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Derechos humanos

Ingrid Escobar denuncia ante la CIDH la muerte de su hermano en prisión

En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil reiteraron las denuncias de graves violaciones a derechos humanos, muertes, torturas y denegación de atención médica en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción. Ante los graves señalamientos, la respuesta del Estado salvadoreño fue no presentarse en la audiencia. Los defensores de derechos insistieron en que el régimen se ha convertido en una política permanente que busca imponer control social y político y que ha dado lugar a prácticas de terrorismo de Estado.

Foto del diseño: CIDH
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Por Beatriz Benítez

Edición: Ezequiel Barrera | Octubre 27, 2026

Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la muerte de su hermano, Humberto Adonay Escobar Mónico, de 38 años, bajo custodia del Estado salvadoreño. 

El 22 de mayo de 2025, Humberto regresaba al país junto a su compañera de vida tras cruzar la frontera con Guatemala. Unos kilómetros después de haber superado los controles migratorios y policiales, transportando 900 dólares en productos cosméticos para un emprendimiento que ambos tenían, unos militares capturaron a Humberto bajo acusaciones que la familia califica como falsas. 

Ante los comisionados de la CIDH, durante una audiencia celebrada en Panamá el pasado 26 de octubre, Escobar fue tajante: “45 días después de haber ingresado a prisión lo mataron”.

Una esquela publicada por el Socorro Jurídico señaló que el cadáver de Humberto fue reconocido en el interior del parqueo del Hospital Nacional Zacamil a las 11:35 de la noche del 6 de julio de 2025 y que, según el escueto dictamen forense, “falleció por edema pulmonar”.

Escobar relató que en la funeraria, mientras preparaban el cuerpo para la velación, la familia descubrió hematomas y contusiones en el rostro y el tórax de Humberto. La defensora de derechos humanos agregó que el Instituto de Medicina Legal se negó a entregar los resultados de la autopsia, mientras que la Fiscalía General de la República ha guardado un silencio que califica abiertamente como encubrimiento. 

La sospecha de Escobar no es infundada. Durante cuatro años, el Socorro Jurídico Humanitario ha sido una de las voces más incómodas para el Gobierno de Nayib Bukele al ponerle nombres, cifras y rostros a las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción por policías, militares y custodios penitenciarios. Por eso, la defensora insistió ante la CIDH que la muerte de su hermano debe investigarse para determinar si fue un homicidio motivado por una venganza institucional.

“Está bien buscar seguridad nacional, pero no a costa de simplemente cambiar de verdugo. No nos vamos a callar. Exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. Un alto a la barbarie bajo la custodia del Estado”, exigió Escobar, en la audiencia pública donde también denunció los casos del sindicalista José Leonidas Bonilla y del comerciante Santos Navarro, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante el régimen de excepción y murieron bajo custodia del Estado por falta de atención médica.  

 El testimonio de Escobar no fue el único en evidenciar los horrores del sistema penitenciario salvadoreño. Ante los mismos comisionados, Pedro López Castellón relató el caso de su hermano Rafael, un comerciante de 53 años con insuficiencia renal y cardíaca, quien también falleció bajo custodia del Estado y luego de enfrentar al sistema judicial sin que se le respetara el debido proceso.

El 8 de abril de 2022, las fuerzas de seguridad allanaron sin una orden judicial la vivienda y las instalaciones del molino de su hermano en Jucuapa, Usulután. En el mismo operativo, y sin prueba alguna, lo arrestaron bajo el cargo genérico de pertenecer a pandillas. Rafael apenas resistió un mes y medio en prisión, privado de sus tratamientos vitales, hasta que falleció el 1 de junio en un hospital. Durante ese tiempo, el Estado no solo negó la atención médica a Rafael, sino que también ocultó deliberadamente su muerte a la familia. Sin saber que Rafael ya había fallecido, sus parientes continuaron llegando a la prisión con paquetes de medicinas, alimentos y artículos de higiéne. Los custodios, sin decir nada sobre la muerte de Rafael, siguieron recibiendo los paquetes como si todavía estuviera con vida y asegurando que iban a ser entregados. 

Pedro aseguró, ante la CIDH, que la familia se enteró del fallecimiento de Rafael 68 días después, cuando solicitó una constancia de antecedentes penales. Fue en ese momento cuando descubrieron que el cuerpo de Rafael fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Tras varios trámites, la familia logró exhumar su cuerpo el 18 de septiembre de 2022 y dar una sepultura digna.

“La muerte de Rafael fue el resultado de una cadena de abusos de negligencia médica intencional, bajo custodia, y de una total falta de humanidad por parte de un sistema que le arrebató la vida a un hombre inocente y enfermo y que encima intentó desaparecerlo en el anonimato de una fosa común”, sostuvo Pedro. 

