Bitácora ambiental

Educación pide exonerar del pago del agua a las escuelas

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Foto tomada de la cuenta de Twitter del ministro de Medio Ambiente

Por Gloria Olivares

Por Gloria Olivares

El viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ricardo Cardona, expuso en la comisión ad hoc que estudia el proyecto de ley de agua que solo el 22 % de los centros escolares de las 5,126 escuelas que existen en el país tienen acceso a agua potable, el resto de escuelas tienen que articular esfuerzos para abastecerse.  Por ello, sostuvo que es necesario incorporar al Ministerio de Educación en la junta directiva la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

Además, Cardona propuso la exoneración del pago de agua para las escuelas. “Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho al agua de nuestros niños y nuestros jóvenes estudiantes, sus padres y los docentes. Por ello estamos proponiendo la posibilidad de exonerar a los centros educativos del pago del agua”, pidió el funcionario en la sexta reunión de la comisión, el pasado 26 de agosto.

Además del Ministerio de Educación, fueron convocados los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda, Turismo, Gobernación y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que, dentro del proyecto de ley, forman parte de la junta directiva de la ASA, que será la encargada de la gestión integral del agua y de dar permisos a las empresas para extraer el agua con fines industriales y agroindustriales.  El Ministerio de Turismo y Vivienda no llegaron.

También fueron llamadas otras instituciones -que no tienen participación dentro de la ASA- como es  la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

El Procurador adjunto para la Defensa de los Derechos al Medio Ambiente, José Sandoval, dijo a los diputados que la ley debe de tener un asidero constitucional y, por tanto,  es necesario ratificar el derecho humano al agua y al saneamiento, una demanda que lleva más de 13 años esperando respuesta por parte de la Asamblea.

 

En tanto, el procurador adjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Luis García, también expuso la postura de la PDDH ante la propuesta del gobierno de dar autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos por plazos de hasta 15 años.

"Nos oponemos a las concesiones a perpetuidad debido a que se estaría priorizando el recurso hídrico hacia la explotación comercial y se estaría privando el uso doméstico”, sostuvo García.

Privatización

Los titulares de las diferentes instituciones del gobierno insistieron en que la ley no contempla la privatización del agua. 

El ministro de Medio Ambiente, Fernado Lopéz, aseguró que el sector empresarial no formará parte de la Junta directiva de la ASA. “El agua es un derecho fundamental del ser humano y la ley lo reconoce. Está claramente estipulado que la participación únicamente es de la gente, no va a haber participación del sector privado para la toma de decisiones”, dijo. 

El ministro también añadió que la propuesta de ley contempla la participación ciudadana porque, según él, en el artículo 68 se contempla que cualquier persona puede presentar un requerimiento de oposición técnica y legalmente fundamentado para poder evaluar si el proyecto es viable o no. Además explicó que la participación ciudadana es parte de la Ley de Medio Ambiente en artículo 25. 

En la práctica, a pesar de contar con estos mecanismos, las personas defensoras experimentan dificultades al momento de construir una oposición técnica y legal frente a los proyectos que pretenden instalarse en las comunidades. De la misma manera, los resultados de la consulta pública contemplada en la Ley de Medio Ambiente no son directamente vinculantes, pues según la ley las opiniones emitidas por el público deberán ser ponderadas por el ministerio.

Por su parte, los representantes de los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura aprovecharon el espacio para publicitar los grandes proyectos de estas carteras de Estado. “No solo estamos trabajando en la construcción de obras nuevas sino que también estamos tratando de trabajar para el cuido del medio ambiente. Incluso, creamos un programa que se llama MOP Verde. La idea de este programa es poder contribuir al medio ambiente y se han destinado recursos importantes para poder realizar diferentes acciones”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

"Desde el Ministerio de Obras Públicas todos los proyectos que se quiera hacer en el presente o en el futuro siempre va a primar que los recursos naturales y los recursos hídricos sean prioridad sobre cualquier proyecto. Y esto se va a garantizar con esta ley",  dijo  el ministro. En contraste con las declaraciones del funcionario,  existen proyectos del MOP que amenazan áreas naturales protegidas como la construcción de la rampa vehicular en El Espino-Bosque Los Pericos.  

