Bitácora del régimen | Día 158

Fiscal General: 17 de las muertes de privados de libertad se dieron por complicaciones de salud preexistentes

Fotografía /Emerson Flores

Por Xenia Oliva

El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que están investigando las muertes ocurridas al interior de centros penales, aunque no precisó la cantidad total de casos registrados. Además, aseguró que en 17 casos han identificado que la muerte se debió por problemas de salud que ya tenían las personas al ser detenidas.

“En la actualidad ya logramos establecer, de esa cantidad, que en 17 casos existe una tipicidad, es decir, que la muerte de esas personas se debe a complicaciones de salud, complicaciones de salud preexistentes al momento de la captura. Entonces, en ese sentido, vamos poco a poco depurando, vamos investigando con responsabilidad y de tal manera de que logremos esclarecer la mayor cantidad de casos posibles”, expresó Delgado durante una entrevista televisiva.

Delgado también indicó que, para finales de agosto, han presentado 1,1158 solicitudes de detención provisionales, que implican la presentación de cargos contra 45,849 personas. De estas, 44,978 han quedado en detención mientras que el resto siguen esperando a las audiencias. El funcionario también habló de algunos casos en los que las personas quedaron en libertad.

“Hemos dejado en libertad, con el apoyo y claro con bajo la supervisión del Órgano Judicial, a 687 personas que se ha comprobado en la primera audiencia que no tenían algún tipo de vinculación, no poseían algún antecedente, no poseían un tatuaje que los identificaba con eso por los grupos criminales y eso responde perfectamente a las críticas”, dijo Delgado, en referencia a las denuncias por detenciones arbitrarias que han aumentado mientras continúa el régimen de excepción.

Delgado aseguró que la restricción de las garantías constitucionales se ha aplicado de una “manera mesurada”. Ya que se están basando en información recolectada por la Policía Nacional Civil (PNC).  

“Es la única manera como nosotros podíamos limpiar las comunidades y de esa forma continuar con las investigaciones hasta llegar eventualmente a un proceso penal en el cual, respetando todas las garantías constitucionales y legales, eventualmente se obtenga una sentencia condenatoria en contra de cada miembro de estas organizaciones criminales”, dijo respecto al régimen de excepción.

Delgado aseguró que no iniciarán acusación contra las personas que queden libres de cargos. Además, aseveró que tras la implementación del régimen “todos los delitos han tenido una reducción del 35 %”.

El fiscal también habló de posibles nuevos cambios a las leyes.

“Durante todo este tiempo han existido 81 mil personas prófugas de la justicia a las cuales no se les puede imponer una sentencia, simple y sencillamente porque la ley que nos heredaron así lo dice. Esa es una de las correcciones, uno de los fallos que nosotros tenemos que corregir”, expuso.

Además, dijo que los menores de edad que estén ligados a las pandillas tienen que ser juzgados en los tribunales junto al resto de pandilleros.

Policía actúa con más impunidad

Durante los primeros cuatro meses y medio del régimen de excepción, del 27 de marzo al 31 de julio, distintas organizaciones sociales han recibido 3,186 denuncias de abusos de poder. La mayoría de las denuncias han sido por detenciones arbitrarias.

Solo la organización Cristosal ha recibido 2,588 casos, compuestos por 2,695 personas afectadas. El 86.3 % de las víctimas son hombres y el 59.7 % tienen entre 18 a 30 años. En ese período Cristosal también ha recibido el reporte directo por siete personas que han muerto mientras estaban detenidas.

Entre sus casos atendidos hay 213 personas con enfermedades crónicas.

La organización FESPAD también ha recibido 226 casos. De igual forma la mayoría de las denuncias son por detención arbitraria y un 89.4 % de los afectados son hombres.

El Servicio Social Pasionista ha atendido a 595 personas. Entre sus casos han conocido de 15 personas víctimas de desplazamiento forzado interno o limitación de la libre circulación.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) ha atendido a 892 personas. De estas 273 son víctimas directas del régimen, mientras que 619 son personas que fueron afectadas indirectamente a raíz de los hechos.

Además, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos ha atendido 11 casos de vulneraciones a personas defensoras de derechos humanos. Entre ellas dos mujeres trans.

La organización AMATE también ha atendido a 15 personas, entre ellas hay ocho mujeres trans y tres hombres trans.

La mayoría de los victimarios reportados para todas las organizaciones son agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, expuso que recientemente han aumentado las denuncias que reciben relacionadas a tortura o malos tratos cometidos por miembros de la PNC. En algunos casos, ocurre un maltrato previo ha decidir si se llevan a la persona detenida o no. Montti consideró que la Policía ha estado actuando con más impunidad.

Cristosal ha recibido directamente nueve casos de personas privadas fallecidas. Siete de estos casos fueron hasta el 31 de julio y el resto en agosto. Entre ellos hay una mujer fallecida estando en detención. Mientras que en algunos de estos nueve casos la muerte se pudo dar por la falta de atención médica o suministro adecuado de medicamentos, Montti dijo que en otros casos la familia ha detallado muestras de golpes en los cuerpos de las víctimas.

“La reacción del Estado con algunas de las familias han sido bastante lejanas”, lamentó Montti.

Las organizaciones también lamentaron la falta de diálogo con las distintas instituciones de seguridad pública, incluyendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El IDHUCA solía tener canales de comunicación con esta entidad, pero se ha cortado el diálogo. Además, la falta de acceso a la información estadística con casos relacionados a homicidios y desparecidos, implica que no es posible tener certeza de estos indicadores de violencia.

“Persiste la falta de comunicación de las autoridades con las familias”, añadió Héctor Carrillo, de Fespad, respecto a la situación de las víctimas de desaparición.  

Campo pagado por la Mesa Frente a la Minería