La derecha salvadoreña presentó una nueva propuesta de ley del agua pero con el agravante de que en su ente rector hay más participación de la empresa privada que del Gobierno. El FMLN no admite esta cuarta propuesta y la califica de privatizadora, pese que a dos de sus ministerios gubernamentales aportaron en su estructuración a sabiendas del presidente de la República.
Por Krissia Girón y Redacción Gatoencerrado*
Dania Colorado vive en una de las comunidades cercanas a la más lujosa residencial construida en Santo Tomás, municipio del sur de San Salvador. A diario, lidia entre la escases de agua de su comunidad y los patios engramados de “Sierra Vede”, una ciudadela de casas de dos plantas con cocheras privada y de estricta seguridad; el enorme muro gris perimetral que les divide da cuenta de ello.
—En mi caso, a veces me toca llevar agua de otro municipio como San Marcos. Cuando no tenemos agua también acudimos a las pipas pagadas para que nos abastezcan de agua, antes no era necesario, al menos no en mi colonia—, relata Dania quien también habla de acumulación de platos sucios y mayor limpieza en los servicios sanitarios derivados de la falta de agua.
La diferencia, -dijo-, es notoria desde antes de construir la residencial y ahora que la tienen como vecina. Una vecina a la que no le falta el agua pues se encargaron de construir su propio tanque de abastecimiento. —Una residencial jamás va a ser como una colonia—, señala Dania.
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El agua, el vital líquido que escasea en El Salvador, también se estanca en forma de ley al interior del Congreso salvadoreño pues tras más de 10 años de discusión de tres propuestas para regular su administración y uso, diputados de los partidos Arena, GANA, PDC y PCN, presentaron el 14 de junio una nueva propuesta ley llamada “Ley Integral del Agua”, que busca volver a cero la discusión que se estancó en el artículo 92 de una ley híbrida entre todas las propuestas, que se refiere a quién y cómo debe ser el ente rector de la ley.
La nueva propuesta plantea, entre otras cosas, que la gobernanza o el ente rector que debe administrar el agua de El Salvador, debe supeditarse a los beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales que de su uso y aprovechamiento se deriven, según consta en el artículo 8 literal “J” de la propuesta presentada por la derecha salvadoreña.
Sin embargo, para la bancada del partido Arena, la más grande legislativamente hablando, esta nueva ley no ha sido hecha por políticos sino por técnicos y que únicamente se trata de un “mito” pensar que con la propuesta se busca privatizar el agua en El Salvador.
“Su ente rector es autónomo, adscrito al Ejecutivo, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con una junta directiva cuya presidencia la nomina el presidente de la República, luego dos directores de COMURES (Alcaldías) y dos representantes a propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)”, dijo el diputado de Arena, Johnny Wright Sol.
El parlamentario explicó además como “novedad” de la ley, que se contempla la regulación de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) encargada de distribuir el agua a la nación, “pero que también se ha convertido en una institución de facto, muy ineficiente que necesita ser regulada”, dijo el diputado Wright Sol.
La propuesta de la derecha despierta el fantasma de la privatización del agua. Esta iniciativa, según dicen sus postulantes, es técnica y no política, y nació del consenso entre Gobierno, empresa privada y partidos políticos, un consenso que ha dejado expuesta una evidente división interna en el FMLN.
“Se ha trabajado en un componente estrictamente técnico. Como derivado de ser un consenso técnico, tenemos la garantía como Democracia Cristiana, que esta regulación, no vayan a haber apetitos por los gobiernos de turno para controlar el agua con propósitos de clientelismo político partidario”, dijo el único diputado que tiene el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Una ley que dividió al FMLN del Gobierno
La propuesta de ley, según Arena, fue consensuada con el MARN y Ministerio de Economía (MINEC), dos dependencias del Gobierno del FMLN quien según uno de sus diputados, como partido no comparten la propuesta.
“Sí se estuvieron dando reuniones entre el MINEC, MARN y ANEP. Pero no la Asamblea Legislativa ni el partido (FMLN). Hubo un intento de querer avanzar por afuera de la mesa y poder llevar insumos, pero nosotros como partido nunca avalamos esos insumos porque iban con un gran peso de ANEP”, dijo el diputado del FMLN, Guillermo Mata en una entrevista al canal TVX.
Mata es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente donde por 10 años se ha discutido la ley de manera estéril. “A pesar que la ministra de Medio Ambiente hizo este esfuerzo, nosotros como colectivo del partido de medio ambiente, no avalamos esas pláticas que hizo. De esa plática no hubo ningún acuerdo, solo mandó un conjunto de ideas a la Asamblea Legislativa, pero no tiene el aval del gobierno ni del Consejo de Sustentabilidad ambiental, es simplemente una nota con una lluvia de ideas”, subrayó.
Asimismo, enfatizó que su desacuerdo es por el ente rector del agua. Dice que es un conflicto de intereses que la ANEP sea parte del ente rector, pues la empresa privada es uno de los entes que más explotan el agua en el país.
MARN y Lina Pohl aclaran
En una entrevista matutina de canal 12, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, dijo que la propuesta presentada, es muy diferente a la que se discutió con la ANEP por lo que la desmeritó e incluso criticó.
