Ambiente
El primer año de la reactivación minera en El Salvador fue marcado por la criminalización de ambientalistas
La reactivación de la minería metálica, en diciembre de 2024, provocó un clima de miedo, incertidumbre y persecución para el movimiento social y las comunidades que se oponen al modelo extractivista del gobierno inconstitucional de Nayib Bukele. Esta industria es responsable de la contaminación de ríos y nacimientos de agua en diferentes puntos del país en donde fue permitida el siglo pasado, afectando a la población. Debido a eso, algunas comunidades se están reorganizando para defender sus tierras, sus bosques y sus aguas de la amenaza minera, aunque eso signifique enfrentar la represión del gobierno.
Por GatoEncerrado, MalaYerba, Infodemia y Radio Victoria*
Enero 19, 2026
El Salvador ha cumplido un año desde que el Gobierno de Nayib Bukele resucitó la minería metálica. En este tiempo, todavía no hay minas abiertas, pero los ambientalistas ya están siendo criminalizados, perseguidos y obligados al exilio. Quienes se han quedado en el país mantienen un perfil bajo y optan por el silencio.
Este escenario represivo se evidencia en el proceso judicial viciado en contra de los cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, quienes fueron los líderes de la lucha que logró la histórica prohibición de la minería metálica en 2017. Aquel triunfo fue breve, pues la Asamblea de Bukele derogó la ley de forma exprés para que las mineras vuelvan a tener acceso al oro en territorio salvadoreño. La criminalización y persecución también incluye vigilancia policial en contra de miembros de los movimientos ambientales.
Para los ambientalistas que aún se atreven a hablar, 2025 fue un año difícil para defender el territorio. Sobre todo porque el gobierno utiliza el régimen de excepción para perseguir a las voces críticas y ya no solo para combatir a las pandillas. Eso ha provocado que las personas tengan miedo de manifestarse, como lo hacían tiempo atrás.
“En el contexto actual, si bien la minería aún no se ha materializado, no hemos tenido la oportunidad de alzar la voz como lo hicimos en el pasado. Eso ha colocado a la lucha social en un escenario de incertidumbre en este país”, fue el balance del primer año de reactivación de la minería de una ambientalista, quien, por temor a represalias, pidió anonimato para este reportaje.
En el pasado, las condiciones permitieron “mucha movilización, incidencia en tomadores de decisiones y cabildeo”, comentó la ambientalista.
Otro defensor recordó al pastor José Ángel y a los abogados Ruth Lopéz y Alejandro Henríquez, quienes fueron capturados en mayo de 2025. Sus casos son otra muestra de la persecución de un régimen autoritario que ha logrado debilitar a los movimientos defendien los bienes naturales y así limpiar el camino para que regresen las mineras transnacionales.
“Creo que después de eso (reactivación de la minería metálica) ha venido más persecución, más como ir acorralando a todos aquellos que alzamos la voz en defensa de la madre tierra, del agua, del territorio. Claros ejemplos de ello son Ruth López, el pastor José Ángel, el abogado Alejandro Henríquez y tantos otros compañeros de Santa Marta que han venido también en esta lucha. Han sido acusados injustamente por defender todo el territorio, la casa común, como decía el Papa Francisco” dijo un defensor ambientalista, quien también pidió anonimato.
El silencio en el tema minero, aunque parezca irónico, también ha sido adoptado por el gobierno. En este año, no hubo pronunciamientos públicos sobre el regreso de las mineras y sus proyectos en las zonas del “cinturón de oro” del país. Esto contrasta con el apuro que mostró el oficialismo entre noviembre y diciembre de 2024 por aprobar la Ley General de Minería Metálica, que vio la luz apenas 26 días después de que Bukele anunciara en X su intención de permitir nuevamente la minería, ignorando por completo todos los estudios científicos y advertencias de expertos que señalaron que la minería no es viable en El Salvador.
Ese silencio y falta de señales gubernamentales puede tener múltiples razones, según los ambientalistas. Entre ellas, que la instalación de nuevos proyectos mineros en el país podría tardar entre 15 y 20 años, de acuerdo con Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), una organización regional que acompaña luchas ambientales en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
La excepción serían yacimientos ya estudiados y explotados décadas atrás, como la mina San Sebastián, en La Unión, donde en febrero de 2025 iniciaron obras de terracería bajo custodia militar. Otro caso es El Dorado, un proyecto minero ubicado en San Isidro, Cabañas, donde la empresa Titan Resources Ltd ha mostrado interés y busca asociarse con el gobierno de Bukele para desarrollar minería en la zona.
