Retrocesos en DDHH
La "ideología de género": uno de los enemigos imaginarios del bukelismo
Retrocesos en DDHH
La "ideología de género: uno de los enemigos imaginarios del bukelismo
Desde que llegó al poder, en 2019, Nayib Bukele ha dirigido un gobierno que discrimina, atropella derechos, censura, expulsa y despide a la población LGBTIQ+. Es más, se jacta de hacerlo, mientras la derecha internacional y algunos religiosos conservadores le aplauden. Argumenta que así defiende los valores de la familia tradicional y se refiere a las defensoras de derechos, de forma despectiva, como promotoras de una supuesta agenda para imponer una “ideología de género” que no existe. Activistas concluyen que este tipo de discurso es incoherente y además es utilizado por gobiernos autoritarios para distraer a las masas de los problemas realmente importantes del país. Este es un recuento de los retrocesos en materia de derechos para la población LGBTIQ+.
Por Óscar Hernández
Septiembre 17, 2024
Resumen para lectores con prisa
Cuando Nayib Bukele aún estaba construyendo una imagen presidenciable prometió “estar del lado correcto de la historia y no del lado de los discriminadores” y que, en consecuencia, se declaraba “heteroaliado” de la población LGBTIQ+. Pero, desde que asumió el poder, Bukele se contradijo. Eliminó oficinas que se dedicaban a atender a la población LGBTIQ+, luego atropelló derechos de las mujeres trans en los centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, censuró obras de teatro y libros de texto en el sistema educativo que enseñaban sobre igualdad de género y sexualidad y promovió la discriminación en los centros de salud. En resumen, desde que está en el poder ha dirigido un gobierno que ha procurado retrocesos en materia de derechos humanos. Se ha justificado diciendo que lo hace para defender los valores y las familias tradicionales de lo que él llama despectivamente “la ideología de género”.
Gonzalo Montano, de la Organización Amate El Salvador, dijo a GatoEncerrado que esta supuesta lucha del gobierno en contra de la “ideología de género” no tiene sentido, porque esa ideología no existe y además es utilizada como un distractor de los verdaderos problemas de la sociedad salvadoreña, como el alto costo de la vida, el desempleo y la pobreza en aumento.
Si quieres leer el resumen de la nota, hacé clic en el botón de arriba o escúchalo en audio.
Cuando Nayib Bukele aún estaba construyendo una imagen presidenciable e intentaba ganar la alcaldía de San Salvador, en noviembre de 2014, participó en una reunión organizada por colectivos de la diversidad sexual. Sin titubeos, aseguró que quería “estar del lado correcto de la historia y no del lado de los discriminadores” y que, en consecuencia, se declaraba “heteroaliado”. Cuatro años después, en un conversatorio que organizó la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en octubre de 2018, agregó que “toda discriminación debería ser castigada con cárcel”. Cuando finalmente ganó la Presidencia de la República en 2019, Bukele hizo lo contrario: desde el poder discriminó, desamparó, censuró, despidió y criminalizó la labor de las defensoras de derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexuales, queer y demás identidas de género y orientaciones sexuales (LGBTIQ+).
Empezó su primer gobierno —el único legítimo— eliminando oficinas que se dedicaban a atender a la población LGBTIQ+ y a promover políticas públicas antidiscriminatorias, luego atropelló derechos de las mujeres trans en los centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, censuró obras de teatro y libros de texto en el sistema educativo que enseñaban sobre igualdad de género y sexualidad, sacó de programación un breve contenido de educación sexual que se transmitió en la televisión estatal, despidió 300 empleados del Ministerio de Cultura y los acusó de promover supuestas agendas contrarias a los “valores de las familias tradicionales” y finalmente ordenó a las Unidades de Salud sacar de circulación las guías educativas sobre enfermedades de transmisión sexual y cualquier material que hiciera alusión a la diversidad sexual.
