tratamientos médicos. Tres de las víctimas han fallecido por no tener acceso a sus ahorros para pagar los gastos hospitalarios.
La organización Acción Ciudadana reveló, en uno de sus informes sobre financiamiento político, que Cosavi fue uno de los donantes más importantes de Nuevas Ideas en 2020.
Sobre los tres altos mandos de la Policía que fallecieron en el accidente aéreo, el gobierno los ha calificado como “héroes de la patria”. Sin embargo, los tres tienen antecedentes de haber sido investigados por supuestos vínculos con narcotráfico, incumplimiento del deber, obstaculizar la justicia y fueron protagonistas de algunos escándalos públicos como las negociaciones entre el Gobierno de Bukele con las pandillas.
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El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, falleció el domingo 8 de septiembre en un accidente aéreo. Junto al funcionario también perdieron la vida dos subdirectores de la Policía, tres militares, un comunicador gubernamental y el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi), Manuel Alberto Coto Barrientos, quien era el principal implicado en un caso de desfalco millonario.
Esa misma noche, Arriaza Chicas había llegado hasta la frontera El Amatillo, en Honduras, dirigiendo el operativo para recibir en custodia a Coto Barrientos, quien hasta ese momento era un prófugo de la justicia salvadoreña. Luego de que las autoridades del país vecino entregaron al exgerente de Cosavi, el plan era trasladarlo hasta San Salvador para presentarlo ante la prensa y someterlo al proceso judicial que enfrentaba por los delitos de defraudación a la economía y lavado de dinero.
A las 8:19 de la noche del domingo, Coto Barrientos fue esposado y subido a un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña, tipo UH-1H. Luego, Arriaza Chicas subió a la misma aeronave, junto a dos de los altos mandos y miembros de la cúpula policial: el subdirector de Áreas Especializadas, Douglas Omar García Funes; el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero; el cabo Abel Antonio Arévalo, asignado a la unidad policial de “Los Jaguares”. Asimismo, abordaron los tenientes de la Fuerza Aérea Jonathan Alexander Raymundo Morán, Alexis Alberto Quijano López y Gerson Ricardo Batres Lucero. De último, subió el comunicador gubernamental, David Heman Cruz Guevara.
Unos minutos después de haberse elevado y de avanzar unos 13 kilómetros, el helicóptero se desplomó sobre una zona boscosa del cantón San Eduardo, en el distrito de Pasaquina, La Unión Norte. Ninguno de los nueve que iba a bordo sobrevivió, según lo confirmó la misma Fuerza Armada a las 00:04 del lunes.
Tras lo ocurrido, el mandatario Nayib Bukele reaccionó en sus redes sociales, diciendo que el accidente será investigado y que para eso solicitará ayuda internacional. De modo que no quede como “un simple accidente”.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, anunció que a solicitud de Bukele, “un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de EE.UU. llegará al país en los próximos días para apoyar a las autoridades salvadoreñas en la investigación del trágico accidente”.
Contradicciones sobre la captura del exgerente de Cosavi
El operativo que precedió al accidente aéreo dejó al descubierto una serie de contradicciones sobre la captura del exgerente de Cosavi. El pasado 27 de julio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró en su cuenta de X, a la 1:48 de la tarde, que Coto Barrientos había sido detenido en Panamá.
Una hora después, Bukele respondió a la publicación del fiscal en X y lo felicitó por el supuesto trabajo que había hecho.
Para ese momento, los cientos de asociados de Cosavi y víctimas del desfalco millonario exigían a las autoridades salvadoreñas la captura de todos los implicados en el caso y la recuperación de sus ahorros, que habían sido robados y transferidos a cuentas bancarias de Estados Unidos y Alemania. El monto, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ascendía a más de $35 millones.
La supuesta captura en Panamá quedó en simple retórica del fiscal general y del mandatario salvadoreño, ya que las mismas autoridades panameñas confirmaron al periódico La Prensa Gráfica que no tienen registros de capturas en el Ministerio Público ni Policía de ese país. En otras palabras, el presidente y el fiscal general anunciaron una captura ficticia.
“En Panamá (Coto Barrientos) mantenía una orden de aprehensión de junio de 2024 de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, por un requerimiento de extradición realizado por la República de El Salvador, en virtud de que registraba ingreso a Panamá, siendo buscado por los estamentos de la fuerza pública nacional. Sin embargo, tal aprehensión no se dio y se presume la salida del requerido hacia Centroamérica”, dijo el fiscal Agustín Almario, del Ministerio Público panameño al periódico salvadoreño.
El pasado sábado 7 de septiembre, las autoridades hondureñas informaron que el prófugo exgerente de Cosavi había sido detenido en Choluteca, junto a un traficante de personas. El domingo, Bukele reaccionó en sus redes sociales y aseguró que la captura fue “gracias a los servicios de inteligencia” de El Salvador y la colaboración de las autoridades de los países vecinos. Pero no ofreció ninguna explicación de por qué andaba prófugo en Honduras, si un mes antes había informado de su supuesta captura en Panamá.
Para hacer efectiva esta captura y presentarlo ante la justicia salvadoreña, la Policía montó el operativo para recibirlo en la frontera con Honduras y trasladarlo hasta San Salvador, el mismo domingo por la noche. Fue en ese traslado cuando ocurrió el accidente aéreo.
