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julio 14, 2022
Política
Raquel Caballero alineó la Procuraduría de Derechos Humanos con los intereses del Gobierno autoritario de Bukele
¿Qué ocurre cuando las instituciones públicas abandonan su trabajo para enfocarse en los intereses del gobierno? ¿Quién defiende a las víctimas de los agentes estatales? ¿A quién acuden los que buscan justicia? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dejó de ser una opción. Bajo la conducción de Raquel Caballero, esta institución está en su nivel más bajo, sumisa al oficialismo, en el contexto más represivo desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Por Beatriz Benítez
Editado por Ezequiel Barrera | Enero 6, 2026
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, bajo la dirección de Raquel Caballero de Guevara, ha dado la espalda a personas, colectivos y diversos sectores de la población que buscan protección en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia del régimen de excepción, impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele, que mantiene suspendidas las garantías constitucionales desde marzo de 2022 y que ha permitido detenciones arbitrarias, torturas en las cárceles, muertes bajo custodia estatal, la persecución de activistas, periodistas y organizaciones.
La procuradora Caballero ha convertido la institución en otra oficina alineada a los intereses de Nayib Bukele: un espacio desde el cual encubre maltratos y torturas que cometen los agentes estatales, minimiza las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción, se burla de personas consideradas como “presos de conciencia”, ignora a quienes exigen acciones firmes para detener los abusos y, como un gesto de servilismo, premia a funcionarios de gobierno señalados por casos de corrupción.
Caballero también es criticada por incumplir con sus deberes de defensora de derechos humanos, desnaturalizar la función de la PDDH y sostener un discurso público apegado al mismo guion que siguen los funcionarios de gobierno y diputados del partido oficialista Nuevas Ideas.
La institución que dirige fue creada como parte de los Acuerdos de Paz, en 1992, que pusieron fin al conflicto armado salvadoreño. Desde ese año, fue instalada para velar por la protección de las personas frente a los abusos del Estado, además de promover el respeto de los derechos humanos. La Ley de la PDDH, en su artículo 2, establece que debe ser una “institución de carácter independiente (…) y autonomía administrativa”. Pero, en manos de Caballero, es notable que la institución defiende la gestión de Bukele y ha renunciado a su mandato de investigar cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos ampliamente documentadas por las mismas víctimas, periodistas y organizaciones nacionales e internacionales.
Por esta razón, y para asegurar que la Procuraduría para los Derechos Humanos continúe operando de la misma forma —sumisa al Gobierno de Bukele—, Raquel Caballero fue reelegida el pasado 15 de octubre para el periodo 2025-2028. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, la reeligió a pesar de los reiterados señalamientos de negligencia por ignorar las denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y de la sanción impuesta por el Tribunal de Ética Gubernamental. Dicha sanción se originó en un caso de nepotismo ocurrido durante su primer periodo (2016-2019), cuando promovió a su hijastra dentro de la institución. La reelección, según analistas y defensores de derechos, contradice explícitamente el artículo 5 de la Ley de la PDDH, que exige a la persona en el cargo “moralidad y competencia notoria”.
A pesar de los señalamientos, Caballero cuenta con la aprobación del mismo Bukele desde que fue reelegida para el periodo 2022-2025. En aquella ocasión, la invitó a una reunión con el gabinete de seguridad, que fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión, para hacer público su respaldo.
Caso Carlos Abarca
Entre los casos desatendidos por la Procuraduría bajo la gestión de Raquel Caballero —y que evidencian su alineamiento con el Gobierno de Bukele— está la desaparición de Carlos Ernesto Santos Abarca, un estudiante de segundo año de Psicología, visto por última vez en la colonia Monserrat hace cuatro años.
Su madre, Eneida Abarca, relató a GatoEncerrado que la familia reportó la desaparición de Carlos el mismo 1 de enero de 2022, pero la Policía no activó el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un mecanismo diseñado, al menos en el papel, para garantizar una respuesta inmediata y coordinada de las instituciones encargadas de localizar a personas desaparecidas.
Como la Policía no ha hecho nada significativo para encontrar a Carlos, Eneida ha invertido estos últimos cuatro años en tocar las puertas de todas las instituciones públicas que podrían ayudarla a buscar a su hijo, pero en ninguna ha encontrado apoyo. La Fiscalía, por ejemplo, en lugar de cumplir con su función de investigar, ha pedido que sea la misma familia quien investigue y que lleve pistas al fiscal del caso.
