Ingrid fue desterrada por denunciar las muertes en las cárceles de Bukele
Desde que Ingrid Escobar comenzó a exigir justicia en medio del régimen de excepción, por los sindicalistas y personas inocentes detenidas arbitrariamente, torturadas y fallecidas en las cárceles, tenía la sospecha de que iba a ser la siguiente en la lista de las detenciones del Gobierno de Nayib Bukele. El acoso policial, los seguimientos y vigilancia eran tan intensos que decidió desplazarse internamente, con un diagnóstico de cáncer. El sábado 7 de junio de 2025, un amigo y dos periodistas le advirtieron que tenían información de su inevitable captura. Le aconsejaron que se fuera de inmediato del país. Así que tomó a sus dos hijos y se marchó.
Por Beatriz Benítez*
Editado por Ezequiel Barrera | Mayo 11, 2026
Ese sábado, Ingrid Escobar contestó su teléfono tres veces. Escuchar a un amigo y a dos periodistas, en esas llamadas, la convenció de que ya no tenía tiempo. Si quería seguir en libertad, debía cancelar una cirugía con la que iba a enfrentar su cáncer, abandonar todo lo que tenía, recoger a su hija de 11 años y a su hijo de 9 y marcharse de inmediato de El Salvador.
Simplemente no tenía otra opción. Era escapar del país ese mismo sábado, que el calendario marcaba como 7 de junio de 2025, o quedarse a esperar a los policías el domingo.
Antes de recibir la primera de las tres llamadas, Ingrid ya estaba angustiada. Así que las advertencias de su amigo y las de dos periodistas, en realidad, solo confirmaron sus sospechas.
Para el mediodía de ese sábado, ya sentía que una mezcla de indignación y miedo la invadía. Su colega, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, acababa de ser capturado. En las redes sociales vio que su detención se debía a un supuesto caso de lavado de dinero. Pero Ingrid, y todos sus colegas, están convencidos de que el motivo real del arresto es que Anaya era una voz crítica que señalaba las inconstitucionalidades del Gobierno de Nayib Bukele.
“Un día antes de la detención (el viernes 6 de junio), yo conversé con Enrique y todavía le dije: ‘Lic, tenga cuidado’. Él ya había dicho, en una entrevista de televisión, que tenía miedo de ser detenido por su postura crítica”, recuerda Ingrid.
Al final, ese sábado, sucedió lo que temía. Unos policías siguieron al abogado Enrique hasta la casa de su hija y ahí lo capturaron, le tomaron fotografías con sus manos esposadas y luego difundieron esas imágenes en las redes sociales.
Así que Ingrid estaba inquieta, dando seguimiento a esa noticia en las redes sociales, cuando su teléfono sonó por primera vez. Quien llamaba era un amigo con acceso a información gubernamental, por lo que era una fuente creíble de información.
Con un tono que denotaba preocupación genuina y urgencia, le aconsejó a Ingrid que abandonara el país. Le advirtió que, de quedarse, también sería detenida por haber denunciado las torturas, arbitrariedades, violaciones y muertes ocurridas en las cárceles bajo el régimen de excepción.
“Ingrid, bajale el perfil. Mirá cómo está la situación. Yo sé lo que te digo, bajale el perfil y si puedes salite del país unos días”, le instruyó.
Luego de la llamada, se quedó tratando de asimilar lo que ese amigo le había dicho cuando otra llamada la interrumpió.
“Ingrid, la estuve tratando de llamar desde ayer en la noche. Tengo información de una fuente muy confiable que dice que hay una lista de 11 personas que quieren capturar. En esa lista hay siete periodistas y cuatro defensores de derechos humanos. Y una de esas personas es usted”, le explicó un periodista.
Lo que ese periodista le comunicó coincidía con lo que su amigo le había dicho. Pero antes de siquiera terminar de procesarlo en su mente, otro periodista le llamó y le expuso exactamente lo mismo.
Así que a las 2:00 de la tarde de ese sábado, según recuerda, tomó la decisión de irse de su país para ponerse a salvo. Sobre la marcha tendría que ir resolviendo a dónde llegar, dónde hacerse la cirugía para enfrentar el cáncer recién diagnosticado. Por si fuera poco, también tendría que resolver cómo juntar un poco de dinero para la comida de sus hijos y un lugar a dónde llegar.