A pesar de que aún no hay respuestas oficiales sobre las contradicciones de Bukele y el fiscal general, el caso sigue activo. Pero la mayoría de los implicados siguen prófugos de la justicia, entre los que se cuentan algunos altos directivos de Cosavi. En el caso están involucradas 36 personas, según las investigaciones. Sin embargo, menos de la mitad (15) fueron capturados el pasado 9 de mayo. Entre los detenidos están Manuel Alberto Coto Franco y Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto, padres del exgerente de Cosavi y dos de sus hermanos.
Mientras tanto, las víctimas del caso Cosavi reclaman a las autoridades salvadoreñas por mentir sobre la captura de Coto Barrientos en Panamá. Además, las responsabilizan por el deterioro en la salud de personas que no han tenido acceso a los ahorros que resguardaban en la cooperativa. Incluso, denuncian públicamente que tres personas, víctimas del caso, han fallecido por no poder pagar la atención hospitalaria que necesitaban.
El caso Cosavi, además, tiene implicaciones políticas relacionadas con el partido de gobierno Nuevas Ideas. En mayo, cuando el caso estalló, los diputados oficialistas se negaron a una petición de las víctimas de crear una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar el desfalco millonario. Los mismos diputados también rechazaron, el 3 de septiembre, otra petición de las víctimas para crear un fideicomiso que pueda apoyarlos. La organización de sociedad civil, Acción Ciudadana, reveló en uno de sus informes sobre financiamiento de partidos, que Cosavi donó $60 mil a Nuevas Ideas en 2020. Durante ese año, según la poca información que pudo recabar esa organización, Cosavi fue uno de los financistas más importantes para el partido de Nayib Bukele.
Los antecedentes de los "héroes"
Los tres altos mandos de la Policía que fallecieron en el accidente aéreo —y quienes han sido calificados por el Gobierno de El Salvador como “héroes de la patria”— tienen un historial de ocasiones cuando también fueron investigados por supuestos vínculos con narcotráfico, incumplimiento del deber, obstaculizar la justicia y fueron protagonistas de algunos escándalos públicos.
Mauricio Arriaza Chicas ocupaba el cargo de director de la Policía desde el 1 de junio de 2019, cuando Bukele asumió su primer periodo presidencial —el único constitucional, ya que actualmente se mantiene en la Presidencia de forma ilegítima—. Arriaza Chicas fue uno de los fundadores de la corporación policial tras la conclusión del conflicto armado y la creación de la Policía Nacional Civil. En 2020 se negó a cumplir una orden de la comisión especial de la Asamblea Legislativa para que llevara por apremio al exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el manejo de los fondos destinados a atender la pandemia del Covid-19. Por el manejo de estos fondos, la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES) y medios de comunicación independientes, como GatoEncerrado, documentaron varios casos de corrupción. Para evitar la investigación de estos casos de corrupción en su gobierno, Bukele expulsó a los funcionarios de la comisión y rompió el acuerdo que había firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para proteger a Arriaza Chicas, tras negarse a llevar por la fuerza al exministro de Hacienda ante la Asamblea, Bukele lo blindó con un fuero al nombrarlo viceministro de Seguridad y Justicia.
En sus antecedentes, también destaca que entre 2016 y 2018, varios de sus subordinados fueron investigados y procesados por pertenecer a grupos de exterminio y otros fueron acusados de asesinar a la agente Carla Ayala en una fiesta del extinto Grupo de Reacción Inmediata (GRP), que era un grupo élite en la Policía y que estaba bajo las unidades que dirigía Arriaza Chicas.
En su historial como jefe policial hay casos en los que agentes que estaban bajo su mando implantaron evidencias. Aunque nunca fue acusado formalmente, la Fiscalía lo investigó a finales de la década de 1990 por manipular testigos en casos como el de una masacre relacionada con el narcotráfico, según ha documentado Insight Crime.
Tras el accidente en el que falleció, Bukele lo calificó como “incorruptible”. Fue el “leal” director de la Policía que lideró la “guerra contra las pandillas” y ejecutó los operativos del régimen de excepción que dejaron miles de personas inocentes capturadas arbitrariamente. Algunas de esas personas, incluso, fallecieron en los centros penales, según ha documentado el periodismo independiente y organizaciones que defienden los derechos humanos.
El subdirector de Áreas Especializadas, Douglas Omar García Funes, fue investigado por la Inspectoría General de la Policía, en 2010, por supuestos vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Texis. Por esa investigación, García Funes fue relegado de los puestos de poder en la Policía. En 2019, Arriaza Chicas lo rescató y lo colocó en cargos de la cúpula policial, según un reporte de Infobae.
El comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres fue nombrado como subdirector de Investigaciones de la Policía en el año 2020, por Arriaza Chicas. Este oficial fue mencionado, en una investigación periodística del periódico El Faro, como parte de un supuesto trato del Gobierno de Bukele para recapturar en México a Elmer Canales, “Crook”, cabecilla de la MS-13, a través de un cartel de drogas. Al final, las autoridades estadounidenses lo encontraron primero y lo extraditaron para juzgarlo en la ciudad de New York por diversos delitos. “Crook”, según una investigación del mismo periódico, había sido liberado por el mismo Gobierno de Bukele, como parte de sus negocios con las pandillas y a pesar de tener condenas pendientes por cumplir en la cárcel.
El comunicador gubernamental David Cruz fue señalado públicamente en un caso donde unos colombianos fueron detenidos bajo el régimen de excepción, torturados y procesados como si fueran pandilleros salvadoreños. Uno de ellos, identificado como José Antonio Potes, dijo que había sido obligado a desmentir malos tratos y capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción, tras un escándalo que llegó a diferentes países del continente americano. Una de las personas que estuvo en el proceso para obligarlo a decir que no había sido torturado fue David Cruz.