Si bien Pohl sí admitió haberse reunido con la ANEP para estructurar esta propuesta, sus críticas al documento denotan que como MARN no lo comparten pues aseguran que se “alejó de lo esencial” y se enfocó en aspectos técnicos. Además negó que el MARN sea al final quien administre el agua y aseguró que su ente rector es una autónoma con dos miembros de la ANEP y uno del Gobierno.
“Un recurso tan importante para el país como es el agua no puede estar privada. En ningún país del mundo el recurso más estratégico, que es el agua, está en manos de los privados”, dijo Pohl, quien lamentó además que de esta nueva propuesta, se haya eliminado el ente sancionador, pues afirma que ninguna ley funciona sin ello.
Diputados de derecha en entrega de propuesta de Ley Integral de Agua. Foto/Cortesía
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“Es más de lo mismo”
Para Carlos Flores, representante del Foro del Agua, instancia que en 2006 presentó el primer proyecto de ley general de agua, la propuesta de la derecha parlamentaria es “más de lo mismo”, ya que no son desconocidas las intenciones de la ANEP y los partidos de derecha, de buscar mercantilizar el recurso hídrico.
“No es un documento que presente cosas nuevas. ANEP en 2013 presentó un documento que tenía varios contenidos, entre ellos que su gremio debería de estar mayoritariamente en la dirección del ente rector. Ahora ratifican esa posición y piden dos funcionarios de ANEP, dos de COMURES y uno solo del gobierno, estamos hablando de una entidad que en su esencia es privada, tomando decisiones a favor de privados, y eso es el principio de la mercantilización del agua”, afirmó Flores.
Las organizaciones del Foro consideran que esta propuesta pretende “pasar la aplanadora” a la discusión que ya se tenía en la comisión de medio ambiente. Intenciones que, a juicio de Carlos Flores, es doble moral y peligrosa para el derecho humano al agua. “Solo quieren tirar al trasto la discusión de los 92 artículos. En el discurso pueden ser los paladines del derecho al agua, pero solo quieren garantizar que los permisos para el uso del agua estén del lado de la empresa privada, eso es una clara intención de privatización del agua”, apuntó.
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Según el abogado del Foro del Agua, Edwin Trejo, este es un retroceso, por un lado, porque las propuestas dentro del seno legislativo cuentan con el respaldo tanto de organizaciones comunitarias, ambientalistas, sociales y de diferentes sectores, así como del respaldo de estudios científicos y jurídicos que dan base a la construcción de esos marcos legales.
Por otro lado, Trejo advierte que esta propuesta muestra al recurso hídrico como una mercancía, y no como un bien público. “Recordemos que el agua es un bien público y un bien común, el agua no puede estar sujeta a relaciones mercantilistas, por lo tanto, no puede ser considerada un bien económico” Señaló Trejo.
Además, considera que esta nueva propuesta puede tener vicios de inconstitucionalidad, “en razón de privilegiar legalmente a una asociación determinada”.
“Es un retroceso también para otros cuerpos legales, porque aquí específicamente se menciona a la ANEP, y ella solo es una asociación más, porque gremiales empresariales hay muchas. Además, la ANEP es una asociación altamente ideológica y de clase, claramente van a defender los intereses del gran capital”, apunta Trejo.
El abogado explica que el hecho de no dejar claro dentro del anteproyecto de ley, un perfil y algunos requisitos de conocimientos técnicos para cada persona que conformará la autoridad hídrica, deja entrever que no se trata de una propuesta técnica, como lo promueven los diputados de derecha.
“Fuera diferente si fueran personas especialistas en hidrología, con estudios en derechos humanos, o en derecho ambiental, si realmente se quiere tener gente con conocimientos e independiente. Esto es una falacia. Con la conformación de esta autoridad hídrica, la junta directiva atiende más a criterios políticos e ideológicos, y de ninguna manera a criterios técnicos, científicos y en la lógica del derecho humano al agua”, señaló Edwin Trejo.
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Por su parte, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro, dijo que con la propuesta de la derecha se busca confundir a la población y garantizar que las grandes corporaciones decidan quién podrá sus manos sobre el agua, decisiones donde las comunidades y el resto de la población no están contemplados.
“Me parece vergonzoso cómo se convierten en verdaderos sirvientes del gran capital algunos diputados. ¿Por qué dos directores de ANEP, por qué no dos profesores, o dos representantes de otros sectores de la empresa privada? Ahí vamos a tener nosotros un organismo rector pro empresa privada”, señaló Navarro.
El CESTA considera que debe ser el Ministerio de Medio Ambiente quien lleve las riendas de un ente rector del agua, para lo cual debe fortalecerse a esta instancia con más recursos.
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Santo Tomás, municipio donde vive Dania, es un lugar considerado de recarga hídrica. Entre sus calles, Dania, al igual que miles de salvadoreños que no tienen acceso al agua, seguirá su peregrinación a cantareras públicas, pipas y a fuentes de aguas en otros municipios, porque no hay una ley aún que decida si una residencial debe o no tener más agua que una colonia; o si una empresa puede o no utilizar más agua que una casa.
—Una residencial jamás va a ser como una colonia—, señala Dania.
Con la colaboración de Marvin Díaz, Irvin Marroquín y Mario Beltrán*
