Por Xenia Oliva
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el martes 26 de abril detuvieron a 1,405 personas junto a la Fuerza Armada a escala nacional. En total ya son 19,720 personas arrestadas desde el 26 de marzo.
El martes 26 de abril, junto a la @FUERZARMADASV capturamos a 1,405 terroristas en todo el país.
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 27, 2022
Desde que inició la #GuerraContraPandillas, hemos sacado de las calles a 19,720 criminales. pic.twitter.com/mrneRll9jI
A partir del domingo 24 de abril, la PNC y la Fuerza Armada han estado deteniendo a más de mil personas a escala nacional. Previamente, el promedio era de aproximadamente 573 al día.
De acuerdo al relato de distintos familiares de detenidos, muchos han sido llevados a centros penales como el de Ilopango e Izalco incluso antes de que tengan la audiencia inicial.
Amnistía Internacional advierte que régimen ha creado la “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”
#ElSalvador: El estado de excepción instaurado por @nayibbukele ha creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos
— Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) April 25, 2022
Nuestro comunicado 👉🏾https://t.co/4EV4m2zSFw pic.twitter.com/66txIObk5t
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso se preocupación ante la situación generada por el régimen de excepción en El Salvador, señalando cómo los derechos de la población salvadoreña han sido pisoteados.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.
Guevara Rosas también señaló cómo los niños y niñas de 12 a 16 años pueden ser condenados hasta 10 años de prisión. Hizo un llamado al gobierno a “cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional”.