Ambiente
El movimiento ambiental de El Salvador está en crisis, censurado, perseguido y en el exilio
Desde la captura del abogado Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, que ocurrió al mismo tiempo que el bukelismo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, organizaciones ambientalistas y activistas de larga trayectoria en El Salvador han tenido que desplazarse forzosamente para esquivar nuevas capturas. No huyen, sobreviven a un régimen autoritario que ha criminalizado su labor para beneficiar a las industrias que depredan y explotan los bienes naturales del país. A esto se suma la asfixia económica con impuestos desproporcionados y trámites para someterse al control del Registro de Agentes Extranjeros. Todo esto ha empujado a varias organizaciones a cerrar sus operaciones y a activistas a moverse en silencio, lejos de vigilancia oficial.
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Por GatoEncerrado
Editado por Ezequiel Barrera | Diciembre 9, 2025
Las voces de ambientalistas en El Salvador —quienes históricamente han documentado y denunciado la explotación de los bienes naturales— enfrentan hoy persecución política y censura. El Gobierno de Nayib Bukele ha convertido el régimen de excepción y su Ley de Agentes Extranjeros en instrumentos de represión, diseñados para contener y castigar a quienes se atreven a contradecir la narrativa oficial de un país ordenado y próspero.
Este silenciamiento, que en algunos casos se ha convertido en exilio, de las organizaciones ambientalistas y activistas se hizo evidente desde mayo y junio de 2025, cuando dos episodios marcaron un antes y un después en la persecución política en El Salvador. El primero ocurrió cuando el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, fueron capturados y enviados a prisión sin base jurídica, tras acompañar una manifestación pacífica de la comunidad que es representada legalmente por la cooperativa. Los habitantes pedían públicamente la intervención de Nayib Bukele para impedir el desalojo de sus tierras.
El segundo episodio llegó cuando la Asamblea Legislativa aprobó, de forma exprés, la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), una pieza que profundizó el clima de intimidación y terminó por sellar la deriva autoritaria que hoy enfrenta el movimiento ambientalista, junto a todas las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos y promueven la transparencia.
Ambos episodios están ligados. Fue por esa manifestación ciudadana de la Cooperativa El Bosque que Nayib Bukele, irritado contra las asociaciones ambientalistas y otras que defienden derechos humanos, acusó a la sociedad civil organizada de manipular comunidades y de operar como supuestas fuerzas desestabilizadoras. A partir de ese mensaje, publicado en redes sociales, su Asamblea Legislativa se apresuró a aprobar la LAEX, reforzando un clima político donde el disenso se considera ofensivo para los intereses del gobierno, la protesta se califica como un acto para desestabilizar y la defensa del territorio y los bienes naturales puede terminar con activistas compartiendo celdas con criminales. Así como le ha ocurrido al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque.
La noche de la manifestación pacífica de la Cooperativa El Bosque y que fue reprimida por la Policía Militar de Nayib Bukele y la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía. Video: Mónica Rodríguez.
La LAEX, en esencia y por los argumentos del mismo Bukele, fue concebida para desfinanciar a las organizaciones de sociedad civil, con el cobro de un impuesto del 30 % por cada donación que reciben. Además, impone multas desproporcionadas, a discreción de representantes del gobierno, de hasta $200 mil, lo que podría dejar en bancarrota a organizaciones que funcionan anualmente con un presupuesto muy por debajo de ese monto. Pero más allá del impuesto y las multas exageradas, lo que está de fondo es el control de las actividades de las organizaciones no gubernamentales y la persecución de aquellas que no se alinean al oficialismo. La ley es tan ambigua y tan amplia que faculta al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) para que cancele las personerías jurídicas de las organizaciones y que se persiga penalmente a sus representantes.
Por estas razones, algunas de las organizaciones y sus activistas han decidido mantener un perfil bajo. En la práctica, el movimiento ambientalista quedó debilitado en uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. La mayoría de los activistas y representantes de organizaciones dejaron de pronunciarse públicamente sobre los impactos de la minería, desalojos de comunidades y la destrucción de bosques. En casos más extremos, decidieron cerrar sus operaciones en El Salvador y exiliarse.
Entre las organizaciones que cerraron operaciones están el Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), instituciones que trabajaron por décadas en la defensa del medio ambiente en los territorios y acompañaron las denuncias de comunidades en resistencia.
Otras organizaciones regionales, con sede en El Salvador, cerraron sus operaciones en el país y trasladaron sus oficinas a países vecinos, como Guatemala y Honduras. Así sucedió con Cristosal, que documentó los desalojos de las comunidades de El Condadillo y Flor de Mangle por la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión. La misma historia ocurrió con la Fundación Heinrich Böll, reconocida por apoyar financieramente proyectos científico-ambientales en El Salvador.
En total, para esta nota, GatoEncerrado platicó con representantes de 11 organizaciones ambientalistas de El Salvador para comprender las razones detrás de su silencio, el cierre de operaciones o, incluso, su exilio. Todos, sin excepción, expresaron preocupación por la pérdida de proyectos comunitarios que afectará a la población y a la biodiversidad, denunciaron la criminalización de su labor y admitieron que la autocensura se ha convertido en una estrategia de supervivencia.
