Prioridades 2025
Defensa se consolida como el ministerio consentido de Bukele
El Ejército salvadoreño es utilizado por el bukelismo para funciones de seguridad pública que no le corresponden constitucionalmente y bajo las que ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos. Los militares también han sido instrumentalizados para los intereses político partidarios de Nayib Bukele. Por esa razón, según analistas políticos, no es una sorpresa que el Ministerio de la Defensa Nacional sea una prioridad para un mandatario autoritario como Bukele.
Por Guillermo Cartagena
Enero 8, 2024
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Cuando Nayib Bukele asumió la Presidencia de la República en junio de 2019, el Ministerio de Defensa tenía un presupuesto asignado de $145.2 millones. Un lustro después, el presupuesto para 2025 se ha duplicado, ascendiendo a $314.3 millones, lo que coloca a esa cartera del Estado en el sexto lugar de las instituciones públicas con más presupuesto. El aumento, equivalente a $169.17 millones, es diez veces mayor al presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente y casi el doble de lo asignado para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En otras palabras, el Ejército es diez veces más importante para el gobierno de Bukele que el ministerio encargado de enfrentar la crisis ambiental de El Salvador; y los militares tienen casi el doble de recursos que el ministerio encargado de velar por el cultivo de la tierra para la producción de alimentos en un país con casi un millón de ciudadanos al borde de la hambruna.
El año 2025 es el primero en que el presupuesto de Defensa sobrepasa los $300 millones a su disposición. Esta asignación elevada de presupuesto ocurre en un contexto en el que 74 de cada 100 salvadoreños consideran que aspectos económicos como la pobreza y el alto costo de vida representan el principal problema que enfrenta el país, según datos de la encuesta de evaluación del quinto año del Gobierno de Nayib Bukele del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA.
Jeannette Aguilar, investigadora en temas de violencia e inseguridad, señala que este incremento en el presupuesto del Ministerio de Defensa deja impactos negativos para el desarrollo social y económico del país.
“Los recursos que se asignan a armas y soldados se restan a la inversión social y a otras áreas vitales para la vida del país. Toda esa inversión que se ha asignado a defensa hubiese podido producir beneficios sociales y económicos en el mediano y largo plazo al país, si se hubiese destinado a salud y educación, al contribuir a desarrollar un capital humano más educado, más tecnificado y una fuerza laboral más saludable y productiva capaz de aportar al desarrollo económico, generar más productividad y mayor prosperidad. Todo ello hubiese contribuido a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lastres que van en aumento en El Salvador y que a la larga nutren el ciclo perverso de violencia e inseguridad”, recalca Aguilar.
De acuerdo con la ley de presupuesto aprobada por los diputados del bukelismo y sus aliados, el pasado 17 de diciembre de 2024, el aumento en Defensa está enfocado en la unidad presupuestaria de la Gestión Operativa Institucional, que engloba las operaciones de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.
Desde sus primeros días en la presidencia, Bukele comenzó a enaltecer a la Fuerza Armada salvadoreña. El 11 de junio de 2019, 11 días después de haber tomado posesión, el ahora presidente inconstitucional recibió el bastón de mando como Comandante General de las Fuerzas Armadas de la República. En esa ocasión, Bukele aseguró que le daría a la Fuerza Armada “el lugar que se merece” y la calificó como “gloriosa”. El mandatario también le pidió a las tropas hacer un juramento: “¿Juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales, tener disciplina y honor hacia este servidor y hacia nuestra patria?”.
Esas palabras debieron calar en los soldados que el 9 de febrero de 2020 le acompañaron para tomarse el Salón Azul de la Asamblea Legislativa y ejercer presión sobre los diputados que no habían aprobado la negociación de un préstamo millonario para la tercera fase del Plan Control Territorial. Fue con esa acción que Bukele comenzó a demostrar que haría uso de la Fuerza Armada para los fines que estimara convenientes y que esta le acompañaría sin titubeos; incluso si es para fines políticos e intereses personales, en clara violación constitucional a la naturaleza del Ejército.
