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Política

Asamblea reforma la Constitución para que Bukele pueda reelegirse indefinidamente

La Asamblea, controlada por Nayib Bukele, consolidó la dictadura. Reescribió la Constitución para permitirle reelegirse indefinidamente y modificó los artículos que le estorbaban y que hablaban de la alternancia en el poder como principio para garantizar la democracia. Antes, la Asamblea ya le había dado el control de todos los poderes y las instituciones del Estado. Así que ahora puede reelegirse cuanta veces quiera, controla el Tribunal Supremo Electoral, dirige al fiscal general y la Corte Suprema está a sus órdenes.

Nayib Bukele, el 1 de junio de 2024, cuando asumió su segundo mandato. Lugar: Palacio Nacional. Foto: Bladimir Nolasco.
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Por Beatriz Benítez

Agosto 01, 2025

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, culminó una de las tareas que inició el 1 de mayo de 2021: modificar —torcer— la Constitución de la República para consolidar la dictadura de Nayib Bukele y ajustar las leyes a su conveniencia. Este 31 de julio, aprobó nuevas reformas constitucionales que permitirán la reelección presidencial indefinida de Bukele, la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años y la elección de la Presidencia de la República en primera vuelta, eliminando la segunda vuelta. Estos cambios que alteran el orden constitucional se ejecutarán a partir de 2027. 

Las modificaciones exprés a los artículos 75, 80, 152 y 154 de la Constitución fueron impulsadas por la diputada oficialista Ana Figueroa, aprobadas y ratificadas con dispensa de trámites en dos sesiones plenarias convocadas el mismo día. En enero de este año, Nuevas Ideas ratificó la reforma constitucional al artículo 248 que permite que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas a la Constitución. 

La Constitución vigente prohibía la reelección presidencial inmediata en al menos seis artículos y garantizaba la alternabilidad en el poder para evitar nuevas dictaduras, como las del siglo pasado en El Salvador. La Constitución no solo prohibía la reelección presidencial, sino que también prohibía las reformas de artículos que impedían la reelección. De manera que todas estas reformas también son ilegales.

Específicamente, el artículo 154 establecía un periodo presidencial de cinco años que comenzaba y terminaba el primero de junio, sin que pudiera continuar ni un día más. Con la reforma, “el periodo será de seis años, siempre comenzará y terminará el 1 de junio; (pero) en el caso de reelección, el primer día del nuevo mandato no constituye un día más del periodo que finalizó”. 

El artículo 152, numeral 1, prohibía ser candidato a quien hubiera ejercido la Presidencia por más de seis meses en el periodo inmediato anterior. Y el artículo 75, numeral 4, castigaba con la pérdida de derechos de ciudadanía a quienes promovieran la reelección presidencial. Ambas prohibiciones fueron eliminadas la noche de este 31 de julio.  A pesar de estas prohibiciones, Bukele compitió y ganó la Presidencia de la República en 2024, tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impuesta por la Asamblea oficialista que le habilitaba para conseguir la reelección presidencial inmediata.

La Asamblea también reformó el artículo 80, inciso segundo, que eliminó la segunda vuelta electoral con la excusa de ahorrarse al menos 50 millones de dólares que se presupuestan para cada elección. Antes de la reforma, si ningún partido o coalición obtenía la mayoría absoluta, se realizaba una segunda elección entre los dos partidos con más votos. Con el cambio, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que obtengan el mayor número de votos válidos en la primera vuelta.

Nuevas Ideas justificó estas reformas argumentando que en las elecciones de diputaciones y alcaldías no hay límites de reelecciones. Asimismo, dijeron que con la ampliación del periodo presidencial, la eliminación de la segunda vuelta y la homologación de elecciones legislativas y municipales reducirán gastos. En la misma plenaria, también reformaron los artículos 80 y 133 para que El Salvador ya no sea parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

También señalaron que tener elecciones a medio término del periodo presidencial dará seguridad jurídica a los inversionistas, lo que “llevará a un mayor desarrollo económico y social”. La diputada Suecy Callejas sostuvo que la principal preocupación de los salvadoreños es el crecimiento económico y que estas reformas ofrecerán seguridad jurídica para los inversionistas.