La mayoría de esos representantes, quienes son ambientalistas destacados del país, accedieron a hablar con esta revista para explicar sus razones bajo la condición de mantener en reserva su identidad y la de sus organizaciones. Algunos especificaron que a pesar de la persecución y la criminalización no están dispuestos a clausurar sus proyectos comunitarios, pero quieren mantener un perfil bajo para no enfurecer al Gobierno de Bukele. En estos casos en los que se niegan a dejar morir los proyectos, según explicaron, han iniciado el proceso de inscripción ante el RAEX que exige la ley. Con ese trámite pendiente de resolución en el Ministerio de Gobernación, están convencidos de que expresar sus opiniones libremente e identificarse con nombre y apellido podría poner en riesgo la inscripción de sus organizaciones, por lo que prefirieron hablar bajo anonimato.
DATO
Autocensura
Al cierre del quinto año del presidente Nayib Bukele, la mayoría de la población salvadoreña percibe un ambiente de temor y autocensura frente a la crítica política. El 85 % considera probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por expresar opiniones contrarias al gobierno; además, seis de cada cien salvadoreños admiten ser más cuidadosos al hablar de política con otros, y un 53.9 % manifiesta sentir algún nivel de miedo a ser intimidado o amenazado por pronunciarse sobre temas nacionales o decisiones gubernamentales.
Fuente: Encuesta de evaluación del 5° año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, UCA (mayo a junio 2025)
Entre los que sí aceptaron hablar con nombre y apellido está Carlos Flores, un destacado ambientalista del país y vocero de ECOS El Salvador. Para entender la relevancia de esta organización hay que remontarse al año 2017, cuando nació y comenzó a formar parte del Foro del Agua, un colectivo de movimientos ambientalistas y juntas de agua. Desde entonces, acompañó a comunidades que se oponían a la construcción de pozos y extracción de agua realizada para la empresa Coca-Cola, en el distrito de Quezaltepeque; además, documentó y acompañó la denuncia por la explotación del principal manto acuífero de San Salvador para proveer de agua al megaproyecto urbanístico Valle Dulce — antes Valle El Ángel—, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Bukele.
En los últimos dos años, la organización también brindó asesoría legal a juntas de agua para facilitar su inscripción ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Además, presentó ante esa institución una propuesta de reglamento de la Ley de Agua para la atención de las juntas y garantizar el abastecimiento de las comunidades. El abogado ambientalista y presidente de ECOS, Alejandro Henríquez, era una de las personas más involucradas en el trabajo comunitario, hasta que fue capturado, frente a la oficina de la organización, en la colonia Miramonte de San Salvador Centro.
El día de esa captura, Carlos Flores, vocero de ECOS, acompañaba a su compañero Alejandro Henríquez cuando unos policías vestidos de civil y en un vehículo particular lo detuvieron antes de entrar en las oficinas de la organización. Aunque alegó que Henríquez es inocente y que era injusta la detención, se hizo a un lado cuando los agentes lo amenazaron con capturarlo por discutir con ellos. Tras ese episodio, sumado a vigilancia policial, tuvo que desplazarse forzosamente a otro país para evitar ser capturado por el simple hecho de ejercer su labor como ambientalista. Luego de marcharse del país, ECOS anunció públicamente que había decidido cerrar sus operaciones.
“Lo que hacíamos era brindar asesoría directa a las organizaciones que lo solicitaban. Ese era el trabajo que desarrollaba Alejandro Henríquez en la estructura del Foro del Agua: dar asesoría legal, elaborar documentos a las organizaciones locales y ayudarles a canalizar esa documentación hacia las autoridades”, dijo Carlos Flores a GatoEncerrado.
El cierre de ECOS, agregó Flores, también es consecuencia directa de la LAEX. Afirmó que, por ahora, en El Salvador no existen condiciones para seguir acompañando a la ciudadanía que exige su derecho al agua: “Nuestra valoración es que poco se puede hacer en el país y lo mejor es dejar de trabajar. Decidimos no inscribirnos en el registro para no exponer a nuestros colaboradores”, apuntó.
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Alejandro Henríquez también estaba involucrado en el Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador (REVERDES), una iniciativa de jóvenes activistas que denunciaban los desalojos y desplazamiento de comunidades por complejos urbanísticos y turísticos, la contaminación de la minería y la construcción de proyectos en zonas de alta relevancia ambiental. Tras la captura, el movimiento quedó debilitado y algunos de sus integrantes tuvieron que tomar la decisión de exiliarse.
Una vocera de REVERDES, quien pidió no mencionar su nombre en este reportaje por su propia situación de exilio, explicó que algunos de sus compañeros y compañeras tomaron la decisión de salir del país de manera preventiva. No solo por la captura de Alejandro Henríquez, sino también por la persecución y vigilancia que la Policía había montado en su contra. Afirmó que el trabajo de REVERDES sigue, pero ahora desde el exterior.
