“¡Viva El Salvador!” gritaba con su mano alzada, Guillermo García junto a sus familiares. Foto/Cortesía de Periódico Contrapunto
Si la Fiscalía no inicia un proceso penal en su contra, el exministro de Defensa de El Salvador entre 1979 y 19893 acusado en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en la guerra civil salvadoreña, queda en total libertad en tierras salvadoreñas. Organizaciones de derechos humanos exigen se investigue y procese penalmente acá a José Guillermo García. A él se le atribuyen al menos 11 masacres, y encubrir el magnicidio del beato Romero.
Por Mario Beltrán
El que en un tiempo fue el flamante ministro de la Defensa Nacional entre 1979 y 1983, nunca habría imaginado que a sus 82 años, un 8 de enero de 2016, iba a ser deportado por el Gobierno de los Estados Unidos, luego de haberle acusado de violación a los derechos humanos, procesado de manera civil, obligado a indemnizar con $54 millones de dólares a sus víctimas, y de ratificar su deportación inmediata a El Salvador.
El exministro de de Defensa en los inicios de la guerra civil salvadoreña, José Guillermo García, fue condenado en 2012 por una corte de Florida, cuando se le vinculó a crímenes de guerra y a la violación de derechos humanos en el país. A García se le vincula además a al menos 11 masacres entre las que se incluyen la de El Mozote, La Quesera, La Guacamaya, entre otras; además se le vincula al asesinato del beato Oscar Romero en 1980, y al de cuatro monjas estadounidenses en 1981.
Con una camisa tipo polo de color verde, pantalón jeans azul, gafas y su cabello cano, Guillermo García bajó del avión, y al igual que los otros compatriotas deportados, tuvo que aceptar un paquete de alimentos, y también escuchar la charla que las autoridades de Migración de El Salvador realizan en estos casos de forma común.
“¡Viva El Salvador!” exclamó en respuesta a los reclamos e inconformidades que familiares de víctimas y diversas organizaciones de derechos humanos y memoria histórica expresaban a través de consignas pidiendo justicia y de rótulos con su nombre donde lo tildaban de torturador.
Esos adjetivos no estaban lejos de la realidad. En 1999 el Centro por la Justicia y Responsabilidad (CJA), demandó al exmilitar José Guillermo García. Tras la demanda, el departamento de Justicia de los Estados Unidos llevó el caso ante un Tribunal de Florida, en donde se ratificó su deportación. Estados Unidos se amparó en una ley que data de 2004, en donde se le da potestad al Gobierno de expulsar de su país a violadores de los derechos humanos.
El juez de inmigración de Miami, Michael C. Horn, declaró como “inconcebible” el pensar que las masacres perpetradas por la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) entre 1979 y 1981, no fuesen del conocimiento de Guillermo García, siendo este el ministro de la Defensa Nacional de ese momento.
Casi paralelo a su llegada como deportado, organizaciones que velan por los derechos humanos en El Salvador, dieron a conocer su postura en conferencia de prensa, exigiendo tanto a la Fiscalía General de la República (FGR), como a la Policía Nacional Civil (PNC), que inicie las investigaciones y que se proceda a la inmediata detención del exministro, pues al llegar a El Salvador, este queda en total libertad, sin pena que lo sancione.
“En este muro de Monumento a la memoria en el parque Cuscatlán, hay al menos 23 mil nombres de personas que fueron desaparecidas o ejecutadas durante la guerra, y este señor es responsable de un buen número de estas acciones”, dijo Mirna Perla del Movimiento 5+.
¿Cuál es el futuro del exministro de Defensa?
De acuerdo a abogados y representantes de estas organizaciones de derechos humanos, Guillermo García, a pesar de haber sido juzgado de forma civil en Estados Unidos, en El Salvador él queda en total libertad. “Es falso decir que por la Ley de Amnistía él no puede ser procesado judicialmente. Al Estado salvadoreño le corresponde emprende un juicio penal contra él por las masacres en las que participó mientras era ministro de Defensa”, dijo David Ortiz, de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad).
En 2001, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que la Ley de Amnistía no es funcional en casos de autoamnistía, ni en crímenes de lesa humanidad.
El Estado salvadoreño ya ha sido notificado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que investigue la masacre de El Mozote, en Morazán, al occidente salvadoreño, ocurrida el 11 de diciembre de 1981, y en donde fueron asesinados a manos del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, más de mil personas. Guillermo García, ministro de Defensa, sabía de esa y de otras mascares aledañas.
Mientras tanto a las 3:15 hora de El Salvador, el avión hacía su arribo a una de las pistas del Aeropuerto Internacional “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”, con la ironía agravante que quien venía en ese avión, es acusado de haber participado en el asesinato de la persona que en su honor, lleva el nombre esa terminal aérea.
En medio de este escenario, los manifestantes y familiares de las víctimas protestaban con muñecos ensangrentados sobre sillas que hacían las veces de las víctimas masacradas hace más de dos décadas.
“Si vemos nuestra situación actual de impunidad, es porque en el pasado también hubo impunidad, y se permitió que hechos de lesa humanidad quedaran sin castigos. Si queremos cambiar en el presente, debemos corregir el pasado”, dijo Ortiz de Fespad.
