Análisis
Eliminar el financiamiento público de partidos políticos fue la excusa del bukelismo para forzar los candados constitucionales
El partido de Nayib Bukele concretó otro retroceso democrático al romper los candados constitucionales que exigían dos legislaturas para hacer reformas a la Constitución y ratificarlas. Ahora, el oficialismo podrá seguir su patrón de moldear la Constitución a conveniencia en tan solo minutos, de forma exprés y sin una debida discusión y consulta ciudadana. En palabras simples, ahora puede reescribir la carta magna para que se adapte a sus intereses. Si así lo quisiera, podrá confeccionar una Constitución que reconozca un partido único oficial, hacer legal la reelección presidencial indefinida y ampliar el periodo de los funcionarios. Ya no hay límites. Esto se suma a que ya controla todas las instituciones del Estado.
Por Eugenia Velásquez y Ezequiel Barrera
Febrero 21, 2025
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La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, eliminó el financiamiento público que recibían los partidos políticos para campañas electorales. Para suprimir esta deuda política del Estado salvadoreño, establecida en el artículo 210 de la Constitución de la República, los diputados primero reformaron el artículo 248 de la carta magna para que una misma legislatura pueda modificarla de forma exprés y sin esperar la ratificación de la siguiente. Constitucionalistas y expertos en derecho electoral, consultados por GatoEncerrado, coinciden en que estos cambios buscan favorecer los intereses de Nayib Bukele y nada tienen que ver con supuestas exigencias de la ciudadanía.
Para Ruth Eleonora López, experta en derecho electoral y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, la eliminación de la deuda política fue tan solo una excusa para modificar el procedimiento de reformas y que la Constitución deje de ser un límite al poder que ostenta Bukele desde la Casa Presidencial. En otras palabras, lo que el bukelismo buscaba era quitarle los candados a la Constitución para modificarla de forma exprés y que se ajuste a sus intereses. “Todo en la Constitución ahora puede ser modificado en minutos”, explicó la experta.
Eso incluye reformas para permitir la reelección presidencial indefinida, ampliar periodos de los funcionarios, reconocimiento de un solo partido político oficial, modificar el régimen de concesiones y hasta ampliar las horas de trabajo semanal. Todo lo que el bukelismo considere necesario para sus intereses podría ser reformado, por dispensa de trámite, en una misma tarde y con tiempo de sobra para llegar a la hora de la cena.
La bancada oficialista de Nuevas Ideas, de hecho, se ha caracterizado por aprobar en tiempo exprés y sin objetar todo lo que ordena Casa Presidencial. Con estos antecedentes, es lógico prever que así como fue precoz para aprobar leyes, también será veloz para aprobar y ratificar reformas. Un ejemplo de esto es la reforma constitucional que permite a una misma legislatura modificar y ratificar cambios en la carta magna. Este proceso tomó exactamente tres horas con trece minutos (3h 13m), el pasado 29 de abril de 2024. Para ponerlo en perspectiva, ese tiempo es tan solo un minuto menos de lo que duran las dos partes de la película Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet (3h 14m). La ratificación de esta reforma, que se ejecutó el pasado 29 de enero por dispensa de trámite, tomó 37 minutos. En comparación, un fan de Michael Jackson todavía necesitaría cinco minutos más para terminar de escuchar por completo el álbum Thriller —el más vendido de la historia—, que dura 42 minutos.
El máster en derecho electoral, Malcolm Cartagena, agregó que las reformas constitucionales no solo fueron aprobadas y ratificadas en tiempo expedito para favorecer los intereses del bukelismo, sino que también siguieron un procedimiento ilegal. Los diputados oficialistas trastocaron los artículos pétreos —es decir, aquellos que eran intocables— con el objetivo de abrir la puerta a cualquier reforma que antes estaba prohibida para no alterar el orden democrático. “Esto fue lo que permitió esta reforma para eliminar la deuda política”, aseveró el experto.
Cartagena señaló que el Gobierno de Bukele y sus diputados impusieron una narrativa de lo que supuestamente la gente pedía, de abolir el financiamiento público para campañas electorales y ocuparlo en obras; pero más allá de eso, lo que en realidad hizo el oficialismo fue quitar los candados a la Constitución para cambiar el sistema de gobierno e incluso tener la posibilidad de que se facilite la reelección presidencial indefinida.
La excusa para forzar los candados constitucionales
Desde que la bancada oficialista aprobó, en abril de 2024, la reforma para que una misma legislatura haga modificaciones a la Constitución y también las ratifique, diferentes sectores de la sociedad civil señalaron que esto podría representar otro retroceso democrático protagonizado por el bukelismo. Cuando el nuevo periodo legislativo comenzó, en mayo del mismo año, la ratificación quedó en pausa y fue retomada hasta enero de 2025. Para ese mes, el Gobierno de Bukele y su Asamblea enfrentaban críticas por haber aprobado la ley que permite nuevamente la minería metálica en El Salvador. Esa ley fue propuesta, supuestamente discutida e impuesta en tan solo 26 días, a pesar de que las encuestas señalaban que seis de cada diez salvadoreños rechazan la minería por las advertencias que hacen estudios científicos sobre las graves consecuencias ambientales en un país como El Salvador.
En medio de esas críticas, Bukele publicó en sus redes sociales, el 24 de enero, que la deuda política debía eliminarse. Bajo la misma narrativa oficial y con la retórica de que ese dinero podría ser utilizado en obras, la bancada de Nuevas Ideas expuso que para eliminar la deuda política era necesario ratificar la reforma constitucional que habían dejado pendiente y que les permitiría modificar y ratificar cambios en la carta magna en una sola legislatura.