El 22 de febrero de 2024, mientras participaba en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), dejó en claro que su gobierno es conservador y, de hecho, lucha contra lo que califica despectivamente como “ideología de género”. En una breve entrevista con Catalina Stubbe, directora de Moms for Liberty (Mamás por la Libertad), Bukele contradijo su postura de 2014 y 2018, cuando afirmaba que era un “heteroaliado”.
“Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, que la currícula no lleve ideología de género y esas cosas”, aseguró el mandatario a Stubbe.
Desde que se instaló en el poder —y también ahora que lo conserva inconstitucionalmente— Bukele se ha caracterizado por dirigir un gobierno capaz de provocar una serie de retrocesos en materia de derechos y reivindicaciones que la población LGBTIQ+ ha exigido históricamente. Además se jacta de hacerlo, mientras los políticos de la derecha internacional junto a religiosos conservadores lo aplauden.
Los retrocesos
Bukele tenía tres días de haber asumido el poder, en junio de 2019, cuando comenzó a ejecutar una serie de acciones discriminatorias en contra de la población LGBTIQ+. Primero, ordenó la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, bajo la que existía la Dirección de la Diversidad Sexual que había sido creada con el objetivo de “erradicar toda forma de discriminación por razones de orientación e identidad de género” en las instituciones públicas. Parte de su trabajo era garantizar que las personas LGBTIQ+ no fueran discriminadas en las oficinas de gobierno al solicitar un empleo o necesitar un servicio estatal. Para lograrlo, esa dirección era la encargada de promover políticas antidiscriminatorias.
Paralelamente, en los primeros seis meses de la presidencia de Bukele, ocurrieron crímenes de odio en contra de mujeres trans. El caso más conocido públicamente, por el nivel de violencia con que fue cometido, es el de Anahí Rivas, quien fue herida con un arma blanca y arrastrada desde una camioneta negra por 435 metros sobre el boulevard de Los Héroes, entre el Hospital Benjamín Bloom y la discoteca Kairo’s. Luego fue lanzada a la carretera, donde falleció tras haber sido golpeada y fracturada en el cuello y la columna.
Unos meses después, cuando la pandemia por COVID-19 tuvo que ser atendida en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció que las autoridades de Salud, Seguridad Pública y Protección Civil no contaban con directrices y protocolos específicos para atender a la población LGBTIQ+.
En 2021, cuando Bukele se tomó la Asamblea Legislativa a través de los diputados de su partido Nuevas Ideas, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género decidió archivar 30 iniciativas de ley y propuestas de reformas que las legislaturas pasadas dejaron pendientes de estudio. Entre las iniciativas estaban el proyecto de Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación (LEID) que las organizaciones de sociedad civil habían elaborado y propuesto para garantizar el derecho básico de las personas a ser reconocidas legalmente y tratadas conforme a su identidad de género autopercibida.
El año siguiente, específicamente en febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa que creara un marco legal para que las personas trans puedan cambiar los nombres que aparecen en sus documentos legales. La Sala explicó que esto era necesario porque la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un “acto discriminatorio no justificado”. Para cumplir con esta tarea, la Sala otorgó el plazo de un año a los diputados, pero la Asamblea desobedeció y ni siquiera incluyó el tema en ninguna de las reuniones de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en todo el periodo legislativo 2021-2024. De hecho, esa comisión, dirigida por la diputada oficialista Alexia Rivas, trabajó poco en esa legislatura: solo emitió diez dictámenes y pasó 14 meses sin reunirse. En la legislatura actual, 2024-2027, esa comisión fue eliminada.
Organizaciones feministas y colectivas de la diversidad sexual han denunciado públicamente que estas acciones en la Asamblea, como la eliminación de la comisión que veía temas de género, es una evidencia de que los derechos de la mujer y la diversidad sexual no son prioridad para el bukelismo. En la legislatura actual, estos temas han sido enviados a una nueva comisión denominada “Comisión de la Niñez e Integración Social”, donde también se ven asuntos de cultura, deportes, adolescencia y adultos mayores.