“Creo que es normal que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, en el primer año no haya mucha actividad porque los proyectos mineros toman años en desarrollarse, no es que de un día para otro van a llegar las empresas mineras y establecer sus operaciones en un lugar. Primero tiene que haber un marco regulatorio que sea favorable para las empresas, que es lo que ya tenemos con el gobierno y lo que pasa es que el marco regulatorio es demasiado vago”, señaló Cabezas.
El artículo 6 de la ley establece que el único autorizado para realizar actividades mineras es el Estado, ya sea a través de instituciones específicas o de sociedades en las que posea participación accionaria, incluidas las de economía mixta. En estos casos, no se requerirá autorización ni concesión de la Asamblea Legislativa.
Esto podría convertirse en un problema, advirtió Cabezas. La ley resulta ambigua al definir el tipo de asocio entre el gobierno y las empresas mineras, un sector que históricamente ha buscado operar con escasa supervisión o regulación estatal, agregó el activista.
El camino hacia la reactivación de la minería y sus principales reacciones
Esta línea del tiempo presenta la ruta que siguió Bukele para autorizar y reactivar la minería metálica tras escasos siete años desde su prohibición. Además, se presentan los eventos relacionados a la reacción de la población una vez aprobada la ley.
Indicación: Utilice la barra de abajo para desplazarse por la línea de tiempo o, si está utilizando un dispositivo táctil, deslice de derecha a izquierda.
Brotes de resistencia
Pese al clima de represión, las comunidades —principalmente del departamento de Chalatenango y Cabañas— no están dispuestas a entregar sus territorios para la instalación de proyectos mineros.
Desde su reactivación, diversos sectores de la sociedad, principalmente juventudes, se organizaron a inicios de 2025 y expresaron su rechazo con protestas y plantones, que poco a poco se han extinguido por el mismo temor. Una de las primeras reacciones fue manifestarse en espacios públicos. La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) se convirtió, entre enero y marzo de 2025, en el principal escenario de al menos cinco plantones, donde jóvenes expresaron su rechazo a la minería debido a sus impactos ambientales sobre el agua, los bosques y la tierra. Además, estos espacios sirvieron para la recolección de firmas ciudadanas con el fin de solicitar a la Asamblea Legislativa la derogación, otra vez, de la normativa.
La iglesia católica, así como organizaciones comunitarias, también recolectaron firmas en parroquias y comunidades para llevarlas a la Asamblea. Entre marzo y mayo de 2025, a los diputados se les entregó un total de 157,000 firmas de rechazo a la ley minera. Otras 59,000 firmas fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de una demanda de inconstitucionalidad de la ley, por considerar que vulnera principios constitucionales como el derecho a un medio ambiente sano y la participación ciudadana.
Además, algunas comunidades del norte del país empezaron a organizarse para defender su territorio tal como lo hicieron en el pasado, cuando empresas mineras merodeaban la zona. Este es el caso del distrito de San José Las Flores, en Chalatenango, ubicado a unos 46 kilómetros de la capital salvadoreña. Este pueblo, de aproximadamente 1,600 habitantes, se convirtió en el primer territorio nacional en declararse libre de minería, incluso, antes de la prohibición minera de 2017.
Durante más de una década, las comunidades de San José Las Flores realizaron plantones, marchas y denuncias para frenar las intenciones de Martinique Minerals de El Salvador, S.A. de C.V. que estaba mapeando los cerros de la zona en busca de oro y plata. La empresa intentó generar conflicto entre la población, difamó a líderes comunitarios y trató de comprar varios terrenos de la zona, recordó José Felipe Tobar Arce, un histórico defensor ambiental y exalcalde del distrito por el partido de izquierda FMLN, entre mayo de 2012 y abril de 2018.
Los años de lucha y resistencia tuvieron su cosecha en septiembre de 2014. En esa fecha, San José Las Flores fue el primer distrito (en ese tiempo era una alcaldía) en realizar la primera consulta ciudadana, un proceso democrático en el que los habitantes decidieron el futuro de la minería en su territorio. De un padrón electoral de 1,115 personas, 803 habitantes dijeron no a las actividades mineras; mientras que cinco se mostraron a favor y solamente tres anularon su voto.