Estas denuncias de Escobar y de López formaron parte de la audiencia temática celebrada durante el 197º periodo de sesiones de la CIDH. La sesión fue convocada para examinar las condiciones de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, una medida extraordinaria que en la práctica se volvió ordinaria y que continúa vigente desde el 27 de marzo de 2022. Con esta medida, el Estado salvadoreño suspendió garantías constitucionales básicas, extendió de forma indefinida los plazos de detención administrativa, anuló el derecho a la defensa y vulneró la inviolabilidad de las comunicaciones. Todo esto, según el discurso oficial, para desarticular a las pandillas, aunque los cientos de denuncias apuntan a que también se ha utilizado para perseguir a las voces críticas del gobierno, opositores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas. En medio de todo, hay cientos de casos de personas inocentes que fueron capturadas y acusadas injustamente de pertenecer a pandillas.

Video completo de la audiencia pública: Situación de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepoción

Frente a la gravedad de los señalamientos en las audiencias públicas de la CIDH, la respuesta del Estado salvadoreño fue el desdén y la ausencia. Ningún representante del Gobierno de Bukele ni de ninguna institución pública señalada se presentó, lo que fue reprochado por las organizaciones de sociedad civil y por los mismos comisionados, quienes advirtieron que la ausencia del Estado no solo frustra una oportunidad crucial para el diálogo, sino que es un intento por debilitar los mecanismos de cooperación internacional y el escrutinio sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. 

Durante la audiencia, las organizaciones reiteraron que desde los primeros meses del régimen han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos y negación de atención médica. Asimismo, reportaron un total 454 muertes documentadas en las cárceles salvadoreñas.

“Las muertes bajo custodia son una de las consecuencias más graves de este patrón. Un patrón que es sistemático y generalizado con motivos fundados para creer que constituyen crímenes de lesa humanidad e implican la responsabilidad penal individual de las más altas esferas del poder, incluido el propio presidente Bukele”, señaló Carlota Roby,  abogada senior para América Latina de la Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.

David Morales, abogado de Cristosal, expuso que para 2024, Cristosal verificó 1,178 casos de personas detenidas bajo el régimen y confirmó que la mayoría fueron detenidas arbitrariamente y que se utilizó fraudulentamente la figura de flagrancia para imputar el delito de agrupaciones ilícitas. Las personas fueron sometidas a audiencias iniciales masivas sin garantías de defensa y los jueces decretaron detenciones en automático. 

“Todas las personas privadas de libertad permanecen en incomunicación total, sin acceso a visitas familiares, ni de sus abogados defensores en incumplimiento de la ley penitenciaria”, indicó el abogado.

Morales además dijo que su organización ha documentado 454 muertes bajo custodia estatal, un saldo letal que incluye a 33 mujeres y cuatro menores de edad. Lejos de tratarse de simples sospechas, Cristosal ha documentado pruebas contundentes para señalar que en 87 casos hay evidencia de violencia física, y en al menos 31 de ellos accedieron a dictámenes forenses emitidos por las propias instituciones del Estado que certifican traumas y asfixias mecánicas como causas de muerte. A este patrón de torturas se suma la inanición forzada, ya que el registro forense independiente identificó signos evidentes de desnutrición severa en 42 de los cuerpos entregados a sus familias. Morales afirmó que en el 78 % de casos de muertes, las víctimas no tenían vínculos con pandillas. 

En 201 casos, según los documentos de entidades estatales, se registró el edema pulmonar o cerebral como causa de muerte. Esta recurrencia, según Morales, genera la sospecha de un posible  encubrimiento por parte del Instituto de Medicina Legal, pues el edema no es la causa de muerte sino una alteración fisiológica que es provocada por la causa real, ya sea una enfermedad, lesiones o traumatismos. Además, dijo que los reconocimientos y las autopsias forenses no cumplen con los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota para investigar las muertes.

En 121 de los casos existen evidencias de enfermedades como causa de muerte. El 29 % de estas víctimas tenían antecedentes de alguna enfermedad previa y el 51 % ingresaron sanos y enfermaron en prisión. 

“Estas muertes pueden estar asociadas a la precaria atención médica y de provisión de medicamentos que ha sido denunciada como otra modalidad de tortura. Todas las características descritas permiten afirmar que muchos de los casos pueden perfilarse como ejecución extrajudicial”, dijo Morales. 

Del total de 300 personas fallecidas, el 72 % se encontraban en su etapa más productiva. Tenían entre 18 y 40 años. 111 de estas personas eran agricultores, 47 comerciantes, 42 técnicos, 72 empleados, 24 trabajadores de la construcción y 24 estudiantes. “Este perfil ocupacional denota el ensañamiento del régimen contra poblaciones sometidas a condiciones de pobreza y limitadas capacidades de defenderse frente a la represión estatal”, sostuvo Morales. 