“El caso de la Cooperativa El Bosque ha servido para perseguir y amenazar a las organizaciones que estamos denunciando injusticia en los territorios”, señaló la vocera de REVERDES y añadió que la captura de Alejandro Heríquez y del pastor José Ángel Pérez es injusta, por lo que exigen su liberación.
Una vocera de una organización de mujeres ambientalistas de San Salvador Sur también dijo a esta revista que la criminalización y captura de Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez es interpretada por el movimiento ambiental como un mensaje de que eso mismo le puede ocurrir a cualquiera que se atreva a denunciar, manifestarse y protestar o que simplemente no se alinee a los intereses del gobierno ni le aplauda.
“Si vemos ahora las marchas y concentraciones para denunciar o poner en la palestra pública las situaciones ambientales o vulneraciones a los derechos, no todos participan”, lamentó la ambientalista.
En este contexto, callar no es sinónimo de cobardía, sino instinto de supervivencia.
La ambientalista añadió que los espacios de diálogo con el gobierno y otras instituciones del Estado también se han venido cerrando desde que Nayib Bukele asumió el poder, en 2019. Hace seis años, según recuerda, todo era diferente, ya que su organización lograba algún tipo de diálogo y eran escuchadas por funcionarios.
“Con esta ley (LAEX) es más difícil también. Vivimos en un sistema donde defender los derechos humanos y ambientales nos pone en riesgo, porque el mismo Estado es el que está violentando los derechos”, afirmó.
Otro de las consecuencias de la LAEX es que ha puesto en riesgo los empleos de ambientalistas que trabajan para las organizaciones. En otras palabras, está dejando sin sustento a familias de activistas. Así lo mencionó Pedro Cabezas, el representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), una organización regional que acompaña luchas ambientales en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
“Hay una serie de puestos laborales que se generan a través de la actividad económica que generan estas organizaciones sociales y al no tener la capacidad para ejecutar proyectos, acceso a financiamiento y la imposición de un impuesto del 30 %, eso limita los empleos de mucha gente”, comentó Cabezas.
Una de las organizaciones que cerró sus operaciones tras la aprobación de la LAEX, y por consecuencia su personal quedó sin su plaza en la institución, es FESPAD. Esta organización acumulaba 37 años de acompañamiento a comunidades en resistencia frente a desalojos, proyectos hidroeléctricos y actividades mineras. En su comunicado, del 4 de septiembre, señaló que la LAEX es obstáculo para la contraloría social a la gestión pública y la defensa de los derechos humanos que históricamente ha realizado.
“Pretender seguir operando bajo las condiciones impuestas por la LAEX implicaría abandonar nuestra finalidad”, señaló FESPAD en su comunicado.
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Asimismo, Cristosal anunció públicamente el cierre de sus operaciones en El Salvador, poniendo fin a 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos. La institución decidió retirarse del país desde la aprobación de la LAEX, pero continuar sus labores desde los países vecinos donde también trasladó a su personal ante el constante acoso legal y administrativo al que fue sometido, así como al espionaje, las campañas de difamación y, lo más grave, la captura de su jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción, Ruth Eleonora López, detenida desde mayo de este año y procesada por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito.
La LAEX, el instrumento para asfixiar a las organizaciones
La aprobación de la LAEX fue exprés, pero no sorpresiva. El Gobierno de Bukele y su Asamblea Legislativa ya tenían previsto aprobar la ley en noviembre de 2021. Sin embargo, los diputados suspendieron la aprobación de manera repentina. Extraoficialmente, trascendió que la iniciativa fue congelada tras los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos y embajadas de distintos países en El Salvador. Entre los pronunciamientos internacionales y que fueron públicos, en 2021, están el de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Con la aprobación de la ley, este 2025, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR), Human Rights Watch, entre otros, volvieron a pronunciarse para señalar que la ley restringe los “derechos a la libertad de asociación y de expresión, así como la labor de derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil”.
Pese a los llamados internacionales, esta vez el gobierno no retrocedió. La ley apareció publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2025, y ochos días después entró en vigencia. Una de las primeras afectadas por la LAEX, entre el movimiento ambiental de El Salvador, fue una organización fundada por académicos en la década de 1980 y que, desde entonces, trabaja en proyectos para enfrentar el cambio climático. El 29 de agosto, el RAEX resolvió que esta organización no aplicaba para la exoneración del impuesto del 30 %. El argumento de las autoridades fue que el presidente de la organización “habría realizado actividades con fines políticos indirectamente”, según consta en una resolución a la que GatoEncerrado tuvo acceso.
El RAEX también señaló, en su resolución, que no le otorgó la exoneración del impuesto porque la organización ha brindado apoyo público al Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático (MOVIAC), un colectivo que aglutina comunidades campesinas, mujeres y jóvenes.
