Foto/Emerson Flores

Diputados de la "nueva Asamblea" ocultan por siete años sus viajes, presupuestos y contrataciones de personal

Tras la reserva de 20 tipos de información que hizo la Asamblea Legislativa, los ciudadanos no podrán conocer adónde viajan sus diputados, cuánto gastan en contratar personal y cómo usan los fondos públicos. Xenia Hernández, experta en temas de transparencia, sostiene que la reserva de información que ha hecho la Asamblea es ilegal.

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Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

La nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, puso en reserva toda la información pública relacionada con viajes internacionales de diputados y empleados, presupuestos de grupos parlamentarios, gerencias, unidades y departamentos, así como contrataciones de personal y pagos de salarios, compras públicas y otra información que en las presidencias legislativas del FMLN se había logrado conocer por orden del Instituto de Acceso a la Información (LAIP).

También negarán a los ciudadanos el acceso a copias de expedientes de comisiones especiales de carácter privado,  informes de auditorías internas, consultorías externas, expedientes de elecciones de segundo grado, borradores sometidos a estudio y piezas de correspondencia sin clasificar, memorandos, acuerdos de presidencia y junta directiva y todo tipo de comunicación interna sobre temas financieros, tesorería y asignación de vehículos.

Así lo establece el índice de reserva de información que publicó la Asamblea, esta semana, en su portal de Transparencia. A diferencia del periodo anterior que no tenía información reservada, la nueva Asamblea puso bajo llave 20 puntos con diferentes tipos de información de las gerencias de comunicaciones, recursos humanos, finanzas, operaciones legislativas, unidades de adquisiciones y contrataciones, auditoría interna y de  la dirección de protocolo, por plazos que van desde los 3 a 7 años. 

Resumen de la información reservada

En concreto, la justificación de la nueva Asamblea es que al publicar información se pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Asimismo, la información puede generar ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. 

Xenia Hernández, directora ejecutiva en Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), sostiene que las reservas de información decretadas por la Asamblea son ilegales porque van en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y de los precedentes establecidos por el Instituto de Acceso a la Información. 

Según el artículo 10 de la Ley de Acceso, la información de los listados de viajes internacionales financiados con fondos públicos y los costos, los presupuestos de las instituciones, las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas, procedimientos de contratación de personal son información pública que debería estar al alcance de los ciudadanos.

Esta reserva de información, además, contradice el discurso de los diputados de Nuevas Ideas de cambiar las prácticas corruptas y poco transparentes de anteriores asambleas. “Nosotros no hemos venido aquí a adaptarnos al sistema, nosotros hemos venido aquí a cambiar el sistema”, ha expresado en varias ocasiones el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuando ha cuestionado cómo se manejaron las anteriores legislaturas. 

Ahora, Ernesto Castro es el que tiene todo el aval de la junta directiva del parlamento para que tome todas las decisiones sobre el recurso humano que esa institución necesita. 

Perdieron los correos 

Tras el cambio de legislatura, las nuevas autoridades cesaron más de mil contratos de empleados de distintas unidades y contrataron nuevo personal. 

En la Unidad de Acceso a la Información, que es la encargada de gestionar la información que solicitan los ciudadanos, nombraron como jefe a Arturo Ernesto Mossi Henríquez, en lugar de Manuel Galdámez.

En los meses de julio y agosto —antes de que la Asamblea publicara el índice de reserva de información— una periodista de GatoEncerrado hizo solicitudes de información a la Unidad de Acceso a la Información, pero no fueron respondidas. 

El pasado 19 de agosto, un oficial de información de la Asamblea le llamó para decirle que habían tenido problemas con el portal en línea y que no pudieron recuperar los correos electrónicos que les llegaron antes de las vacaciones de agosto. El oficial le dijo que tenía que volver a realizar la gestión. Parte de la información que solicitó la periodista apareció en el índice de reserva.

Retrocesos 

La Asamblea sigue la misma práctica que las instituciones del Ejecutivo. En junio de este año, GatoEncerrado publicó que 15 instituciones del gobierno han reservado 281 tipos de información durante la gestión de Bukele. Desde el gobierno también se ha desmantelado el Instituto de Acceso a la Información y nombrado comisionados afines; además ha presentado reformas  a la LAIP para eliminar la información de carácter oficiosa. 

Desde hace dos años, la Asamblea Legislativa dejó de poner reserva a la información y entregó datos que permitió conocer quiénes eran los diputados más viajeros y los costos y las contrataciones de asesores y empleados.

En 2013, el exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, también intentó bloquear la información de contrataciones de asesores institucionales y de grupos parlamentarios, así como el salario mensual. Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información le ordenó a Sigfrido Reyes, y a la junta directiva, publicar la información y les impuso una multa de $9,324.00.

En adelante y gracias a ese precedente, los ciudadanos conocieron el crecimiento de contrataciones de empleados, pasando de 864 a 2,507 entre  2007 y 2020, según una publicación de Fusades. Investigaciones periodísticas también han revelado que diputados han contratado a sus familiares. 

El mismo presidente de República, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea cuestionaron la existencia de “plazas fantasmas”, descubiertas a través de la oficina de información pública.

En otro caso, ocurrido en 2016, el periódico Diario El Mundo publicó que la expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña, usó el fondo circulante o “caja chica” para pagos de “consumo” en restaurantes por desayunos, atenciones oficiales, artesanías, café, donaciones a instituciones, parqueo en centros comerciales, artículos de navidad, semitas, trajes, guayaberas y hasta una papaya de $1.00. El medio obtuvo copia de 371 documentos, entre ellos recibos y facturas de pagos con recursos del Fondo Circulante que fueron entregados por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Xenia Hernández explica que con esta reserva de información los principales afectados son los ciudadanos, porque se les priva de su derecho a saber cómo se administran los fondos públicos.

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