Por Karen Moreno

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, aprovechó su invitación a participar en el equipo ad hoc, que estudia posibles reformas a la Constitución de la República, para decir que el cargo que tiene puede ser ocupado por un civil, y que un civil puede pertenecer a un partido político. En otras palabras, dijo que no ve incoherencias con la democracia en que el encargado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) sea abiertamente alguien que se mueva en política. Abogados constitucionalistas consultados por GatoEncerrado, en cambio, dijeron que las insinuaciones del ministro son peligrosas para la institucionalidad y el espíritu de los Acuerdos de Paz, que le quitaron poder al militarismo.

Uno de los peligros a los que se enfrenta la incipiente democracia de El Salvador, según los constitucionalistas, es que el Ejército pueda “legalizar” el rol político y al servicio del poder Ejecutivo, que ha desempeñado desde gobiernos anteriores y aumentado en el actual. El papel que ha tenido la Fuerza Armada en eventos como los ocurridos el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, en la implementación de cercos sanitarios-militares, en la distribución de paquetes alimentarios, entre otras cosas; ha llevado a constitucionalistas como el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, y al subdirector del Idhuca Manuel Escalante a cuestionar el papel de la Fuerza Armada.

“Por lo menos yo no confío en que la Fuerza Armada va a respetar los resultados de las elecciones, que va a mantenerse neutral, apolítica y fuera del debate partidario. No, yo más bien espero, a la vista del comportamiento que ha tenido, veo el riesgo de que se termine involucrando en las elecciones del 28 de febrero y en lo que viene en los siguientes años”, advirtió a GatoEncerrado el exmagistrado González.

Escalante, exmiembro del equipo ad hoc, parte de la hipótesis de que la FAES ya está involucrada en asuntos político electorales. “Es decir, lo que podríamos ver es el grado de involucramiento. Si es mayor o es menor. Pero está involucrada desde el primer momento en que son la columna vertebral de la distribución de los paquetes alimentarios”, dijo a GatoEncerrado. Esta participación contradice lo dispuesto en el Decreto Legislativo 757, que establece en el artículo 12 que serán los concejos municipales los responsables de esta actividad. 

Legalizar el poder político de la FAES

Durante la reunión con el equipo ad hoc, el ministro de la Defensa se refirió a “la politicidad de la Fuerza Armada y de los funcionarios”. El jefe militar expuso que “la Constitución permite que sea el Ministro de la Defensa un civil y él como civil puede pertenecer a un determinado partido. Normalmente algunos pertenecen, otros no, pero podría darse el caso. Pero como civil, él puede expresar algunas cosas”, dijo y agregó que “como militares a veces hasta nos cohibimos de actuar como un ciudadano normal, por la misma naturaleza de la institución”. 

“Yo no los vi para nada cohibidos el 9 de febrero”, señaló el exmagistrado González. “¿Qué clase de militar es él (Merino Monroy)? O sea, ¿recibió o no recibió formación democrática en estos 28 años desde el 92?”, cuestionó.

Si bien es cierto que los militares no pueden actuar como cualquier ciudadano en asuntos públicos, el ministro de  la Defensa omitió decir que esto ocurre porque el militar ha aceptado esa condición al ingresar a la carrera militar, lo cual es un acto voluntario. Sin embargo, Escalante pone en contexto la razón por la que los militares tienen restricciones en la actividad política.

“En nuestra historia social, la Fuerza Armada como actor político ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a la guerra. Ha sido uno de los motivos por los cuales se han visto coartadas o limitadas algunas libertades públicas. Y, por tanto, que los militares tengan algunas restricciones o limitaciones en su participación en esos asuntos públicos tiene un sentido orientado hacia la paz”, explicó Escalante. 

Para Escalante, el equipo ad hoc y la Ley de Seguridad Nacional que se discute en la Asamblea Legislativa son dos rutas que buscan un mismo propósito: legalizar o formalizar la participación de los militares en los asuntos públicos del país. Según el abogado constitucionalista, la comisión invitó a la FAES para el 16 de enero (día conmemorativo de los Acuerdos de Paz), pero se reprogramó para el 23 de enero, para hablar sobre reformas de beneficio a la institución, en lugar de cuestionar al ministro sobre compromisos institucionales frente a los derechos humanos.

Escalante y González van más allá y concuerdan en que los militares, después de los Acuerdos de Paz, no perdieron el poder político, sino visibilidad pública, tanto en los gobiernos de Arena como los del FMLN, pero comenzaron a aumentar su presencia pública y política con el gobierno de Nayib Bukele, un protagonismo ilegal y simbólico.

El 9 de febrero de 2020, el Órgano Ejecutivo invadió la Asamblea Legislativa con militares armados, como forma de presión para que los diputados aprobaran un préstamo para el plan Control Territorial. Incluso, amedrentaron a los congresistas en sus hogares y les quitaron su servicio de seguridad, lo que para Escalante fue una clara postura política electoral en contra del Órgano Legislativo.

