Lácteos de El Salvador: desinformación y fracaso
noviembre 10, 2025
Justiciómetro
La Asamblea de Bukele también abandonó a las víctimas del conflicto armado
La actual Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Nayib Bukele, ha tenido la oportunidad de aprobar sin obstáculos y por ser mayoría una ley de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado. Pero, como las anteriores legislaturas, ha abandonado a las víctimas y ha dejado que los victimarios gocen de la impunidad. La última vez que la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos agendó el tema fue hace casi dos años y luego, sin explicaciones, simplemente abandonó el estudio de la ley. En el asunto, Bukele se ha mostrado camaleónico: Inicialmente se indignó por lo que hicieron las legislaturas anteriores y luego guardó silencio cuando su Asamblea tuvo la oportunidad de garantizar justicia para las víctimas.
Por Eugenia Velásquez | Diciembre 12, 2023
Edición: Ezequiel Barrera
El 26 de febrero de 2020, la anterior Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Dos días después, el presidente Nayib Bukele anunció que la había vetado bajo el argumento de que era “inconstitucional” y la calificó de ser “igual de asquerosa” que la Ley de Amnistía que garantizaba impunidad a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1980-1992).
En este asunto, Bukele se ha mostrado camaleónico. Al inicio de su mandato, abrió las puertas de Casa Presidencial a los representantes de las víctimas del caso El Mozote, prometiéndoles “la reparación que tanto pidieron”. Luego, con indignación, vetó la ley de reconciliación que aprobó la legislatura anterior, por considerar que encubría a los criminales de guerra; y se comprometió a presionar a la siguiente legislatura para aprobar una verdadera ley de justicia transicional. Sin embargo, cuando su partido Nuevas Ideas arrasó en las elecciones legislativas de 2021, su postura cambió de inmediato. Guardó silencio y no exigió nada a sus diputados oficialistas, quienes fácilmente podrían haber aprobado una ley de este tipo por ser mayoría.
Luego de que el oficialismo asumió el control de la Asamblea, la diputada Rebeca Santos se convirtió en la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde la ley de justicia transicional debería ser estudiada. Sin embargo, el tema ni siquiera llega a la agenda. Es más, la presidenta tampoco convoca a reuniones con regularidad; este año solamente convocó a nueve. En ninguna de esas convocatorias incluyó el tema en la agenda. De hecho, la comisión abandonó el estudio de la ley de justicia transicional desde febrero del 2022.
Ese abandono del tema también significa desacato (desobediencia) a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en 2016 declaró que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, era inconstitucional y ordenó que la Asamblea Legislativa enmendara su error y aprobara una ley de justicia transicional. Luego de prórrogas concedidas por la Sala, la Asamblea anterior logró un acuerdo para aprobar la ley que fue vetada por Bukele en 2020. Después del veto, el estudio de una ley de justicia transicional fue retomado brevemente por la actual legislatura, pero inmediatamente abandonado en febrero de 2022, sin explicaciones.
Benjamín Cuéllar, defensor de derechos humanos y fundador de la organización Vidas Demandantes (VIDAS), señaló que una posible explicación al silencio y al retraso de la ley de justicia transicional es que la prioridad de Bukele son sus propios intereses y no procurar “justicia y verdad” a las víctimas del conflicto armado.
“El presidente tiene dos asuntos que le interesan: uno es estar bien con los grandes capitales; y dos, estar bien con la Fuerza Armada como institución”, aseguró Cuéllar a GatoEncerrado.
De acuerdo con Cuéllar, que Bukele busque congraciarse con estos sectores no es una coincidencia, sino estratégico: “Bukele quiere quedar bien con la Fuerza Armada porque es la que le va a servir para enfrentar la protesta social que va a venir tarde o temprano, por eso la está armando hasta los dientes y la está haciendo crecer; y quiere seguir estando bien con los grandes capitales de este país, es decir, los grande oligarcas, las familias que dominan este país y muchos de ellos fueron quienes financiaron lo ocurrido durante la guerra”, afirmó.
Un estudio superficial que quedó abandonado
Una de las primeras decisiones que tomaron las comisiones de la actual legislatura, incluyendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fue la de enviar al archivo todos los expedientes en estudio e iniciativas de ley que heredaron de la legislatura anterior. Los diputados del oficialismo querían iniciar de cero y por eso hicieron un barrido de todo lo que les quedó en la mesa, bajo excusa de que todo lo anterior estaba mal hecho o representaba la visión de los partidos corruptos que dominaban el poder legislativo. Entre los proyectos de ley y expedientes que desecharon estaban algunas propuestas que organizaciones y representantes de víctimas del conflicto armado habían presentado para la discusión de una ley de justicia transicional.
