Bitácora de Género

Diputadas de Nuevas Ideas promueven reducir la pena al delito de difusión pornográfica

Las diputadas de Nuevas Ideas, que son parte de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, propusieron reformar el artículo 51 de la Leiv para reducir la pena de prisión a las personas que cometan el delito de difusión de pornografía. Esta es la primera propuesta que emite la comisión responsable de legislar en favor de las salvadoreñas, después de archivar todas las propuestas que habían sido presentadas y discutidas en la legislatura anterior.

Comisión Mujer de la Asamblea Legislativa. Foto/Asamblea Legislativa

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Por Gabriela Méndez

Las diputadas de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, Lorena Fuentes, Maricela de Guardado y Norma Lobo, de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, propusieron reformar el artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv) para reducir la pena a tres y cinco años de prisión a quienes sean condenados por cometer el delito de difusión de pornografía. Esa era la pena hasta 2019, cuando la Asamblea hizo una reforma a la Leiv para que ese delito tuviera una pena de cuatro hasta ocho años.

La propuesta de las cuatro diputadas, que son mayoría en la comisión que tiene el deber de mejorar las leyes a favor de las mujeres salvadoreñas, ha sido la primera desde decidieron enviar al archivo las iniciativas de ley que la legislación anterior les heredó. En contraste con la propuesta, especialistas en género y diputadas de la oposición, consultadas por GatoEncerrado, señalaron que en el fondo esto significa un retroceso para los derechos de las mujeres y un beneficio para los que utilizan y difunden la imagen de las mujeres sin su consentimiento.

La pieza de correspondencia de las diputadas, con la reforma, fue presentada ante el pleno legislativo el pasado 17 de agosto, bajo excusa de que la redacción de los artículos 5o y 51 de la ley especial es confusa para aplicar la sanción, ya que el texto no incluía la palabra prisión. Pero, en la propuesta de reforma no solo se agrega la palabra “prisión”, sino que se reduce la pena.

Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormusa, aseguró que uno de los puntos que se consideraron para la reforma que se hizo en 2019 al artículo que sanciona la difusión de pornografía fue aumentar hasta ocho los años de prisión por el daño que se causa a la imagen de las mujeres,  debido a que son un grupo poblacional de especial protección y a que afecta el trato igualitario que merecen, y que la decisión de la comisión actual es un grave retroceso. Antes de esa reforma, el delito tenía una pena de tres a cinco años.

“Debe considerarse, para el establecimiento de cualquier pena o de cualquier modificación o reforma, las graves violaciones a derechos humanos que pueden cometerse contra grupos poblacionales de especial protección, como las mujeres”, indicó Juárez a GatoEncerrado.

En 2019, la cantidad de víctimas registradas por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de difusión de pornografía fue de 140. En 2020, año de la crisis por la COVID-19 y la cuarentena domiciliaria, la cifra fue de 95 víctimas. Hasta el 15 de julio de este año ya se han registrado 47, según datos gestionados en la Fiscalía por esta revista a través de acceso a la información. La cantidad real de casos puede ser más, ya que hay una cifra negra de casos que no son denunciados.

Dina Argueta, actual diputada del FMLN e integrante de la anterior Comisión de la Mujer, dijo a GatoEncerrado que la reciente propuesta denota un interés por retroceder en el tema de derechos para las mujeres y que “se debe garantizar que en la ley se cumpla las garantías mínimas para que las mujeres tengan una vida libre de violencia”.

Este no es el primer retroceso en cuanto a derechos de las mujeres en el país, en los últimos dos años. Una de las primeras decisiones que tomó el presidente Nayib Bukele, al empezar su gestión, fue eliminar la Secretaría de Inclusión Social. Asimismo, se redujo el presupuesto de Ciudad Mujer, que pasó de $7.6 millones en 2020 a $5.6 millones en 2021.

Hasta el 1 de julio de este año, la Comisión de la Mujer solo había emitido un dictamen: mandar al archivo 30 anteproyectos de ley y otros documentos en discusión; entre ellos, la Ley de Identidad de Género, una propuesta de organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans, para que la identidad de las personas trans concuerde con los datos de identificación en los distintos registros, así como en los documentos de identidad. 

Esta ley también ha pretendido garantizar una vida libre de discriminación y crímenes de odio, de acuerdo con expertos. Según Comcavis Trans, desde 2019 hasta 2021 hubo 14 asesinatos de personas trans en el país. 

Tras la decisión de las diputadas de Nuevas Ideas, de enviar la propuesta a archivo, el 20 de agosto pasado las organizaciones de la Mesa por una Ley de Identidad de Género presentaron la propuesta con actualización en conceptos que establece el anteproyecto.

Amalia Leiva, representante de Comcavis Trans, mencionó que “mientras no haya voluntad política, mientras esta Asamblea Legislativa, específicamente la bancada cian no se apegue al mandato constitucional que requiere para el análisis de la ley y al marco internacional de los derechos humanos, no vamos a poder avanzar”.

La Mesa por una Ley de Identidad de Género expresó que está a la espera de que la comisión estudie debidamente la propuesta de Ley de Identidad de Género, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres trans.