Las capturas masivas de personas sospechosas por pertenecer a las pandillas durante el régimen de excepción, implementado por el gobierno de Nayib Bukele, han llevado a El Salvador del cuarto al primer lugar a escala mundial de personas privadas de libertad. El sistema penitenciario salvadoreño ya tenía hacinamiento, lo cual habría empeorado las condiciones en los centros penales.
El Salvador pasó a ser el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo, sobrepasando a los Estados Unidos casi al doble en términos de población en centros penales por cada 100,000 habitantes. Así lo expuso Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el pasado 2 de junio, en la presentación de un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el país.
Guevara Rosas aseveró que El Salvador pasó de tener una tasa de 609 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes a una de 1,164 por cada 100,000.
“Lo que significa que el 1.7 % de la población mayor de 18 años está tras las rejas”, expresó Guevara Rosas. Con esta cifra se superó con creces la tasa de Estados Unidos, de 639 por cada 100,000 habitantes.
Según World Prison Brief, con datos actualizados hasta octubre de 2021, Estados Unidos ocupaba el primer lugar del listado a escala mundial. Para ese entonces, El Salvador estaba en el cuarto lugar en el mundo con la mayor tasa de población en centros penales, con 564 privados de libertad por 100,000 personas. En ese momento, el total de privados de libertad reportados era de 36,663.
Al cierre del viernes 3 de junio, la cantidad total de personas detenidas es ya de 36,906, de acuerdo a la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es decir que ya duplica la cifra inicial de privados de libertad a escala nacional.
#Seguimos sacando de las calles a más terroristas.
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) June 4, 2022
No nos vamos a detener en esta #GuerraContraPandillas hasta limpiar por completo nuestro país. pic.twitter.com/veThObSgdY
Guevara Rosas señaló que la situación de hacinamiento ahora es inimaginable. Expresó que miles de personas están siendo detenidas sin que exista una orden de aprehensión o situación de flagrancia. Guevara Rosas, quien vino a El Salvador para presentar la investigación elaborada por un equipo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional, expuso que en los casos reportados vieron casos de detenidos por acusaciones anónimas, por sesgos discriminatorios, por haber denunciado en el pasado abuso policial o, simplemente, por vivir en una zona controlada por pandillas. También han visto casos de personas detenidas por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo o por tener un familiar pandillero.
El pasado 3 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, a pesar de que El Salvador ha implementado un régimen de excepción, las personas deben tener garantías judiciales, ya que es obligación del Estado respetar la vida y la integridad, “para impedir la desaparición forzada y brindan, a su vez, una protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Durante su visita in loco en 2019, la CIDH ya se había pronunciado por las condiciones deplorables en las que se encuentra el sistema penitenciario salvadoreño, la cual se habría agravado durante el régimen de excepción. Con información de organizaciones de la sociedad civil, la CIDH indicó que la situación de los centros penales se caracterizan por “hacinamiento, negligente atención médica, alimentación insuficiente ante la reducción de alimentos, ausencia de contacto con el mundo exterior causada por la suspensión de visitas y llamadas, y empleo de malos tratos tales como golpizas y uso de gas pimienta”.