Prioridades 2025
El bukelismo aumenta fondos al Ejército y le quita a Salud y Educación
El Presupuesto General de la Nación para 2025 recorta fondos a nueve de las 17 instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo. Los ramos de Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Local y Medio Ambiente son algunos de los que tendrán un presupuesto menor para su funcionamiento el próximo año; mientras que Defensa, Obras Públicas, la Presidencia de la República y Gobernación son los que gozarán de mayores aumentos en su asignación. La Ley de Presupuesto también incluye la eliminación de más de 11 mil plazas en el Estado salvadoreño.
Por Guillermo Cartagena
Enero 8, 2024
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La cifra total del presupuesto para 2025, aprobado el pasado 17 de diciembre por el bukelismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa, asciende a $9,663 millones; es decir, $594.3 millones más en comparación a lo aprobado para 2024. Sin embargo, el presupuesto recorta las asignaciones presupuestarias en áreas cruciales como Salud, que dispondrá de $92.1 millones menos, y Educación, que dejará de recibir $34.7 millones. Los recortes también se extienden a otros ministerios como Medio Ambiente, Cultura y Justicia, además de otras instituciones del Ministerio Público como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El de 2025 se trata de un “presupuesto de ajuste”, según el economista José Luis Magaña, porque el gobierno estaba en la necesidad de responder a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados internacionales. Existe un compromiso con estos inversionistas desde abril de 2024, luego de colocar mil millones de dólares en deuda que fueron adquiridos a una tasa de interés del 12%, pero condicionada a que si el gobierno no presentaba señales de ajuste se iba a incrementar a una tasa del 16%.
A eso se agrega el gasto público, que en los últimos cinco años aumentó de manera acelerada, un ritmo que se sostuvo por el proporcional incremento de la deuda pública. Al cierre de 2023, la deuda representaba un 87% del Producto Interno Bruto (PIB); o lo que es lo mismo, equivalente a 87 de cada 100 dólares producidos por la economía nacional.
“La principal razón que hay detrás de los recortes son estas presiones internacionales que hay por el rápido incremento de la deuda. Ese alto nivel de endeudamiento que ha generado el gobierno en estos últimos años y que es insostenible. A partir del próximo año, tanto el Fondo Monetario como otros actores le están diciendo (al gobierno) que es necesario un ajuste y ese ajuste pasa por este recorte de presupuesto que vemos en la mayoría de las instituciones públicas”, explicó Magaña a GatoEncerrado.
Al día siguiente de haberse aprobado el presupuesto de 2025, el FMI anunció a través de un comunicado que llegó a un acuerdo con El Salvador para un financiamiento de $1,400 millones. A cambio, el gobierno deberá cumplir una serie de medidas fiscales como reducir la masa salarial, el gasto en bienes y servicios, y las transferencias a las municipalidades. Adicionalmente, se harán reformas legales para que la aceptación de la criptomoneda bitcoin sea voluntaria por parte del sector privado, mientras que la participación en actividades económicas relacionadas al bitcoin por parte del sector público estarán delimitadas. Por último, se aclara que los impuestos se pagarán solamente en dólares y que la participación del gobierno en la billetera Chivo se irá reduciendo.
Algunas de estas medidas ya comenzaron a implementarse, como la reducción de la masa salarial, que pasará de $2,594 millones a $2,417 millones, lo que supone un ahorro de $176.8 millones para 2025. Para lograr esta reducción, el gobierno eliminó 11,115 plazas de empleados públicos. Muchas de estas personas ya fueron despedidas, en su mayoría de forma arbitraria e ilegal porque no se ha respetado el debido proceso, según lo ha denunciado el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).
Desde el comienzo del mandato inconstitucional de Nayib Bukele, el MTD ha registrado el despido de 900 empleados del Ministerio de Cultura, otros 900 de la Asamblea Legislativa y 400 de la Procuraduría General de la República. Entre el 19 de octubre y el 17 de diciembre de 2024, contabilizaron 263 despidos en Salud, 13 en Educación, cinco en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, 14 en Agricultura y Ganadería, tres en Hacienda, 95 en el Tribunal Supremo Electoral, 60 en la Corte Suprema de Justicia, 16 en CONAMYPE y 50 en el Consejo Nacional de la Judicatura, sumando un total de 519 despidos en el lapso de dos meses.
