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“Lamentamos grandemente que el Estado salvadoreño no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país. Las víctimas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura parece que deberán seguir esperando la respuesta del Estado ante estas injusticias”, expuso Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, al inicio de la audiencia pública sobre la situación de Derechos Humanos y Estado de Derecho en El Salvador convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH es una entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana y relatora para El Salvador, informó que el 22 de junio, el Estado salvadoreño envió una nota declinando su participación en la audiencia, pese a que se le había comunicado con antelación. Mantilla lamentó la ausencia del Estado, al igual que otros comisionados de la CIDH.
“Creo que es extremadamente preocupante la ausencia del estado en esta audiencia. Pero también la veo como una indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que mucho lamentamos”, expuso Joel Hernández, relator de la CIDH.
“Lamentable que en esta audiencia no esté presente el Estado. Es una oportunidad que permite no solo escuchar la información de la sociedad civil sino permite visibilizar y escuchar la información institucional”, añadió Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH.
Mantilla expuso también su preocupación ante las reiteradas prórrogas al régimen de excepción, sin que se vea una conclusión.
“La excepción se vuelve regla”, señaló.
Organizaciones reportan 52 muertes al interior de centros penales
Durante la audiencia, 13 organizaciones de la sociedad civil expusieron los impactos del estado de excepción en el país.
Zaira Navas, de Cristosal, señaló que el hacinamiento, la tortura y los tratos crueles inhumanos han provocado la muerte de al menos 52 personas detenidas bajo custodia del Estado, en el período del 27 de marzo al 21 de junio.
“Los casos documentados por las organizaciones presentes evidencian que las personas fueron sometidas a violencia extrema por las mismas personas detenidas y por agentes estatales”, dijo Navas.
Señaló que también hay casos en los que no reciben atención médica y omisión de las autoridades penitenciarias ante la violencia infligida.
“Por lo que podríamos estar ante ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. No se han abierto las investigaciones respectivas para dilucidar las responsabilidades por estas muertes bajo custodia del Estado”, expuso Navas.
Añadió que entre todas las denuncias recibidas por las organizaciones civiles, más del 90 % de las situaciones denunciadas se refieren a detenciones arbitrarias masivas durante el régimen de excepción.
Durante la audiencia compartieron el relato de un joven que fue detenido el 18 de abril cuando regresaba a su casa después de haber ido a comprar tortillas. Él denunció cómo fue acusado injustamente con el delito de agrupaciones ilícitas y llevado a Mariona. Describió cómo les daban solo dos tiempos de comida, a veces la comida parecía que estaba a punto de arruinarse. Dijo cómo en una sola celda había alrededor de 70 personas, que de ellos alrededor de 30 o 40 pertenecían a pandillas, mientras el resto eran estudiantes, agricultores o albañiles. Durante su internamiento vio cómo sacaron el cuerpo de dos personas. Además, se enfermaron y no les dieron ningún tipo de atención.
Las organizaciones expusieron cómo muchas de las detenciones se producen en comunidades empobrecidas y se está ante una situación grave de discriminación.
“Antes no desconfiaba de las autoridades de mi país, ahora veo una patrulla y siento miedo”, expresó el joven.