Tanto el presidente de la ANDA, Rubén Alemán, como la Ministra de Vivienda, Michelle Sol,  pidieron definir las facultades de los operadores de agua potable. La ministra Sol aseguró que por la falta de regulación de las juntas de agua se han lucrado del recurso hídrico. “Podía ver como en las comunidades de escasos recursos, las juntas de agua se tomaban la atribución que ellos querían. Cobraban $8.00 mensuales a cada familia y ni siquiera había un control para verificar la calidad de esa agua”, sostuvo.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa sugirió definir de manera clara los lineamientos del subsector hidroeléctrico y revisar la cantidad de agua designada para el caudal ambiental. De la misma manera los funcionarios expusieron la importancia de establecer una política energética.

La diputada del FMLN Dina Argueta preguntó a los representantes del CEL cuál es la posición frente a los proyectos como la octava hidroeléctrica en el Río Sensunapán, ya que ellos serán parte de la ASA. “¿Autorizar la represa o ponerle interés a la población?”, cuestionó la diputada.   

Los funcionarios de la CEL respondieron que no tenían conocimiento de todos los proyectos que se proyectan instalar.  “Lo que se va trazar en este momento es una política energética en donde se va a decidir si es conveniente hacer una planta de este tipo porque hay otras infinidad de tecnologías para cuidar el medio ambiente como la fotovoltáica, la eólica”, contestó el ingeniero Juan Carlos Rosales.  

La presidenta de la comisión, la diputada Sandra Martínez, dijo conocer la problemática de la instalación de la octava represa hidroeléctrica en el Río Sensunapán y los impactos ecológicos del proyecto Valle El Ángel. La diputada presidenta argumentó que estos problemas fueron heredados por las administraciones pasadas y se comprometió a darles seguimiento. 

Reducción de la zonas de protección

Los representantes del MAG también retomaron la propuesta de los ingenios azucareros de reducir la zona de protección de las riberas de los ríos. 

“Creemos que delimitar las fronteras agrícolas en relación a las cuencas hidrográficas es urgente y esa delimitación no solo es agrícola sino debe ser de carácter político, congruente e institucionalmente. Desde el punto de vista de ordenamiento territorial tenemos que delimitar fronteras agrícolas, tal como lo decían los cañeros”, sostuvo Alex Hasbum, asesor ambiental del ministerio.

Sobre este tema, las organizaciones ciudadanas propusieron en propuesta de ley general de agua 2012  y en la ley ciudadana que a fin de proteger adecuadamente la cantidad y calidad del agua, el MARN  estableciera zonas de protección de los 300 a 400 metros alrededor de las riberas.  En tanto,  la propuesta de Ley General de de Recursos Hídricos del gobierno, en el artículo 108,  disminuye esas zonas de protección a al menos 50 metros en las riberas.  

Los ingenios azucareros pidieron revisar ese artículo y disminuir a 10 metros las zonas de protección “considerando que las propiedades agrícolas en el país están muy segmentadas y son muy pequeñas”. “Creemos que debería ser muy congruente con la realidad nacional y establecer límites de al menos 10 metros” propusieron los representantes de los ingenios azucareros Central de Izalco y Central La Cabaña.

A diferencia de anteriores reuniones, la llegada de funcionarios a  la comisión ad hoc despertó mayor interés en los diputados. Después de cada participación las y los legisladores se mostraron atentos incorporando elementos de retroalimentación a lo expuesto. También, fue usual que los diputados le pidieran opinión a los ministerios sobre la vinculación que sus instituciones tendrán con la ley de agua. 

Con esta reunión finalizó el proceso de consulta y a partir del  jueves 2 de septiembre inicia la discusión del articulado de la ley. La diputada Martínez declaró que esta nueva fase de la discusión de la ley será participativa, transparente e incorporarán las propuestas de los sectores escuchados por la comisión. 

Más de 40 organizaciones sociales, iglesias y academias presentaron a la comisión ad hoc un documento unificado que contiene las observaciones y las propuestas de estos sectores para que la ley garantice un enfoque integral de derechos humanos. 

Las organizaciones han pedido cambiar el enfoque mercantilista de la ley a un enfoque ecologista en donde se promueva el cuido y protecciones de los bienes comunes. Este sector acepta que la ley, de forma enunciativa, reconoce el derecho humano al agua pero afirman que el articulado también deja vacíos que deben ser modificados para que se garantice este derecho.