Escalafón y despidos
Cuando el ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal de 2025, el pasado 30 de septiembre, la atención fue puesta en los ministerios de Educación y Salud, porque su asignación presupuestaria será considerablemente menor respecto a la de 2024. En total, el recorte en ambas carteras asciende a $126.8 millones, una cantidad solo $12.8 millones menor que el presupuesto destinado a la Presidencia de la República ($139.6 millones).
En principio, el presupuesto también congelaba el escalafón salarial que por ley corresponde a doctores y docentes. En respuesta a esta decisión, sindicatos y organizaciones del gremio de Salud y Educación convocaron a una “marcha blanca” para el 19 de octubre y, posteriormente, a una segunda marcha el 23 de noviembre. El descontento y las protestas de estos sectores obligaron al oficialismo a modificar el presupuesto previo a la votación del 17 de diciembre e incluir $10 millones para el pago de los escalafones.
Sin embargo, debido a las protestas hubo represalias de parte del Gobierno de Nayib Bukele: decenas de trabajadores de ambos sectores fueron despedidos. Idalia Zúniga fue una de las asistentes a la marcha del 19 de octubre y tan solo dos días después fue notificada de su despido con efecto inmediato. Zúniga era profesora en el Centro Escolar República del Perú. En una entrevista con GatoEncerrado, aseguró que su despido fue en represalia por sus denuncias en contra de las irregularidades del gobierno y tras una persecución y hostigamiento por más de dos años por su lucha sindical.
Así como Zúniga, otros 80 empleados públicos más fueron despedidos en las tres semanas posteriores a la marcha, según informó el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora en una conferencia de prensa del 10 de noviembre. En esa ocasión, también detallaron que algunos de los despedidos eran sindicalistas y que fueron notificados de la supresión de sus plazas de manera verbal. Es decir, sus despidos fueron de forma irregular.
En la segunda marcha, que se realizó el 23 de noviembre, diversos sindicatos se unieron para denunciar los despidos de más de un centenar de trabajadores. Calificaron estos hechos como represivos y un intento por desarticular la lucha de estas organizaciones. Además, ese día continuaron las protestas para exigir un presupuesto justo en Educación y Salud.
La educación no es prioridad
Aunque reculó en su decisión de congelar el escalafón, el Gobierno de Bukele ignoró el resto de exigencias del gremios de educación. Por esa razón, los recortes en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) le dejan con $34.7 millones menos para su funcionamiento en 2025. Las disminuciones más importantes están en las unidades presupuestarias destinadas a la educación parvularia, básica y media.
La atención a la educación parvularia tendrá una reducción de $7.1 millones, la atención a la educación básica tendrá el recorte más significativo con $19.8 millones y la atención a la educación media disminuirá en $8.7 millones. Sobre estas reducciones, Idalia Zúniga dijo a esta revista que impactarán negativamente en la calidad del sistema educativo, especialmente en las comunidades más vulnerables. Además, generará precariedad en el acceso a recursos básicos, infraestructura y beneficios para maestros.
“Esta situación provocaría la no compra de material de parvularia, también puede ser que se recorten algunos beneficios o capacitaciones que recibían los maestros, porque de estos $7 millones no se define en qué vienen los recortes, sino que solamente está mencionada el área y está mencionada la cantidad. Para la educación básica, que es la atención de los niños de primer grado hasta noveno grado, que es donde está la mayor concentración de la población estudiantil y la mayor cantidad de centros escolares, allí se van a recortar $20 millones. En educación media se recortan $8 millones, pero decíamos que este sector también está siendo golpeado porque es donde se está capturando la mayor cantidad de estudiantes por esta situación del régimen, y se ha visto una disminución de estudiantes en esta área”, indicó Zúniga.
En septiembre de 2022, Bukele prometió reconstruir y remodelar 5,150 escuelas en un periodo de cinco años, es decir, de dos a tres por día. Un año después, Bukele admitió que esa promesa estaba “recontra atrasada”. Según una verificación del medio Voz Pública, 15 meses después de aquel anuncio de Bukele, solo se han terminado 49 escuelas y 89 siguen en construcción. Las escuelas concluidas representan solo el 2.1% del total que se pretende remodelar. Sobre esta situación, Zúniga señaló que en comparación a gobiernos anteriores, el actual es el que menos le ha apostado a la educación.