Los resultados de la consulta fueron vinculantes para que el concejo de Las Flores aprobara, el 16 de diciembre de 2014, una ordenanza que prohibía toda actividad de exploración y explotación minera, declarando al distrito (municipio, en ese tiempo) libre de minería. La normativa fue publicada en el diario oficial en enero de 2015. Desde entonces, los habitantes cerraron las puertas de su territorio a las mineras.
Ahora, una década más tarde desde aquel momento histórico, los pobladores de San José las Flores, y de otros distritos de Chalatenango, retomaron la organización comunitaria a través de foros informativos, reuniones, instalación de pancartas y caminatas en rechazo a los proyectos mineros.
Razones detrás del rechazo a la minería
Una de las principales razones por las que el pueblo de San José Las Flores, y también la mayoría de la población salvadoreña (según encuestas de la UCA), rechaza la minería es por los impactos ambientales que esta actividad provoca en los bosques, las fuentes de agua y la tierra. En ese sentido, el caso más emblemático es el de la mina San Sebastián, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
El río San Sebastián está contaminado por el drenaje ácido que brota del interior de la mina, lo que hace imposible el uso de sus aguas para la ganadería, la agricultura, los quehaceres domésticos o el consumo humano. Ahora, el afluente tiene un color amarillento, con mal olor y sin rastros de vida acuática.
Tras más de un siglo de minería subterránea en el cerro San Sebastián, el río quedó inservible. De sus entrañas brota drenaje ácido: una sustancia altamente contaminante que se genera cuando las rocas con minerales sulfurados de hierro entran en contacto con el agua y el aire. Así lo explicó el investigador Vladimir Pacheco, quien ha estudiado la contaminación del río San Sebastián y sus impactos en las fuentes de agua.
“Los minerales se vuelven ácidos. Luego se acumulan y se hace un riachuelo que llega al río San Sebastián. La acidez hace que el río sea inhabitable y se destruye cualquier tipo de vida acuática que vive ahí, por lo menos unos 10 kilómetros”, puntualizó Pacheco.
La mina fue operada por las empresas Gold Mines S.A. y Commerce Group Corporation (CGC), de origen estadounidense, según registros históricos oficiales.
El drenaje ácido no sólo ha destruido al río San Sebastián, también ha contaminado pozos utilizados por comunidades ubicadas en los alrededores de la mina. Según dos informes —uno de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), publicado en 2019, y otro de la Mesa Nacional Frente a la Minería—, las aguas contienen al menos 14 metales pesados, entre ellos: arsénico, plomo, níquel, litio y mercurio. Este último es una de las sustancias más tóxicas utilizadas por la industria minera para separar el oro de la roca.
Como consecuencia de la contaminación, el 80 % de las familias de la comunidad de San Sebastián se ven obligadas a comprar agua para el consumo humano y el uso doméstico, según una investigación liderada por la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).
“Aquí la gente gasta entre 2 y 10 dólares por cada pipa de agua para uso doméstico. Para beber, compran el fardo a 1.75 dólares, que contiene entre 25 y 30 bolsas pequeñas de 500 mililitros cada una. En otros casos, el agua se manda a traer desde el cantón El Limón”, relató bajo anonimato un habitante del caserío El Comercio.
El investigador Andrés McKinley, experto en agua y minería, señala que la situación de estas comunidades sigue siendo tan difícil porque aunque la mina dejó de operar desde 1953, la contaminación sigue ahí.
“La minería compite directamente con las comunidades por el acceso al agua, esto es un problema en países como El Salvador por el estrés hídrico en el que vive”, aseveró.
San Sebastián no es solo el caso más significativo de la contaminación minera, también lo es por la falta de acceso a la justicia ambiental. En mayo de 2012 y octubre de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias por la “afectación al medioambiente” y otra por “el abandono de dos contenedores con cianuro y sulfato ferroso” en la explanta de la mina, según consta en un informe elaborado por la PDDH en 2019.
Según el informe, hasta abril de 2019, el expediente de investigación contra la empresa CGC solo contenía el informe del MARN y la emisión del direccionamiento funcional. Es decir, el caso no avanzó. En 2014, la sede fiscal de San Miguel había iniciado una investigación por el hurto de dos barriles con cianuro que se encontraba en uno de los contenedores. Sobre el caso, los fiscales hicieron entrevistas y allanaron la mina San Sebastián, informó la Fiscalía a la PDDH.
