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Régimen paraliza la lucha ambiental
La defensa y protección del medio ambiente en los territorios se ha detenido tras la implementación del régimen de excepción por el gobierno del presidente Nayib Bukele. GatoEncerrado habló con ocho líderes comunitarios que contaron que han detenido la organización, protesta y proyectos por temor a ser capturados y vinculados con las pandillas.
Por Marvin Diaz
El régimen de excepción, implementado por el gobierno de Nayib Bukele para enfrentar las pandillas, ha limitado el trabajo y la lucha ambiental de asociaciones comunitarias y líderes ambientales en San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán y San Vicente, por temor a ser criminalizados y capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES). Según relataron a GatoEncerrado, no pueden organizarse ni salir a protestar en contra de empresas que depredan sus bienes naturales e instituciones gubernamentales y municipales permisivas, tampoco pueden hacer reuniones para educar a los afectados y defender sus fuentes de agua, sus tierras y sus bosques.
La lucha contra el basurero
Un basurero ubicado en el cantón Salinas de Ayacachapa, del municipio de Cuisnahuat, Sonsonate, está afectando la salud y contaminando las fuentes de aguas de los habitantes de ese lugar y de cantones aledaños como San Lucas.
“Se han muerto más de 60 personas por insuficiencia renal y diabetes. Hay alergias, gripes agudas y diarreas. Hay contaminación de las aguas. Nosotros tenemos pozos y, según decían, las aguas tenían plomo”, relató Saturnino Hernández Valencia, presidente de la Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco), del caserío Las Marías, una comunidad donde viven 453 personas.
Según Valencia, llevan 22 años sufriendo por la contaminación ambiental y mal olor que provoca el relleno sanitario, propiedad de la alcaldía de Sonsonate y administrado por una empresa privada.
Explicó que las aguas lixiviadas (agua residuales) que descarga el botadero van a parar al río Pululuya, principal fuente de abastecimiento de las comunidades. Tanto es la afectación que los peces, los chacalines y cangrejos están muriendo; incluso, la contaminación desemboca hasta la entrada del mar en Barra Salada.
“Las medidas de excepción nos han afectado en nuestro trabajo territorial. Teníamos algunas actividades programadas, pero como el gobierno está poniendo más leyes, verdad, nos hemos quedado estancados y no nos hemos podido reunir”, lamentó Valencia.
Los presidentes de las Adescos y líderes comunitarios, organizados en Asamblea Popular de Cuisnahuat, suspendieron las reuniones desde el domingo 28 de marzo, un día después de la entrada en vigencia del régimen de excepción.
El día 10 de abril, las comunidades tenían planificado una reunión para hablar sobre la situación de la contaminación del basurero y denunciar las afectaciones en las comunidades; además de buscar fondos para realizar estudios de agua.
“Si a uno lo ven reunido con un puño de gente ya lo estan tildando que son reuniones de terrorismo. Ese es el problema que tenemos. En esa área nos está afectando esta ley”, sostuvo una lideresa de la Asamblea Popular de Cuisnahuat.
Las personas del lugar también se sienten abandonadas por las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Fiscalía General de la República (FGR), las alcaldías de Cuisnahuat y Sonsonate y el Juzgado Ambiental de Santa Ana.
“En la Fiscalía pusimos una denuncia el año pasado, en 2021. No han resuelto nada. También se puso una denuncia en la fiscalía de medioambiente de Santa Ana y la jueza resolvió en contra de nosotros y a favor de la empresa”, expresó Juan Mateo Hernández, un líder del caserío Vista Hermosa, donde dijo que viven un aproximado de 60 familias.
Sobre el caso, el 11 de diciembre de 2019, el Juzgado Ambiental de Santa Ana resolvió que no impondría medidas cautelares en contra de la alcaldía de Sonsonate porque era necesario conocer las gestiones que había realizado la comuna para cumplir los requerimientos del MARN, relacionados con una fianza de cumplimiento ambiental y un formulario ambiental.
El juzgado, además, recomendó tomar acciones para evitar que las pilas de lixiviados rebasen en época de invierno y que se derrame basura en las calles internas y drenajes de agua lluvia. También, pidió colocar plantas arbóreas para que sirvan de barrera y rótulos indicando de la existencia del relleno sanitario y fecha de inició para que la gente no argumente desconocimiento.
Entre los años del 2000 y 2001, el MARN otorgó el permiso a la alcaldía para el funcionamiento del basurero. Durante este tiempo, la planta ha sido administrada por diversas empresas, entre esas la Coordinadora y Asesora de Proyectos Sociedad Anónima (CAPSA). Actualmente, el relleno es administrado por la empresa Calissen, aseguraron tres líderes comunitarios de Cuisnahuat.
La Labor tuvo que callar
Los habitantes de la Hacienda La Labor, en el departamento de Ahuachapán, no pudieron alzar la voz para pronunciarse contra el Ministerio de Medio Ambiente por la entrega del permiso ambiental de “ubicación y construcción”a favor de la Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., para la construcción de la residencial Eco-Terra Hacienda.
El permiso se dio a pesar de que la misma institución lo calificó inicialmente como un “proyecto con impacto ambiental potencial moderado o alto” y de que la constructora extrajo agua sin los permisos correspondientes.