La legislatura anterior también aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, y este se mantiene vigente gracias a las prórrogas otorgadas por la legislatura actual. Según la narrativa del gobierno, el régimen ha sido clave en su estrategia para desarticular a las pandillas. No obstante, desde su implementación, diversas organizaciones de sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, han denunciado que policías, militares, custodios penitenciarios y otros agentes estatales han cometido discriminación, tratos crueles y torturas, con un particular impacto en la población LGBTIQ+, especialmente en contra de mujeres trans, como GatoEncerrado pudo corroborar y documentar.
La construcción del enemigo imaginario
Ante las denuncias públicas de retrasos en las reivindicaciones y atropellos a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, Nayib Bukele ha reaccionado señalando a las defensoras, de forma despectiva, como promotoras de una “ideología de género” que amenaza “los valores de la familia tradicional”; dejando claro, por lo tanto, que esa “ideología” debe combatirse como si fuera un “enemigo del pueblo”. Con este discurso, el mandatario se ha sumado a los religiosos y a la gente de la derecha más conservadora del país, quienes difunden la misma narrativa para desprestigiar la lucha de la población LGBTIQ+ por la reivindicación de sus derechos.
Wendy Castillo, del Movimiento Ampliado LGBTIQ+, explicó que ver una amenaza en la “ideología de género” no tiene sentido, ya que “ese es un término manipulado para generar miedo y rechazo” y que en realidad no existe tal cosa. Es, en el fondo, una desinformación que difunden deliberadamente algunos religiosos y gente de extrema derecha que discriminan y obstaculizan la reivindicación de derechos.
“La ideología de género no existe. Entre más utilicemos la palabra ideología de género, le estamos dando validez a algo que no lo tiene, porque una ideología es algo que se impone. No podemos hablar de ideología cuando estamos hablando de género, y el género es algo que se puede percibir. Cuando a una niña del área rural o urbana se le imponen tareas de cuidado y a los niños se les da la oportunidad de jugar y estudiar, estamos viendo desigualdades de género, no ideologías”, dijo Castillo a GatoEncerrado.
Según un artículo de la organización Ecofeminista de Buenos Aires, el término “ideología de género” surgió en la década de 1990, utilizado inicialmente por la Iglesia católica como instrumento para desacreditar las políticas que buscan la igualdad de género y los derechos reproductivos, calificándolas como amenazas a las estructuras familiares tradicionales y a los valores culturales. Desde entonces, comenzó un largo debate en torno al género que actualmente sigue influyendo en la agenda de derechos humanos a nivel internacional.
Katherine Flores, Coordinadora del Eje de Cuerpos Diversos y Sexualidades de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, expuso a GatoEncerrado que, a diferencia de la “ideología de género”, lo que sí existe es la teoría de género.
“En el contexto actual, el gobierno llama ‘ideología de género’ a la teoría de género, o a lo que nosotras en el movimiento feminista llamamos perspectiva de género. Esto permite hacer un análisis más múltiple y con más características, no solo desde una teoría, sino que contextualiza a la persona desde todos sus ámbitos de desarrollo. No es lo mismo hablar de ideología de género, porque esa es una frase inventada de los grupos fundamentalistas y difundida por el actual gobierno para ejercer una cortina de humo alrededor de otras situaciones que están pasando en el país”, explicó Flores.
Para Castillo y Flores, la retórica de la “ideología de género” promovida por Bukele no es más que una estrategia utilizada en sus discursos para avivar sentimientos de odio y rechazo hacia los temas de género y diversidad sexual. Las defensoras también señalan que al deslegitimar estas luchas por la igualdad y la justicia, el Gobierno Bukele no solo obstaculiza el camino hacia una sociedad salvadoreña más inclusiva y equitativa, sino que también contribuye a perpetuar la discriminación y la violencia contra grupos vulnerables en El Salvador, dificultando así la construcción de un futuro en el que todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación, independientemente de su género u orientación sexual.
