La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.
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