“Hace como tres meses el padre de Carlos le habló al fiscal, no contestaba. Al final le respondió. Imagínense qué fue lo que le dijo el fiscal, y ahí fue donde quedé convencida de que ellos no van a actuar hasta que uno lleve todo. Le dijeron: ‘¿Y qué me tienen de información?’. ¿Cómo es que un fiscal le dice a un padre, a una madre, qué es lo que tenemos de información? Somos nosotros los que estamos esperando una llamada, un correo, y que a estas alturas ya tengan indicios de a dónde está Carlos, si está vivo o fallecido”, reclamó Eneida.
Ante una Fiscalía así, que no hace su trabajo en este caso y que es dirigida por Rodolfo Delgado —otro funcionario que fue impuesto y luego reelegido en el cargo por el bukelismo y quien también ha mostrado sumisión al gobierno—, Eneida recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Allí, como en todas las demás instituciones alineadas al oficialismo, tampoco encontró respuestas.
Durante estos cuatro años, Eneida no solo ha vivido con la incertidumbre permanente de una madre que no sabe qué ocurrió con su hijo; también ha enfrentado a instituciones públicas alineadas con el Gobierno de Bukele que no investigan, no responden y trasladan su responsabilidad a las propias familias de las víctimas. Las denuncias se ignoran y los funcionarios, lejos de ser independientes, terminan desempeñando un papel más cercano a la complicidad que al de su mandato de garantizar justicia y protección.
En la PDDH, Eneida presentó formalmente dos solicitudes para que esta institución presione y ayude con la investigación de la desaparición. Hasta la fecha, esas dos solicitudes han sido ignoradas.
La primera fue presentada en febrero de 2023 y la segunda en enero de 2024. En ambas, Eneida pedía que la PDDH gestionara un informe sobre los avances de la investigación de su hijo.
Cuando la diputada Marcela Villatoro le preguntó por el caso de Carlos Abarca y los desaparecidos, en la entrevista que la Asamblea le hizo mientras buscaba la reelección, Caballero aseguró que están dando acompañamiento a las instituciones encargadas de los casos, a través de dos comisiones. Sin embargo, Eneida afirmó que desconoce el trabajo de esas comisiones y que ni ella ni otras familias de personas desaparecidas han sido tomadas en cuenta en las diligencias de investigación.
Ante la falta de respuesta, Eneida concluye que la Procuraduría bajo la administración de Raquel Caballero es una institución “callada, sumisa, ciega y sorda que sigue la línea de Bukele”.
Así, ignorada por todo el aparato estatal, Eneida se ha visto obligada a buscar a su hijo por cuenta propia y con recursos mínimos. En este trayecto, de cuatro años, se ha encontrado con otras madres y familiares de desaparecidos, atrapados en la misma situación de abandono. Algunos, incluso, desde hace décadas, cuando gobiernos anteriores también los ignoraron para evitar que su imagen se manchara al reconocer que los desaparecidos son un problema mayúsculo e histórico en El Salvador.
Junto a ellos, Eneida, ha subido cerros, descendido barrancos de San Salvador y caminado por quebradas; ha identificado posibles cementerios clandestinos, elaborado hipótesis, localizado cámaras de vigilancia para las que no tiene autorización de revisar y ha participado en marchas y plantones para impedir que sus casos se hundan en el olvido al que los relega el Gobierno de Bukele que, mientras tanto, se promociona internacionalmente como un “modelo a seguir”.
“Acá el único camino es que cada familia debe emprender esta lucha si quiere una respuesta. Sabemos que la impunidad del ayer sigue siendo la de hoy. Este no es un fenómeno de ahora, sino que la postura de los gobiernos ha sido una postura negacionista, cómoda, que nadie acciona por encontrar a todos los desaparecidos”, reprochó.
Eneida y las otras familias de personas desaparecidas son el testimonio de lo que ocurre cuando instituciones como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos no funcionan y están alineadas a intereses políticos y económicos. Algunas de las familias, después de tantos años de luchar por sus casos, terminan resignadas y continúan con sus vidas, cargando con el peso de la impunidad y solventando sus necesidades económicas y de salud.
Eneida Abarca busca a su hijo Carlos en una quebrada de la colonia Monserrat, con el acompañamiento de otras familias de personas desaparecidas y el apoyo de comandos de salvamento. Fotos/ Bladimir Nolasco.
“Algo que veo bastante, ahorita, es el miedo. La gente ya no quiere alzar la voz, no quiere salir del anonimato. Cuando he hecho convocatorias en los plantones digitales para que visibilicen sus historias, pues en el desisten porque tienen miedo. Dicen que todavía andan pandilleros en la zona y van a tomar represalias con ellas. Tienen miedo también del gobierno por el marco del régimen”, dijo Eneida.
