Política

Gobierno despide a maestra que marchó contra la suspensión del escalafón salarial en Educación y Salud

Tras haber participado en una “marcha blanca” para denunciar el congelamiento del escalafón salarial para el sector Educación y Salud, la docente y sindicalista Idalia Zúniga fue despedida bajo el argumento de que su plaza es innecesaria y, por lo tanto, ha sido suprimida. La profesora, según relató, fue la única representante de sindicatos de Educación que no quiso firmar un compromiso con el gobierno para disolver la marcha. En una entrevista con GatoEncerrado, Zúniga explicó que su despido es el clímax de un hostigamiento que ha enfrentado en los últimos dos años por denunciar y no ser sumisa al régimen bukelista.

Idalia Zúniga en la "marcha blanca" del 19 de octubre. Foto/Óscar Hernández
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Por Óscar Hernández y Ezequiel Barrera

Octubre 21, 2024

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Idalia Zúniga, una maestra del Centro Escolar República del Perú que marchó el pasado 19 de octubre en contra del congelamiento del escalafón en Salud y Educación, fue notificada este 21 de octubre que estaba despedida, con efecto inmediato. Zúniga, según explicó a GatoEncerrado, interpreta su destitución como una represalia estrechamente relacionada con su constante denuncia pública en contra de las irregularidades del Gobierno de Nayib Bukele y como el clímax de una persecución sindical que ha enfrentado en los últimos dos años, tras su trabajo como secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño. 

“Debido a un proceso de reestructuración del Ministerio de Educación se ha valorado que su plaza de docente ya no es necesaria para el servicio público, por lo que se ha decidido suprimirla”, reza el escueto documento que le fue entregado a Zúniga, en el que además se le ordena que entregue inmediatamente al centro escolar su cargo, documentación, mobiliario y equipo. Asimismo, se le exige que este procedimiento de destitución sea confidencial y se le prohíbe divulgarlo. 

Notificación oficial que le llegó a Idalia Zúniga

En respuesta a la decisión del Ministerio de Educación, Zúniga subió un video a sus redes sociales para denunciar lo ocurrido y señalar que tanto el director departamental de San Salvador, como el ministro de Educación, son personas “manipulables, sumisos y represivas”. 

“A mí no me van a amedrentar con suprimir la plaza, no me van a callar. Si creen que con esto van a silenciarme, es porque no saben de qué estoy hecha. Así que la lucha continúa, vamos a seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora”, dijo la docente. 

En una entrevista con GatoEncerrado, Zúniga agregó que este despido se suma a una serie de arbitrariedades que ha enfrentado en los últimos dos años en represalia por su lucha sindical. 

“Por ser sindicalista, yo he tenido una persecución sindical que se vino incrementando desde hace unos dos años con sobrecarga laboral, hostigamiento y el 22 de agosto me destituyeron ilegalmente como directora sin haber pasado por la Junta de la Carrera Docente ni haber comprobado que yo he cometido los ilícitos de los que me acusan y que son risibles totalmente. Sin embargo, esta persecución ya venía porque soy mujer, sindicalista, no soy obediente al régimen y porque denuncio”, dijo a este medio. 

La docente también explicó que un día antes de la marcha, el viernes 18 de octubre, personeros del Gobierno de Bukele —incluida la jefa del gabinete, Carolina Recinos— se reunieron con sindicalistas y representantes del sector Educación para intentar disolver la “marcha blanca” que había sido convocada, tanto por representantes del sector Educación como representantes del sector Salud, para denunciar la propuesta del gobierno de congelar el escalafón salarial para médicos y docentes en el Presupuesto General de la Nación 2025.

En esa reunión, según relató Zúniga, el gobierno ofreció no congelar el escalafón al sector Educación, establecer una mesa de negociación y llegar a acuerdos a cambio de que la marcha fuera suspendida. La Unidad Magisterial Salvadoreña —que aglutina a varios sindicatos, como ANDES 21 y SIMEDUCO— aceptó el ofrecimiento verbal y emitió un comunicado en el que decían que la marcha estaba suspendida. 

