La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto plazo, así como la rebaja de la nota soberana de una calificadora de riesgo deberían ser razones suficientes para reconocer que se debe dar marcha atrás.
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