Para Jeannette Aguilar, esa lealtad incondicional de la Fuerza Armada es “el principal factor por el que hay un desequilibrio en la asignación presupuestaria de un país tan pobre y endeudado como El Salvador, porque para el presidente y su familia es necesario tener al Ejército de su lado para avanzar en su proyecto político de concentración de poder y recursos del Estado”.
Un mes y una semana después de aquel juramento del 11 de junio de 2019, Bukele anunció en sus redes sociales que iniciarían un reclutamiento masivo para la Fuerza Armada. El objetivo era incorporar 2,000 soldados nuevos para combatir la delincuencia. Dos años después, en julio de 2021, el mandatario aseguró que duplicarían el número de soldados pasando de 20,000 a 40,000 en cinco años. De esta manera, la Fuerza Armada se ha hecho más robusta en un país sin guerra ni amenazas externas.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, se estableció que la Fuerza Armada debía ser depurada y reducida, pero 33 años después ha sucedido lo contrario. El Ejército cuenta con más soldados y ha adoptado un papel cada vez más alejado de sus funciones originales y más cercano a las tareas de seguridad pública que corresponden a la Policía Nacional Civil (PNC). Esto no ha sido exclusivo del Gobierno de Bukele. De hecho, fue durante los gobiernos del FMLN que la militarización de la seguridad pública comenzó a acrecentarse bajo el argumento de que la delincuencia estaba en aumento.
Para Jeannette Aguilar, que la Fuerza Armada cumpla otras funciones más allá de las que le corresponden constitucionalmente es otro de los motivos por los que se le asigna cada vez un mayor presupuesto.
“En contradicción con lo que establece la Constitución se le otorgan amplias facultades y creciente protagonismo en la seguridad pública y en otras áreas de la esfera pública como salud, agricultura, atención de desastres, centros penales, entre otros, para justificar continuos aumentos presupuestarios y presencia en ámbitos de la vida nacional que son estrictamente civiles”, comenta Aguilar.
La experta también señala que los aumentos presupuestarios han sido más evidentes desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, una medida en la que la Fuerza Armada ha sido protagonista junto a la Policía: “Es claro que la manutención de un régimen de excepción permanente a partir del cual se justifican continuas erogaciones presupuestarias, y bajo el cual se exime a las instituciones de los requisitos de compras públicas, están beneficiando económicamente a ciertos sectores vinculados al ramo de seguridad y defensa”.
Un Ejército que vulnera derechos humanos
De acuerdo con datos presentados el pasado mes de julio de 2024 por organizaciones de la sociedad civil, la Fuerza Armada figura como autora de violaciones a derechos humanos en un 7% del total de víctimas registradas durante el régimen de excepción, cifra que aumenta al 22% al tomar en cuenta acciones en conjunto con la Policía.
La prensa independiente también se ha encargado de documentar aquellos casos en los que la Fuerza Armada ha vulnerado los derechos de las personas. El 31 de mayo de 2022, GatoEncerrado publicó la historia de Carolina Navidad, una mujer que fue capturada por ocho militares que buscaban a otra persona, pero que al no encontrarla decidieron llevarse a Carolina de manera arbitraria.
Seis meses después, esta revista publicó el caso de un grupo de militares que mintieron para justificar la captura arbitraria de ocho adolescentes en la zona del Bajo Lempa, Usulután. El relato de los hechos que dieron los soldados fue contradictorio con la versión de los testigos. Según uno de los adolescentes, los militares los insultaron, golpearon y obligaron a hacer sentadillas, mientras les apuntaban con armas de fuego.
El Ejército también ha estado involucrado en casos de violaciones a menores de edad. El 23 de septiembre de 2023, el ahora exsargento de la Fuerza Armada, Héctor Alvarado, abusó sexualmente de una menor que regresaba de la playa Mizata con su grupo de amigos. Otros cinco soldados fueron cómplices en el acto.
Aunque la Fuerza Armada ha estado involucrada en estos hechos violatorios de los derechos humanos durante el régimen de excepción, el Gobierno de Bukele le está beneficiando con el presupuesto más alto en su historia y enalteciendo su imagen como si los militares fueran héroes de la patria.