Un chivo expiatorio y una cortina de humo
Gonzalo Montano, secretario de formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica y miembro del Movimiento Ampliado LGBTIQ+, explicó a esta revista que la lucha contra la “ideología de género” incluso afecta a personas que son parte del mismo Gobierno de Bukele.
“Hay personas, en las diferentes dependencias del gobierno, que no están de acuerdo con estas acciones (de obstaculizar la reivindicación de derechos de la diversidad sexual). Por una simple razón, todos sabemos que dentro del gobierno hay un montón de personas LGBTI. Pero, como en la actualidad lo que impera a nivel internacional y nacional es un contexto de retrocesos en materia de derechos humanos, porque hay un avance de grupos conservadores y de la ultraderecha, hay un avance de gobiernos autoritarios; entonces, es necesario (desde el gobierno) mantener el performance de seguir profundizando temas como ‘la ideología de género’”, detalló el activista.
Montano agregó que “hacerle la guerra” a este tipo de temas es uno de los distractores favoritos de los gobiernos autoritarios y corruptos para desviar la atención de lo que están cometiendo.
“Es el chivo expiatorio que utilizan estos gobiernos conservadores y autoritarios, para generar un terror inexistente en la sociedad. Es decir, un terror en el que le dicen a la sociedad que estos grupos (de diversidad sexual) son los que van a destruir a la familia, que estos grupos están en contra de dios y son los causantes de todo lo malo que pasa. Entonces, generan este terror social que les funciona, porque la población LGBTI ha sido históricamente el chivo expiatorio. Es decir, son aquel grupo al que puedes vilipendiar para olvidarte de cosas más importantes en la sociedad salvadoreña, como el alto costo de la vida. ¿Cómo te olvidas del alto costo de la vida? Ah, hablemos de los LGBTI y les vamos a censurar una obra de teatro. Y eso genera simpatía en la sociedad salvadoreña, que es conservadora. Así se olvidan de las problemáticas reales de este país”, explicó Montano.
Entre los retrocesos que el Gobierno de Bukele ha procurado, hay dos que los defensores de derechos humanos lamentan especialmente. El primero es en el sistema educativo y el otro en el sistema de salud.
Temas de género fuera de la currícula escolar
Después de que Bukele dijo, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que en su gobierno no se permitía la “ideología de género” en las escuelas y colegios, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, reaccionó en X anunciando que había ordenado sacar de la currícula escolar todo lo relacionado con los temas de género.
“Todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, escribió Pineda en su cuenta de X, el 27 de febrero de 2024. Con la confirmación del ministro, los avances que se habían logrado a nivel educativo en temas de género y sexualidad, aunque todavía eran insuficientes, fueron desechados rápidamente.
Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, dijo a esta revista que quitar estos temas de la currícula escolar es un claro retroceso y que el Gobierno de Bukele está replicando lo que hacía el partido Arena, cuendo estuvo en el poder.
“En 1972, en este país se aprueba el tema de la planificación familiar. ¿Qué implica eso? Que las mujeres puedan decidir cuántos hijos e hijas quieren tener. Posteriormente se empieza a hablar de la educación integral en sexualidad. En los años 2000, vemos a los grupos conservadores que obligan, a través de la iglesia católica, a retirar todo material referente a esos temas de los centros escolares, y ahora estamos viendo que esta misma situación se está viviendo”, comparó Cáceres.
Desde el inicio de su único mandato constitucional, Bukele ya mostraba indicios de que su gobierno no toleraría los temas de género en la educación. Un ejemplo de ello es cuando el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) no revisó ni actualizó la “Política de Equidad e Igualdad de Género” (PIEG)”, un plan realizado con el apoyo del Fomilenio II que buscaba erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres en el sistema educativo nacional.