En esta lista de personas y colectivos ignorados por la PDDH también están quienes han sido detenidos arbitrariamente y torturados, e incluso asesinados en centros penales durante el régimen de excepción, a quienes nadie defiende desde las instituciones públicas. Asimismo, los afectados por el millonario fraude del caso COSAVI o los perseguidos y presos políticos.
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¿Cómo se pervirtió la PDDH?
Benjamín Cuellar, fundador de la organización Víctimas Demandantes (VIDAS) y quien ha dado seguimiento al trabajo de la Procuraduría desde su nacimiento en 1992, sostiene que la PDDH nunca ha volado tan alto, pero hoy está en el nivel más bajo de su joven historia.
Cuellar recuerda que desde el nombramiento del primer procurador, Mauricio Molina Fonseca, “quedó en evidencia que los políticos buscaban poner a personas cercanas al poder para que se quedaran calladas”. En ese periodo de Molina Fonseca se aprobó la ley de amnistía en 1993 y la PDDH no dijo nada.
Cuellar únicamente recuerda el periodo de Victoria Marina Velázquez de Avilés como el más independiente. Tras su salida, llegó a sustituirla Eduardo Peñate Polanco, quien terminó renunciando al año y medio. “Y de ahí en adelante ha sido un ir y venir de procuradores, pero ahora estamos en el nivel más bajo, ahora lo que hay es una especie de rastrera y está plegada al bukelato”, señaló Cuellar.
Los 10 procuradores que han dirigido la PDDH
Estos son los perfiles de quienes han dirigido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde su creación tras los Acuerdos de Paz. Hay algunos que protagonizaron graves casos de corrupción y que dieron la espalda a las víctimas para congraciarse con los gobiernos de turno. Sin embargo, entre todas las administraciones sobresalen las de Raquel Caballero, por su genuflexión al Gobierno de Bukele y abandono a quienes buscan justicia y la protección de sus derechos.
Indicación: Puedes leer su perfil tocando el botón de abajo, a la derecha.
Carlos Mauricio Molina Fonseca
1992–1995
Carlos Mauricio Molina Fonseca
1992–1995
Cumplió una tarea fundacional histórica al establecer la institución desde cero en el contexto inmediato post-conflicto. Organizó las primeras delegaciones departamentales en 1993, estableció infraestructura básica y definió procedimientos institucionales en un momento crítico para la democratización del país.
Victoria Marina Velásquez de Avilés
1995–1998
Victoria Marina Velásquez de Avilés
1995–1998
Representa uno de los períodos más apegados al mandato constitucional en la historia de la PDDH. Emitió resoluciones paradigmáticas señalando con nombre y apellido a responsables estatales de violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de ejecuciones sumarias como el de Adriano Vilanova Velver y del excomandante Darol Francisco Velis. En 1996 emitió una resolución sobre el caso Ramón Mauricio García Prieto Giralt, determinando que su ejecución fue realizada por "Grupos Armados Irregulares, cuyo actuar es del conocimiento y tolerancia del Estado". Se pronunció públicamente contra el grupo de exterminio "Sombra Negra" que asesinaba jóvenes. Defendió a familias amenazadas y documentó coacción e intimidación sistemáticas. Se opuso a nombramientos cuestionados en la Policía.
Eduardo Antonio Peñate Polanco
1998–2000
Eduardo Peñate Polanco
1998–2000
Prácticamente ningún aspecto de su gestión fue apegado al mandato. Durante su período "no llegó a resolverse ninguna denuncia" importante. No emitió resoluciones significativas sobre casos pendientes desde administraciones anteriores. Su período representa uno de los mayores desapegos al mandato constitucional en la historia de la PDDH. Contrató irregularmente a 20 asesores sin justificación técnica. Desvió fondos de donaciones internacionales. En diciembre de 1999, la PDDH pagó 19,864 colones por teléfonos celulares, de los cuales 16,634 correspondían a cuatro teléfonos asignados solo a Peñate. En un mes, él y su personal de seguridad recibieron cupones de combustible por 86,250 colones cuando la asignación oficial era de 1,000 colones.
Marcos Alfredo Valladares
2000–2001
Marcos Alfredo Valladares
2000–2001
Abandonó su cargo sin justificación legal desde el 29 de enero hasta finales de marzo de 2001, argumentando temor por su seguridad, dejando a la institución acéfala. Durante ese tiempo no se emitieron resoluciones en la PDDH. Trasladó su oficina a otra sede, generando gastos adicionales innecesarios. Fue denunciado por empleados de la PDDH, ciudadanos y la comunidad internacional por actos arbitrarios y manejo irregular de la institución.