Juicios masivos y el colapso de la justicia individualizada

La preocupación de las organizaciones ante la CIDH también incluye el colapso deliberado de las garantías judiciales. Señalaron con alarma las recientes reformas a las leyes procesales que permiten audiencias únicas para juzgar a grupos de hasta 6,000 personas al mismo tiempo, en procesos exprés donde la única prueba de la Fiscalía suele reducirse al testimonio de testigos protegidos a cambio de impunidad o de penas menores. 

Morales expuso que el régimen de excepción  ha sido acompañado de cuatro bloques de reformas a la ley penal, aprobados por una Asamblea Legislativa que está controlada por el partido oficialista y que responde a las órdenes del Gobierno de Bukele. Esas reformas incluyen el endurecimiento de las penas y el uso del derecho penal de autor contra las personas detenidas. El abogado de Cristosal señaló que estas reformas han convertido a los Tribunales Contra el Crimen Organizado en tribunales de excepción que aplican un procedimiento ad hoc, inquisitorio, para llevar adelante juicios masivos. 

Las reformas han implementado, además, la pena perpetua que se puede aplicar incluso a niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años. Estas reformas permitieron a la Fiscalía conformar agrupamientos masivos para dar paso a juzgamientos colectivos.

“El agrupamiento mayor reportado públicamente es superior a las 6,000 personas”, señaló. 

Con las reformas, el oficialismo también degradó las reglas de la prueba y eliminó la audiencia judicial de cierre de instrucción evitando el control de la legalidad y remitiendo automáticamente los casos a la etapa de juicio. Este procedimiento especial ha sustituido las vistas públicas propias de los procesos ordinarios por audiencias que se denominan “Únicas” y que permanecen abiertas hasta dos años, mientras la Fiscalía acusa segmentos de personas previamente vinculadas a un agrupamiento masivo. 

De acuerdo con Cristosal, no existen investigaciones serias para determinar las estructuras criminales de pandillas y las acusaciones fiscales se basan casi exclusivamente en declaraciones de un testigo sin rostro bajo criterio de oportunidad, quien señala a cientos de personas como miembros de pandillas. “El derecho a la defensa está totalmente socavado en este proceso especial”, afirmó Morales. 

Morales indicó que desde que iniciaron los juicios masivos, a principios del 2026, la mayoría de personas están siendo condenadas con penas que van de los 20 años hasta cadena perpetua. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo ante la Asamblea Legislativa que, hasta el 16 de octubre, 10,561 personas habían sido condenadas y que un 79 % recibió penas de prisión desde los 15 a 45 años. 

Roby añadió que en cualquier sistema donde el Estado de Derecho funcione, el Estado tiene la obligación de presentar pruebas específicas que vinculen a una persona con una conducta delictiva; sin embargo, en El Salvador no ocurre así y los acusados son procesados bajo criterios generales. 

Las organizaciones también presentaron estadísticas sobre el sistema penitenciario que, según los últimos datos reportados por el gobierno, la población carcelaria asciende a 120,956 personas, de esos 93,162 corresponden a detenciones bajo el régimen, lo que refleja un índice de hacinamiento global del 170 %, incluyendo las 40,000 plazas del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Sin embargo, al no estar ocupado este Centro en su totalidad, el hacinamiento en las cárceles comunes alcanza  el 344 %. Las cifras también reflejan que el 2,1 % de la población está privada de libertad.

En la audiencia, la sociedad civil desarmó la narrativa oficial frente al reciente anuncio de Nayib Bukele sobre un supuesto plan para revisar los casos de más de 10 mil presuntos colaboradores de pandillas y otorgar libertad condicional a la mitad de ellos bajo la categoría de “colaboradores ocasionales”. Para los defensores de derechos humanos, esta maniobra es opaca y por eso no queda claro quiénes integrarán los comités que revisarán los casos. Por esa razón, advirtieron que una libertad bajo medidas no constituye una absolución legal ni una reparación integral para los inocentes cuyos derechos fueron violados. Ante esta ambigüedad, solicitaron formalmente a la CIDH que exija cuentas al Gobierno salvadoreño y ofrezca asistencia técnica para impedir una nueva farsa judicial. 

Mika Kanervavuori, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que El Salvador se comprometió a revisar el régimen de excepción en el marco del Examen Periódico Universal con el fin de facilitar la promoción y protección de las libertades y derechos fundamentales de la población.

“Tras 56 prórrogas consecutivas del estado de excepción y teniendo en cuenta la evolución de la situación de seguridad, este compromiso debería conducir a revisar prontamente todas las medidas excepcionales y a garantizar que únicamente permanezcan vigentes las que satisfagan los requisitos que impone el derecho internacional, incluyendo los relativos a los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad”, sostuvo.