Esa política se implementó desde 2016 hasta 2020. Su revisión y actualización para el periodo 2021-2025 se le encomendó a la unidad de género del MINEDUCYT y quedó prevista para finales de 2019 o principios de 2020. Sin embargo, la actualización nunca se hizo y, en su lugar, el 7 de septiembre de 2022, Bukele lanzó una reforma llamada “Mi Nueva Escuela”, con la cual prometió, entre otras cosas, remodelar mil centros educativos en un año, cifra que ni por cerca se logró. El Diario de Hoy contabilizó que tan solo 32 estaban siendo remodelados hasta agosto de 2023. Es decir, apenas el 3 % de lo prometido.
La reforma dejó fuera temas como la prevención de violencia hacia mujeres y niñas y la educación integral en sexualidad. Según Keyla Cáceres y Wendy Castillo, del Movimiento Ampliado LGBTIQ+, esos temas iban más allá de simplemente hablar sobre sexo y estaban más enfocados en empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas y respeten la diversidad humana en todas sus formas.
Cáceres mencionó que esta educación es fundamental en la prevención de problemas como embarazos prematuros y la trata de niñas, adolescentes y mujeres. La activista señaló que estos temas son esenciales para construir una sociedad más igualitaria en la forma en que hombres y mujeres se relacionan.
Además, recordó que en el país ya se han dado hechos de violencia sexual dentro de las escuelas por parte de maestros y que la educación sexual permite a las niñas y niños conocer sus derechos para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir.
“Aquí no solo hablamos de la violencia sexual en las niñas que es mayor el porcentaje, sino tambien en los niños, porque existen, están ahí los casos, y es un tema muy silencioso, porque a los padres les da vergüenza reconocer que a los niños se les está violentando”, dijo Cáceres.
El abuso sexual perpetrado por personas en posiciones de confianza, como maestros, es una traición a la responsabilidad y al deber de cuidado que se les confía, según defensoras de derechos humanos. Además, estos actos pueden tener un impacto devastador en la vida de las víctimas, causando daños emocionales y psicológicos profundos y duraderos. Quitar de la currícula escolar la información relacionada con educación sexual hace más vulnerables a los estudiantes, según las defensoras de derechos.
Es por ello que organizaciones sociales y mujeres feministas exigen que las instituciones educativas implementen políticas y procedimientos efectivos para prevenir y responder adecuadamente a la violencia sexual. Esto incluye la capacitación obligatoria para el personal escolar sobre la identificación y prevención del abuso, así como la promoción de entornos seguros y de confianza donde los estudiantes se sientan cómodos para denunciar cualquier situación de riesgo o abuso.
“Ese es el problema cuando no se tiene educación sexual integral, que la violencia para las niñas y niños no se está regulando, no se está previniendo. Cuando anulamos todos estos temas de la currícula escolar, estamos anulando que las niñas y niños conozcan sus derechos”, enfatizó Cáceres.
Katherine Flores, quien forma parte de la Colectiva Feminista, también expuso a GatoEncerrado que la educación sexual integral es crucial para enfrentar y reducir las estadísticas alarmantes de embarazos adolescentes y violencia sexual entre la niñez, adolescencia y juventud.
“Cuando hablamos de la educación integral sexual, no hablamos sobre el tabú social de inducir a las prácticas sexo coitales en la niñez, adolescencia y juventud. Cuando hablamos de estos temas, lo hacemos desde la estadística de embarazos en adolescentes, desde las estadísticas que hay actualmente de las violencias sexuales en niñez y adolescencia y que son cuestiones que te llevan a tener maternidades impuestas, y que de una u otra manera limitan el desarrollo de una niña o adolescente, porque no está física, emocional, ni económicamente preparada para ello”, subrayó Flores.
Otro de los eventos que ha evidenciado el retroceso en temas de educación sexual y de género ocurrió en 2021, cuando padres de familia se quejaron a través de las redes sociales luego de que Canal 10 —el canal gubernamental— abordó el tema de “orientación sexual” en la asignatura de estudios sociales, en la franja educativa. El segmento “Aprendamos en casa”, producido por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), provocó de inmediato una reacción negativa.