El impuesto del 30 %, según explicó el presidente de esa organización a GatoEncerrado, fue aplicado a dos fondos que recibieron después de que la ley entró en vigencia. Ese dinero estaba destinado únicamente a cubrir gastos operativos de la organización: “Con esta ley nos van a destruir económicamente”, advirtió.
El presidente de la organización agregó que apeló la resolución ante el RAEX. En respuesta, el registro dejó sin efecto la decisión de cobrarles el impuesto como organización de manera general, y ordenó una nueva solicitud de exención del impuesto por cada proyecto para el que reciban fondos.
A pesar de la nueva resolución, las implicaciones de la ley provocaron que el financiamiento de proyectos comunitarios, realizado por un donante europeo y otro canadiense, fuera suspendido. Además, otro donante, con el que estaban gestionando proyectos para enfrentar el cambio climático, fue explícito al afirmar que no asumirá el 30 % del impuesto, en el caso de que la organización no consiga la exoneración. Esto último significa que el alcance y las actividades del proyecto se verán reducidas, porque el 30 % del fondo se lo quedará el gobierno.
El presidente de esta organización ha sido una de las voces más constantes en la denuncia de los impactos de la minería, la prohibición del plástico de un solo uso y, recientemente, de la destrucción de una porción del Bosque El Espino para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en Antiguo Cuscatlán.
El aporte de su organización también se puede ver reflejado en el impulso de iniciativas de ley para prohibir el plástico de un solo uso en El Salvador y en la ley del uso de la bicicleta como alternativa a los automotores que usan combustibles fósiles que agravan la crisis climática. Su incidencia política, según consta en sus memorias de trabajo, ha sido promover soluciones y estrategias para enfrentar el cambio climático.
Otra asociación ni siquiera fue inscrita en el RAEX. Lo que significa que su personería jurídica fue cancelada y sus operaciones fueron clausuradas. Jonathan Sisco, abogado de Cristosal y quien documentó el caso, detalló que el RAEX le negó la inscripción a esta asociación porque su representante participó en campañas públicas y acompañó denuncias de comunidades.
“Según el análisis y las investigaciones realizadas con base en las facultades otorgadas por el Art. 7 de la Ley de Agentes Extranjeros, se determinó lo siguiente: Que de conformidad con las facultades de supervisión y monitoreo elaborados por esta Dirección, se ha verificado que dicha asociación -por medio de su Dirección Ejecutiva- ha realizado actividades de carácter e influencia política, tales como: Participación activa en campañas públicas, y emisión de comunicados en medios de comunicación y redes sociales orientados a incidir en las políticas del gobierno”, reza la resolución que GatoEncerrado pudo leer.
Sisco explicó que rechazar la inscripción de esta asociación es otra evidencia de que el Gobierno de Bukele busca silenciar la opinión, la crítica o voces diferentes a la narrativa oficialista: “Así como sucedió con está asociación, pueden haber más organizaciones (canceladas)”, señaló.
Otro representante de una organización, reconocida internacionalmente por su denuncia de los impactos de la minería y el trabajo con las comunidades del norte del país, explicó a esta revista que obtuvo la exención del impuesto, pero que para lograrlo su asociación tuvo que dejar de realizar actividades de análisis de la realidad nacional, acompañamiento en movilizaciones de comunidades y talleres sobre el impacto de la minería en los territorios. Aunque esto ha limitado las acciones y alcance del trabajo, al menos les permitió inscribirse ante el RAEX.
“Estas acciones no fueron incluidas en los proyectos que presentamos, ya que el artículo 9 regula las prohibiciones. La asociación reconoció que estar en estos temas podría poner en riesgo la renovación de la exclusión”, dijo.
La asociación recibió la exoneración del impuesto en agosto, por un plazo de un año. Sin embargo, esto no fue fácil para la institución. Su representante detalló que al solicitar el registro tuvieron que cuidar hasta la redacción en los documentos presentados ante el RAEX. Por ejemplo, evitaron colocar en los documentos palabras y conceptos como “derechos humanos”, “lucha reivindicativa” y “minería”. El análisis previo a la presentación de la documentación fue que incluir estos conceptos podría ser interpretado como contrario a los intereses del gobierno.
Las actividades que seguirán ejecutando, y que vienen trabajando desde hace años, son solamente aquellas relacionadas con salud psicológica, eventos de recreación, soberanía alimentaría, creación de asociaciones de jóvenes, comités comunitarios, entre otras similares.
Una representante de otra organización, que también fue exonerada del impuesto, comentó a esta revista que todos los proyectos con los que trabajan continuarán en los territorios; sin embargo, especificó que desde la vigencia de la LAEX e inscripción en el RAEX ya no pueden coordinar acciones de exigencia de derechos, para no transgredir la ley ni el reglamento.
DATO
Sin protesta
El 91 % de las organizaciones– de 129 consultadas en 2024– temen a participar en marchas, protestas o manifestaciones; mientras que el 88.3 % asegura que en el país hay censura. Desde la vigencia de la LAEX, en 2025, el temor aumentó entre las organizaciones y activistas.
