Es falso que el Ejecutivo ha logrado una “reducción histórica” en la emisión de deuda
Para lograr la aprobación del presupuesto 2021, el Ejecutivo aseguró que redujo históricamente la emisión de deuda pública para este año. Economistas e investigadores señalan que ese discurso no solo es falso, sino que omite hablar del carísimo plan de gastos del gobierno. El presupuesto, además, no se ajusta a la realidad de crisis económica y sanitaria que El Salvador enfrenta.
Ficha de verificación
Autor
Alejandro Zelaya
Cargo
Ministro de Hacienda
Frase
"Esta es una de las cifras más bajas en toda la historia de emisión de deuda en el país".
Vía
Conferencia de prensa
Fecha
15 de diciembre, 2020
Categoría
Por Gabriela Villaroel
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el Presupuesto General de la Nación 2021 tiene una reducción histórica de la deuda pública. Argumentó que el Gobierno replanteó la necesidad de deuda para este año y la redujo, de forma “inédita”, de $1,342 millones a $161.2 millones, con el fin de “dejar sin excusas” a los diputados de la Asamblea Legislativa y obtener la aprobación del presupuesto. Economistas e investigadores consultados por GatoEncerrado coinciden en que ese discurso del Ejecutivo es Falso y además omite que su plan de gastos es el más caro de la historia del país, con prioridades alejadas de la realidad de crisis económica y sanitaria que va dejando a su paso la pandemia de COVID-19.
La narrativa del gobierno sobre la “reducción histórica de la deuda” encaja en la definición de Falsa, que es una de las seis categorías bajo las que OjoDeGato hace verificaciones del discurso público de los funcionarios del Ejecutivo salvadoreño.
¿Por qué es falsa esa afirmación?
Los investigadores y economistas concuerdan en que el presupuesto de este año no tiene la deuda más baja de las últimas décadas y que la diferencia más grande entre el presupuesto del año pasado y el de 2021 está en los niveles de gasto y deuda.
La economista Tatiana Marroquín asegura que los gastos crecerán un 16 % en 2021, pasando de $6,426 millones a $7,453 millones; mientras que la brecha —es decir, la diferencia entre lo que recibe el Gobierno y lo que quiere gastar— pasó de $850 millones a $1,575.4 millones. Esta brecha financiera se cubre con más deuda, generalmente, a través de la colocación de títulos valores y otros tipos de endeudamiento.
El ministro de Hacienda pidió inicialmente a la Asamblea que autorizara la emisión de títulos por $1,342 millones, pero se retractó a finales de octubre, solicitando solo $161.2 millones. Lo que hizo en ese momento, según Marroquín, es simular una reducción de la deuda, cuando en realidad sólo cubrirá la brecha con los préstamos que no se gastaron en 2020 por falta de aprobación legislativa.
Esto significa que la deuda sigue siendo de $1,342 millones, y según Carmen Aída Lazo, economista de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), podría crecer aún más a lo largo de este año.
“En la medida que usted tiene gastos fijos en los que ya se comprometió y no tiene ingresos suficientes para pagarlos, esa diferencia entre lo que quiere gastar y los ingresos que tendrá, se traduce en necesidad de financiamiento, y ésta crecerá”, explicó.
El Presupuesto General de la Nación de 2021, disponible en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, indica que el financiamiento aprobado para el próximo año; es decir, la nueva deuda para el Estado, es de $1,412.9 millones, la cifra más alta de la que existe registro en el portal.
El Gobierno, además, asume que tendrá ingresos mayores a los de 2020 en unos $291.4 millones, aunque el Producto Interno Bruto (PIB); es decir, el total de producción de bienes y servicios del país, será un 9 % más pequeño. “Esto no se apega a la lógica. Lo más seguro es que el dinero no alcance, y el país deba recurrir a más deuda”, agregó Lazo.