Para las organizaciones, la decisión de archivar sin discriminación las propuestas de ley fue un irrespeto al trabajo que habían hecho anteriormente. Sin embargo, prepararon una nueva propuesta y el 21 de octubre de 2021 la entregaron a la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, para que le diera iniciativa de ley como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
“Lo que pide esta gente es justo, son víctimas de violaciones a sus derechos y no fueron necesariamente combatientes”, señaló la diputada Ortiz en octubre de 2021.
Irene Gómez, de Cristosal, explicó en ese entonces que el proyecto de ley que presentaron en acompañamiento a los representantes de las víctimas fue el resultado de asambleas generales con los afectados, “por lo que contiene los cuatro elementos a favor de las víctimas” que exige el fallo de la Sala de lo Constitucional emitido en 2016, los cuales son el fondo de reparaciones, el registro de víctimas, el sistema de organizaciones que debe trabajarse y juicios de la verdad con estándares internacionales.
Este es el proyecto de ley que las organizaciones presentaron ante la actual Asamblea Legislativa.
Esa no fue la única iniciativa de ley de justicia transicional que recibieron los diputados de la actual legislatura. El 14 de febrero de 2022, el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, presentó una propuesta de ley llamada “Ley de Justicia Transicional”. Según explicó el exfuncionario, ese proyecto de ley fue diseñado tras una consulta, realizada por la PDDH en 2020, que recogió el “sentir y pensar” de las familias y las víctimas del conflicto armado. Algunas organizaciones, sin embargo, dijeron desconocer esa propuesta y que nunca fueron consultados.
Una semana después, el 21 de febrero de 2022, la comisión agendó por última vez el estudio de la ley de justicia transicional. En esa fecha recibieron a representantes de la Asociación de Derechos Humanos “Tutela Legal Dra. María Julia Hernández”; a Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores; y a Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda, quien presentó aportes para la formulación de la ley. Esa reunión tuvo el mismo propósito que las anteriores que están relacionadas con el tema: se agendaron para recibir a funcionarios y a representantes de las víctimas.
En resumen, las únicas veces cuando el tema se agendó en la comisión fue para recibir una serie de funcionarios y a representantes de víctimas. Nunca se hizo un estudio exhaustivo de las propuestas e insumos que recibieron para enmendar lo que la legislatura anterior había hecho. Luego, el tema simplemente fue abandonado. Así, sin explicaciones.
Dos semanas después de la última reunión en la que se agendó el tema, la presidenta de la comisión, Rebeca Santos, aseguró en su cuenta de X que no descansaría hasta aprobar la ley de justicia transicional.
Unos meses después del abandono del tema, el 7 de octubre de 2022, la diputada Ortiz expresó ante los medios de comunicación que la Asamblea estaba haciendo una “dilación”: “Esas promesas de que vamos a entrarle al tema de las víctimas y de que vamos a trabajar por la justicia está cayendo en saco roto”, criticó.
Para Benjamín Cuéllar, lo que hizo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue un “espectáculo” y nunca procuró aprobar una ley que lograra satisfacer las necesidades de las víctimas. Muestra de eso, según Cuéllar, es que antes de escuchar a las víctimas y a sus representantes, la comisión decidió escuchar a los exmiembros de la guerrilla devenidos en aduladores del bukelismo, Dagoberto Gutiérrez y Giovanni Galeas.
Tras meses de silencio y abandono del tema, el 20 de marzo de 2023, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, presentaron una carta ante la Asamblea Legislativa dirigida a la diputada Rebeca Santos, recordando que la ley de justicia transicional está pendiente y pidieron que considere la propuesta que llevaron el pasado 7 de octubre de 2021. Además, solicitaron ser recibidos en el seno de la comisión para ampliar su propuesta, pero esa instancia sigue sin llamarlos.
Carta de las organizaciones, del 20 de marzo de 2023
GatoEncerrado pidió a la diputada Santos, a través de su equipo de comunicaciones, una explicación de por qué el tema fue abandonado sin explicaciones y por qué no ha seguido la “hoja de ruta” que se propuso a sí misma para aprobar la ley, pero hasta el cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.
