Transparencia
Gobierno de Bukele oculta información sobre proyectos de infraestructura pública
La organización Acción Ciudadana hizo el ejercicio de pedir información sobre 23 proyectos de infraestructura pública. En general, la respuesta de las instituciones encargadas de ejecutar los proyectos fue obstaculizar el acceso a la información, declararse incompetente para entregar documentos que supuestamente son “información inexistente” y reiterar que los contratos, el detalle de los gastos y el manejo de los fondos millonarios están clasificados como “información reservada” bajo el argumento de que la revelación y publicación de estos documentos puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Por Eugenia Velásquez
Octubre 16, 2024
Resumen para lectores con prisa
El Gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por mantener bajo secreto la información sobre el manejo de los fondos públicos. Como una evidencia más de que esta práctica de ocultar información sigue vigente, Acción Ciudadana presentó un nuevo informe en el que explica que solicitó documentos y detalles de 23 proyectos millonarios de infraestructura pública y que la respuesta de las instituciones encargadas de manejar los fondos y ejecutar las obras fue que no podía entregar información porque eso podría "poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública" y también que "la información es inexistente".
Aunque el gobierno publicita a escala internacional proyectos como Surf City, la megacárcel (Centro de Contención del Terrorismo CECOT), la Biblioteca Nacional de El Salvador, remodelación del Estadio "Mágico González", construcción de un nuevo Hospital Rosales, el Aeropuerto del Pacífico, entre otros; en la escala nacional la norma ha sido la ocultación de la información sobre el manejo de los fondos millonarios invertidos.
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El Gobierno de Nayib Bukele abusa de la reserva de información sobre proyectos millonarios de infraestructura pública, niega datos a los ciudadanos de forma injustificada e incumple la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) bajo los argumentos de que transparentar el manejo de fondos millonarios invertidos en obras públicas sería “poner en riesgo la defensa nacional y seguridad pública” o, peor aún, que la información sobre megaconstrucciones inauguradas y adornadas con luces de colores es inexistente.
El ocultamiento de esta información sobre el manejo de fondos millonarios, bajo candados cerrados hasta por siete años, no es una novedad. En realidad, es una característica de la forma en que trabajan las instituciones públicas bajo la administración y control de Bukele, como lo ha documentado el periodismo independiente de El Salvador y organizaciones de sociedad civil como lo ha hecho Acción Ciudadana en su más reciente informe“Niveles de transparencia en proyectos de infraestructura pública 2024”.
Informe de Acción Ciudadana
En ese informe, Acción Ciudadana explica que solicitó información sobre 23 proyectos de infraestructura pública a las distintas instituciones encargadas de ejecutar las obras. En 17 de los proyectos, que representan el 74 % de la información solicitada, “no se brindó ningún parámetro de información”. En general, según la organización, en los 23 proyectos observados hay “bajos niveles de transparencia reactiva y activa”.
Los proyectos bajo secreto de Estado
Entre los 23 proyectos de infraestructura pública analizados por Acción Ciudadana están megaobras que han sido publicitadas, pero sobre las que no hay acceso a la información pública, como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot); así como tampoco hay información sobreproyectos que están atrasados como el nuevo Hospital Rosales, el Aeropuerto del Pacífico y el Estadio Nacional.