La Asamblea Legislativa no solucionó este problema. La economista Marroquín aseguró que “cuánto y de qué manera cortar los ingresos es difícil”, pues los diputados no tenían “el conocimiento técnico e información suficiente para hacerlo”. El ministro de Hacienda, cuestionado por los ingresos inflados en el presupuesto, se rehusó a dar información a los parlamentarios y también a periodistas.
“El proyecto era irresponsable y bien alejado de la realidad, no solo de la población si no que de las finanzas públicas. Y lo sigue siendo, porque no se cambió la estructura. Las necesidades de la población, en este momento de crisis económica y sanitaria, son bien particulares, y lo que decidió el Gobierno fue amarrar el presupuesto a cosas como salarios de Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que no eran una prioridad en este momento”, agregó la economista Marroquín.
Presupuesto 2021: incompleto y con más deuda
La Asamblea Legislativa aprobó la madrugada del 24 de diciembre la ley del presupuesto general de la nación de 2021, junto a la ley de salarios, seis préstamos y la emisión de nueva deuda por $137.5 millones para financiar el plan de gastos del Gobierno. El presidente Nayib Bukele, sin embargo, vetó parte de estos decretos con la promesa de tapar los “hoyos fiscales” en mayo de 2021, con el apoyo de una nueva Asamblea Legislativa con mayoría del partido Nuevas Ideas. Los vetos generaron incertidumbre sobre la validez del nuevo presupuesto.
A las 5:15 a.m., los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente conforman el mayor bloque de opositores, acordaron avalar el presupuesto para 2021 por un total de $7,453 millones, tal como lo solicitó el Ejecutivo, con $1,027 millones más de lo que el país tenía programado gastar en 2020.
Una parte de estos recursos, sin embargo, sí cambió de objetivo: un total de $450.12 millones se recortaron de gastos de la Presidencia de la República, Hacienda, Defensa y otras instituciones, así como consultorías, publicidad, nuevas plazas en el Ejecutivo e indemnizaciones de autónomas; y se reorientaron para alcaldías, excombatientes y un aumento a la pensión mínima.
La noticia, conocida en la víspera de Navidad, no fue bien recibida por el Gobierno. Bukele, incluso, dijo que el documento aprobado era “inconstitucional” por hacer modificaciones sin consultar al Ministerio de Hacienda, mientras que el titular de ese ramo, Alejandro Zelaya, reclamó que los recortes afectarían a Educación y Salud.
“Le quieren quitar los fondos a Salud destinados para comprar vacunas para dárselos a sus alcaldes, pero nosotros no vamos a permitirlo (…) Quítenle los fondos a las computadoras, si eso es lo que quieren hacer”, gritó el ministro a Margarita Escobar, diputada de Arena, quien se disponía a dar una conferencia de prensa afuera del Salón Azul, la noche del 23 de diciembre.
La parlamentaria respondió que la Asamblea no retiró el dinero de las vacunas para la covid-19. “El dinero para la compra de vacunas va completito y además es intransferible. No la podrán utilizar en ningún otro rubro oscuro”, agregó.
Yanci Urbina, diputada del FMLN, añadió que el ministro “nunca viene, ni siquiera por apremio”, y que la razón de su molestia es por los recortes a Hacienda en más de $27 millones, incluyendo consultorías por $558 mil. “A saber qué habían prometido, contrataciones quizás, y por eso les molesta”, dijo.
El 24 de diciembre, tras la aprobación del presupuesto, Bukele anunció —sin divulgar ningún documento— que vetaría parte de los decretos avalados por la Asamblea, y en un video publicitario publicado en sus cuentas de Twitter y Facebook, rechazó la reducción de $264 millones en inversión pública de las instituciones del Estado, el aumento a alcaldías y organizaciones no gubernamentales.
En tanto, se agenció como un triunfo propio el aumento a la pensión mínima de $207 a $304, un elemento aprobado por la Asamblea Legislativa a iniciativa del grupo parlamentario del FMLN; así como el incremento de $60 millones para los veteranos y excombatientes del conflicto armado.