La ley afecta directamente a las organizaciones ambientalistas y también afecta indirectamente a las comunidades que cuidan los territorios y los bienes naturales. Muchos de los proyectos ejecutados por las organizaciones, con financiamiento extranjero, beneficiaban a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ubicadas en zonas abandonadas y olvidadas por el Estado, explotadas por empresas y, en casos documentados por la prensa, también explotadas para construir megaproyectos estatales.
Muchos de los proyectos de las organizaciones, afectados por la LAEX, eran talleres de agroecología familiar, asistencia y acompañamiento de legalización de juntas de agua y Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), formación en fontanería, procesos comunitarios de concientización ambiental, género, autocuidado y nuevas masculinidades, así como publicaciones de estudios, informes e investigaciones científicas, entre otros servicios.
El impuesto del 30 % que establece la ley, según dijeron los representantes de las organizaciones, ha ahuyentado la cooperación internacional. Una de las representantes contó a GatoEncerrado que su organización, que trabaja en la zona paracentral del país, recibió un fondo para desarrollar más investigación científica sobre la situación del río Lempa; pero que está preocupada porque si no consigue la exoneración del impuesto, el proyecto podría cancelarse.
“Teníamos un proyecto que está en ejecución, una partida para una investigación sobre el río Lempa. Si no se nos quita ese impuesto, seguramente no va a ser desarrollado. Ese es el primer impacto que tendríamos: no habría más información científica (sobre el río más importante del país)”, lamentó la ambientalista.
Además, teme que otros procesos formativos y de incidencia ciudadana, especialmente aquellos vinculados a la defensa de los territorios frente a proyectos mineros, también se vean afectados por la ley, particularmente en el contexto de la reactivación minera impulsada por el Gobierno de Bukele a finales de 2024.
“En realidad, la ley nos pone una limitante para hablar abiertamente del tema minero. Debemos tratarlo con la debida precaución”, advirtió la ambientalista.
Durante las últimas tres décadas, la ambientalista ha acompañado a las comunidades del norte del país en su lucha contra la minería. Su trabajo fue clave para detener el proyecto minero impulsado por la empresa Pacific Rim, y también para la aprobación de la ley que prohibió la minería metálica en 2017, normativa que fue derogada por diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, en diciembre de 2024.
Estas luchas que culminaron en una ley que prohibía la minería metálica eran coordinadas por un colectivo de organizaciones que dio origen a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Ese espacio de coordinación, según la ambientalista, se encuentra en pausa tras la entrada en vigencia de la LAEX. Lo lamentable, según señaló, es que esta pausa ocurre en un momento histórico en el que la minería regresa al país, de la mano del Gobierno de Bukele.
Otra ambientalista de una organización diferente, que lidera la lucha contra la minería transfronteriza en el occidente del país, también expresó su preocupación por el impacto que la ley podría tener en varios proyectos comunitarios. Entre ellos se encuentra el monitoreo de la calidad del agua que realiza un grupo de mujeres en el lago de Güija, el cual está en riesgo por la actividad minera en Guatemala.
Ley de Agentes Extranjeros, pág 3-18.
Reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros
Las dictaduras centroamericanas y el extractivismo
La LAEX no es solo un instrumento para la criminalización de las organizaciones y activistas, también acomoda las condiciones para el extractivismo. Jonathan Sisco, señala que la ley reproduce patrones ya vistos en la región. Según explicó, la normativa es muy similar a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en octubre de 2020. Esa ley ha sido utilizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para la cancelación de la personería jurídica de organizaciones, entidades privadas, universidades y fundaciones. Entre esas también hay organizaciones ambientalistas.
Para Pedro Cabezas, de Acafremin, la aprobación de leyes de agentes extranjeros en El Salvador y Nicaragua responde también al contexto de consolidación de modelos extractivistas, principalmente de la minería, en la región.
Estos modelos, según explicó Cabezas, son impulsados por gobiernos, actores externos y corporaciones multinacionales, para deteriorar la institucionalidad democrática e incrementar los conflictos en los territorios, provocando la criminalización y persecución de organizaciones y defensores ambientalistas en Centroamérica.
“Entonces, la eliminación de la garantía democrática pasa por procesos no solo de persecución, de eliminación de leyes y garantías democráticas para los defensores, sino que también por leyes que previenen a la sociedad civil de actuar y organizarse para defender sus territorios. Eso es lo que nosotros estamos viendo y lo que pasa con la ley de agentes extranjeros”, apuntó Cabezas.