Las personas que viven en la Hacienda La Labor y caseríos aledaños consideran que el MARN aprovechó el contexto de las medidas del régimen de excepción para autorizar la ejecución del proyecto urbanístico el 31 de marzo de 2022, cuatro días después que la Asamblea Legislativa suspendió las garantías constitucionales de los salvadoreños.
“Todo estaba planeado. Dan el permiso cuando la gente no puede decir y hacer nada”, dijo a GatoEncerrado una habitante de la comunidad.
Los pobladores temen ir a la cárcel o que la empresa tome represalias con los habitantes de La Labor, como ya pasó con siete con defensores que enfrentan un proceso judicial.
“Las medidas de excepción nos han afectado. No podemos movilizarnos para defender nuestra agua. Si nos miran en aglomeración nos pueden detener. Ese es el problema”, dijo una de las lugareñas.
El pasado 22 de abril, la comunidad tenía planificado pronunciar su rechazo contra el proyecto urbanístico en una actividad que había programado el ministerio, donde notificarían a los pobladores de La Labor sobre la aprobación del permiso ambiental.
La única acción realizada por las comunidades fue hacer público un comunicado en donde denuncian la falta de transparencia del MARN y la empresa Fénix tras la aprobación del permiso ambiental. También, señalaron las irregularidades de una supuesta consulta pública que hizo la empresa en la Hacienda La Labor.
Policía detiene taller de educación ambiental
Eran las 10 de la mañana, del 2 de abril, en una comunidad de Nejapa, al norte de San Salvador. En una modesta casa estaban reunidos jóvenes, adolescentes y mujeres, que habían llegado para participar en un taller de educación ambiental comunitario.
La agenda incluía temas de soberanía alimentaria, la crisis de agua, los impactos del cambio climático y la separación de la basura. De repente, cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en la casa y comenzaron a interrogar a las personas.
“¿Qué hace aquí? ¿Por qué están reunidos? ¿No saben que estamos en régimen de excepción?”, fue parte del interrogatorio que hicieron los policías a los encargados del taller, según relató una vocera de la organización de Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (Racdes).
Dijo que intentaron explicarle a los agentes que estaban desarrollando un taller de educación ambiental; sin embargo, no escucharon razones y suspendieron el taller, que estaba dirigido para al menos 30 personas, entre ellos 15 jóvenes, de la comunidad.
“Es un proceso de tres meses donde trabajamos la conciencia y la sensibilización ambiental. Es un proceso de dos encuentros, con 12 talleres, entre ellos: ecología, derechos del medio ambiente, soberanía alimentaria, crisis del agua, impactos del cambio climático y la separación de los desechos sólidos”, explicó la representante de Racdes.
Racdes además detuvo otros talleres de educación ambiental en el municipio de Ciudad Arce, en la Libertad. “Decidimos suspender para no exponer a los líderes y a los beneficiarios”, dijo.
Daños colaterales en proyectos
El régimen de excepción también está limitando el trabajo de organizaciones sociales para desarrollar proyectos de agroecología, gallinas ponedoras y talleres de formación, según contaron dos lideresas de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán.
Una de las lideresas, quien tiene 24 años de trabajar con comunidades en Ahuachapán, relató a GatoEncerrado sobre los constantes interrogatorios a la que es sometida cuando ella se dirige a monitorear 40 proyectos de huertos colectivos y familiares.
“Yo viajo de una comunidad a otra y varias veces la Policía me ha detenido. Yo viajo porque monitoreo los huertos de las comunidades. Las medidas de excepción no le ha permitido realizar el trabajo territorial con más libertad”, contó.
La lideresa agregó que las medidas del régimen de excepción le imposibilita reunirse con los habitantes beneficiarios del proyecto de agroecología, que en su mayoría son personas que viven en comunidades rurales.
“Afecta a los beneficiarios. Las personas más pobres nos hacen preguntas como: ¿Qué podemos hacer con los huertos?, ¿Qué nos recomiendan? Eso no se está haciendo. Para eso hay que reunirlos para darle el asesoramiento”, explicó la lideresa.
Situación similar están pasando las comunidades del municipio de Cuisnahuat, en Sonsonate. El régimen de excepción detuvo un proyecto de granjas de gallinas que iba dirigido a más de 50 mujeres y que empezaría en abril de este año.
“Con la gente que tiene necesidad no podemos hacer nada por ellos. Incluso, íbamos hacer un diagnóstico de cómo estaba la gente para que pueda recibir el proyecto. Eso no hemos logrado hacer porque no hay papeleo del diagnóstico por toda la situación en la que estamos”, lamentó una integrante de la Asamblea Popular de Cuisnahuat.
Además, el régimen ha limitado el trabajo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes). La organización ejecuta proyectos de memoria histórica, defensa ambiental e incidencia comunitaria en siete departamentos del país.
Lorena Martínez, presidenta de Cripdes, explicó a GatoEncerrado que las medidas de excepción no les ha permitido desarrollar un mural de memoria histórica en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Además, denuncian la persecución y difamación de un líder comunitario de ese mismo municipio.