Entre los recortes de la Asamblea y los vetos del presidente Bukele, la amalgama de decretos que constituyen el nuevo presupuesto de 2021 se torna opaca. GatoEncerrado consultó con economistas sobre qué esperan de este nuevo plan de gastos, si se corrigieron los errores de forma y fondo que lo hacían inviable, y si todos los proyectos lograrán cumplirse a pesar de la falta de recursos.
Inversión pública “sin definir” fue suprimida
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa determinó que el Gobierno buscaba incluir en su proyecto de presupuesto más de $264 millones de inversión pública sin detalles de ejecución; es decir, sin decir en qué programas serían gastados. Estos fondos fueron recortados de 14 ministerios del Ejecutivo, incluyendo Casa Presidencial.
El dictamen del presupuesto señala que el recorte se hace a “todas las instituciones del Sector Público No Financiero”, es decir, aquellas que conforman todo el presupuesto y pertenecen a los tres Órganos de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y sus funciones Electorales y de Control, incluyendo a los gobiernos municipales.
La economista Tatiana Marroquín, y también asesora de la fracción del FMLN en la Asamblea, explicó a GatoEncerrado que parte de los destinos que planteaba el presupuesto establecen el monto total a otorgar, sin especificar planes o proyectos concretos. Parte de estos recursos se recortaron, pero los diputados decidieron mantener los presupuestos de Educación y Salud para la compra de computadoras por $214 millones y $83.4 millones para mejorar la red hospitalaria.
La Asamblea decidió, además, que no se afectaría el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), ni a la Universidad de El Salvador (UES).
Marroquín apuntó que, históricamente, los gobiernos en El Salvador han aprobado más dinero para inversión pública del que son capaces de ejecutar. Ejemplo de esto es el año pasado, cuando el Gobierno solo ejecutó un 18 % de todo el dinero que tenía previsto en inversión pública, dejando más de un 80 % sin gastar.
“Si bien es cierto la pandemia congeló el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), en situaciones normales casi siempre hay un remanente de estos fondos. En esta ocasión, el dinero es mucho. Lo apretado que estaba el presupuesto llevó a que se ocupara este dinero en gasto corriente”, señaló.
Esto quiere decir que, a pesar de enfrentarse a un año de crisis sanitaria y económica, el Gobierno buscaba llevar la inversión pública a niveles aún más altos y difíciles de ejecutar de acuerdo a la capacidad instalada del Estado.
Así fue como la Asamblea decidió recortar este gasto, y uno de los más afectados fue el presupuesto de la Presidencia de la República. Tras el recorte, la oficina de Bukele pasó de administrar $101 millones en 2021 a $51 millones, con una disminución en los recursos para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que pasó de $16.5 millones a $1.2 millones; la Secretaría de Innovación, que pasó de $6.5 millones a $1 millón; se recortaron $4.8 millones de la Secretaría de Comunicaciones, que quedó en $4 millones; y se otorgó $1 millón menos para la Secretaría de Prensa, que ahora administra $1.2 millones.
Los diputados recortaron, además, $27.6 millones para compras en el Ministerio de la Defensa Nacional y otros $27 millones a Hacienda, de los cuales $14 millones corresponden al rubro de apoyo al comercio exterior, y $6 millones al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (Fopromid), utilizado durante la pandemia para hacer compras directas y beneficiar a socios y familiares de los funcionarios de Bukele, debido a que permite obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Otros $15 millones se disminuyeron para el ramo de Relaciones Exteriores, $1 millón de “gastos varios” en el Ministerio de Gobernación y $8.9 millones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para compra de vehículos de turismo, materiales de “defensa” como fusiles, pistolas y cartuchos. En Economía, además, se recortaron $3 millones que iban destinados al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde ahora se construye el Hospital El Salvador.