El acoso policial que precedió su exilio
Para Ingrid, esta no era la primera vez que se veía forzada a dejar su casa para conservar su libertad. El exilio fue la culminación de una serie de desplazamientos internos a los que se vio obligada debido al constante acoso policial, el cual se intensificó desde la implementación del régimen de excepción.
Cuando el régimen entró en vigencia, en marzo de 2022, Ingrid ya tenía más de una década de trayectoria como sindicalista y defensora de derechos laborales. Su lucha, hasta ese momento, estaba enfocada en mejorar las condiciones de la clase trabajadora, al mismo tiempo que apoyaba otras causas de la sociedad civil organizada. Pero las graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen la obligaron a centrarse en la defensa legal de personas que fueron capturadas arbitrariamente, torturadas y mantenidas en prisión sin un motivo claro y sin la posibilidad de enfrentar un juicio justo.
El régimen fue presentado oficialmente como una estrategia de seguridad pública para desarticular a las pandillas, pero en realidad fue la medida adoptada tras la ruptura de un pacto secreto que el Gobierno de Bukele mantenía con estructuras criminales. En la práctica, esta medida llevó a la Policía a realizar detenciones masivas e indiscriminadas, principalmente en comunidades empobrecidas.
El resultado fue que cientos de personas inocentes, sin vínculos con las pandillas, fueron capturadas en las redadas del régimen. Reportes periodísticos señalan que las jefaturas policiales llegaron a imponer cuotas de arrestos a los agentes, lo que resultó en detenciones arbitrarias de civiles. El régimen también se convirtió en una herramienta de persecución política. El gobierno lo utiliza para reprimir las voces que denuncian la corrupción gubernamental, como los ambientalistas, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Entre esas personas críticas capturadas en medio del régimen estaban colegas sindicalistas de Ingrid. Para ayudarlos legalmente y a sus familias, se juntó con otros representantes de organizaciones de sociedad civil para fundar el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Gracias a este esfuerzo colectivo y voluntario, algunos sindicalistas recuperaron su libertad.
Cuando las familias de cientos de personas inocentes capturadas arbitrariamente se enteraron de que el SJH estaban apoyando legalmente a sindicalistas, y que algunos de ellos recuperaron la libertad, se acercaron para solicitar ayuda.
“La gente conoció eso. Y como no veían una respuesta de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni las instituciones competentes, comenzaron a llegar al Socorro Jurídico pidiendo ayuda. Eran filas y filas de gente, a finales de 2022 y todo 2023. Así fue como tuvimos que reconfigurar el trabajo del Socorro Jurídico, para ayudar a más gente”, relata Ingrid.
En esos años, el volumen de trabajo en el Socorro Jurídico creció tanto que pasó de ser un colectivo de sindicalistas y abogados voluntarios que ayudaban a sus colegas detenidos, a brindar asistencia legal a miles de personas encarceladas bajo las mismas condiciones de sus compañeros.
La cantidad de casos era tal que, según los datos de Ingrid, se redactaron y presentaron más de 3,000 Habeas Corpus; es decir, recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que los jueces revisaran la posible arbitrariedad de las detenciones. De estos, 11 resultaron en órdenes de liberación emitidas por las Cámaras de lo Penal. Para la elaboración, redacción y presentación de estos documentos y por la urgencia de las familias de las personas detenidas, se sumaron de forma voluntaria otros letrados, como el constitucionalista Enrique Anaya.
Durante ese mismo período, el Socorro Jurídico participó en 142 procesos judiciales como parte de la defensa legal. De estos casos, 51 resultaron en la liberación de las personas. Todos estos casos que conocieron y acompañaron legalmente fueron documentados en informes presentados ante autoridades internacionales por dos motivos principales.
Primero, según describe Ingrid, la decisión se tomó porque, si bien lograron algunas liberaciones, todas las instituciones públicas de El Salvador, incluyendo las del sector justicia, están controladas por la Presidencia de la República. Esto significa que, en la práctica, los jueces no aplican las leyes y procedimientos rigurosamente, sino que se alinean con los intereses del Gobierno de Bukele. Segundo, tras agotar las instancias nacionales sin obtener justicia para las personas inocentes, el Socorro Jurídico pudo acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde han solicitado medidas cautelares en favor de algunas víctimas del Estado.
