Foto/Secretaría de Prensa de la Presidencia

Gobierno y Arena acordaron reorientar $55 mill del fondo de emergencia para Fomilenio II

El Gobierno desistió de incorporar una partida de $55 millones en el crédito de $250 millones con el BID para subsidiar a empresas afectadas por COVID-19, después de advertir un esfuerzo duplicado en asignaciones presupuestarias. La Asamblea no incluyó mecanismos de auditoría en el decreto aprobado, aunque el BID solicita transparencia en el manejo de fondos.

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Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

La noche del domingo 2 de agosto, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, accedió a cambiar el destino de una partida de $55 millones para subsidiar planillas de empresas afectadas por la COVID-19 y trasladarla a la contrapartida de $88.2 millones para completar los proyectos de Fomilenio II; es decir, a un compacto firmado entre El Salvador y la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), que vence el 8 de septiembre.

El préstamo de $250 millones con el BID es específicamente para el “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por COVID-19 en El Salvador”. Además, es parte del paquete de la emisión de deuda por $2,000 millones que aprobó la Asamblea en marzo para enfrentar la crisis por la pandemia y que creó el Fondo de Emergencia y Recuperación Económica. 

La ratificación del 2 de agosto fue aprobada con 59 votos de los diputados de Arena, Gana, PCN, el diputado no partidario Leonardo Bonilla y Juan José Martell del CD. El FMLN y los diputados del PDC Rodolfo Paker y Jorge Mazariego votaron en contra. 

La aprobación estuvo precedida por un impasse entre las fracciones parlamentarias y el Gobierno, debido a que los diputados señalaron que la partida de $55 millones para el pago de salarios de empleados de empresas fue incorporada en el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas (Firempresa). Arena también intentó aprovechar esa duplicidad de fondos y proponía destinar $5 millones a la Alcaldía de San Salvador, dirigida por Ernesto Muyshondt, quien busca la reelección para un segundo periodo.

El partido tricolor también estaba en contra de que esa partida de $55 millones fuera administrada por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Rolando Castro. En los últimos días, la disputa que existe entre Muyshondt y Castro se ha vuelto más evidente, tras los señalamientos del edil capitalino hacia el ministro por, según él, intervenir en las elecciones internas de su partido en San Salvador. El Gobierno calificó la postura de los diputados de Arena como un "chantaje". 

Con los cambios, el crédito quedó distribuido así: $75 millones para las alcaldías, que serán asignados según los criterios de la ley Fodes; $55 millones para contrapartidas de Fomilenio II; $40 millones para productores agrícolas (sin especificar programas, montos o beneficiarios); $20 millones para el Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid); $30 millones para el Hospital de El Salvador; $18 millones para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica; y $12 millones para las pensiones que se adeudan a veteranos y excombatientes de guerra desde hace cuatro meses.  El préstamo se pagará con 2.11 % de interés por un plazo de 20 años, con cinco años de gracia. 

Después de la ratificación, según el presidente de la Asamblea, el BID tenía hasta este 5 de agosto para depositar los fondos al Banco Central de Reserva (BCR). El Ministerio de Hacienda también debe presentar un presupuesto extraordinario con el detalle del destino de los fondos, el cual debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa para que el Gobierno pueda utilizar los fondos. 

La tarde del domingo, previo a la ratificación del crédito, hubo otra polémica porque el ministro de Hacienda y diputados de Gana buscaban aprobar la asignación del dinero al Presupuesto General de la Nación durante el mismo día; sin embargo, el titular de Hacienda no había presentado la propuesta. Fue hasta el 3 de agosto, a las 4:15 p. m., cuando Zelaya llevó la petición a la Asamblea y esta fue recibida por el presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce. 

El presidente de la Asamblea dijo este miércoles que posiblemente convocará a sesión plenaria para el próximo lunes 10 de agosto, con el fin de aprobar la asignación de esos fondos al presupuesto general.

Arena no logra más dinero para la alcaldía de S.S.

El viernes 31 de julio era el último día para que la Asamblea Legislativa ratificara el préstamo. Ese día, los diputados de la comisión de hacienda se reunieron para discutir por segunda vez el tema. Durante la reunión hubo un receso para llamar al ministro de Hacienda, pero el funcionario llegó únicamente para reunirse en privado con los diputados de Arena. 

A eso de las 2 de la tarde fue reanudada la discusión. Arena solicitó que de los $55 millones destinados a empresas se reorientaran $5 millones a la alcaldía de San Salvador, “una de las más golpeadas por los contagios de COVID-19”, según indicó la diputada Margarita Escobar. 

Los diputados de Gana, PCN, CD y Arena aceptaron trasladar los $5 millones y votaron para emitir un dictamen favorable en la comisión. Sin embargo, después de escuchar la postura del Gobierno y el rechazo del presidente Nayib Bukele a esta moción, cambiaron de parecer y no hubo votos suficientes para incorporar el dictamen al pleno legislativo. 

A las 9:00 p. m., Zelaya regresó a la Asamblea para reunirse con los diputados. Ya en esa reunión, Arena lanzó otra propuesta: trasladar $50 millones de la partida de planillas para Fomilenio II e insistió en otorgar los $5 millones restantes a la alcaldía de San Salvador. Pero Zelaya tampoco aceptó y  dijo que “no estaba facultado” para ceder en esta petición y por orden del presidente Bukele se retiró de la Asamblea Legislativa. Y así, la sesión plenaria finalizó sin ratificar el préstamo. 

