Por Karen Moreno

El presidente Nayib Bukele incumplió la orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de cancelar, en 30 días hábiles, los salarios y demás prestaciones pecuniarias de dinero dejados de percibir por los magistrados que fueron destituidos de sus cargos en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, el 21 de julio de 2019, bajo el argumento de incumplir con la moralidad notoria.

El 11 de marzo de este año, la Sala declaró ilegal la remoción del cargo de Óscar Canjura de su cargo de segundo vocal propietario y de Mario Escobar del cargo de primer vocal propietario del Tribunal Sancionador, por supuesta inmoralidad notoria. En la resolución, los magistrados de la Sala concluyeron que hubo “vicios de nulidad de pleno derecho” en la destitución de los funcionarios ordenada por el gobierno del presidente Bukele. 

“Lo que pretendíamos demostrar en ese momento (con la denuncia) era que las instituciones democráticas, de derecho, funcionaban”, dijo Escobar a GatoEncerrado.

Escobar agregó que, aunque la realidad política ha cambiado en cuanto a la concentración de poder que ahora tiene el gobierno, espera que la Sala pueda estar funcionando normalmente, “para demostrar que todavía tenemos un poquito de institucionalidad” en el país.

El plazo para cumplir la medida para restablecer los derechos vulnerados venció el 22 de abril de este año, pero, a la fecha, el presidente Bukele ha desobedecido la orden. En la resolución, los magistrados de la Sala también impusieron una multa que consiste en “un salario mínimo diario del sector comercio y servicios por cada día de retraso”, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Lo relevante del caso no solo es que el presidente de la República ha incumplido, sino también que esta fue la primera sentencia que tuvo a su base la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la reciente Ley de Procedimientos Administrativos en contra de un presidente de la República, y también la primera de este tipo interpuesta contra el presidente Bukele. 

Junto con Canjura y Escobar, Bukele también destituyó a la entonces presidenta del tribunal Sandra María Góchez, quien fue sustituida por José Leoisick Castro, padre de Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia, según consta en documentos a los que esta revista tuvo acceso. Para Escobar, este fue un hecho de nepotismo abiertamente público, y lamentó que Góchez no acompañó el proceso judicial contra Bukele por la remoción ilegal.  

Después del plazo estipulado para cumplir con la sentencia, tanto Escobar como Canjura presentaron un escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para volver de ejecución forzosa o de obligatorio cumplimiento la sentencia y presentaron una tabulación de la deuda. Hasta el momento, la Sala no ha notificado ninguna resolución.

El incumplimiento de esta sentencia por parte del presidente Bukele podría derivar en el cometimiento del delito de desobediencia a particulares, establecido en el artículo 338 del Código Penal, sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa. Además, podría haber incurrido en el delito de desacato, contemplado en el artículo 339 de la misma ley. Aunque también expresó que hablar de delitos en contra del mandatario en el contexto actual de concentración del poder ya no es posible. 

Según Escobar, la desobediencia de la sentencia también podría mandar el mensaje de “un total absolutismo, un régimen totalmente autoritario, donde se apartó del todo el ordenamiento democrático constitucional y donde estaríamos escribiendo otra página triste de la historia de este país (…)  de la descomposición política, moral y económica de la democracia” y mencionó que procedería internacionalmente si el mandatario no cumple con la sentencia. 

Escobar finalizó asegurando que la destitución de los magistrados del Tribunal Sancionador no solo los afectó a ellos, sino que afectó los derechos de los consumidores, porque ahora el tribunal obedece órdenes de un régimen “y ese tribunal va a sancionar a quien el régimen considere que son sus adversarios, no a quien el consumidor necesita que se sancione. Eso ya se está observando, cómo los precios están aumentando de la canasta básica; sin embargo, se consienten prácticas indebidas en otros sectores de la economía”, señaló.