La docente Zúniga, según contó, se levantó y se retiró de la reunión cuando el gobierno no quiso poner por escrito su ofrecimiento. Un día después, en la marcha, la profesora denunció ante los medios de comunicación que la quisieron obligar a firmar el desmontaje de la marcha, pero se negó a hacerlo. 

“Al inicio de la reunión nos dijeron que no les interesaba la marcha, que no les importaba esta marcha y que no les causaba ningún daño. Sin embargo, en el transcurso de la reunión dijeron que la condición para seguir con las reuniones y no congelar el escalafón era que se desmontara la marcha”, dijo Zúniga.

Una marcha blanca en tiempos del bukelismo

A pesar de los intentos del Gobierno de Bukele por disolver la marcha que médicos y maestros convocaron en contra del congelamiento del escalafón salarial, decenas de doctores, profesores, sindicalistas y otros ciudadanos se congregaron en el monumento Salvador del Mundo para protestar, el pasado 19 de octubre. Se tomaron la avenida Roosevelt, hasta el Parque Cuscatlán, y se manifestaron vestidos de blanco emulando las multitudinarias “marchas blancas” que personal del sector Salud protagonizó a principios de los 2000, cuando los gobiernos del partido Arena pretendían privatizar la salud en El Salvador. 

Óscar Orman, miembro del Colectivo de Docentes Administrativos de Morazán, se unió a la marcha blanca de este 19 de octubre y con megáfono en mano gritó: “La intención del gobierno con el acuerdo al que llegaron el viernes era desmontar la marcha. Nosotros no luchamos meramente por aspectos económicos, también luchamos por la medicina para las personas, por la calidad en la educación. Como profesores comprometidos, queremos que existan mejoras en las escuelas”.

El sindicalista también destacó la urgencia de asignar un presupuesto adecuado a la Universidad de El Salvador y expresó su descontento ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Educación: “Los dirigentes han mencionado que se ha establecido una mesa de negociación permanente para analizar y construir acuerdos, pero no hay acuerdos puntuales. En el mismo sentido, debemos solidarizarnos con el sector salud”, agregó.

Orman avanza durante la marcha, alzando la voz contra el recorte de 108 millones de dólares en el presupuesto de educación, una medida que, según denuncia, afectará gravemente al sector docente. Foto/Óscar Hernández

Durante su intervención, detalló que en El Salvador existen alrededor de 5,500 escuelas, de las cuales solo 60 han sido reparadas a pesar de la publicidad que el Gobierno de Bukele difunde: “Son muy pocas las que se han reparado completamente. En otras, solo se han hecho reparaciones mínimas y estéticas. Recordemos que la educación no es solo infraestructura; necesitamos que nuestros niños lleguen bien alimentados, con materiales adecuados. Debido al alto costo de la vida, muchos niños han dejado la escuela y muchos padres han sido capturados arbitrariamente durante el régimen de excepción. No defendemos delincuentes, pero sí defendemos dignamente a los inocentes”.

Orman concluyó su intervención señalando que el Ministerio de Educación ha caído en la trampa de la publicidad, y aunque existen leyes como “Crecer con cariño”, en la realidad no se le garantiza a la niñez y la adolescencia la alimentación ni una educación digna.

Entre los manifestantes destacaba un grupo de médicos internos jóvenes, quienes dijeron que lamentan el futuro incierto al que se ven sometidos como consecuencia de las acciones del Gobierno de Nayib Bukele. El déficit de plazas en los hospitales y la ola de despidos en el sistema de Salud salvadoreño les ha cerrado las puertas, incluso antes de poder comenzar sus carreras. Para ellos, lo que estaba en juego no solo era el escalafón, sino el derecho a ejercer una profesión que es de vital importancia en cualquier sociedad.