Esta no es la primera vez que Arena intenta favorecer a la alcaldía de San Salvador con fondos de emergencia. Para aprobar el fideicomiso de recuperación económica en junio, Arena propuso que unos $25 millones del dictamen que autorizó los últim os $1,000 millones de deuda se otorgaran directamente a la administración del alcalde Muyshondt. El dictamen no recibió suficientes votos y no ha sido retomado por la Comisión de hacienda. 

El BID intervino para desentrampar negociación

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, revelaron que tuvieron una reunión tripartita con el representante del BID en El Salvador, César Falconi, para solicitar otra oportunidad de obtener el préstamo. Zelaya dijo que también tuvo llamadas con el director ejecutivo de Fomilenio II, William Pleités. 

Según Ponce, algunos diputados de Arena que estaban siendo presionados por alcaldes le pidieron que gestionara más tiempo con el BID, el sábado por la tarde. Admitió que al estar seguro de que Arena votaría por la nueva propuesta, hizo llamadas a amigos en Washington, especialmente a gente de Fomilenio, y pidió que hablaran con el presidente Bukele porque el Ejecutivo era el único facultado para proponer cambios en el destino de los fondos para que la Asamblea lo avalara. En esa negociación también intervino la embajada de Estados Unidos.

"Yo creo que Fomilenio, el director ejecutivo, la gente del Fomilenio en Washington y la embajada, hizo también su trabajo", dijo Ponce en el programa de entrevistas Frente a Frente. Agregó que al final se logró que el BID hiciera una “deferencia excepcional” por “primera y última vez” y que el mismo presidente Bukele recapacitara.

El domingo, Ponce convocó a comisión de hacienda y a sesión plenaria extraordinaria a las 2:00 p. m. Durante la reunión de la comisión, el ministro de Hacienda presentó la nueva asignación de fondos y Arena finalmente desistió de dar $5 millones a la alcaldía de San Salvador. Los $55 millones destinados a empresas fueron otorgados a las contrapartidas de Fomilenio II, en un nuevo dictamen que salió el domingo 2 de agosto de la comisión de hacienda, con 8 votos de Arena, Gana y PCN. 

Los fondos para Fomilenio II, sin embargo, no estaban incluidos dentro del paquete de emergencia sanitaria, y tampoco fueron parte del acuerdo con el BID, cuya junta directiva aprobó el préstamo en razón de apoyar la política fiscal y recuperación económica del país en medio de la pandemia.

La directora de la Corporación Reto del Milenio, Martha Keays; y el director ejecutivo de Fomilenio II, William Pleités, revelaron incluso que el Ejecutivo no incorporó en el presupuesto general 2020 al menos $70 millones necesarios para completar los proyectos del compacto. Los funcionarios de Fomilenio indicaron que “justo antes de iniciar la pandemia” estaban gestionando una modificación al presupuesto para que El Salvador respondiera a sus compromisos; por lo que solicitaron que, con los fondos de emergencia destinados a Hacienda, se completen los pagos a Fomilenio II.

En las sesiones públicas de la comisión de hacienda, los diputados del FMLN y el PDC denunciaron que ellos no fueron parte de las negociaciones entre el BID, el Gobierno, Arena y el presidente de la Asamblea Legislativa. 

Al iniciar las discusiones por la ratificación, los diputados de Arena, FMLN y PDC coincidieron en que el detalle sobre la asignación de fondos que envió el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, tenía gastos duplicados al compararse con el decreto legislativo 640; es decir, con el fideicomiso para la recuperación económica, que destina $140 millones para el subsidio de planillas a empresas con menos de 100 trabajadores. 

Yanci Urbina, diputada del FMLN, explicó que este gasto debería haberse solventado con la emisión de $1,000 millones en bonos aprobados el pasado 8 de julio. Esta operación se hizo en el marco de la autorización de la Asamblea para adquirir deuda $3,000 millones para la emergencia, pero fue señalada por registrar la tasa de interés más alta de las colocaciones salvadoreñas en los últimos 18 años, con un 9.5 %, por un plazo de 32 años. 

El Gobierno, sin embargo, aún no ha asignado estos fondos al fideicomiso, según confirmó este 3 de agosto el ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter. Al tratar de justificar las partidas duplicadas, Zelaya dijo que “el gasto no existe todavía, ni tampoco presupuesto”, sino “destinos indicativos”.

“Lo que la Asamblea autorizó en el decreto 640 es un techo del fideicomiso, al cual no se le ha asignado nada (es decir $0.00)”, recalcó.

Otra vez: sin mecanismos de transparencia

La Asamblea Legislativa no logró incorporar mecanismos de transparencia adicionales dentro de la ratificación del préstamo. El diputado del PDC, Rodolfo Parker, propuso incluir la rendición de cuentas como una obligación expresa del Gobierno, y que se incluyera un inciso mencionando “que ya hubo irregularidades en el manejo de fondos”; pero la moción no fue aceptada.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, criticó que se otorguen $40 millones a productores agrícolas sin especificar programas, montos ni destinos específicos; y señaló que es precisamente el Ministerio de Agricultura (MAG) el que aún no responde por más de $200 millones utilizados en la emergencia, entre ellos $23.4 millones que usó del dinero de salarios de trabajadores. 

En el contrato de crédito, además de pedir una aprobación antes del 5 de agosto de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo impone como condición al desembolso que el Gobierno publique informes de gastos por la emergencia y tenga transparencia en las contrataciones directas.

“El Banco solo iniciará el desembolso de los recursos correspondientes al único tramo de desembolso, luego de que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco los requisitos establecidos”, indica el contrato del crédito.

El BID pide que el Gobierno de El Salvador publique informes relativos al decreto 606, una reforma a la ley de emergencia que suprimió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y que se publiquen todas las compras a través de Comprasal. 

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