En septiembre de 2021, Santos explicó en la comisión que seguiría seis fases para lograr la aprobación de la ley y que las mismas serían su hoja de ruta: el estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) y el estudio del veto presidencial, la creación de una mesa interinstitucional, la estructuración de la ley, para luego terminar con la discusión y emisión del dictamen de la iniciativa para pasarla a aprobación del pleno.
La sentencia de la Corte IDH a la que Santos se refería es la que emitió el 28 de mayo de 2019 para que la Asamblea suspendiera el trámite de la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”; sin embargo, la Asamblea anterior hizo caso omiso y en contra de esa sentencia aprobó la ley de reconciliación el 26 de febrero de 2020. Esa ley es la que Bukele vetó.
David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, explicó el 25 de mayo de este año, en una actividad de recopilación de testimonios de las víctimas de la guerra para conservar la “Memoria Histórica”, que en El Salvador han predominado “políticas de Estado” desde el gobierno actual y los anteriores, en donde se ha impulsado el olvido y el negacionismo de violaciones a derechos humanos, y sobre todo se ha procurado “la construcción de un sistema de impunidad que no permite el reconocimiento pleno estatal de los hechos ni la reparación a las víctimas”.
Los miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador denunciaron, incluso, que el Gobierno de Bukele plantea mecanismos y acciones que llevan a El Salvador al pasado “nefasto y oscuro” del conflicto armado; por ejemplo, el régimen de excepción, cuya vigencia es prorrogada mes a mes por los diputados oficialistas y sus aliados, desde que entró en vigor el 27 de marzo de 2022.
Para los miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, el gobierno continúa negando el derecho a la verdad y justicia a las víctimas del conflicto armado, contradiciendo su mismo discurso cuando Bukele estaba en campaña electoral para ganar la presidencia.
“El presidente, en su campaña, dijo que esto era uno de los puntos centrales y hasta ahora lo ha negado descaradamente. Casos concretos de eso es negarse a abrir los expedientes de la Fuerza Armada. Lo más delicado es la persecución de los líderes sociales, la persecución de los periodistas, eso no es una característica de un régimen democrático, sino propias de un régimen autoritario”, señaló Vicente Cuchillas, integrante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.
Ante el retraso sin explicaciones para el estudio y aprobación de la ley, la diputada Ortiz ha señalado que algunas víctimas ya fallecieron esperando justicia y también algunos victimarios murieron en la impunidad.
“Lo que ha habido es un escandaloso silencio, promesas incumplidas, excusas y es evidente que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos o no quiere hacer el trabajo o no le dan permiso, porque se comprometieron públicamente con las víctimas; las víctimas están falleciendo, están fallecido sin encontrar justicia y los victimarios también están falleciendo sin enfrentar la justicia; por lo tanto, tal parece que seguimos en la misma situación que existía en el pasado: perpetuar la impunidad, de proteger los intereses espurios que propiciaron esos actos de graves violaciones a los derechos humanos y lo que está sucediendo en el largo plazo es que la impunidad en nuestro país se está haciendo aún más sistemática, aún más estructural y no se quiere abordar el tema de una forma directa”, alegó Ortiz.
La diputada también ha criticado que la actual legislatura, dominada por el oficialismo, está comportándose como las anteriores Asambleas que dejaron como legado la impunidad de los criminales de guerra.
Sin importar el partido, todas las Asambleas le han fallado a las víctimas de la masacre de El Mozote y a las víctimas del conflicto armado. Los que sufrieron los horrores de la guerra merecen justicia. Merecen una Asamblea que esté con ellos.
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) December 11, 2023
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El defensor Benjamín Cuéllar agregó que ante el abandono del tema y el desprecio hacia las víctimas de parte del oficialismo, las organizaciones van a esperar los resultados de las elecciones de 2024 para observar cómo queda conformada la siguiente legislatura y decidir si existe la factibilidad de diseñar una nueva estrategia que responda a las víctimas del conflicto armado.
Línea de tiempo
Un breve recorrido por la impunidad en la historia reciente de El Salvador y las heridas que nunca sanaron.
El inicio de una guerra no declarada
1980 es considerado el año en que inicia el conflicto armado en El Salvador, después de varios episodios violentos en la década de 1970. La guerra no fue declarada oficialmente por ninguna de las partes: guerrilla del FMLN y gobierno a través del Ejército. El 22 de febrero hubo despliegues y patrullajes de la Guardia Nacional. El 13 y 14 de mayo, según la Comisión de la Verdad, ocurrió la masacre del Sumpul, cuando la Guardia Nacional y la Organización Nacional Democrática (ORDEN, paramilitares) con la complicidad de soldados hondureños, asesinaron a 300 pobladores del caserío Las Aradas, situado a las orillas del río Sumpul, departamento de Chalatenango. En ese mismo año, la guerrilla lanzó la ofensiva general popular e inició la primera transmisión de la emisora clandestina, Radio Venceremos.
