Por Óscar Hernández | Febrero 26, 2024

Las torturas

Un mes después de la audiencia virtual, Jennifer fue trasladada hacia el Centro Penal de Ilopango, que antes del régimen de excepción era un penal exclusivo para mujeres. Durante el régimen y después de que “El Penalito” se quedó pequeño para contener a las decenas de miles de personas detenidas diariamente en el régimen, el penal de Ilopango fue reacomodado y utilizado como el nuevo lugar para resguardar a los detenidos mientras se les abría un espacio en el sistema penitenciario.

Desde el primer día en el penal de Ilopango, Jennifer recibió tratos discriminatorios y transfóbicos. Los custodios la empujaron, la golpearon con macanas en el estómago, las costillas y las piernas. Como todos los hombres, cada lunes era obligada a esperar su turno para ser rapada con una máquina de cortar pelo. La primera vez que le quitaron su cabello sintió impotencia e indignación, porque le arrebataron algo de lo que se sentía orgullosa y que le había costado mucho tiempo y recursos. La máquina de pelo, según recuerda, nunca era limpiada por los custodios y estaba tan sucia que se contagió del hongo en la cabeza que casi todas las personas privadas de libertad comparten por la insalubridad, la humedad, el agua contaminada y las condiciones de hacinamiento en las que conviven. 

“Los custodios nos maltrataban verbalmente. Nos llaman vulgarmente: ‘culeros, ustedes son hombres no mujeres, compórtense, por eso les cortamos el pelo para que ustedes sepan lo que son, ya no son lo que imaginan ustedes’. Así nos decían”, recuerda Jennifer.

Hubo días cuando, sin razón ni explicación, los custodios sacaban a Jennifer de su celda junto a Rosa, otra mujer trans que conoció en prisión. Afuera, en un patio, las esposaban con las manos hacia atrás y las obligaban a permanecer en cuclillas con la cabeza hacia abajo y bajo el sol. Cuando alguna se cansaba y levantaba la cabeza o se quejaba, los custodios les pegaban a las dos con el puño cerrado directamente en el rostro y les encajaban patadas en el estómago hasta dejarlas sin aire y llenas de moretones. Esas eran las ocasiones cuando podían ver el sol, ya que los días y meses transcurrían dentro de su celda, compartiendo el pequeño espacio con el calor corporal de otras 378 personas tras los barrotes y un solo hueco cuadrado en la pared de atrás por el que apenas entraba luz de día y algo de aire. 

“El espacio reducido se llenaba de un olor a huevo podrido, era asfixiante permanecer adentro. El mal olor invadía tu garganta hasta darte la sensación de querer vomitar, ya que en la misma celda teníamos que cagar. Solo imagínese, estábamos todo el día encerradas, bajo el calor y un pequeño hueco donde entraba el aire. Y todavía nos metían las cubetas para poder hacer del baño. Esas cubetas permanecían ahí en la celda, con las heces porque no había suficiente agua para lavar y tampoco se podían tirar al suelo”, relata Jennifer, asqueada.

Además de las humillaciones y torturas físicas, algunas veces los custodios también las castigaban, sin justificación, con quitarles un tiempo de comida. Aunque, según recuerda Jennifer, la comida en sí misma también era una especie de castigo. Se trataba, todos los días, de una pequeña porción de arroz duro, frijoles con un sabor ácido o a punto de descomponerse y picado de soya. Pero como no había otra forma de alimentarse, tenían que comer solamente para no morir de hambre. Algunas personas no poseían platos o cubiertos, así que se compartían recipientes y cubiertos plásticos sucios. Quienes no alcanzaban a conseguir algún recipiente plástico, les tocaba tomar las diminutas porciones de comida en sus manos sucias. 

Tener un vaso también era un lujo. Algunas personas lo único que tenían era una pequeña cubeta que utilizaban para orinar y también para tomar agua, café ralo o refresco. El agua natural, según recuerda, “tenía un sabor a tierra o a lodo” que dejaba el paladar con una sensación terrosa. Esa misma agua servía para lavar la cubeta y para beber.

Todos los días, como parte de la rutina, había dos conteos para que los custodios pudieran revisar si todas las personas estaban en la celda correspondiente. El primer conteo ocurría a las 8:00 de la mañana y el segundo a las 4:00 de la tarde. En algunos de esos conteos, Jennifer y Rosa eran obligadas a salir de la celda y pasar, agachadas, por debajo de una macana. Si alguna de las dos no lograba agacharse lo suficiente o si perdía el equilibrio y caía al suelo, los custodios las golpeaban. En otras ocasiones, durante los conteos, los custodios las obligaban a saltar como ranas por todo el pasillo bajo amenaza de ser golpeadas si se detenían por el cansancio. Algunas ocasiones, también eran obligadas a volver a su celda arrastrando las rodillas hasta que sangraban. 

“El sonido agudo del silbato de los custodios ha quedado en mi memoria, como si fuera otra forma más de tortura. Al momento de escuchar el silbato, teníamos que darnos vuelta y mirar hacia la pared de nuestra celda. Los custodios entraban para, supuestamente, observar lo que teníamos en la celda. Si un custodio se acercaba, teníamos que saludarlo y si no lo hacíamos, nos pegaban (a las mujeres trans) como si fuéramos hombres. Algunas veces no aguantábamos tanto abuso, pero nada podíamos hacer para defendernos, ni siquiera pedir compasión”, describe Jennifer.