En el Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), explicaron cómo las leyes aprobadas por el gobierno y el régimen de excepción están afectando a la población, particularmente a las comunidades empobrecidas. En Ginebra, presentaron documentación detallada sobre más de 100 casos de desaparición forzada y muertes extrajudiciales en el sistema carcelario salvadoreño, algunas precedidas por torturas y otras por negligencia médica. Ante las autoridades internacionales también han expuesto la violación sistemática de los derechos de mujeres y niñas en el contexto del régimen de excepción.
De igual forma, ante la Corte Penal Internacional enviaron un informe de más de cien páginas con información de casos donde consideran que hay elementos suficientes y dudas razonables para creer que el Estado salvadoreño ha violado el Estatuto de Roma. Entre esos casos hay homicidios agravados en el interior de las prisiones (como el de Humberto Escobar Mónico), detenciones masivas sin el debido proceso y prolongadas, y desapariciones forzadas en el sistema carcelario.
Esta intensa labor de Ingrid y sus compañeros del Socorro Jurídico provocó la ira del gobierno y resultó en una persecución cada vez más severa en su contra.
Mejor salir de madrugada que esperar al domingo y a la Policía
Con la decisión de exiliarse, que acaba de tomar ese sábado a las 2:00 de la tarde, hizo algunas llamadas para solicitar ayuda a organizaciones y se fue a despedir de su madre.
Ingrid recuerda que su madre llevaba más de un año insistiendo: “Hija, váyase, yo le voy a ayudar”. Por eso, al comunicarle por fin su decisión de irse del país, su madre sintió cierto alivio. “Pobrecita mi mamá, cómo me decía: ‘Hija, váyase’”.
En eso llegó la noche del sábado.
“Yo solo agarré mis cosas. Bueno, lo que pude: pantalones, suéter, calzones de la niña y calzoncillos del niño. Menos mal que yo ya me había anticipado para algo así. Ya le había pedido al papá de los niños la autorización para salir del país. Le había dicho que esa autorización la tendríamos que renovar cada tres meses”, relata.
A las 9:00 de la noche, puso su teléfono en modo avión y pidió a una persona de confianza que le enviara un Uber para ir al colegio Externado San José, donde recogió a su hija de un retiro espiritual. Luego, regresó a la casa donde se había refugiado días antes, obligada a un desplazamiento interno por el constante acoso policial. Ahí, terminó de preparar las maletas y alistar a sus hijos.
Para cuando por fin estuvo lista y segura de que había dejado todo lo que pudo en orden, ya eran las 2:30 de la madrugada del domingo 8 de junio. Así, sin esperar al sol y sin dormir un solo minuto esa noche, salió con sus hijos hacia Guatemala.
En todo el camino sintió temor por la posibilidad de ser detenida en la frontera, frente a sus hijos.
La escalada del acoso
El acoso en su contra comenzó en redes sociales con ataques sexistas todos los días. Le recriminaban su postura crítica contra el Gobierno de Bukele y su denuncia pública de las graves violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción. Con el paso de los meses, el nivel de acoso aumentó y salió del internet a la vigilancia física.
Inicialmente, vehículos policiales y vehículos particulares comenzaron a vigilarla a ella y a sus compañeros en las oficinas del Socorro Jurídico, en Sa Salvador. Luego, Ingrid cuenta que policías y militares comenzaron a llegar con frecuencia a su vivienda. Esto era inusual antes del régimen de excepción. En esas visitas frecuentes, solo se quedaban afuera, frente a su casa, por largo rato.
En una ocasión, los policías tocaron la puerta de su casa. Bajo el pretexto de que estaban perdidos y necesitaban una dirección, querían que Ingrid saliera para que les explicara cómo llegar al lugar que supuestamente buscaban. Ella, sospechando que esa era una treta para sacarla de la vivienda y así capturarla, no salió y desde la ventana les dio indicaciones. Más tarde, ese mismo día, una vecina le envió fotografías del vehículo policial que permaneció, por un par de horas, estacionado — “escondido”, según Ingrid— cerca de su casa.
Su vivienda y la oficina del Socorro Jurídico no eran los únicos lugares donde la vigilaban. En la casa de su madre, militares y policías llegaban al menos una vez por semana y permanecían enfrente por media hora. Eso fue interpretado por Ingrid como amedrentamiento y acoso en contra de su familia.