En las autónomas también hubo recortes importantes. La Asamblea le quitó $22 millones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para supuestas indemnizaciones de personal; y recortó $1 millón más para el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que estaba destinado a crear nuevas plazas.
Consultorías y publicidad, gastos excesivos
La Asamblea Legislativa recortó $33.51 millones del presupuesto 2021 con la disminución de asignaciones “infladas” para consultorías en el sector público y propaganda gubernamental, dos de los gastos más criticados por la oposición durante la administración Bukele.
La diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Hacienda, Yanci Urbina, aseguró que el Gobierno salvadoreño quería “gastar en publicidad en medio de una crisis económica, para elevar la imagen debido a que este es un año electoral”. En el ramo de consultorías, además, aseguró que se están contratando “amigos de ministros”.
En total, los diputados de oposición acordaron suprimir $25.6 millones que se destinarían al pago de “consultorías” para el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) —ahora asignado al Ministerio de Desarrollo Local—; el Ministerio de Hacienda, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), ANDA, y ocho ministerios: Agricultura, Seguridad, Obras Públicas, Turismo, Vivienda, Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores.
La publicidad gubernamental también disminuyó en $7.91 millones; es decir, un poco más de la mitad de los $14 millones que buscaba el Ejecutivo. La Asamblea recortó a la Presidencia, CEPA, CEL, la Lotería Nacional de Beneficencia, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Cifco, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Hacienda, Seguridad y Obras Públicas.
Los refuerzos de la Asamblea: ¿discrecionales o justos?
Además de hacer recortes al Ejecutivo, la Asamblea autorizó refuerzos por $285.9 millones en instituciones del Estado, pensiones, alcaldías y organizaciones no gubernamentales, como transferencias directas.
Esta decisión, aunque criticada por el presidente Bukele, subsanó algunos de los puntos que hacían inconstitucional el presupuesto, como la falta de fondos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y alcaldías.
El investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, explicó que de acuerdo al artículo 172 de la Constitución de la República, el Órgano Judicial debe recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del Estado; es decir, unos $341.7 millones. El Ejecutivo, sin embargo, solo había asignado $289.9 millones, por lo que la Asamblea incrementó la partida para la CSJ en $51.8 millones.
La Comisión de Hacienda avaló, además, un aumento de $100 millones para el Fodes, recursos que se entregan a los 262 municipios del país. Según la ley, corresponde a Hacienda otorgar el 10 % de los ingresos corrientes a los gobiernos locales. Según cálculos de Funde, el Fodes debía recibir al menos $569 millones para 2021, pero el Gobierno solo presupuestó $545 millones. La Asamblea, sin embargo, subió el monto a $645 millones, sobrepasando el requisito que impone la ley por más de $75 millones.
Otros refuerzos, además, llegaron a las instituciones de control que habían sido mermadas por el Ejecutivo. Se aumentaron $5 millones a la Corte de Cuentas de la República (CCR); $7 millones a la Fiscalía General de la República, $500,000 al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y $5 millones a cada una de las procuradurías General de la República (PGR) y para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La Universidad de El Salvador recibió un incremento de $20 millones adicionales por parte de la Asamblea, de los cuales $3.5 millones serán para pagar las cuotas de estudiantes provenientes de colegios privados; $1 millón para becas, $3.2 millones para ajustes salariales y escalafón de trabajadores de la UES; $2.2 millones para infraestructura física, equipamiento y conectividad; y $10 millones para infraestructura tecnológica y ampliar la educación en línea.
Los aumentos a la UES se aprobaron después de que Bukele se retractó de hacer un recorte presupuestario a la universidad, y quien luego ordenó a Hacienda un aumento de $10 millones. Sin embargo, el rector de la UES, Roger Arias, explicó a GatoEncerrado que este aumento en realidad estaba condicionado: debía ser gastado en infraestructura, y estaba bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Local. La Asamblea ordenó que también se transfiera este fondo directamente a la UES.