“Antes se tenía un bono que se llamaba ‘bonos de pequeñas reparaciones’, que eran $5 mil que se le entregaban a muchísimas escuelas. Hoy esto no se da, se ha concentrado todo el dinero, el recurso económico, pero se ha atendido muy poco. Entonces, de todos los Ministerios de Educación que hemos tenido en los gobiernos anteriores, este ha sido el más deficitario porque es el que se ha ahorrado dinero”, comentó Zúniga.
En la sesión del 14 de noviembre de la Comisión Legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto, el representante del Ministerio de Educación informó a los diputados que las metas en infraestructura para 2025 son mejorar 219 centros educativos a nivel nacional bajo los estándares del proyecto Mi Nueva Escuela. Además, dotar de mobiliario a 278 centros escolares y suministrar e instalar biodigestores en 67 escuelas.
Salud en decadencia
El Ministerio de Salud (MINSAL) es la cartera del Estado con el mayor recorte para 2025. Su presupuesto disminuirá en $92.1 millones, pasando de $1,262.5 a $1,170.4 millones. De las 11 unidades presupuestarias incluidas en su partida para el próximo año, siete reflejan un recorte, dos se mantienen con la misma asignación y solo dos tendrán un aumento: Primer Nivel de Atención y el proyecto Creciendo Saludables Juntos, enfocado a la primera infancia y que es financiado a través de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Algunas de las unidades con recortes son la Dirección y Administración Institucional ($16.8 millones menos), Programa de Atención Integral al Veterano de Guerra ($71 mil menos), Desarrollo de la Inversión ($1.2 millones menos) y Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia en el Primer Nivel de Atención ($88 mil menos).
El recorte más grande está en la unidad de Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades, a través de la cual se entregan fondos a la red nacional de hospitales y otras instituciones de salud. La reducción en esta área es de $34 millones, y serán afectados todos los hospitales nacionales, a excepción del Hospital Nacional El Salvador que, de hecho, recibirá un aumento de $26.9 millones.
Un dato no menor es que el Hospital Veterinario Chivo Pets contará con $10 millones para su funcionamiento, un presupuesto que es mayor al de 16 de los 31 hospitales de la red pública de El Salvador. En un inicio se dijo que el hospital veterinario sería financiado completamente por las ganancias de la criptomoneda bitcoin, pero esta información no ha sido pública y la opacidad alrededor del Chivo Pets ha sido la norma desde su inauguración.
El doctor Carlos Ramos Hinds, vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), conversó con GatoEncerrado sobre las consecuencias de estos recortes en un ramo tan importante que tiene como tarea velar por la salud y bienestar de los salvadoreños. Para Ramos, los recortes son alarmantes, especialmente porque el sistema ya es insuficiente para atender las necesidades básicas de la población.
“El recorte que se ha anunciado es realmente preocupante, porque estamos en un momento en el que la atención en salud está todavía muy lejos de cubrir los requisitos o las necesidades mínimas para la población. Si con el presupuesto actual o con el presupuesto de los años anteriores, hemos visto que el sistema se queda corto para poder atender a la población con dignidad y en una forma oportuna y con calidad, el recorte presupuestario no puede tener un impacto positivo, por el contrario, el efecto va a ser desastroso”, apuntó el doctor Ramos.
Ese efecto negativo se podría reflejar en tiempos de espera más largos para recibir consultas o diagnósticos, escasez de medicamentos y de insumos, además de una disminución en la calidad de la atención médica como consecuencia de la sobrecarga de trabajo por la disminución de personal y por la limitación de recursos.
El pasado 17 de diciembre, el doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), mencionó en una entrevista en vivo con esta revista que la situación en el Seguro Social también es alarmante.
“Hace más o menos tres meses, nosotros recibíamos la noticia, por parte de la misma población, personas que están allegadas a las contrataciones y adquisiciones, que ya tenía el Seguro Social más de seis meses de no estarle pagando a sus proveedores. El resultado que tenemos hoy es una deficiencia en insumos médicos y que está llevando a la suspensión de cirugías electivas a nivel de los hospitales de tercer nivel como el Hospital General Médico Quirúrgico y Hospital Primero de Mayo”, comentó Aguirre en esa ocasión.
En el Ministerio de Salud se eliminarán 1,114 plazas, pero al tomar en cuenta los 31 hospitales de la red pública, unidades de salud, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y otras instituciones encargadas de brindar servicios de salud, la cifra se eleva a más de 3,500 plazas suprimidas, lo que equivale a más del 33% de las 11,115 plazas que el Gobierno de Bukele aprobó reducir para 2025.