Asesinan a Monseñor Romero
El 24 de marzo fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Según las investigaciones, el autor intelectual fue el fundador del partido ARENA, Roberto d'Aubuisson. En ese mismo mes, José Napoleón Duarte fue nombrado presidente de El Salvador. El 25 de julio, el Ejército cometió una masacre en San Francisco Angulo, en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Todas las víctimas eran mujeres y niños.
Guerrilla derriba puente de Oro
El Puente de Oro, catalogado como una maravilla de la ingeniería en El Salvador, fue dinamitado en octubre de 1981. Del hecho fue responsabilizado el FMLN. Unos días antes fue fundado el partido político Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.
Masacre de El Mozote
En diciembre de 1981, el Ejército cometió una de las masacres más crueles y grandes de Latinoamérica: 978 personas fueran asesinadas. De esas, 533 eran menores de edad. La Comisión de la Verdad señala que el principal implicado era el coronel Domingo Monterrosa.
Asesinan a 4 periodistas holandeses
El 16 de marzo fueron asesinados cuatro periodistas holandeses. Militares los asesinaron mientras cubrían la convulsión social en El Salvador. El 29 de abril, Álvaro Magaña es elegido presidente provisional de El Salvador, por la Asamblea Constituyente. El 2 de diciembre, tres religiosas norteamericanas, de la orden Maryknoll y una trabajadora social, fueron asesinadas. El 22 de agosto de 1982, el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, BIRI, asesinó a 200 personas (hombres, mujeres y niños) en “El Calabozo”, situado al lado del río Amatitlán, departamento de San Vicente. Las víctimas estaban en el lugar huyendo de los operativos militares que iniciaron tres días atrás en la zona de los cerros de San Pedro.
Masacre de Las Hojas
El 22 de febrero ocurrió una masacre en Las Hojas, Sonsonate. Más de 70 campesinos fueron asesinados por miembros del Ejército. El 6 de marzo, el Papa Juan Pablo II llegó a El Salvador. En su estadía hizo un llamado al diálogo. El 15 de diciembre, la Asamblea Constituyente firmó la nueva Constitución Política de El Salvador. El 15 de agosto, de acuerdo a fuentes oficiales unas mil personas se han acogido a una Ley de Amnistía decretada por el gobierno.
Reagan apoya al gobierno salvadoreño
El 13 de enero, el presidente estadounidense Ronald Reagan anunció la ayuda de 600 millones de dólares para dos años al gobierno salvadoreño. El 15 de octubre, en la Palma, Chalatenango, se realizó la primera reunión para dialogar la paz. Esta reunión marcó el inicio de los esfuerzos de negociación entre el gobierno y el FMLN, con la intermediación de la Iglesia Católica. Los acuerdos establecidos fueron: Crear una comisión u organismo mixto integrado por cuatro delegados de ambas partes, que sería la encargada de continuar el proceso de negociación hacia la paz.
Guerrilla asesina a Monterrosa
El 23 de octubre murió en un atentado explosivo el coronel Domingo Monterrosa Barrios, mientras viajaba en un helicóptero junto a ocho oficiales, tres camarógrafos del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), un sacerdote y un sacristán. El 30 de noviembre, se dio la segunda reunión de diálogo por la paz en Ayagualo, La Libertad. Se logró la aprobación de las normas de procedimiento de la Comisión Especial, para facilitar la libre circulación de las personas y vehículos civiles, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 1985.
Masacre en Zona Rosa
El 19 de junio sucedió una masacre en la Zona Rosa, en la que elementos del Partido Revolucionario de Trabajadores de Centroamérica (PRTC) dispararon a un grupo de infantes de marina de los Estados Unidos, quienes desempeñaban funciones de seguridad de su embajada en San Salvador. En el momento, se encontraban desarmados y vestían de civil. Cuatro de ellos fallecieron en la ejecución, también 9 civiles. Ese año también fue archivado el juicio sobre la muerte de Monseñor Romero, por no haberse encontrado pruebas sobre el culpable.