Durante la marcha, el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública (SITRASALUD) también alzó la voz para denunciar una serie de despidos masivos que, según señalan, han sido ejecutados de manera arbitraria por diversas jefaturas desde el año pasado. 

El caso más emblemático de estos despidos se remonta a febrero de 2023, cuando seis trabajadoras de salud, todas ellas embarazadas, fueron despedidas sin que se les proporcionará una explicación clara por parte de sus superiores. Este hecho generó una oleada de indignación y fue un punto de inflexión para el sindicato, que desde entonces ha alertado sobre lo que considera una estrategia sistemática de despidos masivos en el sector. 

Adriana Ramos, una de las lideresas  del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública, vestida con su gabacha blanca y una gorra que la protegía del inclemente sol, marchaba junto a sus colegas. Su presencia simbolizaba la resistencia de aquellos que han enfrentado despidos y suspensiones. 

“Estoy suspendida desde hace un año por defender los derechos de las médicas afectadas”, explicó Ramos, mientras marchaba, refiriéndose a su lucha por la reinstalación de profesionales suspendidos y por el respeto al escalafón.

Ramos denunció que en hospitales y oficinas regionales de salud hay prácticas irregulares y resaltó que los despidos en el sector no eran nuevos. En agosto de 2023, trabajadores de la salud fueron removidos de sus puestos, en lo que Ramos describió como un ataque coordinado contra quienes alzan la voz: “El año pasado, cuando hicimos una conferencia de prensa, algunos internos que participaron con nosotros fueron castigados y suspendidos de su internado”, afirmó.

Ramos también dijo que le sorprendía el nivel de participación en la “marcha blanca”, a pesar de los intentos del gobierno por disolverla: “Me sorprende ver a tantos colegas del Hospital de Niños Benjamín Bloom, del Hospital Zacamil y del Hospital de El Salvador”, comentó, mientras observaba a los manifestantes. Muchos de ellos, enfrentando posibles represalias laborales, decidieron aun así sumarse a la protesta.

Juan Carlos Hernández, un panadero, se unió a la marcha blanca, según dijo, con una firme convicción: “Si como salvadoreño el gobierno le dobla la mano a los gremios, después vendrá la privatización de la salud y de la educación. Por eso estoy aquí apoyando; hoy son ellos, pero mañana seremos nosotros”, expresó con preocupación, reflejando el sentir de muchos que temen por el futuro de servicios esenciales en el país. 

Ana María, del Frente Social y Sindical Salvadoreño, lamentó el cierre reciente del Centro Escolar República de Argentina, ubicado en el centro de San Salvador, para construir un parqueo: “Yo me formé en esa escuela con maestros conscientes, que me enseñaron a luchar por los derechos y la empatía. Es una escuela con historia que ha caído en manos de un derechista que prefiere un parqueo a una institución educativa. Es más importante tener vehículos que formar a niños y adolescentes”, criticó la activista.

Osmar Cruz, médico de La Unión, quien lamentó que el presupuesto para 2025 no contempla a los médicos internos: “Es necesario que los médicos internos reciban su remuneración por el trabajo que realizan”, subrayó. Además, aseguró que hay una escasez alarmante de medicamentos en los hospitales y centros de salud: “La escasez de medicamentos ha sido más grave que en gobiernos anteriores. Hay faltantes frecuentes de medicamentos esenciales. El presidente prometió que no habría escasez, pero hoy la situación es más preocupante que nunca”, dijo.

Cruz también mencionó que los médicos son explotados laboralmente, trabajando jornadas de 72 horas, y comparó la situación con Costa Rica, donde la jornada laboral de los médicos es de ocho horas: “Los diputados de la Asamblea Legislativa deben reflexionar sobre el presupuesto y evaluar su asignación. No podemos seguir invirtiendo tanto en las fuerzas armadas. Ese presupuesto mal orientado debería destinarse a mejorar los sectores de salud y educación”, demandó.

Manifestantes denuncian el congelamiento del escalafón. Foto/Óscar Hernández