Por Beatriz Benítez

La resolución emitida por Casa Presidencial para iniciar un procedimiento administrativo de remoción y suspensión inmediata del cargo de la comisionada del Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP), Claudia Liduvina Escobar, carece de fundamentación legal y de errores de redacción, a juicio de abogados consultados por GatoEncerrado. 

Después de leer el documento, firmado por el presidente el presidente Nayib Bukele y su secretario jurídico, Conan Castro, los abogados coincidieron en que la demandante Yeni Carolina Reyes Montenegro expuso argumentos de remoción “inverosímiles” y Casa Presidencial le dio la razón sin fundamentar la decisión. 

Basado en al menos cuatro razones planteadas por la demandante, Bukele aplicó la segunda causal de remoción del artículo 56 de Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP): “por actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento del Instituto y por incumplimiento de sus funciones”. Además, recurrió a la Ley de Procedimientos Administrativos para apartarla del cargo, mientras sigue el proceso sancionatorio. 

De acuerdo a lo expuesto en el documento, a la comisionada se le acusa de atentar contra el Instituto por haberse presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al reglamento de la LAIP, aprobadas por el presidente Bukele para centralizar el poder del Instituto en el presidente de esa entidad. 

El abogado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que la comisionada Liduvina Escobar tiene derecho a presentar una demanda y que eso no afecta el funcionamiento del Instituto, ya que en el caso de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare ilegal las reformas hechas por Bukele, vuelven a funcionar las anteriores.

 “No es cierto que el presentar una demanda de inconstitucionalidad esté prohibido para la comisionada y que eso signifique afectar el funcionamiento del Instituto. De ninguna manera. Lo que aquí se está buscando es conservar la constitucionalidad”, sostuvo el abogado Escobar. 

Wilson Sandoval, coordinador Centro de Asesoría Legal Funde-Alac, agregó que el principal argumento de la presidencia “quedó totalmente desmontado” cuando no hay ninguna evidencia de que el funcionamiento del IAIP haya sido afectado.

La demandante también cuestionó la imparcialidad e independencia de la comisionada porque presentó la demanda de inconstitucionalidad en compañía de la abogada de Funde-Alac, Sonia Hernández, quien habitualmente presenta recursos de apelación ante el IAIP y que por esa razón son personas que se conocen y que pueden tener conflicto de interés. El abogado Escobar dijo que “todas las personas son potenciales usuarias del Instituto y eso implicaría que ella no se puede relacionar con nadie”. 

La demandante también acusa a la comisionada de haber filtrado información de una resolución que estaba en deliberación y de adelantar criterio. Esa resolución fue aprobada por tres comisionados recién nombrados por Bukele y revocó la orden de entregar a una ciudadana la versión pública de las adendas adjuntadas en la declaración patrimonial del presidente Bukele. La demandante también la acusó de haber informado a periodistas sobre la decisión de los comisionados nombrados por Bukele de dejar de grabar las sesiones del pleno. Para el abogado Escobar, esas acusaciones “se han basado en hechos no comprobados”. 

Por último, la demandante expuso que la funcionaria irrespetó los acuerdos del pleno y omitió el acompañamiento a oficiales de información en un proceso de evaluación del desempeño de entes obligados no municipales.

El abogado de Acción Ciudadana consideró que se trata de un ataque político con la intención de eliminar cualquier rastro de resistencia dentro del Instituto y de fiscalización.

Sobre la autoridad de Bukele para quitar a un comisionado, Sandoval dijo que la LAIP establece las causas “pero no está del todo reglado cual debería de ser el procedimiento y es un vacío de ley del cual se está aprovechando el presidente”. 

En julio del año pasado, Bukele también removió a la suplente Cesia Mena por supuesto vínculo con el FMLN, pero nombró como comisionada a la ex precandidata de Nuevas Ideas, Roxana Soriano. 

En respuesta a la remoción, Liduvina Escobar dio una conferencia de prensa, la tarde de este 23 de abril en las fuentes Beethoven, en donde dijo que fue una decisión arbitraria del Ejecutivo y que responde a su postura por mantener un Instituto autónomo, independiente y garante del acceso a la información pública. “Hoy resulta que en este país ya no puede haber una funcionaria que plantee que tenemos retrocesos en materia de acceso a la información pública”, cuestionó.