Así que la ratificaron y unos días después estrenaron la reforma con la derogación del artículo 210 —que establecía “la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”— y en el mismo momento ratificaron la eliminación de la deuda política.
Malcolm Cartagena, quien además es coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, consideró que eliminar la deuda política también representa un retroceso en el sistema de partidos políticos de El Salvador. Explicó que en países democráticos, lo que ocurre es que se amplía el financiamiento público bajo la lógica de que es la mejor manera de fiscalizar los millones de dólares que los institutos políticos utilizan para sus campañas electorales.
“Pero al eliminarlo por completo se deja a merced a los partidos de que salgan a buscar financiamiento y, por supuesto, se vuelven más proclives o están más expuestos a que sea dinero ilícito el que termine financiandolos”, comentó a GatoEncerrado.
Cartagena agregó que dejar proclives a los partidos para que busquen fondos privados también perjudica la labor de los políticos que logran llegar al poder a través de las elecciones, pues a cambio de dinero para financiar sus campañas pueden terminar amarrados a los intereses de empresarios o, en el peor de los casos, comprometidos con cabecillas de grupos criminales.
“Las políticas públicas que van a promover o dejan de promover serán en razón del beneficio o daño que puedan ocasionar a sus financistas”, aseveró.
Ruth López añadió que la deuda política no siempre se da en dinero. También es entregada en espacios de medios de comunicación estatal, a fin de garantizar una plataforma mínima de competencia electoral y evitar que sean los intereses privados y del crimen organizado los que determinen las decisiones de los políticos que se convierten en funcionarios.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) también criticó la eliminación de la deuda política argumentando que esto terminará afectando la participación ciudadana y favoreciendo solamente a los sectores privilegiados y ricos, incluso aquellos que tienen recursos financieros por las ganancias que les dejan sus actividades criminales.
“El financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones. Al suprimir este financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, lo que podría distorsionar aún más la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común. Esa medida, además, desestimula la organización de la ciudadanía en partidos políticos para participar en asuntos públicos”, reza el comunicado de Fespad.
Nuevas Ideas tenía la tajada más grande del financiamiento público
Antes de la derogatoria y ratificación exprés de la deuda política, el monto que recibía cada partido era en proporción a la cantidad de votos que obtenía en cada elección. Nuevas Ideas, que hasta la fecha ha participado en las elecciones de 2021 y 2024, es el partido que más recursos del Estado ha recibido y que no ha transparentado.
“En el país, el partido de gobierno ha disfrutado de la deuda política y ha sido del conocimiento de todos que, además, ha usado recursos públicos, más allá de lo que legalmente les correspondía. Sin embargo, hasta ahora ni la Corte de Cuentas, ni el Tribunal de Ética Gubernamental, ni el Tribunal Supremo Electoral han actuado al respecto”, sostuvo López.
El diputado opositor Francisco Lira, del partido Arena, también dijo a esta revista que, según sus cálculos, Nuevas Ideas ha recibido aproximadamente $40 millones en concepto de deuda política sin haber transparentado su uso. “¿Ya les entregó el finiquito la Corte de Cuentas a Nuevas Ideas?”, cuestionó. Sin embargo, pese a sus exigencias de rendición de cuentas, su compañera de la fracción legislativa, la diputada Marcela Villatoro, ha denunciado públicamente que la dirigencia de su partido tampoco ha transparentado el manejo de todos estos fondos.
En diferentes informes sobre el financiamiento de partidos, que elabora la organización Acción Ciudadana, la constante es que el partido Nuevas Ideas siempre oculta cuánto dinero ingresó a sus cuentas, quiénes son sus donantes y cómo ha utilizado ese dinero. No todos los partidos son transparentes, pero Nuevas Ideas destaca en ocultar información.
En la votación para eliminar la deuda política, Arena votó dividida: Villatoro se unió a la bancada oficialista y acompañó con su voto la reforma para derogar el financiamiento público de partidos políticos, mientras que Lira votó en contra. Claudia Ortiz, la otra diputada del partido opositor Vamos, se abstuvo de votar.
El diputado del PCN y aliado incondicional del oficialismo, Reynaldo Cardoza, admitió que sin la deuda política el resto de partidos que no son del gobierno —incluido su partido PCN— tendrán dificultades económicas para participar en las próximas elecciones. Aun así, fiel al oficialismo, votó para derogar la deuda política.
Cardoza también dijo estar consciente de que, al no contar con financiamiento público, los partidos pueden ser seducidos por el coqueteo del narcotráfico a cambio de favores políticos.
“Sería un caos en el país, ¿se imagina que venga el narcotráfico y financie a partidos políticos en el país? Sería un verdadero error, sería un verdadero caos”, manifestó Cardoza en declaraciones previas a la votación para derogar la deuda política.
Cardoza, según investigaciones del periódico El Faro, ya ha sido vinculado a una estructura de narcotráfico denominada el “Cartel de Texis” y desde que se hizo diputado, en 2009, su patrimonio se multiplicó por siete.
En síntesis, y a criterio de analistas y organizaciones de la sociedad civil, el bukelismo justificó la eliminación de límites constitucionales con una reforma para quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Una medida que en apariencia es para reorientar los fondos hacia obras en beneficio de la población, pero que en la realidad dificulta la participación política de la ciudadanía en general y privilegia a quienes tienen riqueza, incluso si proviene de actividades delictivas, para invertir en elecciones y candidatos. Sin candados constitucionales y sin recursos públicos para que ciudadanos participen en política, el bukelismo tiene ahora la puerta abierta para modificar la Constitución a conveniencia en minutos, participar en elecciones posiblemente como partido único y con todas las instituciones del Estado controladas.