El decreto también contempla una disposición transitoria para que Bukele concluya el período actual el 1 de junio de 2027 y se convoquen elecciones presidenciales, junto con las elecciones para la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales que están programadas para el 27 de febrero de 2027.

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, publicó en X que su primo Nayib Bukele debe seguir en el poder “por los años que hagan falta”, porque es “el único” que puede llevar a El Salvador hacia donde la población quiere llegar.

Nuevas Ideas citó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, argumentando que el pueblo tiene derecho a revisar y cambiar la Constitución para que responda al momento histórico y a las necesidades de la gente. 

A través de un comunicado, la organización Accion Ciudadana señaló que estas reformas no buscan dar poder al pueblo, ni ahorrar fondos públicos, como lo argumenta el oficialismo; por el contrario, su objetivo real es perpetuar al presidente en el poder. La organización indicó que adelantar las elecciones presidenciales a 2027, unificándolas con las legislativas y municipales, busca “mantener la concentración de poder y evitar cualquier pérdida de diputaciones y alcaldías, algo previsible por el creciente descontento ciudadano con la actual gestión de dichas instituciones”. 

Para Acción Ciudadana, con estas reformas, en El Salvador está prácticamente cerrada la vía electoral como mecanismo para la alternancia democrática del poder: “El Salvador tendrá a una persona que ejercerá la presidencia por al menos 14 años de forma consecutiva, cuando lo máximo permitido eran 5 años”, sostuvo.

El último caso de una misma persona que cumplió casi 14 años en el poder ejecutivo salvadoreño fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó el país entre 1931 y 1944, bajo la misma estrategia de modificar la Constitución a su conveniencia.

Acción Ciudadana planteó que el camino que ha tomado El Salvador actualmente es similar al que siguieron Nicaragua y Venezuela, naciones que hoy en día son dictaduras tras haber torcido las constituciones y leyes locales para que sus gobernantes permanezcan en el poder bajo mecanismos ilegales e instrumentalizando a su favor todo el aparato estatal. 

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, señaló la diputada opositora de Arena, Marcela Villatoro, durante la primera sesión plenaria de este 31 de julio. Añadió que la aprobación estratégica un día antes de las vacaciones de agosto buscaba que la población olvidara cómo se cambió la Constitución en tan solo cinco horas, sin que pasara por el debido proceso de estudio y consulta con la gente. Villatoro también afirmó que se ha violentado el artículo 88 sobre la alternancia en el poder. 

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que las reformas son parte de un plan para perpetuarse en el poder. También argumentó que permitir la reelección presidencial indefinida viola el principio de alternancia, especialmente en un contexto donde el partido gobernante controla todas las instituciones, ha nombrado a una excandidata de su partido Nuevas Ideas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), utiliza fondos y medios públicos para activismo político y ha eliminado la deuda pública como mecanismo de financiamiento para otros partidos. Ortiz añadió que al eliminar la segunda vuelta se somete al país a una “presidencia minoritaria” si no se alcanza el 50 % +1 de los votos.

La diputada oficialista Elisa Rosales defendió que la reforma al artículo 154 no altera la alternabilidad en el poder, ya que “el pueblo salvadoreño va a tener la última palabra” en las urnas.

Para el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, las reformas no debieron de realizarse de forma exprés ni a espaldas del pueblo porque implican un cambio grande al sistema democrático. Pidió a los diputados recapacitar la decisión y consultar con la gente. 

La organización Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (Wola, por sus siglas en inglés) también condenó las reformas que permiten la reelección indefinida en El Salvador: “Aquí es donde años de manipulación constitucional gradual conducen al desmantelamiento de la democracia”, señaló.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) también ha sentado posición sobre este tipo de reformas que permiten reelecciones presidenciales indefinidas diciendo que esto “no constituye un derecho autónomo” y que es “contrario a los principios de una democracia representativa”. 

Un TSE sumiso

Este 1 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado para informar que, aunque es máxima autoridad en materia electoral, seguirá en su papel de genuflexo y hará las adecuaciones necesarias para someterse a las reformas electorales impuestas por la Asamblea oficialista que ni siquiera lo convocó para discutir la viabilidad en tiempos y presupuesto de la homologación de todas las elecciones en 2027.