El gobierno de Nayib Bukele pretende proponer ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para que, a partir de 2029, se amplíe el período presidencial de cinco a seis años en El Salvador. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, informó que la intención es ‘emparejar’ los períodos del Ejecutivo y el Legislativo y crear la figura de elecciones de medio término en el país.
Esa fue la propuesta concreta que surgió de la última reunión del Equipo Ad hoc, convocado por el Ejecutivo, que estudia propuestas de reforma a la Constitución de la República. El vicepresidente Ulloa, quien dirige el estudio, aseguró que presentará el documento el próximo 23 de enero, a través de una ley secundaria sobre Consulta Popular.
“Si ordenamos los mandatos en estos dos sentidos: la presidencia seis años, la legislatura y la municipalidad por tres, entonces sí tendríamos elecciones exactas de medio término”, afirmó el vicepresidente, el pasado 16 de enero, en el marco de la conmemoración de los Acuerdos de Paz.
Desde el pasado 1 de septiembre, Ulloa encabeza la comisión que busca reformar la Carta Magna, a petición del presidente Nayib Bukele. La iniciativa fue criticada por abogados constitucionalistas debido a que, según el artículo 248 de la Constitución, este tipo de reformas únicamente pueden ser propuestas por 10 diputados.
Ulloa planteó que, al reformar el período presidencial, las elecciones para alcaldes y diputados marcarán el medio término del presidente de la República, abriendo la posibilidad de “una consulta popular que se pronuncie sobre ratificar el mandato del período que le resta a la presidencia”.
La constitucionalista y catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ruth Eleonora López, explicó a GatoEncerrado que una propuesta de este tipo ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el tiempo en que debe aprobarse.
“El cambio de periodos electorales fue una propuesta de reforma constitucional que ya se aprobó una vez, pero fue declarada inconstitucional. En esa ocasión, se pretendía ampliar el período de los gobiernos municipales a cinco años; pero el problema es el tiempo en que debe aprobarse: antes del inicio de la campaña electoral, para que los electores puedan evaluarlo y escuchar de los diputados si apoyarán una ratificación o no”, explicó.
Para que una reforma a la Constitución entre en vigor, es necesario que sea aprobada por 43 votos de los 84 diputados en una legislatura y en la siguiente debe ser ratificada por 56 votos. La reforma fue sujeto de control constitucional porque se aprobó después del período electoral, según la constitucionalista López.
El proceso de Inconstitucionalidad 33-2015 inhibió a la legislatura 2015-2018 de ratificar el acuerdo de reforma por “haberse omitido la fase informativa que permita al pueblo decidir, oportunamente, apoyar o no a los candidatos de la Asamblea Legislativa que respalden la mencionada reforma constitucional”.
Para Ruth López, la aprobación de este tipo de enmiendas “suena mucho más a una nueva constitución que a una reforma constitucional”.
La Sala, sin embargo, no prohibió que se hicieran este tipo de estudios. Hace un mes, el tribunal desestimó las demandas de inconstitucionalidad en contra de la designación del equipo ad hoc para estudiar las reformas, debido a que es un ejercicio “deliberativo” que puede ser llevado a cabo por “la sociedad civil, por comisiones o foros, sean estos promovidos por el Estado o no”.
“No existe problema alguno en que el Estado promueva el diálogo sobre temas que incumben a la ciudadanía, pues un intercambio de razones y argumentos en una discusión que precede a una decisión presume la mutua relación de intereses”, indicó la Sala en su resolución.
Fabio Castillo, abogado miembro del equipo que estudia la Constitución y exsecretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recalcó que pedirán que la reforma entre en vigor a partir de 2029 y “no estamos proponiendo nada que implique alargar el plazo del presidente actual”.
Sobre el periodo en que entraría en vigor la propuesta, la constitucionalista Ruth López tiene sus reservas. El 2029 es exactamente cinco años después del primer período de Bukele.
Según explicó la abogada a esta revista, al modificar la constitución para alargar el periodo de un presidente, Bukele debería esperar 12 años para poder competir nuevamente por la presidencia, y no cinco.
“Tal vez quieren evadir el control constitucional que se hizo sobre los dos períodos. Serían dos períodos iguales, eso significa que tomaría más tiempo la reelección de Bukele y eso no lo pueden cambiar”, indicó.
Las implicaciones de ampliar la presidencia llegarían también al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esto modificaría el calendario electoral que actualmente está “montado” e implica hacer más procesos electorales. Ejemplo de esto son las legislativas y municipales de 2018 y las presidenciales de 2019. “Ciertamente, sí es un ahorro de recursos. Pero hay muchas otras cosas que valorar”, indicó López.
Eduardo Esobar, abogado constitucionalista de Acción Ciudadana, aseguró que este tipo de reforma no afecta directamente a las cláusulas pétreas; es decir, los artículos ‘candado’ de la Constitución que permiten la alternabilidad en el poder y establecen la forma y sistema de Gobierno.
López agregó que una propuesta de ley con mecanismos de participación directa no es una nueva propuesta, pues ya está regulado en las municipalidades. Además, según la abogada, ya hay posibilidades dentro de la Constitución para habilitar una consulta ciudadana -como una revocatoria de mandato- sin necesidad de un referéndum.
El vicepresidente Ulloa ha negado en reiteradas ocasiones que la reforma constitucional que le encargó Bukele le permita perpetuarse en la presidencia o concentrar el poder.
“No hay concentración del poder (en la reforma), perpetuarse en el poder mucho menos. Absolutamente, eso ha quedado descartado desde el primer día y nunca fue esa la intención con la que yo vengo planteando la reforma constitucional”, sostuvo Ulloa en una entrevista televisiva en septiembre pasado.
El equipo ad hoc presentará la propuesta completa y formal de la reforma a la Constitución en septiembre de 2021, cuando esté instalada la Asamblea Legislativa que resulte electa el próximo 28 de febrero.