El 15 de mayo de 2025, Ingrid salió de su casa en su vehículo, hacia las bartolinas de la Policía en Lourdes Colón. Su objetivo era exigir públicamente la liberación del abogado ambiental Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez. Ambos habían sido capturados días antes por apoyar la manifestación pacífica de la comunidad El Bosque. Los habitantes de esa comunidad pedían a Nayib Bukele que interviniera para evitar el desalojo de sus tierras, ordenado por un juzgado. Tras esa manifestación, el abogado y el pastor fueron capturados bajo cargos de desórdenes públicos y resistencia al arresto, supuestamente por organizar la protesta.
Desde que Ingrid salió de su casa hacia Lourdes, observó que un vehículo doble cabina y sin placas la comenzó a seguir. Si ella viraba hacia la derecha, el pick up también. Si lo hacia la izquierda, igual. Si conducía más rápido, el pick up no se le despegaba y si lo hacía más despacio, el carro que la seguía también.
Así que se armó de valor. Detuvo su vehículo y se bajó para encararlos.
“Yo ya estaba cansada, harta, de que me estuvieran persiguiendo siempre. Cuando me acerqué, el copiloto bajó la ventana. ‘Miren’, les dije, ‘díganle al ministro (de Seguridad) que a mi ni me despeinan con esto de andarme siguiendo. Yo sé que ustedes me vienen siguiendo desde que salí de mi casa. Les pido por favor que ya no me sigan. Yo esto lo voy a denunciar’. Y no me negaron que me estaban siguiendo. El conductor no dijo nada. Luego, me fui y ellos ya no me siguieron”.
Al llegar a la estación policial de Lourdes, Ingrid calculó que había más o menos 70 policías en la calle. Estaban ahí como para intimidar con su presencia a las personas defensoras de derechos que llegaron para exigir la liberación de Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez.
“Yo les dije de todo a esos policías, pero con palabras sin ofender. Les dije: ‘Ustedes haciendo el trabajo sucio, mientras su jefe está viendo todo desde un IPhone 16. Aquí tienen gente inocente’. Yo les dije de todo a esos policías”, recuerda Ingrid.
VIDEO | Ingrid Escobar exige la liberación de Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, en la estación policial de Lourdes Colón. Alrededor hay, según los cálculos de Ingrid, 70 policías. Video: ARPAS.
Luego de ese incidente de la persecución en vehículo, y para protegerse a sí misma y a sus hijos, decidió desplazarse internamente en el país hacia otra casa. Y en su vivienda dejó instaladas cámaras de seguridad para monitorear y registrar las constantes visitas de los agentes y soldados.
Por esos mismos días, y tras sentir malestares, fue a pasar consulta. Después de una serie de exámenes médicos, el diagnóstico fue que tenía un tipo de cáncer llamado sarcoma y que se había concentrado en uno de sus brazos. Por esto era urgente que Ingrid fuera intervenida quirúrgicamente. Así que, en el sistema privado de salud, los doctores le programaron una cirugía para el 12 de junio de 2025.
Mientras tanto, y a pesar de los malestares que le provocaba el cáncer, Ingrid siguió denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando legalmente a las familias de las personas capturadas arbitrariamente en el régimen de excepción y documentando las muertes en los centros penales.
El 4 de junio de 2025, desde la casa en donde Ingrid se había desplazado internamente, hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para dar seguimiento a la audiencia inicial de Ruth López, la jefa de la unidad Anticorrupción de la organización Cristosal y voz crítica del gobierno. Ruth fue capturada y acusada por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito, aunque su organización y colegas también consideran que su detención fue una represalia del Gobierno de Bukele ante las denuncias que corrupción que hacía.
Mientras se desarrollaba la audiencia inicial, Ingrid seguía con su transmisión en vivo exigiendo la libertad de Ruth y explicando a sus seguidores que consideraba que el caso contra la abogada de Cristosal era un ejemplo de la persecución política que el Gobierno de Bukele había desatado en contra de las voces críticas. En eso estaba, cuando en su teléfono vio por las cámaras de seguridad que unos policías en motocicleta llegaron a su vivienda.
