Bitácora ambiental

Juez pide pruebas en el caso contra defensores del agua en Ahuachapán

La Fiscalía deberá presentar las pruebas en las que sostiene la acusación contra siete defensores del agua en la Hacienda La Labor, en Ahuachapán. Entre la documentación solicitada por el juez de instrucción están: actas, libros de novedades, resoluciones y vídeos.

Familiares de defensores del agua en la Hacienda La Labor. Foto/Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

El Juzgado de Instrucción del departamento de Ahuachapán ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas documentales y de vídeo para el proceso judicial contra siete defensores del agua de la Hacienda La Labor. Los implicados son acusados por la Fiscalía del delito de “ocupación violenta de espacios comunales, habitaciones o de trabajo” porque supuestamente entraron violentamente a los terrenos de la empresa Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. La acusación se dio luego de que las comunidades denunciaron la extracción de agua que hacía Fénix sin tener permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

Por este caso, Rosa Miriam Cinco, José David Miro Escalante y Jorge Alberto  Zúniga Artero, este último agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados el 25 de noviembre del año pasado y por órdenes del Juzgado Segundo de Paz se mantienen en prisión preventiva, por tres meses, a la espera de la audiencia preliminar, según dictaminó el juez de esa instancia en la audiencia inicial del 29 de noviembre de 2021. Además, el juez decidió que los otros cuatro implicados: Érika Rosmeri Solorzano de Guerra, Kevin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero continúen el proceso judicial con medidas sustitutivas. 

A un a mes y 15 días de esa resolución, el juez de instrucción ordenó a los fiscales del caso, Keyllin Hernández y Wilfredo Colon Pacheco, presentar actas, libros de novedades, resoluciones y videos sobre los hechos ocurridos entre los días 26 y 28 de octubre del año pasado en el Caserío el Arco, Cantón San Lázaro, cerca de la Hacienda La Labor, según detalla un escrito de fecha 13 de enero de 2022, al que tuvo acceso GatoEncerrado. 

Entre las diligencias requeridas por el juez están: solicitar a la División de Medio Ambiente de la PNC la certificación del acta del 26 de octubre levantada en un terreno del caserío El Arco, cantón San Lázaro, para corroborar las irregularidades en la Hacienda La Labor; la certificación del libro de novedades del puesto policial de La Labor, de fecha 26 y 27 de octubre, para corroborar que los agentes atendieron el llamado de la comunidad; la certificación del acta del 27 de octubre levantada por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía, con sede en Santa Ana, para establecer que las acciones realizadas por la empresa fueron advertidas y del conocimiento de agentes fiscales; la certificación de la resolución del Juzgado de Medio Ambiente de Santa Ana en la que decreta medida cautelar de suspensión de forma inmediata de cualquier actividad relacionada a la explotación del agua; y la certificación del acta de citación de la Unidad de Patrimonio de la fiscalía. Asimismo, ordenó la incautación y descarga del contenido de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera Texaco “El Carmen” del día 26 de octubre, entre las 7 y 11 de la mañana. 

El juzgado de instrucción dio hasta el 11 de marzo de 2022 para que la sede fiscal de Ahuachapán presente la documentación requerida para la siguiente etapa del caso de los defensores de La Labor.

La abogada y experta en litigio ambiental, Alma Sánchez, indicó que la petición hecha por el juez de instrucción a la fiscalía es normal en los procesos judiciales. 

“El sistema de investigación penal es indiciario. En la audiencia inicial se necesita un asomo; es decir, indicios. No se necesitan pruebas más contundentes. La fiscalía presenta un requerimiento un poco “ligth”, luego viene el juez, revisa y dice: le ordenó que investigue A, B, C o D. Eso es lo más normal”, dijo Sanchéz a GatoEncerrado.

El Caso 

La historia detrás del proceso judicial inició el 25 de octubre de 2021 cuando las comunidades  denunciaron públicamente a la empresa Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., porque estaba extrayendo agua sin tener permisos del MARN y de la ANDA. Ese día escaseó el agua en las casas de las familias de La Labor, El Llano de Doña María, El Javillo, San Lázaro y Pega Pega. En total, se contabilizaron 22,000 familias afectadas, según dijeron los líderes comunitarios. 

La extracción de agua es para el proyecto habitacional “Residencial Eco-Terra Hacienda”, una residencial de 1,764 casas de lujo que pretende construir Fénix. El proyecto urbanístico se encuentra en la etapa de “evaluación” en el MARN y ha sido clasificado bajo la categoría “impacto ambiental alto” ; es decir: los impactos al medio ambiente son de gran extensión, irreversibles, permanentes, acumulativos y sinérgicos. 

El 26 de octubre, un día después de las denuncias, la empresa envió a una veintena de agentes de seguridad privada para resguardar el equipo de extracción y custodiar la propiedad. Tras la presión de las comunidades, la empresa decidió detener la extracción de agua y retiró la maquinaria. Sin embargo, ese mismo día el apoderado legal de la empresa, Raúl Armando Zaldaña Calderón, interpuso una denuncia en contra de los siete defensores por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitaciones o de trabajo.  

El 27 de octubre, dos días después de los hechos ocurrido en La Labor, el jefe de la Unidad de Patrimonios de la fiscalía, Juan Carlos Chinchilla, citó a los siete defensores denunciados para una reunión con representantes de la empresa Fénix. En esa ocasión, según comentó uno de los implicados a GatoEncerrado, el apoderado legal de Fénix les dijo a los implicados que les podían retirar la acusación a cambio de convencer a la comunidad que firmara una autorización para la explotación del agua. Dijo que no aceptaron. 

La  madrugada del jueves 25 de noviembre, alrededor de las 12:30 de la madrugada, unos 40 agentes de la PNC llegaron a las casas de los líderes comunitarios en la Hacienda La Labor para capturarlos. Familiares de los tres defensores detenidos relataron a GatoEncerrado que el procedimiento fue ilegal, porque no les explicaron con detalles las razones por las que fueron capturados.