Por Karen Moreno

Este 4 de junio, por la noche, el presidente Nayib Bukele anunció su decisión de terminar con el acuerdo que firmó su gobierno con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 20 de septiembre del 2019, para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), una de las grandes promesas de su campaña electoral. Bukele puso fin al acuerdo con la excusa de que un día antes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en Twitter que contrató como asesor al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a pesar de que enfrenta un proceso judicial por fraude electoral y agrupaciones ilícitas por negociar y entregar dinero a las pandillas.

Bukele acusó a Almagro de contratar “deliberadamente” a un criminal y de saber que su gobierno iba a romper con el acuerdo. “Es obvio que esto es un plan muy bien hecho. Aquí no es una tontera de que al secretario general de la OEA se le ocurrió contratar un día antes de su audiencia a un criminal salvadoreño… Ellos están jugando a que la atención sobre El Salvador es poca, en el sentido de que no conocen a Ernesto Muyshondt”, dijo Bukele.

Con el mismo argumento, ese mismo día, por la mañana, el fiscal general impuesto por el oficialismo Rodolfo Delgado también anunció que daba por terminado el convenio de cooperación y asistencia técnica que firmó el ex fiscal destituido, Raúl Melara, con el representante de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, el 9 de diciembre de 2019.

El fiscal de facto alegó que no podía recibir asistencia técnica de una comisión de la OEA que tiene de asesor a una persona con un proceso abierto, a pesar de que él también enfrenta un proceso penal por violencia intrafamiliar, como reveló esta revista. 

Aunque usaron de pretexto la contratación de Muyshondt en la OEA,  el fiscal Rodolfo Delgado y el presidente Bukele ya habían dado muestras de sentirse incómodos con la Cicíes. El pasado 7 de abril, el presidente respondió que “sería lo peor que pudiéramos hacer” ante una propuesta de organizaciones de aprobar una ley que le diera la facultad de querellante a la Cicíes. Un días después de ser impuesto en el cargo, el 3 de mayo, Delgado anunció en una entrevista de Frente a Frente que revisaría los alcances del convenio porque la Fiscalía es la única encargada de defender los intereses del Estado y de la sociedad, así como de dirigir las investigaciones por delitos.

De hecho, el presidente Bukele dejó de hablar de la Cicíes, e incluso su gobierno ignoró un pliego de reformas que le entregó, el 25 de marzo de este año, el comisionado de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, a funcionarios. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Secretaría Jurídica de la Presidencia negaron la existencia del documento. La Cicíes presentó las propuesta de reformas a raíz de las irregularidades encontradas durante la pandemia y el bloqueo que enfrentó en las instituciones del gobierno para que le entregaran información. 

Bukele llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad a través del auxilio de una Cicíes similar a la que instaló Guatemala. El presidente, sin embargo, decidió romper el pacto casi seis meses después de que se conoció públicamente que la  Cicíes empezó a investigar a su gobierno y había enviado a la Fiscalía 12 avisos por compras irregulares durante la emergencia por la pandemia Covid-19, a partir de noviembre del año pasado. 

“En cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de la Cicíes”, contestó el mandatario a la periodista de GatoEncerrado, quien rompió el protocolo para preguntar debido a que el personal de comunicaciones de Casa Presidencial solo dio espacio para tres preguntas, dos de medios oficiales. 

Bukele también reprochó que en los casi dos años que tuvo la Cicíes, no investigó los casos que su gobierno le mandó relacionados con la partida secreta, El Chaparral, tráfico de armas y de periodistas. “No procesaron nada. Entonces, lo que la Cicíes tenía era un sesgo ideológico y político claro”, señaló Bukele.

Una de las investigaciones que Bukele dice desconocer fue de conocimiento público. El anterior fiscal informó que el ministerio público tenía abierto 17 casos por compras irregulares en la pandemia, uno de esos es la compra adjudicado a la empresa de los familiares del ministro de Salud, Francisco Alabi, de nombre Autodo S.A de C.V., tenía un giro comercial diferente al objeto de la compra y que fue el único proveedor invitado a ofertar, según reveló GatoEncerrado en junio del año pasado.

Al preguntarle al presidente porqué el gobierno no optó por pronunciarse y pedir  que removieran del cargo de asesor a Muyshondt, en lugar de romper su promesa, justificó que “pudimos haber enviado una pequeña carta diplomática, poniendo nuestro enojo por la decisión, pero la única respuesta correcta ante este evidente otorgamiento de impunidad a un criminal era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos”. 

Públicamente, ya se conocía de la cercanía entre Almagro y el ex alcalde de Arena y reuniones que habían  sostenido para hablar de “coyuntura política y democrática en la región”, según una nota de La Prensa Gráfica publicada el 16 de noviembre de 2019. Incluso, el 13 de noviembre de 2020, Muyshondt en calidad de alcalde de San Salvador firmó un convenio con Ochaeta para recibir herramientas y asistencia técnica de la Cicíes.

Muyshondt fue acusado por la Fiscalía por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Este 5 de junio, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó arresto domiciliar para el ex alcalde y el uso de brazalete electrónico. Antes de cumplir la medida, la Policía lo capturó por otro delito relacionado a retenciones tributarias siendo alcalde. No especificaron adónde sería llevado, ya que primero se informó que fue trasladado al centro penal La Esperanza y después dijeron que a las bartolinas.