“Yo para esa fecha ya no estaba en mi casa, ya era desplazada interna. Porque los policías llegaban seguido. Yo estaba transmitiendo y tenía más de 3,000 personas conectadas. En eso, llegó la Policía a mi casa. Ahí está el video que subí, llegaron en motos. ¿Qué es lo que querían? ¿Que yo terminara de transmitir? ¿Querían amedrentarme? Ellos pensaban que yo estaba ahí, pero yo ya estaba en otro lado”, dice Ingrid.
Chirriplin:
— 💫 Ingrid Escobar (@Ingrydadriana) June 5, 2025
Seguís acosándome con tus policías pero en el lugar equivocado. Hace tiempo me tuve que desplazar de mi casa porque siguen haciendo este amedrentamiento, sin embargo, tengo cámaras grabando en todo momento. No sé qué pretenden con este hostigamiento. Yo no he… pic.twitter.com/pcNb3KSdUI
Después de esa transmisión en vivo, y tras observar en sus cámaras las visitas frecuentes de los policías, Ingrid llegó a considerar que el riesgo para su vida y libertad había aumentado. Fue por eso que se anticipó a lo que podía ocurrir y le pidió al padre de sus hijos un permiso para salir de El Salvador.
“Cuando a Ruth la dejan detenida, en la etapa de Instrucción, yo dije: ‘Dios mío, cualquier rato yo voy a ser la siguiente’. Y más que todo el mundo me decía: ‘Ingrid, por favor, cuídate’”.
Así que cuando llegó el sábado 7 de junio —día de la captura de Enrique Anaya y de las tres llamadas en la que le sugerían irse de El Salvador— las sospechas de ser la próxima capturada se convirtieron en certeza. Sin más demora, como quien siente que los policías le pisan los talones, canceló la cirugía que tenía programada, hizo maletas y se marchó junto a sus dos hijos.
“Inocente yo, pensaba que cuando el gobierno se diera cuenta de que estaba enferma, me dejarían de molestar. Y yo ya tenía todo listo para mi cirugía del 12 de junio. Ya tenía listo al oncólogo, al anestesiólogo y al hospital ambulatorio y privado en el que me harían la cirugía. Pero cuando en las llamadas me dijeron que me fuera, porque sino me iban a capturar el domingo por la noche, ya ahí dije: ‘A estos (el gobierno) les vale madres que esté enferma y me van a detener’. Yo llegué a pensar, y me dio miedo, ¿cómo iba a hacer yo presa y enferma?”, recuerda Ingrid, sobre el momento exacto en el que decidió marcharse del país.
El trabajo sigue desde el exilio… y los ataques también
Cuando por fin llegaron a la frontera, en la madrugada del domingo 8 de junio, Ingrid tenía temor de ser capturada ahí mismo o que le negaran la salida a sus hijos.
“Yo pasé, en el carro que me llevaban, entregué mi DUI y todo bien. Luego, con los niños, leyeron el documento para que pudieran salir del país y fue rápido. Por cada niño fueron como 30 segundos. Y luego pasamos al lado de Guatemala. Y yo cuando vi el letrero: ‘Bienvenidos a Guatemala’, sentí que un gran peso me quité de encima”, relata.
Ingrid cuenta que salió de El Salvador solamente con los pocos recursos económicos que tenía. Así que buscó apoyo y una organización le ayudó para instalarse en un hotelito de Guatemala y pagar la comida de sus dos hijos.
Otra organización la asistió para realizar un breve viaje a Estados Unidos con el fin de buscar información para hacerse, de forma urgente, la cirugía. Sin embargo, al recibir un presupuesto de $60,000 solo por los costos hospitalarios, abortó la misión debido a la imposibilidad de reunir tanto dinero. Así que optó por emigrar a México con sus dos hijos, donde finalmente se estableció y pudo someterse a la operación en un hospital privado.
Tras la cirugía, México le brindó asilo político, acogiéndola a ella y a sus dos hijos debido a la persecución por parte del Estado salvadoreño: “Ya tengo el carácter de refugiada y mi residencia permanente. En el documento se lee que el Estado de México reconoce que El Salvador que tanto las pandillas como el Estado son capaces de cometer actos ilícitos en contra de personas y de defensoras de derechos humanos, como en mi caso. Y, por lo tanto, me otorgan refugio”.