Uno de los custodios más crueles, según recuerda, es al que le decían “El Sargento García” y también una mujer a la que los demás custodios apodaban “América”. Los recuerda muy bien porque es difícil olvidar a los verdugos que hacen tu vida miserable casi todos los días por varios meses.

“Estos custodios nos golpeaban tan fuerte y sin límites quizá porque nuestra sola existencia los ofendía, no había motivos. Éramos (las mujeres trans) sometidas a humillaciones, a puños o macanas. Por las golpizas terminábamos arrodilladas o en posición fetal”, narra.

Como todos los demás privados de libertad, Jennifer tenía que pasar hasta siete días con la misma ropa puesta, que a veces se le manchaba de sangre por las golpizas. Los custodios no le permitían lavar su ropa tan seguido y tampoco tenía detergente o jabón para lavar, a pesar de que una amiga le llevaba, todos los meses, un paquete con comestibles y artículos de aseo personal que incluía un jabón para lavar ropa. 

“Ese paquete no me llegaba completo. Mi amiga me ha mostrado cómo llevaba el paquete y cuando yo lo recibía le hacían falta cosas. Lo que finalmente me daban los custodios solo me alcanzaba para diez días y consistía en una libra de harina, una de arroz, una de azúcar e Incaparina, cinco galletas, pasta de dientes y cepillo, la mitad de un jabón de olor y a veces un jabón de lavar ropa. De vez en cuando unos calcetines y algún bóxer. Hasta la fecha, no sé a dónde iba a parar todo lo que mi amiga me llevaba”, explica Jennifer.

Las golpizas constantes agravaron su situación de salud. Jennifer es VIH positivo y recuerda que a pesar de que insistió para que los custodios la trasladaran a la clínica de la prisión para solicitar su tratamiento, se lo negaron. Le dijeron que tenía que cumplir al menos tres meses para tener derecho a ver un doctor. Rosa le contó que también es VIH positivo y pudo observar que su situación de salud era aún más grave porque al mismo tiempo también padecía diabetes: “Se pasaba los días sin sus controles, le negaban así la insulina que necesitaba. Todo era tan inhumano allá adentro y uno no puede hacer nada. Se siente tanta impotencia”.

Los casos de Jennifer y de Rosa no son únicos ni exclusivos en medio del régimen de excepción. Solo son la muestra de lo que ocurre todos los días en contra de personas trans. Son tantos los casos y tantas las violaciones a derechos humanos que hasta GatoEncerrado ha recibido denuncias a través de correo electrónico y redes sociales de parte de personas que quieren denunciar públicamente el horror al que sobrevivieron. También basta con preguntar a las organizaciones de sociedad civil si han documentado vulneraciones a los derechos de las personas trans para encontrar un listado de casos. 

Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, puso como ejemplo el caso de Lorena, una mujer trans que fue capturada tras haber sido denunciada anónimamente por supuestamente estar extorsionando, aunque todo era falso.

“Lorena fue detenida debido a una denuncia que se viralizó en Facebook, donde la señalaban que ella pedía extorsión. Presentaron un audio que no tiene nada que ver con la voz de ella. Nosotros intentamos ayudarla antes de la captura. Pero ella, en su buena fe, en su ingenuidad, se acercó a una delegación luego de que un policía se le acercara y le dijera que no se preocupara, que solo llegara a la delegación a decir que es inocente. De buena fe llegó a la delegación a defender su inocencia. La chica no presentaba tatuajes alusivos a pandillas, ni siquiera tatuajes artísticos, tampoco tenía antecedentes penales. Lamentablemente, la privaron de libertad bajo el régimen y ya tiene un año de estar presa”, describió Escobar, quien agregó que el abogado que lleva el caso se enteró de que Lorena ha sido abusada sexualmente en varias ocasiones dentro de la prisión y bajo el cuidado del Estado. 

Escobar también criticó que los policías y miembros de la Fuerza Armada están capturando hombres y mujeres trans en medio del régimen de excepción, ya que las trans no encajan en el objetivo de desarticular a las pandillas. De acuerdo con Escobar, capturar personas de la población LGBTI, y especialmente hombres y mujeres trans, no tiene sentido si se toma en cuenta que las pandillas son machistas y que no aceptan entre sus filas a personas trans. Es más, Escobar señala que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual también han sido víctimas de pandillas, cuando las han desplazado forzosamente de su lugar de residencia o les han cobrado extorsión para permitirles estar en alguna esquina donde ofrecen sus servicios. 

La representante de Socorro Jurídico añadió que su organización también acompañó el caso de un joven gay que fue capturado en el régimen y que luego de abusos sexuales en prisión contrajo VIH.   

Argueta, de Cristosal, insistió en que este tipo de malos tratos en contra de las mujeres trans es la consecuencia de no tener una Ley de Identidad de Género y legislación especializada para garantizar la protección de la población LGBTI. 

“No hay leyes que yo podría decir que son especializadas (para garntizantizar derechos de la población LGBTI); es decir, aquí tenemos que usar la normativa que está disponible para toda persona que sufre detención arbitraria y la ley contra actos de terrorismo; podríamos citar el Código Procesal Penal. Dependerá también de la gama de delitos que la Fiscalía impute, pero básicamente no hay en estos cuerpos generales principios de no discriminación o diferenciados que digan cómo hacer un tratamiento específico para personas LGBTI. Esto es bastante difícil porque nuestras políticas públicas no poseen este carácter especializado para abordar este tipo de casos y procurar la dignidad de las personas LGBTI”, opinó Argueta.