El ramo de Gobernación recibió $60 millones adicionales para transferir al Instituto de los Beneficios y Prestaciones Sociales de Veteranos Militares y Excombatientes, para la pensión vitalicia de los desmovilizados de la guerra civil, así como programas de asistencia social para sus familias.
La Asamblea también reforzó con $17.1 millones a “diversos ejecutores” de proyectos, entre oenegés, asociaciones y alcaldías; una acción que valió críticas del Gobierno salvadoreño e incluso de algunos diputados.
El mayor desembolso se otorgará a la Fundación Forever, presidida por el argentino naturalizado salvadoreño, Alejandro Gutman. La fundación, que promovió la aprobación de la ley del Sistema Nacional de la Cultura de Integración —para la prevención de la violencia a través del desarrollo social y cultural— recibirá $2 millones.
Otros beneficiarios son la Fundación para el Desarrollo de El Salvador (Fundeser), dedicada a la donación de prótesis, con $700 mil; la Fundación Teletón Pro Rehabilitación (Funter) con $670 mil; la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP) con $665 mil, y 44 organizaciones más, incluyendo movimientos religiosos. Se agregaron, además, proyectos de desarrollo comunal y en alcaldías.
Ricardo Velásquez Parker, diputado de Arena, cuestionó durante la plenaria cuáles fueron los criterios de la Comisión de Hacienda para asignar más de $16.6 millones a instituciones humanitarias, y si estas guardan algún vínculo con los legisladores. “Estos fondos deben ser auditados por la Corte de Cuentas, pues todos los fondos públicos están bajo el control de este organismo. Los mecanismos para elegir a quiénes se otorgarán fondos deberían ser mucho más transparentes, más democráticos”, aseguró.
En su artículo 10, el presupuesto de 2021 prohíbe que se transfieran fondos a organizaciones relacionadas a políticos o sus familiares, cumpliendo el mandato de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 27 de julio de 2017.
Esta no es la primera vez que el Estado beneficia a organizaciones privadas. El año pasado, la Asamblea solicitó $16.4 millones para oenegés afines sin justificar todos los casos, a pesar que la Sala ordenó hacer un análisis de su función y que estas se fiscalicen.
¿Qué se aprobó y qué se vetó?
La Asamblea Legislativa aprobó $660 millones de préstamos y una emisión de títulos por $137.5 millones para financiar el presupuesto. Además, reorientó fondos a través de una reforma al decreto 608 —que autorizó la búsqueda de $2,000 millones para la pandemia—, dejando $366.7 millones más para las alcaldías, $125 millones para un aumento a la pensión mínima y $1,508.3 millones para cubrir déficit del presupuesto y la emergencia por covid-19 en 2020.
De los 11 decretos que aprobó la Asamblea Legislativa, sin embargo, Bukele vetó dos: el decreto legislativo 800 y el 803, que garantizaban $300 millones para las alcaldías y a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo que alimenta la pensión básica universal para los jubilados del sistema privado de pensiones.
Los créditos rechazados por el Gobierno son una ratificación de $50 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que sería para proyectos municipales; y $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales $125 millones eran para alcaldías y $125 millones para la Cuenta de Garantía Solidaria.
Pensión mínima, un logro histórico en riesgo
A petición del grupo parlamentario del FMLN, la Asamblea aprobó una reorientación de $125 millones para fondear la Cuenta de Garantía Solidaria, destinada al aumento de la pensión mínima de $207.60 a $304.17 mensuales. Pero, tras los vetos de Bukele, aún no está claro de dónde saldrá el dinero para pagar este incremento.
El aumento a la pensión mínima está incluido en el artículo 3 de la ley general del presupuesto de 2021, que fue sancionado por el presidente. Sin embargo, la fuente de financiamiento, el contrato de crédito con el BCIE, fue vetado por Bukele debido a que los $125 millones restantes serían para alcaldías.
La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) es un mecanismo creado con la reforma de pensiones de 2017. Esta se alimenta de un 5 % del salario de todos los cotizantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y sirve para pagar la pensión básica universal que reciben todos los pensionados: $207.60.