Beatrice de Carrillo
2001–2007
Beatrice Alamanni de Carrillo
2001–2007
Junto con Victoria Velásquez, representa cierta independencia. Durante su gestión (dos períodos: 2001-2007) documentó crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. Mantuvo una posición firme contra la Ley de Amnistía y exigió su anulación. Impulsó la reapertura del caso del asesinato de Monseñor Oscar Romero y de los padres jesuitas de la UCA. Denunció la existencia de grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil. Determinó responsabilidad de altos jefes policiales, incluyendo al Comisionado Douglas Omar García Funes (fallecido en un accidente de helicóptero), por violaciones graves a la vida e integridad humana, incluyendo torturas. Presentó casos ante la Fiscalía señalando responsables de alto nivel. Creó la Procuraduría Adjunta para la Defensa de la Mujer y la Familia en 2005.
Óscar Humberto Luna
2007–2013
Óscar Humberto Luna
2007–2013
Cumplió dos períodos y logró incrementar los niveles de credibilidad ciudadana de la PDDH por encima de otras instituciones públicas. El cumplimiento de recomendaciones emitidas aumentó aproximadamente 30 % en el área capitalina. Realizó 1,225 acciones de mediación, observación preventiva y buenos oficios. Emitió tres medidas cautelares para prevenir daños irreparables. Presentó la primera audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre problemática ambiental. Participó como mediador en diferentes conflictos internos y fortaleció la institución con nuevos departamentos especializados. Emitió informes sobre uso de la fuerza policial, como el caso de manifestantes en 2007 donde determinó que la actuación policial fue "ilegítima" y "desproporcionada".
David Ernesto Morales Cruz
2013–2016
David Ernesto Morales Cruz
2013–2016
Es considerado uno de los procuradores más comprometidos con el mandato constitucional. Emitió más de 2,800 resoluciones finales y 26 medidas cautelares. Su principal logro fue el acercamiento y apertura a poblaciones vulnerables, con un enfoque preventivo. Impulsó el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 con enfoque en prevención de violaciones. Fortaleció el sistema de protección integrándose a sistemas nacionales de protección a la niñez, igualdad sustantiva, seguridad ciudadana y sustentabilidad ambiental. Emitió 17 opiniones técnicas sobre proyectos de ley. En su gestión, la PDDH documentó ejecuciones extrajudiciales cometidas por la PNC. Aunque el informe se publicó en 2019 bajo Raquel Caballero, la investigación de los 48 casos emblemáticos con 116 víctimas ejecutadas entre 2014-2018 fue iniciada y desarrollada por Morales.
Raquel Caballero de Guevara
2016–2019
Raquel Caballero de Guevara
2016–2019
En 2019, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) la declaró culpable de nepotismo y la sancionó con multas totales de $4,606.80. En febrero de 2018, subió el salario de su hijastra Gaby Lourdes Guevara Quintanilla de $1,200 a $1,800 mensuales mediante un cambio de plaza, y luego en abril de 2017 le dio otros $100 de aumento. En enero de 2017 contrató a otra hijastra, Xiomara Juana Margarita Guevara de Zelaya, como "asistente II" con salario de $1,300. Caballero mantuvo vínculos comerciales y políticos cuestionables. En octubre de 2018, la PDDH contrató por $5,300 a la empresa Plan B, propiedad de Christian Guevara (actual jefe de bancada de Nuevas Ideas), para "consultoría estratégica de comunicaciones" dirigida a publicar notas favorables a su imagen.
José Apolonio Tobar Serrano
2019–2022
José Apolonio Tobar Serrano
2019–2022
Durante el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022, Tobar no condenó públicamente abusos de poder documentados por organizaciones nacionales e internacionales. Cuando fue entrevistado en septiembre de 2022, declaró: "Lo que hay en la Procuraduría son denuncias sobre detenciones arbitrarias que estamos investigando", evitando pronunciarse sobre si el régimen de excepción violaba derechos humanos. El exprocurador David Morales lo acusó de estar "encubriendo" violaciones graves a derechos humanos. Organizaciones señalaron que su rol fue "reprochable" durante el régimen.
