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Derechos Humanos

Organizaciones denuncian que la PDDH encubre las violaciones a derechos humanos en El Salvador

Representantes de la sociedad civil salvadoreña denunciaron ante la CIDH que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es cómplice por omisión y encubre las violaciones estatales cometidas bajo el régimen de excepción. 

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Por Beatriz Benítez

Octubre 27, 2026

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), creada como parte de los Acuerdos de Paz con el fin de ser un contrapeso institucional frente a los abusos estatales en El Salvador, fue señalada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber renunciado a su mandato. Durante una audiencia pública, del pasado 26 de octubre, representantes de organizaciones civiles y defensores de derechos acusaron a la institución, liderada por Raquel Caballero de Guevara, de actuar como cómplice por omisión del Gobierno de Nayib Bukele.

Los colectivos denunciaron que la gestión de Caballero de Guevara ha impuesto un silencio deliberado frente al desmontaje del Estado de derecho. Mientras el Gobierno de Bukele acumula denuncias por capturas arbitrarias de inocentes, torturas en las cárceles, desalojos forzados, despidos masivos injustificados y persecución política abierta en contra de defensores y periodistas, la titular de la PDDH optó por la inacción y el respaldo tácito al gobierno. 

La crítica cobró mayor peso al provenir de quien dirigió la PDDH en el periodo 2013-2016. David Morales, abogado de Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, afirmó que la PDDH abandonó su misión constitucional desde hace varios años, pero advirtió que su complicidad se hizo más evidente cuando el régimen de excepción entró en vigencia desde marzo de 2022. 

En medio del régimen, el Estado acumula miles de detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, juicios masivos sin garantías procesales y al menos 454 muertes bajo custodia penitenciaria. Todo eso mientras la Procuraduría ha normalizado la barbarie. Morales subrayó que esa institución ha pasado por alto las condiciones crueles e inhumanas que enfrentan las personas reclusas, convirtiendo a la procuradora Caballero de Guevara en una espectadora complaciente. 

Esta inacción de la Procuraduría no ha sido por falta de recursos, sino de una evidente política de silencio frente a las violaciones de derechos. Morales denunció que, frente a la crisis penitenciaria, la institución no ha emitido resoluciones definitivas de culpabilidad contra agentes del Estado, no ha publicado informes técnicos de verificación dentro de las cárceles ni ha dictado medidas cautelares en favor de las víctimas. Los impactos del régimen, y las muertes que han ocurrido, simplemente han sido borrados de la agenda pública de la procuradora.

Este silencio institucional también alcanza al debate legislativo. Mientras la bancada oficialista en la Asamblea ha aprobado reformas penales y procesales que destruyen el debido proceso y legalizan la prisión perpetua de facto para adolescentes a partir de los 12 años, el despacho de la procuradora Caballero no ha emitido públicamente ni una sola opinión ni ha formulado advertencias de inconstitucionalidad, convalidando así la regresión legal más agresiva en décadas. 

Ese silencio es tan grave que también se extiende a la persecución de personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas. La PDDH tampoco se ha pronunciado por la Ley de Agentes Extranjeros que propició el cierre del espacio cívico, restringió la libertad de expresión y llevó al exilio, cierre o paralización de muchas organizaciones y medios de prensa independientes. A esta ausencia de posicionamiento se suma la falta de verificaciones sobre el respeto al debido proceso judicial en los casos de personas defensoras de derechos humanos y opositoras criminalizadas, como Ruth López, Enrique Anaya y Fidel Zavala.

La omisión de la PDDH no se limita al ámbito penal y de persecución política, también alcanza a sectores de la población históricamente discriminados y excluidos. Morales también señaló el desamparo sistemático a la comunidad LGBTIQ+ en medio de una ofensiva estatal que desmanteló las oficinas gubernamentales de diversidad y eliminó cualquier contenido sobre enfoque de género, inclusión y derechos sexuales y reproductivos en las carteras de Salud y Educación. Ante ese retroceso, la procuradora prefirió alinearse con el discurso conservador del Gobierno de Bukele en lugar de defender derechos conquistados o procurar un El Salvador más inclusivo. 

