Por Karen Moreno

La organización internacional Front Line Defenders se pronunció ante “los múltiples casos de criminalización y el clima de estigmatización generalizada en contra de personas defensoras de derechos humanos” que se ha agudizado durante el régimen de excepción implementado en El Salvador y prorrogado, hasta la fecha, por seis meses.

La organización con sede en Dublín, Irlanda, emitió un comunicado el pasado 14 de septiembre para exponer el caso de Alfredo Zetino Santos, un defensor de derechos humanos y líder Nahuat Pipil, originario del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, quien fue capturado el 17 de julio de este año mientras se encontraba en su hogar.

“Después de cinco horas, las autoridades dejaron en libertad a Alfredo Zetino Santos debido a la presión social que hubo de la comunidad, sin que fuera formalmente notificado por los motivos de su detención”, detalló Front Line Defenders. En el comunicado, la organización agregó que también fueron capturados cinco hijos de Alfredo, “sin  pruebas y sin antecedentes criminales”.

Según el pronunciamiento, el 23 de mayo de este año también fue detenida la defensora de derechos humanos Elsa Sandoval García, mientras se encontraba en su hogar en el cantón El Jícaro, municipio de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán. Elsa ha trabajado en la Asociación de Desarrollo Comunal de su localidad (Adesco) y a favor de los derechos de la niñez; sin embargo, debido al régimen de excepción se encuentra detenida en el Centro Penal Apanteos, en Santa Ana. 

“La defensora fue detenida bajo el pretexto de que habían hecho una denuncia anónima en su contra”, denunció Front Line Defenders y agregó que también fueron detenidos su padre y sus hermanos cuando se dirigían a trabajar en una finca.

El caso de Esmeralda Beatriz Rodríguez de Peña también fue expuesto en el comunicado. Esmeralda es una líder comunitaria que fue capturada en el municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Ha trabajado en la Adesco de su comunidad.

“En particular ha trabajo sobre el derecho a la verdad y a la memoria histórica ya que es sobreviviente de la masacre de La Quesera ocurrida en 1981 a manos de la Fuerza Armada. Hasta el momento las autoridades se han negado a informar a sus familiares sobre acusaciones en su contra”, señaló la organización defensora de derechos humanos.

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades correspondientes de El Salvador a detener las detenciones arbitraras y la estigmatización hacia personas defensoras de derechos humanos, y “que reconozcan la importancia de su labor de defensa de derechos humanos y del medio ambiente”.