Secuestro de hija de Duarte
El 2 de septiembre, los comandantes guerrilleros Joaquín Villalobos y Schafik Handal presentaron en Perquín a 13 alcaldes secuestrados. Para su liberación, exigieron al gobierno la liberación de nueve comandantes del grupo que fueron capturados. El 10 de septiembre, Inés Guadalupe Duarte, hija del presidente José Napoleón Duarte, fue secuestrada. El 24 de octubre, es liberado un grupo de lisiados miembros del FMLN y 22 presos políticos, entre ellos Nidia Díaz. En el campo de la Escuela Militar, arriba Inés Guadalupe Duarte y su acompañante. Los religiosos Ignacio Ellacuría y Arturo Rivera y Damas prestaron sus oficios en la mediación del conflicto.
Terremoto
El 10 de octubre a las 11:50 del mediodía, ocurre un terremoto 7.5 en escala de Richter, en El Salvador. Como resultado mueren dos mil personas y otras 200 mil resultaron damnificadas. El 12 de mayo, un diputado de ARENA acusó al sacerdote jesuita, Ignacio Martín-Baró, por criticar las acciones de la Fuerza Armada, mientras Martín-Baró se encontraba en la ciudad de San Miguel. El 5 de septiembre, el vicepresidente de la república, Rodolfo Claramount, acusó al sacerdote Ignacio Ellacuría de ser un “apóstol de la violencia”.
Consecuencias de la primera Ley de Amnistía
El 8 de abril, son absueltos los imputados en la masacre de las Hojas, acaecida en 1983. El 28 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto de Ley Nº 805, denominado Ley de Amnistía, para lograr la Reconciliación Nacional. Dicha ley fue aprobada con 33 votos de los diputados del gobernante Partido Demócrata Cristiano, mientras que 27 parlamentarios de los partidos de oposición se negaron a votar por no estar de acuerdo con el contenido de la ley. El 5 de noviembre, entró en vigencia la Ley de Amnistía. Favoreció a mil presos políticos y a más de 4 mil rebeldes, que de acuerdo a cifras extraoficiales, luego de ser entregados al ejército, los pusieron en libertad.
La Ley de Amnistía concedió la liberación de aproximadamente 150 detenidos políticos y sindicados de organizaciones insurgentes de los centros penales Mariona e Ilopango, el 12 de noviembre.
Caso Herbert Anaya
El 29 de octubre, el FMLN anunció el cese del diálogo por la muerte del activista de derechos humanos, Herbert Anaya Sanabria.
Candidato presidencial Cristiani
El 11 de mayo, el FMLN lanzó un ataque sobre la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. El 29 de mayo, Alfredo Cristiani fue elegido candidato presidencial por el partido ARENA.
Cristiani gana la presidencia
El 19 de marzo, con el 80% de votos a favor, Alfredo Cristiani gana las elecciones presidenciales. El 12 de mayo, la CIDH reiteró al Gobierno de El Salvador su pedido de información sobre las investigaciones adelantadas sobre la masacre de Las Hojas, concediendo un plazo de 30 días para la respuesta gubernamental. El 1 de junio, Alfredo Cristiani asume la presidencia. En octubre se realizó la tercera reunión del diálogo por la paz, en San José, Costa Rica. Ahí abordó el tema de la disolución de la Fuerza Armada. El 31 de octubre, fueron asesinados 9 líderes sindicales tras el ataque explosivo de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS.
Masacre de los Jesuitas
El 11 de noviembre, el FMLN lanza su ofensiva militar “hasta el tope”. El 16 de noviembre fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas en la UCA: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Amado López, Juan Ramón Moreno y sus dos colaboradoras, Elba y Celina Ramos.
Cristiani revela supuestos asesinos de Jesuitas
El 9 de enero, durante una conferencia de prensa, Cristiani dijo que el coronel Guillermo Benavides, los tenientes René Mendoza y José Ricardo Espinoza, un subteniente, dos sargentos, un cabo y dos soldados eran los que habían participado en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras.
El 23 de febrero, muere el expresidente salvadoreño José Napoleón Duarte. El 4 de abril se realiza la cuarta reunión del diálogo por la paz en Ginebra, Suiza. Esta reunión se realiza luego de la ofensiva realizada por el FMLN, en noviembre de 1989 y en la cual interviene Naciones Unidas. Este es el primer acuerdo que se firma y establece como objetivo fundamental, terminar con el conflicto bélico por la vía política y a corto plazo, prever la democratización del país y la apertura de espacios para la participación de los partidos políticos y de otras organizaciones civiles, así como el irrestricto respeto de los Derechos Humanos.