A la par del alineamiento ideológico, la gestión de Caballero cerró la puerta de la institución a organizaciones de sociedad civil, cortó canales de comunicación y dejó de acompañar a colectivos que defienden a sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Por todos esos retrocesos, Morales pidió que la comunidad internacional y a los mecanismos regionales y universales de derechos humanos que observen el desempeño de la institución y se pronuncien frente a lo que calificó como una connivencia inaceptable con los abusos cometidos en el país.

Denuncian despidos en el sector Salud

Durante la audiencia, el doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, también denunció la implementación de una política de despidos injustificados en el sector público de salud desde mediados de 2024.

De acuerdo con Solano Leiva, la medida ha afectado a personas trabajadoras del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud). Según registros de las organizaciones, hasta mediados de 2026, alrededor de 7,700 personas de salud habrían sido despedidas. Uno de los casos más recientes fue el despido de 1,800 trabajadores del antiguo Hospital Rosales, ocurrido el 23 de diciembre de 2025, sin respetar los procedimientos establecidos por la ley.

Solano Leiva también cuestionó la respuesta de la PDDH ante las denuncias de los trabajadores afectados y aseguró que algunos extrabajadores han acudido a la institución en busca de asistencia jurídica sin obtener resultados satisfactorios y tampoco han logrado ser recibidos en audiencia por la procuradora. Aseguró que ha documentado casos de extrabajadores de salud que se han acercado a la institución, pero han sido recibidos por delegados, quienes les han respondido: “Nosotros somos parte del Estado y no podemos atacar al Estado, tenemos que defenderlo”.

Silencio ante megaproyectos y desalojos

Por su parte, Ángel Flores, representante del Movimiento Indígena para la Integración de la Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), señaló a la PDDH de funcionar como una “caja de resonancia del poder Ejecutivo” y de mantener una actitud de complicidad silenciosa frente a la violencia contra comunidades indígenas y campesinas.

Flores sostuvo que, mientras el Estado impulsa megaproyectos inmobiliarios, turísticos, corporativos, energéticos y de centros de datos en zonas de importancia ambiental, las comunidades rurales enfrentan procesos judiciales de desalojo y criminalización.

Según los datos presentados por Flores, más de 64 comunidades rurales y unas 12,000 familias enfrentan agresivos procesos judiciales de desalojos y criminalización. 

El representante de MILPA sostuvo que la Procuraduría ignora de manera sistemática las solicitudes de intervención urgente presentadas en el marco de estos conflictos. Además, expuso que existe un patrón de abandono institucional ante los desalojos en la franja costera marina del oriente del país, la depredación de bienes naturales comunes y la falta de respuesta ante el uso del régimen de excepción para perseguir y encarcelar a liderazgos comunitarios que defienden la tierra y el medio ambiente.

“Una institución nacional de derechos humanos que no cuestiona las expropiaciones forzadas, que ignora la destrucción de sitios sagrados indígenas y que tolera la persecución de quienes defienden el agua, no es una oficina pasiva, es un mecanismo de impunidad estatal que desprotege activamente a las víctimas”, manifestó.

Flores concluyó con un llamado a transformar el papel de la institución y exigió una procuraduría que responda a las necesidades de la población y no a los intereses del poder político.

Las organizaciones insistieron, durante la audiencia ante la CIDH, en la necesidad de que la Procuraduría ejerza su mandato con independencia, investigue las denuncias, atienda a las víctimas y emita pronunciamientos públicos frente a los abusos estatales. 

Asimismo, instaron a la comunidad internacional y a los organismos de protección de derechos humanos a prestar atención y pronunciarse respecto al desempeño inaceptable de la PDDH ante los abusos cometidos en el país.

Por su parte, los comisionados de la CIDH lamentaron la ausencia del Estado salvadoreño y, en particular de la PDDH, en las audiencias públicas.

“Que no esté aquí es muy grave, pero que no esté presencialmente en los territorios, que no esté atendiendo a las personas con las problemáticas más complejas de El Salvador, es aún más grave, porque deja un vacío institucional que será difícil remontar”, indicó la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum. 

La comisionada Andrea Pochak, quien presidió la audiencia, dijo que en el pasado la PDDH había sido receptiva; sin embargo, la institución no respondió a la invitación ni participó de la reunión anual que tuvo lugar el 8 de julio de 2026.

Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, dijo que en El Salvador no existe en este momento una institución pública que proteja a las víctimas y a la población del poder del Estado, debido a la cooptación que ejerce el Gobierno de Bukele.