“Los padres expresaron su indignación y preocupación, y el Ministerio de Educación respondió destituyendo al director del INFOD, Carlos Rodríguez Rivas, por haber transmitido ese contenido”, recordó Flores, quien agregó que eso dejó en evidencia la falta de apoyo institucional para la educación sexual integral.
Posteriormente, el Ministerio de Educación informó en un comunicado que se decidió realizar una reestructuración “profunda del INFOD para promover cambios que permitan una educación apegada a nuestra realidad y con la visión de nuestro gobierno”.
Este patrón de avances y retrocesos ilustra la lucha contínua por los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. De acuerdo con las defensoras de derechos, la educación sexual no es simplemente un tema académico, sino una herramienta crucial para empoderar a las personas y prevenir problemas como los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género. Por lo tanto, quitar de la currícula escolar esta información es también dejar en más vulnerabilidad a la niñez y adolescencia.
Eliminación de datos LGBTIQ+ en los servicios de Salud
La cruzada del Gobierno de Bukele de erradicar todo lo relacionado a la “ideología de género” no se quedó en el sistema educativo, sino que también se extendió al Ministerio de Salud (Minsal). Las Unidades de Salud y dos oficinas del Sistema Básico de Salud Integral (Sibasi) fueron las primeras en retirar folletos y otros materiales donde se mencionaba información relacionada a la población LGBTIQ+.
De inmediato, esta medida generó descontento entre las organizaciones de la diversidad sexual y provocó señalamientos a Bukele por traicionar su palabra cuando prometió, en 2014, ser “heteroaliado” de la población LGBTIQ+. La acción del Minsal fue una prueba más de que Bukele nunca asumió realmente el compromiso de apoyar la lucha de reivindicación de derechos para este sector de la población que históricamente ha sido discriminado.
Para los colectivos LGBTIQ+ el retiro del material educativo y los formularios relacionados con la identidad de género se interpretó como un paso hacia atrás en la protección de sus derechos. Más que una simple cuestión administrativa, esta acción se percibió como un mensaje que niega la importancia de la diversidad en el ámbito de la salud pública.
Karla Guevara, una destacada activista por los derechos humanos y la igualdad, ha sido una de las voces más firmes en contra de esta medida. Para Guevara, los datos sensibles de los formularios de atención del Minsal eran de vital importancia, porque facilitaban la provisión de atención especializada para las personas LGBTIQ+. Contrario a la creencia común, Guevara aclaró que esta atención especializada no implica privilegios, sino una respuesta apropiada a las necesidades específicas de este sector de la población.
“La atención especializada significa que había una atención más acorde en el tiempo de la pandemia. Los datos epidemiológicos servían para abordar los lineamientos no solo del VIH, sino de cualquier enfermedad epidémica o endémica. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, era importante conocer no solo la edad de las personas afectadas, sino también su profesión. Esto nos permitió entender que uno de los grupos más afectados por el COVID-19 era el personal de salud”, enfatizó la activista.
La eliminación de datos relacionados con hombres gais, bisexuales y personas trans de los formularios de atención del Minsal ha tenido un efecto desolador en la accesibilidad y la inclusión de estas comunidades en los servicios de salud. Guevara, al explicar el impacto de esta medida, resaltó cómo se ha borrado no solo la información sobre la orientación sexual e identidad de género en el sistema de salud, sino también la posibilidad de que las personas trans se identifiquen de manera auténtica en los hospitales y clínicas públicas.
“Se borraron todas las referencias a hombres gais, bisexuales y personas trans. Incluso se eliminó el apartado que permitía a las personas trans identificarse con su nombre preferido. Antes, una persona trans podía solicitar una prueba de manera cómoda y respetuosa en el centro de salud; pero, ahora, esa posibilidad ha desaparecido”, lamentó Guevara.