“Resulta sumamente preocupante los limitados avances de la Fiscalía en relación a la investigación por el abandono de los contenedores por parte de la empresa, así como las afectaciones al medioambiente”, señaló la PDDH en su informe.
Este es el informe de la PDDH que recoge las denuncias interpuestas por el MARN ante la Fiscalía, pero que fueron ignoradas al no haber avance en el caso.
Para conocer los avances de las investigaciones en San Sebastián, este medio envió, en enero de 2025, una solicitud de información a la FGR. Al cierre de este reportaje, la institución no notificó ni siquiera de recibida dicha petición.
A finales del 2018, el Juzgado Ambiental de San Miguel decretó varias medidas cautelares. Entre ellas, el retiro inmediato del cianuro y el sulfato ferroso de la exmina, que representaba un riesgo de contaminación para los ecosistemas y comunidades cercanas. El exjuez Elí Díaz Álvarez otorgó un plazo de seis meses para que el MARN retirara los contenedores. El ministerio incumplió la orden.
Fue hasta febrero de 2025 cuando los contenedores fueron retirados de la explanta de la mina San Sebastián, lugar donde se registró obras de terracería bajo la custodia militar en ese mismo mes.
A la fecha se desconoce dónde están las sustancias tóxicas. El Ministerio de Medio Ambiente, bajo el mandato de Fernando López, mantendrá en secreto esta información hasta julio de 2028, así lo notificó la Dirección Legal y la Dirección General de Seguridad Hídrica del MARN, ante una solicitud que presentó esta este medio, el 10 de febrero de 2025
También, la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la División Técnica Administrativa Minera, negó una petición de información que se solicitó sobre la cantidad de permisos de exploración, explotación y extracción, otorgados en las minas de San Sebastián y en otros lugares del país. Esta Dirección de Minas reservó todos los documentos relacionados con el ciclo minero a tan solo un mes y 11 días de haberse aprobado la ley de minería. Esta se podrá conocer hasta febrero de 2032.
San Sebastián también es la muestra de que no existe la “minería responsable”, una frase que el oficialismo adoptó en su discurso para justificar la reactivación minera. Según Vladimir Pacheco, la tecnología que usa la industria minera para separar el oro y otros minerales de la roca no ha variado en los últimos 60 años.
La mayoría de estos métodos, explicó, requieren de procesos químicos que causan contaminación al medioambiente y hacen uso de enormes cantidades de agua para extraer mínimas cantidades de oro. “Para hacer un anillo se debe usar agua de dos piscinas olímpicas”, aseguró Pacheco.
El investigador reconoció los avances tecnológicos de la industria minera, pero estos no son suficiente para hacer “minería limpia” y evitar desastres socioambientales, como los que ocasionó la compañía BHP Billitonen en los ríos, Ok Tedi y Fly, en Papúa Nueva Guinea; o las 50 personas que murieron por la ruptura de un dique de residuos de la minera Vale en el estado brasileño de Minas Gerais, en Brasil.
Pacheco es categórico al afirmar que la minería no es viable en El Salvador. “El país es pequeño, tiene escasez de agua y no tiene un marco legal moderno, (…) el beneficio público es muy poco y el riesgo bastante alto, entonces yo creo que la minería en El Salvador no es viable”, concluyó el investigador.
Por eso, a pesar de la incertidumbre y el miedo por la pérdida de la institucionalidad democrática que atraviesa El Salvador desde la llegada de Nayib Bukele al poder, como afirmó Pedro Cabezas, hay comunidades que se mantienen firmes en su idea de resistir a la apuesta minera de este gobierno.
“Nosotros alzamos nuestra voz para rechazar esa explotación minera. Decirle al presidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa que respeten el sentir y la opinión del pueblo, que no pase por encima de eso. La gente no quiere explotación minera en sus comunidades”, comentó Julio Hernaldo Rivera Guardado, habitante del distrito de Nueva Trinidad, una comunidad fronteriza con Honduras, que también dice estar en pie de lucha, aunque eso signifique enfrentar la represión del Gobierno de Bukele.
*Este reportaje colaborativo se realizó gracias al apoyo de la Fundación Gabo, en el marco del taller “Investigar al poder en contextos autoritarios”.
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