De la “transparencia” a la mordaza:
leyes de agentes extranjeros en El Salvador y Nicaragua
Ambas leyes utilizan el calificativo de “agente extranjero” para
someter a vigilancia fiscal y política a organizaciones que reciben
fondos internacionales en contextos de concentración de poder
y cierre del espacio cívico.
| Aspecto | El Salvador — Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) | Nicaragua — Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros |
|---|---|---|
| Nombre, número de ley y fecha |
Ley de Agentes Extranjeros (LAEX). Aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2025, a solicitud del presidente Nayib Bukele, y publicada en el Diario Oficial pocos días después. Se inscribe en el contexto del régimen de excepción y de la concentración de poder en el Ejecutivo. |
Ley N.º 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de octubre de 2020, en el marco de la represión posterior a las protestas de 2018 y del cierre sistemático del espacio cívico bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. |
| Objeto declarado | La LAEX afirma que busca garantizar la “transparencia” del financiamiento extranjero, proteger la “soberanía”, la “seguridad nacional” y la “estabilidad”, regulando a personas y organizaciones que reciben fondos, bienes o beneficios del exterior y supuestamente influyen en la opinión pública o en las decisiones de los poderes del Estado. | La Ley 1040 declara que su objeto es establecer un “marco jurídico de regulación” aplicable a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que recibiendo financiamiento del exterior lo utilicen para actividades que deriven en “injerencia” de gobiernos u organismos extranjeros en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, soberanía y estabilidad económica y política del país. |
| Autoridad competente y registro | Crea el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), adscrito al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Esta autoridad concentra facultades de inscripción, supervisión, fiscalización, imposición de multas y cancelación de personería jurídica. | Designa como autoridad competente al Ministerio de Gobernación, que administra el Registro de Agentes Extranjeros. A través de este registro se controlan inscripciones, autorizaciones, informes, multas, suspensiones y cancelaciones de personería. |
| Quiénes deben registrarse | Toda persona natural o jurídica que reciba recursos, bienes, servicios o beneficios provenientes del extranjero y “actúe en interés” de personas, gobiernos u organismos externos, o desarrolle actividades que puedan influir en la opinión pública, en la formulación de políticas públicas o en decisiones de las instituciones del Estado. El lenguaje amplio permite incluir a ONG, medios, iglesias, universidades, sindicatos y colectivos comunitarios. | Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciban financiamiento, donaciones o beneficios del exterior para realizar actividades consideradas como posibles “injerencias” en asuntos internos. La formulación general ha permitido calificar como “agentes extranjeros” a ONG, asociaciones cultural y académicas, medios de comunicación e incluso entidades como la Academia Nicaragüense de la Lengua. |
| Obligaciones de información y control | Obligación de inscribirse en el RAEX, detallar beneficiarios, montos y fuentes de financiamiento, y presentar informes periódicos sobre el destino de los fondos, proyectos y actividades vinculadas al financiamiento externo. La autoridad puede requerir información adicional y ordenar auditorías especiales. | Inscripción obligatoria ante el Ministerio de Gobernación, notificación previa de transferencias de fondos o activos, entrega de informes periódicos (mensuales o según requiera la autoridad) sobre origen y uso de recursos, y obligación de registrar en un portal oficial las actividades financiadas. No se pueden desviar fondos ni cambiar los fines declarados sin autorización previa. |
| Régimen tributario y económico | Establece un impuesto del 30 % sobre donaciones, pagos, transferencias o importaciones en especie provenientes del exterior para quienes sean calificados como agentes extranjeros. Los recursos recaudados se transfieren al Estado, lo que encarece y desincentiva el financiamiento internacional de organizaciones críticas. | No crea un impuesto específico, pero habilita un control intenso sobre flujos de recursos externos y abre la puerta a la congelación de fondos y la confiscación de bienes como consecuencia de sanciones por incumplimiento, lo que en la práctica puede equivaler a un cerco económico. |
| Restricciones a la actividad política y pública | Prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades consideradas “políticas” o que puedan alterar el “orden público” o la “seguridad nacional”. La definición amplia permite perseguir la incidencia en políticas públicas, la denuncia de violaciones de derechos humanos o la investigación periodística sobre corrupción y negociaciones con pandillas. | Restringe el uso de fondos extranjeros para actividades que el gobierno considere como injerencia en asuntos internos, incluidas acciones de incidencia, campañas públicas y trabajo político. La combinación con otras leyes (“Ley Mordaza” y reformas penales) ha permitido criminalizar la disidencia bajo acusaciones de “traición a la patria”. |
| Sanciones y facultades discrecionales | Preveé multas significativas, la suspensión de actividades, la cancelación de personería jurídica, la prohibición de operar y la facultad de congelar o incautar bienes en caso de incumplimiento. La amplia discrecionalidad de la autoridad administrativa permite aplicar estas medidas de forma selectiva contra organizaciones críticas del gobierno. | Establece un catálogo de faltas leves, graves y muy graves, con multas elevadas, suspensión de actividades, cancelación de personería y confiscación de bienes. La aplicación ha sido selectiva y orientada a desmantelar organizaciones independientes y a forzar el cierre o expropiación de entidades consideradas incómodas para el régimen. |
| Impacto documentado en sociedad civil y prensa | Organizaciones de derechos humanos, movimientos de víctimas, medios críticos y gremios periodísticos han denunciado que la LAEX ha provocado cierre de proyectos, recortes de financiamiento, autocensura y exilio de periodistas y defensores. La Asociación de Periodistas de El Salvador, entre otras, ha optado por trasladar su sede legal fuera del país ante el riesgo de persecución y asfixia económica. | La Ley 1040 ha sido una pieza central en el desmantelamiento de la sociedad civil nicaragüense: cancelación masiva de ONG, confiscación de bienes, cierre de medios, clausura de entidades académicas y cultural y exilio forzado de defensores y periodistas. Los organismos regionales la identifican como un instrumento clave del modelo autoritario de Ortega y Murillo. |
| Lectura crítica desde los derechos humanos | Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, CEJIL y redes regionales sostienen que la LAEX es incompatible con los estándares interamericanos de libertad de asociación y expresión. Subrayan que la combinación de registro obligatorio, impuesto del 30 % y amplias facultades sancionatorias la convierte en un mecanismo de control político sobre ONG, iglesias, medios y comunidades que cuestionan la narrativa oficial. | La CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones especializadas han criticado la Ley 1040 como una ley de agentes extranjeros de tipo “Putin”, diseñada para criminalizar el financiamiento internacional legítimo y justificar la persecución de la disidencia, en abierta contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. |
Nombre, número de ley y fecha
El Salvador — LAEX
Ley de Agentes Extranjeros (LAEX). Aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2025, a solicitud del presidente Nayib Bukele, y publicada en el Diario Oficial pocos días después. Se inscribe en el contexto del régimen de excepción y de la concentración de poder en el Ejecutivo.
