Por Oscar González

Respecto a quiénes deberían conformar la junta directiva de la autoridad hídrica, Benítez mencionó que en la propuesta del gobierno se ha considerado la participación de ministerios como el MARN, MAG, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, así como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El poco avance de los diputados

Este martes 23 de marzo, los diputados superaron uno de los principales obstáculos en la discusión de la ley sobre quiénes deben conformar la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En los últimos 15 años de discusión, la comisión ha estado dividida entre algunos partidos que intentaban incorporar en esa junta a representantes del sector empresarial, mientras que otros pedían que los privados no fueran incluidos. En la reunión de este martes, esa discusión llegó a un acuerdo: todos los miembros de la junta directiva deben ser nombrados por instituciones del Ejecutivo salvadoreño, sin la participación de privados.

El acuerdo, específicamente, fue que el presidente de la República debe nombrar a un presidente de la junta directiva y otros cuatro directivos deben ser nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Economía (MINEC), el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Ministerio de Salud (MINSAL).

Martha Evelyn Batres, diputada de Arena y presidenta de la comisión, dijo sentirse satisfecha con la aprobación de la junta directiva. “Hemos logrado un acuerdo en la conformación. Esto teniendo como base las discusiones, algunas estériles y otras con argumentos, para llegar a este consenso”, señaló. 

El año pasado, Batres prometió que para septiembre 2020 la Ley de Agua tenía que haber sido aprobada por el pleno legislativo. Sin embargo, el tiempo pasó y la discusión se estancó en la comisión, como también ocurrió en legislaturas anteriores. Explicaciones, que más parecen excusas, hay muchas. Entre esas que la pandemia por COVID-19 limitó las reuniones para continuar con la discusión. El hecho es que, con o sin pandemia, los diputados históricamente han abandonado la discusión para trabajar en campañas electorales  como ya lo ha documentado GatoEncerrado. 

Esta no es la primera vez que la comisión llega a un acuerdo sobre quiénes deben conformar la junta directiva. En 2018, los diputados tomaron como base la propuesta de Ley Integral de Agua (LIA) para aprobar una junta directiva conformada por representantes del MARN, MAG, juntas de agua, municipalidades (a través de Comures), la Universidad de El Salvador, el sector productivo industrial y el sector productivo agropecuario. La comisión, sin embargo, tuvo que deshacer el acuerdo después de recibir críticas de organizaciones que señalaron que esa junta directiva era un “intento por privatizar” el ente a cargo de las decisiones sobre el agua en El Salvador. En 2018, la comisión no se quedó solo con deshacer el acuerdo sobre la junta directiva, sino que reinició la discusión y dejó sin efecto la aprobación de 15 artículos que ya habían sido aprobados.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, explicó que el acuerdo de esta semana, a diferencia del que se hizo en 2018, es que ahora la junta directiva es eminentemente pública y eso es una garantía para que la población puede exigir cuentas a las autoridades: “Ahora sí le pueden exigir a lo público que cumplan con el derecho de garantizar agua o las políticas públicas”, afirmó.

A pesar de haber logrado el acuerdo sobre quiénes deben conformar la junta directiva, la comisión todavía tiene pendiente estudiar otros 100 artículos más, de los 150 que, en teoría, tendrá la Ley de Agua que los diputados están estudiando. Es decir, solo han avanzado una tercera parte de la discusión y pretenden lograr la aprobación de la ley en el mes que les queda como legisladores. En enero y febrero, los diputados se ausentaron y al menos cinco reuniones tuvieron que suspenderse. Fue hasta después de las elecciones, y tras conocer los resultados, que retomaron el trabajo.

Los artículos de la ley que están estudiando son parte de una matriz en la que se recogen las cinco propuestas de Ley de Agua que llegaron a la Asamblea: la Ley General de Aguas, presentada en 2006 por el Foro del Agua y actualizada en 2011 y 2013; la Ley General de Aguas del MARN, presentada en 2012; la Ley sobre Gestión Integral de los Recursos Hídricos, conocida como “la de los regantes”, presentada en 2013; Ley Integral del Agua, presentada en 2017 por expertos hídricos y ANEP; y la Propuesta Ciudadana para Ley General de Aguas, presentada en 2020 por la UCA, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la iglesia Católica.

Cada una de estas propuestas presentaba diferentes actores para conformar la junta directiva de la autoridad hídrica. Aparecían algunos como Comures, el Ministerio de Obras Públicas, las juntas de agua, universidades, entre otros. Finalmente, la comisión se quedó con representantes de cuatro ministerios y el Ejecutivo.

Andrés McKinley, experto en temas hídricos, dijo a inicios de este año que el tema de la institucionalidad pública “es clave”, ya que entre los principios no negociables del movimiento social está el de la gestión pública del agua.