De acuerdo al análisis del economista José Luis Magaña, los recortes en Salud y Educación tendrán un impacto directo en los sectores más vulnerables del país, especialmente en las comunidades rurales y los grupos de menor ingreso, quienes enfrentarán mayores dificultades para acceder a servicios básicos, agravando la desigualdad estructural.
“Desde hace varios años hay una tendencia a desfinanciar el primer nivel de atención de salud para priorizar los recursos en los hospitales nacionales, eso implica alejar el acceso a la salud de las comunidades, porque la gente tiene que ir hasta el hospital, en lugar de que el sistema de salud vaya hacia las comunidades. Eso representa una carga adicional de transporte, de tiempo, una carga de cuidado que asumen particularmente las mujeres (…) Vemos una tendencia hacia la centralización, hacia un enfoque curativo en lugar de uno preventivo en términos de salud pública. En educación no vemos una puesta estratégica en el desarrollo de nuevos docentes, de plantel educativo, de mejoramiento de los sistemas de protección social para los niños y las niñas. Nuevamente van ampliando esa brecha de desigualdad estructural que tiene la economía salvadoreña”, concluyó Magaña.
Las prioridades del bukelismo
El presupuesto de 2025 también expone, una vez más, cuáles son las principales apuestas de Bukele al frente del país. Por ejemplo, la Fuerza Armada tendrá un aumento de $52.9 millones para seguir realizando tareas de seguridad pública, a pesar de que el mandatario pregona que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental y que se ha “curado” del mal que le aquejaba: las pandillas. Bukele aumentó el presupuesto del ejército, mientras que recortó la asignación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La institución con el mayor aumento es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que recibirá $81.2 millones más en comparación a lo que tuvo asignado para el 2024. Las líneas de trabajo con incrementos son la inversión en infraestructura, registro y regulación del transporte y el Fondo de Conservación Vial. En el apartado de obras públicas se detalla que el monto destinado asciende a $410 millones para realizar proyectos como la construcción de By Pass en San Miguel, el viaducto y ampliación de la Carretera Los Chorros, reconstrucción del mercado municipal de San Miguel, y la construcción y equipamiento de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en distritos priorizados.
La Presidencia de la República también tendrá un aumento. Su presupuesto pasará de $111.8 millones a $139.7 millones. La Presidencia es una de las cuatro instituciones, de las 17 que conforman el Órgano Ejecutivo, que tendrán un aumento en la unidad presupuestaria de la Dirección y Administración Institucional.
La Secretaría de Comunicaciones, que se dedica a enaltecer la figura e imagen del presidente inconstitucional, recibirá un aumento de $2.6 millones para hacer un total de $6.9 millones. Desde 2022, cuando le fueron asignados $2.9 millones, esta secretaría ha aumentado su presupuesto en un 135%.
El presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) también aumentará. En este caso, pasará de $1 millón a $1.5 millones. Aunque su asignación parezca baja, la realidad es que durante el transcurso del año este presupuesto sufre modificaciones exageradas. Una investigación de La Prensa Gráfica expuso que en 2023 la Inteligencia del Estado recibió más recursos de los que se aprobaron originalmente, de $1.5 millones pasó a $33.5 millones. Según otras investigaciones periodísticas, el OIE se ha encargado de hacer espionaje en contra de opositores políticos y periodistas.
A la semana siguiente de conocerse el proyecto de presupuesto para 2025, GatoEncerrado conversó con la economista Julia Evelyn Martínez, quien hizo una lectura sobre los aumentos que reflejan las principales apuestas de Bukele. En esa ocasión, Martínez fue tajante en expresar que el presupuesto está pensado para un grupo minoritario de la población con suficientes recursos económicos, y para los extranjeros que visitan el país.
“Quieren construir un país para el 20% más rico de la población, un país para extranjeros que tengan poder adquisitivo y un país en el cual los negocios del señor Bukele, hermanos y compañía S.A. de C.V., porque esto es un gobierno que se está manejando como una empresa con sus allegados, logren obtener mayores ganancias, generen un proceso de acumulación de capital que les lleve a convertirse en parte de la oligarquía salvadoreña. Parece que es tanto el éxito que está teniendo el presidente Bukele que ya se convirtieron en terratenientes, ya son cafetaleros, son propietarios de inmuebles y entonces ellos ya están casi por sentarse en la mesa de la oligarquía salvadoreña”, aseveró la economista sobre las principales intenciones de Bukele con el presupuesto para 2025.