Raquel Caballero de Guevara
2022–2025 / 2025–2028
Raquel Caballero de Guevara
2022–2025 / 2025–2028
Representa el desapego más sistemático al mandato constitucional en la historia de la PDDH. A pesar de más de 88,000 detenciones desde marzo de 2022, declaró en octubre de 2025 que "no ha recibido ni un solo caso de tortura denunciado ante la institución". Esta declaración contradice frontalmente informes de Human Rights Watch, Cristosal, MOVIR y otras organizaciones que documentan torturas sistemáticas. En diciembre de 2025, otorgó reconocimientos a instituciones estatales señaladas por violaciones de derechos humanos, lo que organizaciones calificaron como "una bofetada" a defensores y "una burla para las víctimas". Marísela Ramírez del BRP opinó que estos premios son "acciones mediáticas" para "limpiar la imagen" de instituciones cuestionadas.
Reelegida y actual procuradora
El hecho es que Bukele controla las instituciones públicas y utiliza a la Asamblea Legislativa para elegir funcionarios afines. Raquel Caballero es evidencia de eso, y también lo es Rodolfo Delgado en la Fiscalía, los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral… Y así, todas las instituciones públicas.
Desde 2021, cuando Bukele logró concentrar el poder, quedó en evidencia que la PDDH dejó de ser una institución que intentaba ocuparse en la defensa de derechos humanos y pasó a operar como una dependencia más del poder Ejecutivo. Primero con Apolonio Tobar (2019-2022), quien cambió su forma de trabajo: pasó de denunciar las acciones autoritarias de Bukele durante la cuarentena obligatoria por Covid-19 a avalar y hasta dar un reconocimiento al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante la primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos. Luego con Raquel Caballero, quien alineó la PDDH con los intereses del Gobierno de Bukele. En consecuencia, el gobierno ha mostrado complacencia con su gestión en la Procuraduría, sin importar los abundantes señalamientos que acumula.
En su primera gestión, entre 2016-2019, cuando fue electa por ARENA, FMLN y GANA, Caballero fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por un caso de nepotismo, al ascender a su hijastra en la institución. Además, organizaciones de sociedad civil han señalado que mantenía una postura conservadora en materia de aborto y que ha cerrarado espacios de diálogo con representantes de la población LGBTI.
Para los siguientes periodos de su gestión, iniciados en 2022 y en 2025, fue reelecta por la Asamblea controlada por Bukele. En esas gestiones ha seguido el ejemplo del gobierno al poner en reserva la información de sus viajes y gastos, y además ha adoptado la narrativa oficial que niega las denuncias de violaciones a derechos humanos que comete el gobierno. Incluso, se ha burlado de personas que el gobierno mantiene en la cárcel y que son considerados opositores políticos.
El pasado 13 de noviembre de 2025, por ejemplo, en una transmisión en vivo con el youtuber aliado del gobierno, Romeo Lemus, Caballero dijo que quiere regresar al penal para que le “planchen” el cabello como lo lleva la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, un comentario que organizaciones consideran una burla a las víctimas y presos políticos.
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La institución, además, organizó en el país la “Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos en El Salvador” (septiembre, 2025), a la cual no fueron invitadas organizaciones defensoras de derechos humanos.
El hecho más reciente de la sumisión al gobierno fue el evento en el que otorgó el “Premio Nacional a la Promoción y Difusión de Derechos Humanos 2025” a funcionarios de Bukele. Premió a la Policía Nacional Civil, una de las instituciones más denunciadas ante la PDDH por violaciones a derechos humanos, así como al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, alias Split, señalado como uno de los operadores del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas y de ayudar a un cabecilla a huir del país, según una publicación el periódico El Faro.
Para representantes de organizaciones, estos premios buscaban limpiar la imagen de un gobierno que se ha ganado la fama internacional de ser un violador de derechos humanos. Para mejorar esa imagen, incluso nombró como “Comisionado Presidencial de Derechos Humanos” al colombiado Andrés Guzmán Caballero, quien durante su corta gestión (mayo 2023-mayo 2025) justificó en audiencias de comisiones internacionales y ante medios de comunicación las políticas represivas del gobierno y minimizó las denuncias de violaciones a derechos durante el régimen de excepción. En esencia, la narrativa del ahora excomisionado presidencial es similar a la de Raquel Caballero.
Por ese comportamiento, sumiso al poder, Cuéllar concluye que Raquel Caballero en realidad es una “defensora del puesto, no del pueblo”, quien se aferra a su cargo bajo la estrategia de complacer al gobierno y encubrirlo.
En ese contexto, Cuellar cree que es necesario volver a los orígenes de la defensa de los derechos humanos en El Salvador, como lo hizo Monseñor Óscar Arnulfo Romero y como lo están haciendo organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Mientras tanto, personas como Eneida siguen abandonadas por las instituciones del Estado. Asimismo, colectivos que exigen reivindicaciones y protección son rechazados por la PDDH, e incluso criminalizados por el intolerante Gobierno de Bukele.
