El Salvador, al igual que otros países de la región, transita por un contexto complejo, en el que la incertidumbre, la inseguridad –no solamente pública-, la censura, la persecución y las arbitrariedades en el ejercicio del poder encuentran su realización en el día a día. Todo este cuadro de achaques tiene como fuente originaria la actual crisis del sistema de partidos y el debilitamiento paulatino de las diversas instituciones que integran el Estado moderno. Esta crisis, como en repetidas ocasiones ha sido afirmada por diversas opiniones, ha sido aprovechada por Bukele.

En definitiva, esta crisis del sistema se ha ido desarrollando sosegadamente, pero siempre en línea ascendente, alcanzando su desembocadura con el triunfo absoluto de Nuevas Ideas, adoptando un rol de partido hegemónico en el ejercicio de las funciones que componen el poder institucionalizado. Este acaparamiento se ha ido consolidando de manera fraccionada, siendo el primer paso el día 1 de junio de 2019 –toma de la Presidencia por parte de Nuevas Ideas y el día 1 de mayo de 2021 –la bancada Cyan se posiciona como bancada superior a las demás y, asimismo, ocurrió la usurpación de las Magistraturas de la Sala de la Constitucional por parte de abogados simpatizantes de Nuevas ideas-.

Con estos pasos, Nuevas Ideas o, mejor dicho, Bukele ha acaparado todo: tiene control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial; recordando a los tiempos en los que un único sector reducido controlaba al Estado (1930-1979). Las consecuencias de esto es que el poder se desvía, pierde su rumbo y, en lugar de responder a la seguridad del país y a la satisfacción de los intereses y expectativas de vida de todas y todos; lo que ocurre es lo contrario: todo el aparataje estatal canaliza su accionar a la fabricación de condiciones para deleitar los fetiches, deseos y ansias de un solo individuo. Esto, sobradamente, la historia de los Estados  Modernos lo prueba.

En este sentido, en el fondo, es un resquebrajamiento del Estado, una desnaturalización de las instituciones nominadas en la Constitución. Y es que son evidentes las anomalías en las que todas las instituciones esenciales del Estado han incurrido. De forma breve, podemos afirmar que, en el caso del Órgano Ejecutivo, Bukele ha hecho de la Fuerza Armada una institución protagonista en toda adversidad que ha enfrentado su mandato; influye desvergonzadamente en las funciones de las demás instituciones del Estado, y no solamente las fundamentales, sino que, también, en instituciones autónomas como el Instituto de Acceso a la Información Públic. Asimismo, ha intentado jugar el papel de máximo intérprete de la Constitución, como si fuese la Sala de lo Constitucional.

En lo que respecta al Órgano Legislativo, tal y como lo afirmé en un artículo de opinión personal anterior, se le ha quitado una de las características que conforman la esencia del mismo, que es el debate público, la contradicción de intereses de las mayorías y las minorías; la confluencia y exposición de diferentes corrientes del pensamiento político y filosófico que se materializan mediante la ficción de la representatividad parlamentaria del pueblo. En otras palabras, la actual Asamblea Legislativa no discute, no parla, no respalda sus opiniones con base en informes de expertos; únicamente se dedica a apretar el botón para aprobar toda iniciativa que provenga del Presidente de la República; por lo que es palpable la injerencia de este último en todo el accionar de la Asamblea Legislativa.

En lo que merece el Órgano Judicial –especial y particularmente a la Sala de lo Constitucional-, se le ha herido una de las máximas garantías de la función de administrar justicia, la independencia judicial, que consiste, básicamente, en la no interferencia de cualquier entidad o influencia en la toma de decisiones judiciales. Esta independencia judicial cayó desenfrenadamente con la usurpación de la Sala de lo Constitucional que hiciera Bukele el 1M.

El ejemplo más claro de la cooptación de la Sala de lo Constitucional lo constituye la reciente resolución de sobreseimiento referencia 1-2021, la cual trata sobre la pérdida de derechos de ciudadanía. Esta resolución que permite la reelección presidencial cae en lo absurdo, en la pobreza argumentativa jurídica, puesto que el mayor fundamento de la misma es la voluntad del pueblo, el cual es un término demasiado abstracto y que, además, deja más dudas que respuestas sobre el procedimiento de interpretación realizado para llegar a afirmar que la Constitución permite la reelección presidencial; asimismo, vulnera el principio de congruencia y la Constitución misma.

Todo este abuso de poder, este acaparamiento de todas las funciones en las que se divide el poder mediante las instituciones constituidas, la corrupción inescrupulosa, la censura, la persecución a críticos, la violencia, la represión, las arbitrariedades, el saqueo y prácticas cleptómanas han tenido un discurso justificador que tiene como fuerte el uso de “Dios” y de la “Voluntad del Pueblo o Soberano”. Discurso que, a la actualidad, ya no resulta ser tan efectivo.

De momento, aún y cuando este discurso pierde fuerza, lo cierto es que Bukele, poco a poco, ha ido implementando y consolidando su proyecto de hacerse del poder de manera absoluta, de acaparar todo, de forma que no existan zonas grises que puedan perjudicar sus diversos intereses. Y es que no está de menos recordar que, ahora que la estructura formal del Estado ha sido poseída, sigue la Constitución, sigue el espacio cívico, los espacios de participación comunitaria y cualquier otro sitio o entidad que pueda representar alguna forma de poder.