Luego de ser acogida por México también logró terminar su maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, que estaba cursando en la Universidad de El Salvador de forma virtual.
Para sostenerse económicamente le toca recurrir a diversas actividades: postula a todas las consultorías que encuentra, trabaja como niñera y arrienda la casa que posee en El Salvador. Sus hijos, por su parte, estudian con media beca en una escuela privada fundada por exiliados del franquismo español, donde comprenden la situación de la familia.
Aunque los niños están adaptándose a su nueva vida, Ingrid relata que el dolor del desarraigo persiste, manifestado en la añoranza de su familia, amigos, el antiguo colegio, la comida salvadoreña y los lugares que frecuentaban.
Desde que se estableció en México, Ingrid retomó su lucha y labor como defensora de derechos. Incluso cuando todavía tenía que guardar reposo para recuperarse de la cirugía, siguió trabajando. Y lo hizo, según explica, porque estando en libertad siente una “enorme responsabilidad” por sus colegas sindicalistas y personas inocentes que están en las mazmorras del Gobierno de Bukele.
“Desde que ya podía medio mover el brazo, yo ya andaba dando entrevistas y denunciando las violaciones a derechos humanos. O sea, yo no me desactivé, nunca me quedé quieta”.
Desde la distancia, sigue documentando las muertes en las cárceles, trabajando en informes y denuncias de violaciones a los derechos humanos para presentarlas ante organismos internacionales y participando en audiencias públicas; como la que tuvo lugar en Ginebra, sede de las Naciones Unidas. Asimismo, hace transmisiones diarias en sus redes sociales para hablar sobre la situación de El Salvador y para que el tema de las violaciones a los derechos se mantenga en agenda y la denuncia pública no se detenga.
De acuerdo con Ingrid, el gobierno, en un intento por silenciar sus denuncias, ha buscado desacreditarla y “fabricarle un caso” que justifique su captura y encarcelamiento.
“La respuesta del Estado es que a través de su bien aceitada maquinaria de propaganda y sus youtubers han tratado de desacreditarme. Por ejemplo, la última ha sido que un youtuber ha inventado, y eso es parte de querer fabricarme un delito, que yo he sido amante del máximo líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quien llaman ‘El Diablito de Hollywood’. Y ese youtuber asegura, y no da marcha atrás, que yo hacía visitas íntimas al Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca. Y dice que yo entraba y salía y organizaba las visitas. Y por esa difamación, porque eso es falso completamente y una mentira, la gente fanática que sigue al gobierno, los troles ofensivos y la gente radicalizada me trata de ‘jaina’ (novia de pandillero) para arriba. Me dicen de todo en las redes”, expresa, indignada.
Por esa difamación, Ingrid detalla que denunció al youtuber ante la Fiscalía. “Pues sí, uno tampoco puede solo aguantar y por eso lo denuncié. Yo sé que algún día volverá a funcionar el Estado. Y si no funciona y si lo que recibo es silencio, pues habrá otras formas de denunciar. Porque no es cierto lo que dice sobre mí y es bien injusto”.
A pesar de estos ataques, difamaciones, persecución política y exilio que le ha tocado enfrentar, Ingrid dice que no va a parar de denunciar. Ahora, desde el exilio, señala que le ha tocado cambiar el megáfono para dedicarse a los informes y a documentar lo que está sucediendo en el país, especialmente en las cárceles. Asegura que ahora, lejos de El Salvador, no puede andar en las marchas, pero que se concentra en visitar embajadas y realizar gestiones internacionales para exponer la situación del país.
“Yo tengo esperanza de regresar a El Salvador. Ahorita no, pero tengo la esperanza de que en unos dos años. La esperanza no la pierdo. Por ejemplo, la elección de medio término del congreso de Estados Unidos me da mucha esperanza. Aunque no hicieron mucho los demócratas, creo que tal vez han reconocido sus errores. Pero eso sí, hay que estar claros y preparados porque estos años van a ser los más represivos del Gobierno de Bukele y por eso lo mejor que hemos hecho ha sido salirnos del país”.
*Con apoyo de Metzi Rosales.
Hechos y datos claves
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Liduvina
Mónica
Ivania
Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instiuto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y se enmarca en el proyecto global “Space for Freedom”, que a su vez forma parte de la iniciativa Hanna Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
