Los incentivos fiscales son exoneraciones de impuestos que el Estado salvadoreño otorga, por ley, a empresas de distintos rubros para que consideren atractivo invertir en El Salvador. La idea es que esos millonarios impuestos que ahorran las empresas puedan generar desarrollo económico en el país, empleo y una mejor calidad de vida para los salvadoreños. Pero una cosa es la teoría y otra es la realidad: el país sacrifica lo que podría recibir en impuestos y no invierte en educación o salud. Las empresas que gozan de esos privilegios, en su mayoría, han sido denunciadas por atropellar derechos laborales y depredar el medio ambiente. El Estado es benefactor de las empresas cuando les otorga incentivos fiscales, pero es verdugo de los ciudadanos cuando se trata de cobrarles IVA, la renta y otros impuestos.