Anabel Belloso, diputada del FMLN, explicó que la iniciativa del partido era equiparar la pensión básica al salario mínimo, “por motivos de justicia”. Sin embargo, había cierto temor de que el dinero en la CGS fuera insuficiente para pagar el incremento, por lo que se propuso aumentar el aporte del Estado durante 2021.
“El aumento a la pensión mínima era una forma de dignificar a la población. Que los pensionados tuvieran menos que el salario mínimo era una injusticia (…) Pero para hacerlo responsable, se buscaron formas de financiarlo”, explicó Marroquín, asesora del partido de izquierdas.
El aumento, sin embargo, no se podía incorporar al proyecto porque no existía una partida presupuestaria creada por el Ejecutivo. Por eso se colocó en un préstamo aparte, esperando la sanción del presidente, indicó.
“La sanción del Ejecutivo para desfinanciar este aumento es por un revanchismo político. Vetar ese financiamiento pone en peligro las finanzas del Estado, la pensión mínima, y las finanzas del sistema de pensiones privado. Se va a cargar a la CGS y se va a acabar más rápido”, auguró Marroquín.
El Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) cuenta con 92 mil pensionados, de los cuales más 55 mil reciben una pensión mensual menor a un salario mínimo, un 60 % del total.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró el pasado 5 de enero que “el incremento a la pensión mínima está asegurado y se financiará con reformas internas del Ministerio de Hacienda”, pero “no tendrán los millones que pretendían darle a los alcaldes”.
Cualquier reforma que requiera aprobación legislativa, según Zelaya, se realizará en mayo, cuando Nuevas Ideas llegue a la Asamblea Legislativa.
El 28 F y el nuevo presupuesto
Como respuesta a los recortes de la Asamblea, el presidente Nayib Bukele aseguró que su Gobierno pretende gastarse todo el presupuesto de Obras Públicas para 2021 en solo cuatro meses, y al lograr una aritmética favorable tras las elecciones del 28 de febrero, solicitar más fondos a la nueva Asamblea Legislativa.
“Para que no se detengan las obras, invertiremos lo que nos destinaron para el año en cuatro meses”, escribió el presidente en sus cuentas de Twitter y Facebook.
Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, lo respaldó durante una entrevista en la radio 102.9, manifestando que “vamos a utilizar el presupuesto de todo el año en cuatro meses. Luego, en la nueva Asamblea Legislativa pediremos los recursos necesarios para poder ejecutar obras de beneficio del país”.
Carmen Aída Lazo, economista de la ESEN, aseguró que es imposible ejecutar todo un año de presupuesto en solo cuatro meses, pues esto tendría como consecuencia más endeudamiento en un momento donde el país, poco a poco, deja de ser sujeto de crédito por su alto nivel de deuda: de cada dólar que produce El Salvador, $0.90 centavos ya se deben.
“La Asamblea no hace dinero, autoriza para ir a buscar fondos. Aunque lograran una aritmética favorable, el camino para conseguir recursos no es fácil: van a tener que apegarse a un ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y subir impuestos, o usar dinero de las pensiones”, indicó Lazo.
El anuncio de Bukele sobre gastarse el presupuesto en cuatro meses y sus vetos a $300 millones en créditos, fueron un bombazo para los mercados internacionales. El rendimiento de los bonos cayó en más de un punto porcentual.
Tras el impacto financiero, Bukele borró su tuit anunciando el gasto masivo, y el ministro de Hacienda salió a contradecir al mandatario. “Es imposible gastarse todo el presupuesto en cinco meses, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a hacer adecuaciones internas para ejecutar los recortes de inversión pública que ellos (los diputados) recortaron, pero jamás hemos dicho que nos vamos a gastar todo el presupuesto”, afirmó. “A nadie se le ocurriría, habría que estar locos… es imposible”, agregó.
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