Hablar de un papel político del Ejército, contradice el artículo 211 de la Constitución, que establece que la FAES es una institución al servicio de la nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. 

Para Carlos Iván Orellana, investigador y profesor de la Universidad Don Bosco (UDB), “el papel político de la FAES es claro en la Constitución y su solicitud por parte del ministro más parece oportunismo o ignorancia”. 

González señaló que el papel activo que ha tenido el Ejército no va de acuerdo a lo que se estableció desde 1992. 

“Hemos visto, sobre todo el año pasado con ocasión de la pandemia, un gran rol activo del protagonismo político de un estamento militar que, según los estándares democráticos, debería estar realmente acuartelado”, dijo González. El exmagistrado explicó que, desde 1992, el Ejército debería estar acuartelado a la espera de eventos en los que debe actuar para defender la integridad del Estado. “Una parte del Estado que la tenemos ahí preparándose para algo que esperamos que nunca ocurra. Es un poco raro, pero así funciona”, añadió.  

Félix Ulloa, vicepresidente de la República y coordinador de la comisión que estudia las propuestas de reformas a la Constitución, también consideró necesario buscar un mecanismo de implementación del servicio militar obligatorio. Ulloa manifestó que “desafortunadamente nunca lo hemos implementado”. 

De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución, “el servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los 18 y los 30 años de edad. En caso de necesidad serán soldados todos los salvadoreños aptos para actuar en las tareas militares”. 

“Está en la Constitución y no se ha implementado (el servicio militar obligatorio) porque es algo que uno esperaría que vaya orientado tendencialmente a la desaparición (…) ¿Cuál es la situación excepcional que tenemos en este momento y que se justifique el uso de la Fuerza Armada?”, cuestionó González. Comparó el uso de la fuerza militar en El Salvador con el peruano Alberto Fujimori. 

“Son outsiders, que como no tienen detrás de sí una estructura partidaria, se terminan plegando con el Ejército. Porque ellos creen que ahí tienen el respaldo de su fortaleza, en el Ejército. Pero eso es peligrosísimo para la población civil”, analizó el exmagistrado.

Dado que el partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, tiene una estructura incipiente pero con muchos votantes, sin un aparato partidario con presencia institucional, exceptuando el Ejecutivo, “el gobierno ha tenido una relación muy fuerte con el Ejército para poder compensar esa presencia en los asuntos de la localidad. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que la Fuerza Armada es un actor político. Lo que estaría pidiendo el ministro (Merino Monroy) es que se legalicen, que se les reconozca algo que han venido haciendo en el último año”, concluyó Escalante.

El secretario del equipo ad hoc, Adolfo Muñoz, consideró que el riesgo de que miembros de pandillas se infiltren en la fuerza militar debería considerarse para “no permitir la obligatoriedad del servicio militar”. 

Sin embargo, Merino Monroy dijo que promover el servicio militar “viene a fortalecer y ayudarnos a nosotros para transformar a estos jóvenes en ciudadanos de bien (…) La Fuerza Armada sirve también para eso, de una u otra forma, transforma a la gente en mejores ciudadanos”. 

Fabio Castillo, también del equipo ad hoc, opinó que el Ejército es una institución necesaria y absolutamente indispensable para El Salvador. Dijo que no es partidario de la desaparición del Ejército, tal como ocurrió en Costa Rica. 

“Yo en lo personal no estoy en lo absoluto partidario de eso, sino que se establezcan normas constitucionales que permitan que la Fuerza Armada desempeñe un papel altamente positivo en el desarrollo del país, manteniendo, entre otras razones, la seguridad del territorio nacional”, dijo Castillo.

Pero el exmagistrado González González no ve a la Fuerza Armada actual de la misma forma, incluso dijo que está dispuesto a sumarse a las voces que piden la abolición de la FAES, en vista de lo ocurrido el 9 de febrero en la Asamblea y el uso del Ejército en el manejo de la pandemia con la implementación de “cercos militares”. 

“No solo no es necesaria, es peligrosa y yo me sumaría a las voces que piden la abolición del Ejército”, aseveró González.

Escalante cuestionó las funciones que realiza la FAES y las instituciones que deberían asumirlas, como el ministerio de Gobernación y un buen sistema de defensa nacional. Consideró que la defensa del territorio o las labores en desastres naturales y la incapacidad de repartir alimentos sin implicar al Ejército significa que no existe una institucionalidad pública fuerte. 

Para el exmagistrado, la conformación del equipo ad hoc es una “espuria”; es decir, es ilegítimo, porque no hay razones de peso para reformar la Constitución de 1983, como sí fue necesario hacerlo en 1992, producto de los Acuerdos de Paz, para incorporar a los alzados en armas y que entraran al juego político; la discusión sobre la militarización de la sociedad, reformas en materia de justicia y creación de nuevas instituciones en lo que se refiere a derechos humanos.