Una de las obras que el mismo Bukele ha reconocido que está “recontra atrasada” es la construcción de escuelas parvularias y “modernización” de centros escolares en todo el país a través del programa “Mi nueva escuela y reforma educativa integral”. Según anunció el mandatario, el 22 de septiembre de 2022, iban a ser remodeladas y equipadas 5,150 escuelas a un ritmo de dos centros educativos diarios. Para lograrlo, explicó que al menos 1,000 escuelas iban a ser reconstruidas con fondos propios y con deuda adquirida con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
#MiNuevaEscuela | Como parte del programa Mi Nueva Escuela, lanzado hoy por el Presidente @nayibbukele, 5,150 centros escolares en todo el país serán remodelados, adecuándolos a los requerimientos de la reforma educativa emprendida por el gobernante. pic.twitter.com/qklMqErRzO
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 7, 2022
El proyecto, sin embargo, no avanzó. En noviembre de 2023, el presidente de facto explicó que el retraso se debía a que el Ministerio de Educación no tuvo la capacidad para cumplir con las tareas de remodelación. Así que la Asamblea Legislativa, a petición del mandatario y para resolver el impasse, reorientó $451 millones de los préstamos con los bancos para que fueran manejados por el Ministerio de Obras Pública y la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Tras la reorientación de los fondos millonarios y después de que el Ministerio de Educación no proporcionó información sobre las obras, Acción Ciudadana solicitó información a la DOM sobre el avance del proyecto, pero esa institución ni siquiera acusó de recibida la solicitud.
“La respuesta que nos dio en este caso la DOM, la Dirección Nacional de Obras Municipales, es que no obtuvimos una respuesta y eso queremos enfatizarlo. El resultado obtenido en este proyecto es cero”, explicó Norma Orellana, investigadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana.
De hecho, la única información que es pública y que Acción Ciudadana encontró acerca de este proyecto es sobre la remodelación del Centro Escolar Dr. José Ciro Brito, de Nahuizalco, en Sonsonate, donde Bukele anunció el plan de reconstrucción de 5,150 escuelas.
Otro proyecto en el que hay ocultación de información es el que ejecuta el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para el mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes, Carlos “El Famoso” Hernández. Según Acción Ciudadana, este proyecto fue incluido en el programa PRODEPORTE con un monto de $10.4 millones financiados con un préstamo del BCIE, sin embargo el contrato no está colgado en el portal de Transparencia del INDES.
El INDES también ha sido el encargado de coordinar las remodelaciones en el Estadio Jorge “El Mágico” González y lo que esa institución ha transparentado sobre este proyecto ha sido un contrato por $21.4 millones provenientes de un préstamo con el BCIE. En el contrato de adjudicación de obra consta que la empresa mexicana Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V., fue la ejecutora de las remodelaciones.
De los proyectos de inversión pública en el área de deportes, del que no hay ningún tipo de información publicada es el de la construcción del Estadio Nacional, el cual según el gobierno se está ejecutando con cooperación del Gobierno de China. De acuerdo a lo investigado por Acción Ciudadana, el INDES expresó que no dispone de información sobre ese estadio, ya que los procesos derivados de la inversión, contratación, adjudicación y construcción son competencia del Gobierno de China, quien ha donado los fondos y que El Salvador es únicamente receptor de la obra. Bajo este argumento, el INDES contestó que la información solicitada sobre la construcción del nuevo estadio es “inexistente”.
Acción Ciudadana manifiesta que el Convenio que rige la colaboración entre la República Popular de China y El Salvador no establece “limitación alguna al deber de publicar la información oficiosa sobre los proyectos ejecutados bajo dicho Convenio” y que, por lo tanto, se está vulnerando el derecho al acceso a la información.
Con este tipo de respuestas, Acción Ciudadana señaló que dos de los mecanismos más utilizados por las instituciones para denegar la información a la población son: limitarse a decir que hay información en los portales de transparencia —donde a veces no está o está incompleta— e indicar que los datos han sido reservados, aunque muchas veces esa reserva es injustificada según los criterios que establece la LAIP. En el peor de los casos, también responden que la información es “inexistente”.
Uno de los proyectos con información reservada es el de la construcción de la Biblioteca Nacional. El Ministerio de Cultura respondió a Acción Ciudadana que la reserva de información había sido decretada por siete años desde agosto de 2021. El argumento es que la reserva se emitió “en el marco del Proyecto de Asistencia de la Construcción de la BINAES” celebrado entre la Agencia de Cooperación Económica Internacional de China y el Ministerio de Cultura de El Salvador.