Diálogos
El 21 de mayo se realizó la quinta reunión del diálogo por la paz en Caracas, Venezuela. Se firmó el segundo acuerdo que estableció la agenda de las negociaciones sobre siete temas: La Fuerza Armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problemas socioeconómicos y verificación internacional de las Naciones Unidas.
El 26 de julio, se llevó a cabo la sexta reunión del diálogo por la paz en San José, Costa Rica. La importancia de esta reunión radica en el establecimiento de los primeros acuerdos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos.
Más diálogos y acuerdos
El 27 de abril, se realiza la séptima reunión del diálogo por la paz en México. Se acuerda la reforma de la Constitución en las áreas de derechos humanos, Fuerza Armada, seguridad pública, sistema judicial y sistema electoral. El 25 de septiembre, Nueva York es el escenario del octavo diálogo por la paz. En esta reunión se acordaron los siguientes puntos:
1. Crear la Comisión Nacional para la consolidación de la Paz (COPAZ).
2. Establecer un proceso de depuración de la Fuerza Armada.
3. Establecer la reducción de la Fuerza Armada.
4. Establecer la Doctrina de la Fuerza Armada.
5. Establecer el Sistema Educativo de la Fuerza Armada.
6. Creación de la PNC, y disolución de los antiguos Cuerpos de Seguridad.
7. Tema Económico y Social.
8. Otros aspectos relacionados a la Fuerza Armada.
Juicio de caso Jesuitas
En septiembre de 1991, se realiza el juicio en contra de los involucrados en la masacre de los jesuitas. Bajo presiones, el jurado del caso absolvió a miembros del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, los presuntos autores directos y condenó a dos oficiales, quienes más tarde fueron favorecidos con la Ley de Amnistía General de 1993.
Acuerdan firmar la Paz en Chapultepec
El 31 de diciembre, las partes hicieron el último diálogo por la paz. En esta reunión se estableció que la paz definitiva se firmaría en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, y que el cese del enfrentamiento armado iniciaría el 1 de febrero del mismo año.
Acuerdos de Paz
El 16 de enero se firman los Acuerdos de Paz. Se ordena la creación de una Ley de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado. Así, el 23 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Reconciliación Nacional”, que concedió “amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el artículo 220 del Código Penal”. El 20 de febrero, muere Roberto d´Aubuisson, fundador del partido ARENA. El 2 de marzo se disuelven la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. El 30 de junio inició el proceso de desmovilización de la guerrilla del FMLN, que concluiría el 30 de octubre de 1992. En julio iniciaron las operaciones la Comisión de la Verdad para El Salvador, encargada de investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto bélico. El 14 de septiembre, el FMLN recibió personería jurídica como partido político por parte del Tribunal Supremo Electoral. El 15 de diciembre, El Salvador celebró el fin definitivo del conflicto armado.
Informe de la Comisión de la Verdad
El 15 de marzo, la Comisión de la Verdad publicó el informe “De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”.
Amnistía e impunidad
El 22 de Marzo, la Asamblea Legislativa aprueba Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que concede una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todos los involucrados en la guerra civil de 1980 a 1992. La normativa ordenó a jueces otorgar libertad a implicados en casos de violencia y crímenes de guerra durante el conflicto.
Amnistía en caso Romero
El 31 de marzo, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador absolvió de manera definitiva al excapitán Álvaro Rafael Saravia Merino, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Sala hace observaciones sobre amnistía
En septiembre la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que señalaba que ciertos aspectos de la Ley de Amnistía debían ser llevados a la vía ordinaria.
Intentan abrir caso El Mozote
Asociaciones civiles intentan abrir el caso El Mozote
Comisión de búsqueda
Es creada la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador, de niños desaparecidos en el conflicto armado.
Funes pide perdón por caso El Mozote
El 12 de enero, tras 20 años de firmada la paz, el presidente Mauricio Funes pide perdón por la masacre de El Mozote, en Morazán. El 25 de octubre la CIDH emite una sentencia sobre la masacre El Mozote. En la que, entre otras cosas, le ordena que el Estado salvadoreño “debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a representar obstáculo para la investigación” del caso.
Piden declarar inconstitucional la amnistía
El 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
Programa reparación a víctimas
En julio inicia labores el Consejo Directivo del Programa de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, promovido por el ejecutivo.