Nicaragua — Ley 1040
Ley N.º 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de octubre de 2020, en el marco de la represión posterior a las protestas de 2018 y del cierre sistemático del espacio cívico bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Objeto declarado
El Salvador
La LAEX afirma que busca garantizar la “transparencia” del financiamiento extranjero, proteger la “soberanía”, la “seguridad nacional” y la “estabilidad”, regulando a personas y organizaciones que reciben fondos, bienes o beneficios del exterior y supuestamente influyen en la opinión pública o en las decisiones de los poderes del Estado.
Nicaragua
La Ley 1040 declara que su objeto es establecer un “marco jurídico de regulación” aplicable a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que recibiendo financiamiento del exterior lo utilicen para actividades que deriven en “injerencia” de gobiernos u organismos extranjeros en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, soberanía y estabilidad económica y política del país.
Autoridad competente y registro
El Salvador
Crea el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), adscrito al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Esta autoridad concentra facultades de inscripción, supervisión, fiscalización, imposición de multas y cancelación de personería jurídica.
Nicaragua
Designa como autoridad competente al Ministerio de Gobernación, que administra el Registro de Agentes Extranjeros. A través de este registro se controlan inscripciones, autorizaciones, informes, multas, suspensiones y cancelaciones de personería.
Quiénes deben registrarse
El Salvador
Toda persona natural o jurídica que reciba recursos, bienes, servicios o beneficios provenientes del extranjero y “actúe en interés” de personas, gobiernos u organismos externos, o desarrolle actividades que puedan influir en la opinión pública, en la formulación de políticas públicas o en decisiones de las instituciones del Estado. El lenguaje amplio permite incluir a ONG, medios, iglesias, universidades, sindicatos y colectivos comunitarios.
Nicaragua
Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciban financiamiento, donaciones o beneficios del exterior para realizar actividades consideradas como posibles “injerencias” en asuntos internos. La formulación general ha permitido calificar como “agentes extranjeros” a ONG, asociaciones cultural y académicas, medios de comunicación e incluso entidades como la Academia Nicaragüense de la Lengua.
Obligaciones de información y control
El Salvador
Obligación de inscribirse en el RAEX, detallar beneficiarios, montos y fuentes de financiamiento, y presentar informes periódicos sobre el destino de los fondos, proyectos y actividades vinculadas al financiamiento externo. La autoridad puede requerir información adicional y ordenar auditorías especiales.
Nicaragua
Inscripción obligatoria ante el Ministerio de Gobernación, notificación previa de transferencias de fondos o activos, entrega de informes periódicos (mensuales o según requiera la autoridad) sobre origen y uso de recursos, y obligación de registrar en un portal oficial las actividades financiadas. No se pueden desviar fondos ni cambiar los fines declarados sin autorización previa.
Régimen tributario y económico
El Salvador
Establece un impuesto del 30 % sobre donaciones, pagos, transferencias o importaciones en especie provenientes del exterior para quienes sean calificados como agentes extranjeros. Los recursos recaudados se transfieren al Estado, lo que encarece y desincentiva el financiamiento internacional de organizaciones críticas.
Nicaragua
No crea un impuesto específico, pero habilita un control intenso sobre flujos de recursos externos y abre la puerta a la congelación de fondos y la confiscación de bienes como consecuencia de sanciones por incumplimiento, lo que en la práctica puede equivaler a un cerco económico.
Restricciones a la actividad política y pública
El Salvador
Prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades consideradas “políticas” o que puedan alterar el “orden público” o la “seguridad nacional”. La definición amplia permite perseguir la incidencia en políticas públicas, la denuncia de violaciones de derechos humanos o la investigación periodística sobre corrupción y negociaciones con pandillas.