Lo poco que se sabe sobre esta obra es que fue ejecutada mediante donación de China por un monto aproximado de $54 millones, según una nota publicada por la Presidencia de la República en su sitio web. Acción Ciudadana explica que verificaron el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura e identificaron dos reservas de información sobre la obra, una realizada el 27 de agosto de 2021 y otra el 6 de enero de 2023, ambas por un plazo de 7 años.
En otras instituciones, Acción Ciudadana detectó total opacidad, como en la construcción de los Centros de Bienestar y Oportunidades (CUBOS). De estos proyectos, la organización requirió información al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero la entidad les expresó que daría trámite a la solicitud y al final nunca proporcionó alguna respuesta.
La organización también verificó el portal de transparencia de esa institución a quien se le asignó la construcción de los CUBOS, como parte del Plan Control Territorial, pero no encontró ninguna información. Lo único que identificó fue que la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Justicia ha publicado información general de 11 CUBOS ubicados en distintos puntos del país, pero la información está incompleta.
En 2024, el gobierno asignó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública $9.6 millones para la construcción y equipamiento de los CUBOS, pero los detalles del manejo de estos fondos no están disponibles públicamente y tampoco los motivos del traspaso de este proyecto al Ministerio de Obras Públicas.
En la oficina de acceso a la información de Obras Públicas responden que no pueden brindar detalles sobre la construcción de los CUBOS porque la información fue clasificada como reservada por un periodo de siete años, desde el 22 de diciembre de 2022. El argumento para la reserva es que el artículo 19, en sus literales b) y d), de la LAIP, establecen que es información reservada aquella que puede “perjudicar o poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública y poner en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
A juicio de expertos en transparencia, este tipo de proyectos no encajan en lo que establece el artículo 19, por lo tanto hay una interpretación que es contraria al espíritu de la misma Ley de Acceso a la Información.
El nuevo Hospital Rosales y los atrasos
La construcción del nuevo Hospital Rosales deja en más evidencia la falta de transparencia del gobierno y especialmente en la DOM, que fue la delegada por la Asamblea en 2022 para retomar la reconstrucción de las nuevas instalaciones.
En ese año, los diputados del oficialismo modificaron la ley de presupuesto para transferir $26 millones a la DOM; pero en junio de 2023 se acordó modificar el contrato entre el BID y el Ministerio de Hacienda, eliminando a la DOM como co-ejecutor de la obra. Los $26 millones fueron reorientados al Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Salud explicó que uno de los retrasos fue que el proceso para seleccionar al contratista se declaró desierto porque ninguna de las tres empresas precalificadas presentó su oferta en la fecha y hora señalada. La DOM, que actualmente ejecuta el proyecto, no dio ninguna respuesta a la petición que hizo Acción Ciudadana.
El retraso en esta obra data desde 2018. El préstamo, por un monto de $170 millones como parte del Programa Integral de Salud (Prides II), para reconstruir el Hospital Nacional Rosales fue aprobado en 2018 en la gestión del expresidente del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.
Desde entonces, este proyecto ha tenido altibajos. Fue hasta el 15 de junio de 2023 cuando Bukele inauguró la construcción en la explanada en donde antes estaba el hospital público de Maternidad. Pese a que fue uno de sus proyectos insignia desde 2019 y que mucho antes de eso había cuestionado duramente a sus antecesores de prometer y no cumplir al pueblo salvadoreño en materia de salud pública.
En el discurso de inauguración de la construcción del hospital, Bukele dejó dudas sobre el uso de los fondos millonarios que habían sido prestados desde 2018 para la ejecución de esta obra. En su discurso aseguró que sería construido con fondos propios.
Otros proyectos sobre los que tampoco hay información completa es el Centro de de Contención del Terrorismo (CECOT), el Tren del Pacífico, el parque eólico, la remodelación del Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda”, el mejoramiento del Complejo Deportivo “El Polvorín”, el complejo de miradores de “Surf City”, el viaducto Francisco Morazán, la ampliación de un tramo de la carretera mejor conocida como Los Chorros, el Bypass de San Miguel, periférico Gerardo Barrios y el Puente José Manuel Arce en la frontera La Hachadura.