Sala declara insconstitucional la amnistía
El 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la Ley de Amnistía. Los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz, y con el magistrado Belarmino Jaime, con su voto disidente, emitieron una sentencia derogatoria y ordena la investigación y juzgamiento de casos mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. La Sala pide la creación de normativas para el acceso a la justicia a las víctimas de guerra, reparación integral y la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Caso El Mozote
30 de septiembre, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, abrió el caso judicial de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en contra 18 militares del Alto Mando de la Fuerza Armada de la época. El 23 de abril de 2019, añadió a los imputados los cargos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición forzada. El 14 de noviembre, inicia la exhumación de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Las actividades de exhumación continúan hasta 2019. En diciembre, se reabre el caso judicial de la masacre conocida como El Calabozo.
El 12 de diciembre, según el exfiscal general Douglas Meléndez, se designó un grupo de “entre tres o cuatro fiscales” para investigar los crímenes de lesa humanidad que la Sala de lo Constitucional habilitó a indagar con la derogación de la Ley de Amnistía.
Piden reabrir caso Romero
El 23 de marzo, Tutela Legal “María Julia Hernández” y otras organizaciones piden al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, reabrir el caso judicial de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tutela Legal llamó al exfiscal general Douglas Meléndez para que actúe diligentemente en el caso, pues ya sumaban tres años consecutivos en que las organizaciones exigían al Ministerio Público realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales en el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero. El 12 de mayo, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador emitió una resolución en el caso del asesinato de Monseñor Romero, dejando sin efecto el sobreseimiento definitivo a favor del ex capitán Álvaro Rafael Saravia Merino, decretada el 31 de marzo de 1993, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El 19 Julio, después de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional hace una audiencia pública con representantes de la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa y el órgano Ejecutivo, para ver los avances de su sentencia de 2016. Ninguno de los convocados reportó avances. El 21 de agosto, fue creada la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, Conabúsqueda.
Caso jesuitas
El 16 de abril, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador reabre el caso judicial de la masacre de los jesuitas de la UCA, pero la defensa de los acusados presentó una apelación y una requisición de uno de los magistrados de la Cámara ante la Sala de lo Penal. La Sala dijo que no tenía ningún impedimento y fue devuelto a la Cámara.
Comisión para estudiar ley de reconciliación
El 14 de junio, con un atraso de dos años, la Asamblea Legislativa crea la primera comisión Ad Hoc para estudiar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. La comisión es coordinada por el diputado Rodolfo Parker (PDC), además de los legisladores Mauricio Ernesto Vargas (ARENA), Antonio Almendáriz (PCN), Nidia Díaz (FMLN) y Juan Carlos Mendoza (GANA). El 7 de diciembre, diputados de la subcomisión inician procesos de consultas para la nueva legislación. Participaron víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos, firmantes de los Acuerdos de Paz, juristas y abogados constitucionalistas, representantes de instituciones públicas.
Pretenden aprobar nueva amnistía
El 19 de febrero, la Comisión Ad Hoc presentó a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa un primer borrador de Ley de Reconciliación. La propuesta, según los diputados, fue estudiada por especialistas en derechos humanos y abogados. Víctimas, sobrevivientes y organizaciones señalaron que esa propuesta de ley era en realidad una amnistía disfrazada.
Juez pide abrir archivos de guerra
El 1 de noviembre, Jorge Guzmán, Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, de Morazán ordena a Nayib Bukele abrir los archivos militares de la masacre El Mozote.
Bukele se compromete a abrir los archivos
El 1 de noviembre, en una conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele se comprometió a dar acceso a los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, perpetrada por la Fuerza Armada en diciembre de 1981 y en la que fueron asesinados 978 personas, entre ellos 553 niños. Pero una cosa es la que dice y otra es la que hace: luego se negó rotundamente a abrirlos.
Asamblea aprueba una ley de reconciliación
La anterior Asamblea Legislativa aprobó una ley de reconciliación que garantizaba impunidad para los criminales de guerra. El presidente Bukele la vetó y la tildó de "asquerosa" por parecerse a la amnistía.
Asamble bukelista abandona estudio de ley
En febrero de 2022, la Asamblea con mayoría de diputados de Nuevas Ideas (el partido del presidente Bukele) abandonó la discusión de una ley de justicia transicional. Las víctimas, como en las legislaturas anteriores, han sido ignoradas y abandonadas. La diputada Claudia Ortiz ha señalado que mientras tanto, algunas víctimas ya fallecieron sin recibir justicia y los victimarios también están muriendo en impunidad.