Otro aspecto que las organizaciones han cuestionado es que en los formularios hay una exigencia de que el campo “Conocido por” coincida con la información del Documento Único de Identidad (DUI) por ser una forma de imponer normas binarias y restrictivas de género, ignorando la diversidad de identidades y experiencias de las personas trans y no binarias. Esta práctica no solo niega la autonomía y la autenticidad de las personas en su expresión de género, sino que también contribuye a la discriminación y a la marginalización en el acceso a los servicios de salud.
La activista explicó que las unidades de salud sacaron de circulación los formularios FVIH-01, que eran los instructivos utilizados para obtener los datos de las personas que accedían a las pruebas de VIH y que facilitaban el registro para identificar a las comunidades más vulnerables y así dirigir los recursos y las intervenciones de manera efectiva.
Todo esto afectó a la población LGBTIQ+ en general, principalmente a las personas trans. Guevara también subrayó que la falta de sensibilidad y el irrespeto a las personas trans en los centros de salud tiende a provocar que, incluso en situaciones emergencias, las personas trans prefieran no solicitar asistencia médica por temor a la discriminación, lo que pone en riesgo sus vidas.
La activista culminó diciendo que es fundamental que en los centros de salud existan espacios seguros y acogedores para todas las personas, independientemente de su identidad y expresión de género.
Una Asamblea que obstaculiza
Defensoras de derechos humanos también destacan que antes de la llegada de Bukele al poder, El Salvador había logrado pocos, pero significativos, avances en la lucha por la reivindicación de los derechos de la población LGBTIQ+. Sin embargo, la implementación efectiva de leyes, políticas, iniciativas y proyectos requería de un compromiso continuo de instituciones gubernamentales, que bajo el bukelismo no ha sido posible. Especialmente en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
La Asamblea Legislativa también tendría que desempeñar un papel crucial en la elaboración y revisión de legislación que promueva la igualdad de género. Sin embargo, las declaraciones de Bukele sobre eliminar todo rastro de los temas de género de las escuelas y del sistema de salud fueron replicadas por los diputados y diputadas de su partido Nuevas Ideas, lo que demuestra que desde la Asamblea tampoco hay interés por impulsar iniciativas que velen por los derechos de la población LGBTIQ+.
De hecho, en la legislatura pasada, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género pasó inactiva por un largo periodo de tiempo y no aportó avances significativos en los temas que le correspondía abordar. Ahora que la Comisión ha sido eliminada para el periodo 2024-2027, no queda espacio en ese órgano del Estado para una comisión que se enfoque específicamente en temas de género.
Ante esto, la feminista Keyla Cáceres señaló que esto demuestra la importancia de tener una Asamblea Legislativa independiente y plural en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el país y no una que esté a las órdenes e intereses de la Presidencia de la República.
Cáceres resaltó que la diversidad de pensamientos y la independencia del órgano legislativo son elementos fundamentales para abordar las cuestiones que afectan a la sociedad, pero que eso no ocurre actualmente en el país, donde la Asamblea está controlada por el oficialismo.
“Este problema se podría resolver en la Asamblea Legislativa, si tuviéramos una Asamblea totalmente imparcial en pensamiento, en pluralidad de partidos políticos y sobre todo independiente del órgano Ejecutivo, se resolvería el problema. Porque la Asamblea tiene la obligación de legislar en favor de iniciativas que vayan acorde a la realidad”, detalló Cáceres.
La feminista Katherine Flores también lamentó que desde la llegada al poder de Bukele, la población LGBTIQ+ ha sufrido un aumento en la discriminación y la violencia. No niega que la discriminación es histórica, pero le preocupa que bajo este gobierno ha aumentado: “Los ataques contra personas de la diversidad sexual han aumentado, y muchas de las políticas de protección que habíamos logrado implementar están siendo desmanteladas”, aseguró.