Nicaragua
Restringe el uso de fondos extranjeros para actividades que el gobierno considere como injerencia en asuntos internos, incluidas acciones de incidencia, campañas públicas y trabajo político. La combinación con otras leyes (“Ley Mordaza” y reformas penales) ha permitido criminalizar la disidencia bajo acusaciones de “traición a la patria”.
Sanciones y facultades discrecionales
El Salvador
Preveé multas significativas, la suspensión de actividades, la cancelación de personería jurídica, la prohibición de operar y la facultad de congelar o incautar bienes en caso de incumplimiento. La amplia discrecionalidad de la autoridad administrativa permite aplicar estas medidas de forma selectiva contra organizaciones críticas del gobierno.
Nicaragua
Establece un catálogo de faltas leves, graves y muy graves, con multas elevadas, suspensión de actividades, cancelación de personería y confiscación de bienes. La aplicación ha sido selectiva y orientada a desmantelar organizaciones independientes y a forzar el cierre o expropiación de entidades consideradas incómodas para el régimen.
Impacto documentado en sociedad civil y prensa
El Salvador
Organizaciones de derechos humanos, movimientos de víctimas, medios críticos y gremios periodísticos han denunciado que la LAEX ha provocado cierre de proyectos, recortes de financiamiento, autocensura y exilio de periodistas y defensores. La Asociación de Periodistas de El Salvador, entre otras, ha optado por trasladar su sede legal fuera del país ante el riesgo de persecución y asfixia económica.
Nicaragua
La Ley 1040 ha sido una pieza central en el desmantelamiento de la sociedad civil nicaragüense: cancelación masiva de ONG, confiscación de bienes, cierre de medios, clausura de entidades académicas y cultural y exilio forzado de defensores y periodistas. Los organismos regionales la identifican como un instrumento clave del modelo autoritario de Ortega y Murillo.
Lectura crítica desde los derechos humanos
El Salvador
Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, CEJIL y redes regionales sostienen que la LAEX es incompatible con los estándares interamericanos de libertad de asociación y expresión. Subrayan que la combinación de registro obligatorio, impuesto del 30 % y amplias facultades sancionatorias la convierte en un mecanismo de control político sobre ONG, iglesias, medios y comunidades que cuestionan la narrativa oficial.
Nicaragua
La CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones especializadas han criticado la Ley 1040 como una ley de agentes extranjeros de tipo “Putin”, diseñada para criminalizar el financiamiento internacional legítimo y justificar la persecución de la disidencia, en abierta contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Elaboración propia de GatoEncerrado.news con base en:
- Human Rights Watch, “El Salvador: La Ley de Agentes Extranjeros amenaza a la sociedad civil y medios de comunicación”, 23 de mayo de 2025. hrw.org
- Amnistía Internacional, “El Salvador profundiza el asedio a la sociedad civil”, 2025. amnesty.org
- CEJIL, “New Foreign Agents Law threatens rights and freedoms of civil society organizations and the media in El Salvador”, 2025. cejil.org
- Asamblea Legislativa de El Salvador, comunicado sobre la Ley de Agentes Extranjeros, 21 de mayo de 2025. asamblea.gob.sv
- Ley N.º 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Nicaragua), Asamblea Nacional, 2020. legislacion.asamblea.gob.ni
- Access Now, “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” (texto completo y análisis), 2020. accessnow.org
- Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “Consideraciones sobre la Ley No. 1040”, 2020.
- Análisis y notas de prensa de medios regionales y agencias internacionales (Reuters, AP, Confidencial, La Lupa) sobre la aplicación práctica de ambas leyes.
En el caso de Nicaragua, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, entre otras normativas, provocó el cierre de al menos 3,390 organizaciones, espacios de la sociedad civil y privado, entre abril de 2018 y agosto de 2023, según registros de la CIDH. En agosto 2024, el Ministerio del Interior anunció la cancelación de 1,500 organizaciones sin fines de lucro por “incumplir las leyes que los regulaban”
En El Salvador, señaló el representante de Acafremin, las organizaciones ambientales dejaron de movilizarse en luchas claves como la minería y el agua. “Hasta el momento ha habido un enfriamiento de todas las actividades sociales”, consideró Cabezas. quien agregó que “la única razón por la que en la región se está queriendo controlar a las organizaciones de la sociedad civil es porque han sido efectivas en incidir en la toma de decisiones de gobiernos, pero eso es parte del proceso democrático donde una sociedad viable y saludable puede proponer alternativas de carácter político no partidario”.
Lo peor de todo, según concluyen los representantes de organizaciones ambientalistas, es que en el contexto salvadoreño esto apenas es el inicio de un largo mandato de Nayib Bukele, quien ha dado muestras de querer aferrarse al poder por mucho tiempo, incluso de forma inconstitucional.
*El periodista que realizó este reportaje no firmó con su nombre y apellido para evitar represalias en el contexto autoritario que vive El Salvador.
