Bitácora del régimen | Día 129
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Por Melissa Paises
Habitantes de las comunidades El Puente, Nuevo Amanecer, San Francisco Angulo, Llano Grande, Ismendia y El Milagro, aledañas al sitio donde se está construyendo el penal en Tecoluca, San Vicente, rechazaron la megaobra y aseguraron que traerá consigo problemas sociales, productivos y ambientales que afectarán a todo el municipio, ya que “se ha ignorado el estudio de impacto ambiental”.
Balmore Escobar, representante de los veteranos de Tecoluca, señaló que los ríos, mantos acuíferos y quebradas que abastecen a estas comunidades serán contaminados por los desechos de más de 40,000 personas que estarán encerradas en el centro penal y que eso provocará que las familias de la zona y del municipio tengan menos acceso al agua y que la única agua que quede disponible estará contaminada.
“Todo el municipio de Tecoluca va a ser afectado y su cultura en sí. La pesca, la siembra de caña y pepino, los que siembran cualquier cosa usan agua del río y ahora va a estar contaminada”, expuso Escobar.
Las comunidades también dijeron estar conscientes de que el porcentaje de avance de la construcción está avanzado y “ya no hay vuelta atrás”, por eso solicitaron públicamente que en vez del penal se construya “un centro de formación para campesinos, ganaderos y emprendedores”.
“Si se pueden invertir los papeles de esa construcción, y que en vez de que nos vengan a asignar a 40 mil pandilleros acumulados en ese penal, ¿por qué no nos convierte esa construcción en una universidad para los jóvenes de San Vicente, Usulután y La Paz?”, propuso Patrocinio Alfaro, representante de los lisiados de guerra.
Las comunidades también denunciaron que no fueron consultados por el alcalde de Tecoluca, Nicolás García, sobre la construcción del penal. Criticaron que no tuvieron la oportunidad de explicar a las autoridades municipales y centrales su preocupación por la instalación del megapenal en la zona.
“Hacemos responsable al señor alcalde Nicolás Antonio García y a su partido Nuevas Ideas por haber autorizado la construcción de dicha cárcel, arrastrando a nuestro municipio a la desgracia, al narcomenudeo, la delincuencia, el crimen organizado, condenando (al municipio) a la muerte”, expusieron las comunidades en un comunicado.
Los habitantes consideraron que el tema se ha tratado de mantener “lo más escondido posible” en las reuniones del Consejo Municipal, por lo que exigen al alcalde que se pronuncie al respecto y que explique el por qué las constructoras estarán exentas del pago de impuestos, ya que aseguran que el monto ascendería a $3.2 millones.
“Es lamentable que las autoridades municipales se presten a ese juego en detrimento de los intereses de los municipios, como Tecoluca, porque con esos $3.2 millones podrían haber reparado las calles del municipio”, denunció Balmore Escobar.