La amnistía de 1993 y la reconciliación de 2020: dos leyes que garantizaban impunidad
Cuando la anterior Asamblea Legislativa aprobó la ley de reconciliación, con los votos de los partidos de derecha Arena, PCN y PDC, las organizaciones y representantes de las víctimas aseguraron que era “una nueva amnistía” y que se estaba “blindando” a los criminales de guerra.
Ante la aprobación de esa ley, Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda, dijo en ese entonces a GatoEncerrado que la Asamblea se había prestado para “negar la justicia, principios constitucionales, garantías a las víctimas, y se había esforzado en permutar penas y en zafar de la condena a los victimarios de graves atrocidades”.
Bukele, por su lado, argumentó que vetó esa ley de reconciliación porque no contenía medidas de resarcimiento y no tomó en cuenta a las familias de las víctimas, por lo que tampoco dio cumplimiento al mandato de la anterior Sala de lo Constitucional de diseñar una nueva Ley de Justicia Transicional para sustituir la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que estaba en vigor desde 1993.
La Ley de Amnistía de 1993 prohibía investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la exguerrilla del FMLN. Por esa razón, la Sala de lo Constitucional explicó en su fallo de 2016 que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que es necesario tener una ley de justicia transicional para conseguir una reparación integral de las víctimas.
“La amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, afirmó la Sala de ese entonces.
Dos años después del fallo, la anterior Asamblea Legislativa formó en junio de 2018 una comisión especial para estudiar una propuesta impulsada inicialmente por los partidos Arena, PDC, PCN y el FMLN, aunque éste último no votó a favor ni se abstuvo de votar por el documento final que se convirtió en ley. Simplemente se ausentó de la votación.
Dos días antes de que los diputados de los partidos de derecha avalaran la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, las organizaciones como la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, emitieron un comunicado de rechazo a la nueva “Ley de Reconciliación” que estaba por aprobarse.
“Ha sido claro que el objetivo fundamental de los diputados en todo este proceso ha sido, sobre todo, formular una Ley de Impunidad: que los responsables de crímenes de guerra no tengan penas de prisión y que no se vean afectados en su patrimonio”, expresaron en su comunicado.
Representantes de las organizaciones señalaron que la ley buscaba garantizar que cualquier victimario condenado por las atrocidades de la guerra evadiera la pena de prisión, que no se viera afectado en su patrimonio bajo concepto de responsabilidad civil y que su pena se redujera a mínimos inaceptables para la justicia ante crímenes de lesa humanidad.
Según la ley aprobada en 2020 por la Asamblea, quienes confesaran sus crímenes de guerra, pidieran perdón y colaboraran con la justicia, podrían tener acceso a una reducción de la pena de cárcel. Además, la prisión podría ser menor o conmutada por los jueces en razón de “salud, edad o similares” del victimario.
Las víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos indicaron que esa ley aprobada en 2020 era ofensiva porque había nacido en una comisión ad hoc, integrada por diputados vinculados a los crímenes cometidos en la guerra y quienes en el pasado obstaculizaron la justicia, como el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker.
El exdiputado Parker es señalado por la Comisión de la Verdad de obstruir la justicia en el caso de la masacre de los padres jesuitas: Ignacio Ellacuría, quien era rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA); así como los sacerdotes españoles, Ignacio Martín Baró, que se desempeñaba como vicerrector de la UCA; Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo; además del padre jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos de sus colaboradoras, Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, perpetrado el 16 de noviembre de 1989.
El resto de miembros de la comisión ad hoc eran: el general Mauricio Vargas, exdiputado de Arena y defensor del teniente Domingo Monterrosa, principal implicado en la masacre de El Mozote; el coronel Antonio Almendáriz, exdiputado del PCN, también señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad; y Nidia Díaz, excomandante de la guerrilla, negociadora de la paz y ex diputada del FMLN. También estaba Juan Carlos Mendoza, actualmente diputado de Gana.
Bukele también se negó a colaborar con la justicia transicional
Parte de los elementos para garantizar la reparación integral de las víctimas, como lo ordenó la Sala, es el acceso a la verdad de lo que ocurrió. En ese sentido, Bukele como comandante general de las Fuerzas Armadas tuvo la oportunidad de colaborar con la justicia transicional, pero no lo hizo. Se negó a ordenar que los archivos militares fueron abiertos para deducir responsabilidades en la masacre de El Mozote. En este tema también fue camaleónico. Primero dijo que iba a desclasificar todos los archivos, “de la A a la Z”, pero luego cambió de opinión y argumentó que por temas de seguridad nacional no podía abrirlos.
